IUS. Revista de investigación de la facultad de derecho

Editorial:
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Fecha publicación:
2013-02-11

Últimos documentos

  • Propuesta de medidas jurídicas para la reinserción y permanencia laboral del adulto mayor en las políticas públicas peruanas

    El acelerado envejecimiento poblacional que atraviesa nuestro país repercute en distintos ámbitos de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral. El marco jurídico y los planes nacionales sobre el adulto mayor, han previsto la obligación estatal de promover y gestionar oportunidades de empleo productivo y formal para este sector de la población. Sobre esa base, en este estudio se proponen tres medidas jurídicas que deberán tenerse en cuenta para efectivizar la reinserción y permanencia laboral del adulto mayor en las políticas públicas que al respecto se han adoptado en el Perú

  • El Convenio tripartito como garantía del derecho a la información de los trabajadores traspasados en un proceso de fusión

    En la presente investigación se desarrolla el derecho a la información de los trabajadores que son traspasados a consecuencia del proceso de fusión. Del análisis realizado se muestra que los trabajadores traspasados se encuentran desprotegidos frente a la fusión respecto al derecho a la información. Se concluye proponiendo modificaciones en la Ley General de Sociedades peruana con la finalidad de proteger el derecho a la libertad de información de los trabajadores; y, se aconseja como mecanismo jurídico- empresarial al convenio tripartito

  • Solidaridad y deber jurídico. Aportes para la fundamentación jurídica de la Responsabilidad Social Corporativa

    Para el iusnaturalismo, el hombre rige su conducta a partir de un único sistema ético. Este sistema tendrá distintas reglas en función de los efectos que genere dicha conducta. Así, si los efectos de ésta acercan al hombre a su perfección, al máximo bien o la felicidad en último término, estaremos en el ámbito moral, mientras que, si los efectos de la acción le permiten contribuir a la convivencia y la paz con los demás, nos encontraremos en el ámbito de lo jurídico. Sin embargo, esto que podría parecer sencillo de entender no lo es tanto cuando se plantea en términos de positivismo jurídico, pues desde siempre se ha cuestionado la relación entre la moral y el derecho, incluso reduciéndose a términos de obligatoriedad o no de una conducta en función de encontrarse en uno u otro ámbito. Esto porque, si partimos de la perspectiva del deber, solo el deber jurídico – y no el deber moral - podría ser considerados dentro del ámbito del derecho y, por tanto, de obligatorio cumplimiento. Bajo este marco, en la presente investigación se busca analizar la naturaleza de la solidaridad como conducta humana y determinar la existencia de un deber de solidaridad, desde la perspectiva jurídica y no solo desde una óptica moral, partiendo de la idea que la solidaridad – más que un concepto de realización utópica – tiene efectos concretos en el desarrollo de la convivencia entre los hombres, sobre todo en tiempos como éste, en los que se requiere de ella en todos los ámbitos, incluso a nivel empresarial en la cual la Responsabilidad Social Corporativa busca un fundamento

  • Hacia una adecuada regulación del derecho a la desconexión digital en el Perú y la actuación de la inspección del trabajo

    Una nueva “laboralidad tecnológica” ha irrumpido nuestras vidas, la declaración del estado de emergencia terminó por evidenciar que nuestra normativa laboral no estaba “preparada” para afrontar los problemas laborales suscitados a raíz de la pandemia. Sin embargo, el Estado peruano, a través de diversos decretos de urgencia (DU) trató de paliar los escenarios ocasionados ante la imposibilidad de la realización de trabajo presencial. Es así que, mediante el DU 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 se instauró el trabajo remoto; posteriormente, el 01 de noviembre de 2020, el DU 127-2020, trajo consigo el reconocimiento del derecho a la desconexión digital; no obstante, al ser una medida de carácter excepcional y temporal, su regulación a través de un DU, no es suficiente. Por ello, la presente investigación pretende brindar un alcance para su adecuada regulación, la cual debe ir de la mano con la actuación de la inspección del trabajo

  • Comentarios al procedimiento acelerado de refinanciación concursal

    Dentro del paquete de normas para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, el Estado creó el Procedimiento acelerado de refinanciación concursal-PARC. Como ha ocurrido con momentos de inminente crisis económica, el Sistema concursal peruano, creado mediante Ley 27809, debe dar alternativas al sector empresarial para reordenar su situación económico- financiera y evitar que sus efectos generen un alto costo social. Este procedimiento llega también en un contexto de reducción considerable de los procesos concursales, derivado de varios factores que no son objeto de análisis del presente trabajo. Por el contrario, consideramos que este es el momento preciso para que el sistema se ponga a prueba y se resalte su verdadera naturaleza: ser instancia de diálogo entre acreedores y deudor. En las siguientes líneas analizaremos exclusivamente el PARC, tomando como base la norma concursal general y dentro de esta el procedimiento que lo inspiró: el procedimiento concursal preventivo

