Información jurídica inteligente
Editorial:
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Fecha publicación:
2013-02-11

Número de Revista

Últimos documentos

  • Apuntes para la historia constitucional peruana. La Constitución de 1920, cien años después

    Dentro de la historia del Perú, la segunda etapa gubernativa de Augusto B. Leguía (1919-1930), llamado el “oncenio”, no deja de ser un periodo polémico por sus luces y sombras. Surgido de un golpe de estado, el régimen implementó una reforma constitucional que derogó el texto de 1860 en favor de una nueva Constitución, la de 1920. Aprovechando el centenario de dicho texto, que dio inicio al constitucionalismo social en el Perú, este artículo busca brindar un acercamiento a las circunstancias que marcaron su origen y derogación, las reformas que implementó, y su continuidad en el tiempo

  • La sanción por falta de idoneidad en la prestación de servicios de salud ¿Puede llegar a restringir el derecho de objeción de conciencia? El caso del aborto terapéutico

    El presente trabajo aborda el análisis de un posible conflicto de derechos en la atención de casos de aborto terapéutico. Por un lado, el derecho a la objeción de conciencia del médico tratante, y por otro, el derecho a la idoneidad en la prestación de servicios de salud. Este análisis se realiza a partir de la Resolución N°1884-2017/SPC-INDECOPI (Caso Clínica El Golf), mediante el cual se sanciona a dicho nosocomio por la negativa de uno de sus médicos, a realizar un aparente aborto terapéutico, encuadrando dicha conducta en falta de idoneidad del servicio de salud. Si bien la resolución no aborda el derecho a la objeción de conciencia, se pretende establecer criterios objetivos para resolver un posible conflicto, partiendo de la hipótesis de que, cuando el procedimiento médico atenta contra la vida y salud de las personas, entonces es posible que el profesional médico pueda ejercer su derecho a la objeción de conciencia sin afectar la calidad e idoneidad en la prestación de sus servicios.

  • El camino del derecho a la protección de datos personales en el Perú 27 años desde su incorporación en la Constitución Política de 1993

    Desde hace más de dos décadas nuestro país reconoció, en la categoría de derecho fundamental, el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el artículo 2.6 de la Carta Constitucional de 1993. En América Latina, pocos son los países que han realizado dicho reconocimiento, y más aún han desarrollado un marco normativo especial que regula este régimen. A finales del 2017 se introdujeron algunas reformas en las normas de desarrollo, las cuales vienen consolidándose a través del trabajo realizado desde la autoridad de control. A continuación, se presenta desde una perspectiva meramente descriptiva el camino que este derecho ha recorrido, desde su reconocimiento en la Constitución de 1993 hasta nuestros días, haciendo especial mención, no solo a las disposiciones normativas, sino especialmente a los pronunciamientos emitidos por el órgano garante sobre quien – en estos momentos- recae la gran responsabilidad de mantener la vigencia de este derecho.

  • El ejercicio abusivo de derecho del acreedor y su incidencia en el proceso de ejecución de garantías

    La presente investigación tiene como finalidad realizar una adecuada interpretación del artículo 690-D del Código Procesal Civil, a efectos de incluir el abuso de derecho como sustento de contradicción de los procesos de ejecución de garantías reales, otorgándose así una adecuada tutela jurisdiccional al ejecutado, y generándose un criterio judicial sistemático para su identificación y posterior sanción.

  • Hacia una adecuada determinación de la autonomía empresarial en la ley y el reglamento de los servicios de tercerización

    En el presente trabajo el autor estudia los elementos que determinan la validez de la tercerización, figura que es parte de los procesos de descentralización productiva, y a través de la cual se da la contratación de una empresa especializada denomina contratista o tercerizadora. Para el análisis, se toman en cuenta la Ley que regula los servicios de Tercerización - Ley N° 29245 y; su reglamento, el Decreto Supremo N° 006- 2008-TR, con la finalidad de evaluar si la vigente legislación contiene articulados que pueden dar lugar a un alto grado de discrecionalidad, posibilitando que se dé un uso indebido de la tercerización. De esta forma, el autor concluye que debería realizarse la modificación del artículo 2 de la Ley y el artículo 5 de su reglamento, a fin de evitar un uso simulado o fraudulento y, de esta forma, contribuir a la consecución del principio tuitivo.

