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Case nº 342-2022/SEL of Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, September 23, 2022
Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el procedimiento seguido por Edith Violeta Ortiz Buelot en contra del Ministerio de Educación respecto de la medida consistente en la exigencia de que la directora de la Institución Educativa Privada “Gabriel García Márquez” cumpla con los requisitos de la Resolución Directoral 8796-2015-UGEL01/DIR-SJM para el procedimiento de la solicitud de activación en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE y los correos electrónicos del 16 de setiembre y 13 de octubre de 2021 correspondiente a la solicitud de la activación del nivel secundaria en el SIAGIE, materializada en el Oficio 11712021/DIR.UGEL01 /ASGESE/ESSE/SIAGIE de fecha 13 de octubre de 2021. El fundamento de la decisión es que se ha verificado que la Institución Educativa Privada “Gabriel García Márquez” actualmente cuenta con el nivel educativo secundario activado en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE, conforme a la solicitud del 23 de junio de 2021 de la denunciante.
Case nº 333-2022/SEL of Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, September 21, 2022
Se CONFIRMA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021; y, se declara fundada la denuncia en el extremo que declaró barreras burocráticas carentes de razonabilidad las medidas siguientes: (i) La exigencia de que cada Centro de Inspección Técnica Vehicular cuente con infraestructura inmobiliaria ubicada sobre un terreno con una extensión mínima de 500 m2 como condición para operar una (1) línea de inspección tipo menor, materializada en el numeral 36.1) del artículo 36 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 025-2008-MTC. (ii) La exigencia de que cada Centro de Inspección Técnica Vehicular cuente con infraestructura inmobiliaria ubicada sobre un terreno con una extensión mínima de 1,500 m2 en caso pretenda operar una (1) línea de inspección tipo liviano, materializada en el numeral 36.1) del artículo 36 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 025-2008-MTC. (iii) La exigencia de que cada Centro de Inspección Técnica Vehicular cuente con infraestructura inmobiliaria ubicada sobre un terreno con una extensión mínima de 2,000 m2 en caso pretenda operar una (1) línea de inspección tipo pesado y/o mixta, materializada en el numeral 36.1) del artículo 36 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 025-2008-MTC. (iv) La exigencia de que el frontis colindante con la vía pública de la infraestructura inmobiliaria de un centro de inspección técnica vehicular con una (01) línea de inspección de tipo menor, cuente con una longitud no menor a 10 metros, materializada en el punto 2.1.2.1) del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008-MTC-15. (v) La exigencia de que el frontis colindante con la vía pública de la infraestructura inmobiliaria de un centro de inspección técnica vehicular con una (01) línea de inspección de tipo liviana, cuente con una longitud no menor a 20 metros, materializada en el punto 2.1.2.2) del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008-MTC-15. (vi) La exigencia de que el frontis colindante con la vía pública de la infraestructura inmobiliaria de un centro de inspección técnica vehicular con una (01) línea de inspección de tipo mixta y/o pesada, cuente con una longitud no menor a 25 metros, materializada en el punto 2.1.2.3) del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008-MTC-15. El motivo de dicho pronunciamiento es que, si bien en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra facultado a imponer dichas exigencias; tal entidad no ha acreditado cuál sería el problema o los problemas que se pretenden solucionar con la imposición de las referidas medidas y si estas resultan idóneas o adecuadas. De igual forma, se CONFIRMA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021; y, se declara fundada la denuncia en el extremo que declaró barreras burocráticas carentes de razonabilidad las medidas siguientes: (i) La exigencia de contar con tres (3) ingenieros automotrices, mecánicos y/o mecánicos electricistas o afines y/o técnicos en mecánica automotriz por cada línea de Inspección Técnica Vehicular para realizar labores de verificación documentaria, inspección visual y mecánica de los vehículos, dispuesta en el numeral 32.3) del artículo 32 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por el Decreto Supremo 025-2008-MTC; y, en consecuencia, fundada la denuncia en este extremo. (ii) La exigencia de que el Certificado de Inspección Inicial, el Certificado de Inspección Anual, el Certificado de Homologación de Equipos y la Constancia de Calibración de Equipos sean emitidos por una empresa inspectora legalmente establecida en el país y cuya casa matriz esté asociada a la International Federation of Inspection Agencies – IFIA, materializada en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 025-2008-MTC, Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. (iii) La exigencia de que el Centro de Inspección Técnica Vehicular deba tener las áreas de circulación y estacionamiento con el piso pavimentado o asfaltado, materializada en el numeral 2.2.3) del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008-MTC/15 El motivo de dicho pronunciamiento es que, si bien en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra facultado a imponer tales exigencias; dicha entidad no ha acreditado que las medidas denunciadas sean idóneas para solucionar o reducir el índice de accidentes de tránsito que ocurren en el país. De otro lado, se REVOCA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021; y, en consecuencia, se declara improcedente la denuncia referida a las siguientes medidas: (i) La exigencia de presentar los requisitos documentales establecidos en el numeral 37.1) del artículo 37 del Reglamento señalados en el Anexo 2 de la presente resolución para solicitar la autorización como Centro de Inspección Técnico Vehicular, materializado en el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 