  • Lo que el tiempo no se llevó: la atemporalidad de la declaración de oficio de la nulidad del acto jurídico

    En el presente artículo se analiza la situación problemática recaída en la posibilidad de otorgarle plazo prescriptorio a la potestad del juez de declarar de oficio la nulidad de oficio de un acto inválido; es decir, de hacer extensiva las reglas contenidas en el numeral 1) del artículo 2001 del Código civil de 1984 al juez como director del proceso. Se determina que no es posible realizar dicha extensión porque el fenómeno prescriptorio y la potestad nulificante no contienen fundamentos iguales, así también por no existir previsión legal respecto al plazo para el ejercicio de la potestad nulificante, lo que conlleva a atender la no convalidación de los actos jurídicos nulos

  • Apuntes para la historia constitucional peruana. La Constitución de 1920, cien años después

    Dentro de la historia del Perú, la segunda etapa gubernativa de Augusto B. Leguía (1919-1930), llamado el “oncenio”, no deja de ser un periodo polémico por sus luces y sombras. Surgido de un golpe de estado, el régimen implementó una reforma constitucional que derogó el texto de 1860 en favor de una nueva Constitución, la de 1920. Aprovechando el centenario de dicho texto, que dio inicio al constitucionalismo social en el Perú, este artículo busca brindar un acercamiento a las circunstancias que marcaron su origen y derogación, las reformas que implementó, y su continuidad en el tiempo

  • La sanción por falta de idoneidad en la prestación de servicios de salud ¿Puede llegar a restringir el derecho de objeción de conciencia? El caso del aborto terapéutico

    El presente trabajo aborda el análisis de un posible conflicto de derechos en la atención de casos de aborto terapéutico. Por un lado, el derecho a la objeción de conciencia del médico tratante, y por otro, el derecho a la idoneidad en la prestación de servicios de salud. Este análisis se realiza a partir de la Resolución N°1884-2017/SPC-INDECOPI (Caso Clínica El Golf), mediante el cual se sanciona a dicho nosocomio por la negativa de uno de sus médicos, a realizar un aparente aborto terapéutico, encuadrando dicha conducta en falta de idoneidad del servicio de salud. Si bien la resolución no aborda el derecho a la objeción de conciencia, se pretende establecer criterios objetivos para resolver un posible conflicto, partiendo de la hipótesis de que, cuando el procedimiento médico atenta contra la vida y salud de las personas, entonces es posible que el profesional médico pueda ejercer su derecho a la objeción de conciencia sin afectar la calidad e idoneidad en la prestación de sus servicios.

  • El camino del derecho a la protección de datos personales en el Perú 27 años desde su incorporación en la Constitución Política de 1993

    Desde hace más de dos décadas nuestro país reconoció, en la categoría de derecho fundamental, el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el artículo 2.6 de la Carta Constitucional de 1993. En América Latina, pocos son los países que han realizado dicho reconocimiento, y más aún han desarrollado un marco normativo especial que regula este régimen. A finales del 2017 se introdujeron algunas reformas en las normas de desarrollo, las cuales vienen consolidándose a través del trabajo realizado desde la autoridad de control. A continuación, se presenta desde una perspectiva meramente descriptiva el camino que este derecho ha recorrido, desde su reconocimiento en la Constitución de 1993 hasta nuestros días, haciendo especial mención, no solo a las disposiciones normativas, sino especialmente a los pronunciamientos emitidos por el órgano garante sobre quien – en estos momentos- recae la gran responsabilidad de mantener la vigencia de este derecho.

  • El ejercicio abusivo de derecho del acreedor y su incidencia en el proceso de ejecución de garantías

    La presente investigación tiene como finalidad realizar una adecuada interpretación del artículo 690-D del Código Procesal Civil, a efectos de incluir el abuso de derecho como sustento de contradicción de los procesos de ejecución de garantías reales, otorgándose así una adecuada tutela jurisdiccional al ejecutado, y generándose un criterio judicial sistemático para su identificación y posterior sanción.

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