  • La cuantificación del lucro cesante en los procesos laborales de responsabilidad civil por despido inconstitucional - Casación Laboral 10956-2017-TACNA

    En la Casación Laboral 10956-2017-Tacna, la Corte Suprema establece un criterio para la cuantificación del daño por lucro cesante que está lejos de representar una valoración equitativa del resarcimiento pues, niega la incidencia de que el trabajador labore para otro empleador durante el periodo del despido. Esto es criticado por el autor, debido a que en el proceso, la Corte Suprema demuestra desconocimiento de la regulación referente a la responsabilidad civil contractual al validar un monto indemnizatorio por lucro cesante calculado sin tener en cuenta criterios establecidos en el Código Civil, de aplicación supletoria a las relaciones laborales; incluso, tampoco tiene en cuenta criterios que razonablemente son aplicables en materia de la cuantificación del lucro cesante en la responsabilidad civil.

  • Apuntes de historia del derecho peruano. Cristóbal Vaca de Castro, gobernador de la Nueva Castilla (1541-1543)

    La Gobernación de Nueva Castilla, que existió entre 1529 y 1542, hasta la creación del Virreinato del Perú, estuvo bajo el poder sucesivo y accidentado de dos gobernadores: el Marqués Francisco Pizarro y el Licenciado Cristóbal Vaca de Castro. El breve gobierno de este último, signado por las guerras civiles entre los conquistadores, fue no obstante, importante en el fortalecimiento de la autoridad metropolitana, aunque también, quedó manchado por serias acusaciones de corrupción.

  • Hipótesis sobre el tratamiento del concebido según la ética kantiana

    La teoría moral kantiana ha sido fundamental para el desarrollo del derecho occidental y se considera la base constitucional de muchos sistemas jurídicos. La elección de su filosofía entre muchas otras no es casualidad, sino que responde a su posición sobre el hombre, la cual sustenta el concepto de Estado moderno, haciendo de él su centro y fin. En consecuencia es lógico que nos cuestionemos por su posición moral acerca del concebido, pues a pesar que muchos han elegido interpretar que la falta de pronunciamiento del filósofo sobre el tema hace de éste un área no kantiana, lo cierto es que no sólo sí puede ser cubierto por su pensamiento, sino que resulta, hablando en sus términos, en un deber hacerlo, dado que no puede dudarse de la protección que le habría conferido y la responsabilidad sobre ello es urgente, dado que como decíamos la filosofía kantiana conduce los hilos de gran parte del derecho moderno.

  • El principio de mínima intervención del derecho penal frente a los delitos de violación sexual de menor de edad

    Los autores desarrollan las implicancias del Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal vinculado al ámbito punitivo en el delito de Violación Sexual de Menor de Edad, con la finalidad de que cada análisis que se realice pueda contribuir a una mejor resolución de los diversos casos de indemnidad sexual de menor de edad, siempre y cuando cumpla con las características que se señalan en la presente investigación.

  • La responsabilidad familiar empresarial en la gestión de empresas. Paradigmas y perspectiva jurídica

    El presente trabajo introduce la variable "familia" en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, al considerar desde una perspectiva integral la relación entre la empresa, sus trabajadores y la sociedad. Para ello, reconoce la importancia de la familia en el desarrollo del tejido social; la necesidad de adoptar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral - desde un enfoque de corresponsabilidad - y la obligación ética y legal que la empresa tiene frente a sus trabajadores en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa. Se parte de algunas experiencias e investigaciones realizadas sobre los beneficios de adoptar acciones de Responsabilidad Familiar en la empresa y se desarrolla el marco teórico que considera la inclusión de la "perspectiva de familia" en las políticas públicas y privadas; los entornos de desarrollo de los trabajadores y el ámbito de desarrollo de responsabilidad empresarial. Finalmente se realiza una revisión de la legislación actual que vincula el bienestar del trabajador y su familia, para determinar los mecanismos a través de los cuales los empresarios pueden incorporar acciones de fortalecimiento de la familia a través de la gestión empresarial.

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