Información jurídica inteligente
Editorial:
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Fecha publicación:
2013-02-11

Número de Revista

Últimos documentos

  • El principio de mínima intervención del derecho penal frente a los delitos de violación sexual de menor de edad

    Los autores desarrollan las implicancias del Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal vinculado al ámbito punitivo en el delito de Violación Sexual de Menor de Edad, con la finalidad de que cada análisis que se realice pueda contribuir a una mejor resolución de los diversos casos de indemnidad sexual de menor de edad, siempre y cuando cumpla con las características que se señalan en la presente investigación.

  • Apuntes de historia del derecho peruano. Cristóbal Vaca de Castro, gobernador de la Nueva Castilla (1541-1543)

    La Gobernación de Nueva Castilla, que existió entre 1529 y 1542, hasta la creación del Virreinato del Perú, estuvo bajo el poder sucesivo y accidentado de dos gobernadores: el Marqués Francisco Pizarro y el Licenciado Cristóbal Vaca de Castro. El breve gobierno de este último, signado por las guerras civiles entre los conquistadores, fue no obstante, importante en el fortalecimiento de la autoridad metropolitana, aunque también, quedó manchado por serias acusaciones de corrupción.

  • Hipótesis sobre el tratamiento del concebido según la ética kantiana

    La teoría moral kantiana ha sido fundamental para el desarrollo del derecho occidental y se considera la base constitucional de muchos sistemas jurídicos. La elección de su filosofía entre muchas otras no es casualidad, sino que responde a su posición sobre el hombre, la cual sustenta el concepto de Estado moderno, haciendo de él su centro y fin. En consecuencia es lógico que nos cuestionemos por su posición moral acerca del concebido, pues a pesar que muchos han elegido interpretar que la falta de pronunciamiento del filósofo sobre el tema hace de éste un área no kantiana, lo cierto es que no sólo sí puede ser cubierto por su pensamiento, sino que resulta, hablando en sus términos, en un deber hacerlo, dado que no puede dudarse de la protección que le habría conferido y la responsabilidad sobre ello es urgente, dado que como decíamos la filosofía kantiana conduce los hilos de gran parte del derecho moderno.

  • Limites a las competencias del tribunal constitucional como organismo contralor del orden constitucional

    Uno de los problemas que ha merecido innumerables críticas tanto del sector especializado como de la comunidad jurídica en general, y que ha motivado nuestra atención, pues no es ajeno al contexto democrático en el que se desarrolla nuestro país, se refiere a las constantes fricciones originadas con otros órganos integrantes del sistema constitucional (por ejemplo la reciente sentencia emitida en el Exp. 0020-2015-PI/TC, mediante la cual se declara la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 27785 que regulaba la facultad sancionatoria de la Contraloría General de la República), a partir de las cuales se ha propalado una posición casi mayoritaria respecto del "excesivo poder" con el que cuenta nuestro Tribunal Constitucional, reconocido como intérprete privilegiado de la Constitución, cuya función es la de preservar el orden constitucional y por ende el equilibrio de poderes; y si bien actúa con autonomía e independencia (principios reconocidos por su Ley Orgánica), su labor no tiene por qué estar exenta de cuestionamientos.

  • La interrupción de la prescripción de las acciones laborales y el principio protector

    A raíz de la Casación Laboral N° 6763-2017-Moquegua dictada por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el autor realiza un análisis de las causales de interrupción de la prescripción reguladas en el Código Civil y que, dada la ausencia de regulación, deben aplicarse supletoriamente al ámbito laboral. El autor manifiesta que esta aplicación supletoria debe efectuarse teniendo en cuenta el principio protector propio del ordenamiento laboral para proteger los intereses del trabajador.

  • La responsabilidad familiar empresarial en la gestión de empresas. Paradigmas y perspectiva jurídica

    El presente trabajo introduce la variable "familia" en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, al considerar desde una perspectiva integral la relación entre la empresa, sus trabajadores y la sociedad. Para ello, reconoce la importancia de la familia en el desarrollo del tejido social; la necesidad de adoptar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral - desde un enfoque de corresponsabilidad - y la obligación ética y legal que la empresa tiene frente a sus trabajadores en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa. Se parte de algunas experiencias e investigaciones realizadas sobre los beneficios de adoptar acciones de Responsabilidad Familiar en la empresa y se desarrolla el marco teórico que considera la inclusión de la "perspectiva de familia" en las políticas públicas y privadas; los entornos de desarrollo de los trabajadores y el ámbito de desarrollo de responsabilidad empresarial. Finalmente se realiza una revisión de la legislación actual que vincula el bienestar del trabajador y su familia, para determinar los mecanismos a través de los cuales los empresarios pueden incorporar acciones de fortalecimiento de la familia a través de la gestión empresarial.

  • Del activismo a la demiurgia judicial: ¿cuál es el valor real de un tratado internacional de derechos humanos?

    La práctica, cada vez más extendida en los tribunales internacionales de derechos humanos, de superar la letra y el espíritu de los tratados internacionales que han de interpretar, y de reconfigurar unilateralmente su contenido obligacional sin respetar los procedimientos previstos de reforma, está modificando sustancialmente el derecho internacional de los derechos humanos. La interpretación se convierte, de este modo, en una práctica demiúrgica que crea ex novo y sin fundamento legal nuevos derechos (o incluso, pretendidos e inexistentes "derechos") que no sólo no se contienen en los tratados, sino que, en no pocos casos, pueden minar seriamente el contenido sustancial de derechos explícita y generalmente reconocidos como fundamentales. La incertidumbre jurídica y los altos riesgos de interpretación ideológica y arbitraria de los derechos que genera este activismo judicial se añaden a la vulneración de principios tan básicos como el consentimiento del Estado Parte como fuente de obligaciones internacionales convencionales. La integridad de los derechos humanos exige que los tribunales internacionales abandonen tales prácticas arbitrarias, respeten los límites de su mandato interpretativo otorgado y dejen de operar de facto y abusivamente como órganos legisladores.

  • El derecho de relación del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados y su conciliación con el derecho de visitas de los progenitores

    Como una manifestación más del interés superior del menor, éste tiene derecho a relacionarse con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados, y solo podrá denegarse cuando exista justa causa para ello. Dicho régimen de relación es compatible con el régimen de visitas que pueda establecerse en favor de uno de los progenitores, pero uno y otro no son equiparables. De hecho, el contenido y la extensión del régimen de relación del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados será, como regla general, más reducido que el del régimen de visitas que corresponde a los progenitores; mientras que la periodicidad será mayor. Además, la duración temporal deberá ser todavía menor y la periodicidad mayor en aquellos casos en los que el régimen de relación con los menores deba establecerse con más de una persona.

  • Implicancias bioético legislativas del consentimiento informado en la redacción del protocolo de aborto terapéutico

    El aborto terapéutico es una práctica médica se encuentra despenalizada en nuestro país, y está regulada bajo un procedimiento estandarizado a nivel nacional en el comúnmente denominado Protocolo de Aborto Terapéutico (PAT), previo Consentimiento Informado (CI) de la gestante y sin incluir los derechos de su hijo. El presente artículo contiene un análisis bioético, desde las bioéticas personalista y principialista, así como legislativo del CI de la gestante regulado en el PAT, como requisito para la realización de un aborto por razones terapéuticas. Con lo cual conoceremos su grado de idoneidad, tanto desde el enfoque bioético como el legal.

  • Relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en España. Apuntes históricos y regulación actual a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

    Hasta la entrada en vigor de la Constitución, el modelo constitucional de relaciones Iglesia-Estado se caracterizó, salvo algunas breves excepciones, por la confesionalidad católica. Bajo el actual régimen constitucional se ha instaurado un régimen de laicidad positiva que viene enmarcado por el principio de cooperación entre el Estado y las confesiones y que sirve, a su vez, como garantía de la libertad religiosa.

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