025-2008-MTC. (ii) La exigencia de presentar los requisitos documentales establecidos en el numeral 5.2 de la Directiva 005-2007-MTC/15, para acceder a una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GLP, materializado en el numeral 5.2 de la Directiva 005-2007-MTC/15, denominada “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, aprobada mediante Resolución Directoral 14540-2007-MTC-15. (iii) La exigencia de presentar los requisitos documentales establecidos en el numeral 5.2 de la Directiva 001-2005-MTC/15, para acceder a una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones, materializado en el numeral 5.2 de la Directiva 001-2005-MTC/15, denominada “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y de los Talleres de Conversión a GNV”, aprobada por Resolución Directoral 3990-2005-MTC-15. (iv) La exigencia de presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, la cual, para el caso de las regiones Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias debe ser por un equivalente a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias para ser autorizado como Entidad Certificadora de Conversiones a GLP, materializada en el numeral 5.2.7) del punto 5 de la Directiva 005-2007-MTC/15 denominada “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP” aprobada por Resolución Directoral 14540-2007-MTC/15. (v) Exigencia de presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, cuyo monto de cobertura debe ser por un equivalente no menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias, para ser autorizado como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, materializada en el numeral 5.2.7) del punto 5 de la Directiva 001-2005-MTC/15 denominada “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV y de los Talleres de Conversión a GNV” aprobada por Resolución Directoral 3990-2005-MTC/15. (vi) La exigencia de presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual contratada de una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, por el monto de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias para operar como Centro de Revisión Periódica de Cilindros, materializada en el numeral 5.2.13) del punto 5 de la Directiva 004-2010-MTC/15, denominada “Régimen de Autorización y Funcionamiento de los Centros de Revisión Periódica de Cilindros” aprobada por Resolución Directoral 2268-2010-MTC/15. (vii) La exigencia de acreditar por lo menos tres (3) talleres encargados de subsanar las observaciones efectuadas por el especialista encargado para solicitar una autorización para la emisión de los Certificados de Conformidad, materializada en el inciso d) del numeral 6.1 del punto 6 de la Directiva 002-2002-MTC/15 denominada "Emisión de Certificados de Conformidad, Autorización, Procedimientos y Requisitos Técnicos" aprobada por Resolución Directoral 1573-2002-MTC-15; y, en consecuencia, se declara improcedente la denuncia. La razón es que dichas medidas constituyen requisitos exigibles para la tramitación de procedimientos administrativos, y siendo que estos no se encuentran contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no resultan oponibles a las empresas denunciantes. De otro lado, se CONFIRMA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021, en el extremo que declaró que el impedimento de obtener una autorización para operar un Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil en un ámbito territorial en el que se encuentre ubicado un Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo, materializado en el numeral 28.2) del artículo 28 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 025-2008-MTC, no constituye una barrera burocrática ilegal, y además, que las empresas denunciantes no habrían presentado indicios sobre su carencia de razonabilidad; y en consecuencia, infundada la denuncia en dicho extremo. La razón es que, la exigencia cuestionada se encuentra acorde con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, pues no vulnera el criterio de no exclusividad reconocido en dicha norma, en tanto, la operación de los centros de inspección técnica vehicular se encuentra condicionado a la situación del mercado automotriz de cada región y a su distribución geográfica. Además, las empresas denunciantes no presentaron argumentos que puedan ser calificados como indicios de la carencia de razonabilidad. Del mismo modo, se CONFIRMA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021, en el extremo que declaró que las siguientes exigencias no constituyen barreras burocráticas ilegales y que, además, las empresas denunciantes no habrían presentado indicios suficientes sobre su carencia de razonabilidad; y, en consecuencia, infundada la denuncia en los siguientes extremos: (i) La exigencia de que el ingeniero automotriz, mecánico o mecánico – electricista colegiado y habilitado que supervisará el proceso de verificación documentaria, inspección visual y mecánica de los vehículos cuenten con una experiencia mínima de cinco (5) años, en actividades vinculadas al ramo automotriz, materializada en el numeral 32.1 del artículo 32 del Decreto Supremo 025-2008-MTC, “Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicos Vehicular”. (ii) La exigencia de que el ingeniero automotriz, mecánico o mecánico – electricista, o afines y/o técnicos en mecánica automotriz por cada línea de inspección técnica vehicular para realizar las labores de verificación documentaria, inspección visual y mecánica de los vehículos que cuente con experiencia no menor de tres (3) años en mecánica automotriz, materializada en el numeral 32.3 del artículo 32 del Decreto Supremo 025-2008-MTC, “Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicos Vehicular”. El fundamento es que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra facultado a imponer tales exigencias. Sin embargo, las empresas denunciantes no presentaron argumentos que puedan ser calificados como indicios de la carencia de razonabilidad de las medidas antes mencionadas. Asimismo, se REVOCA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021; y, en consecuencia, declarar infundada la denuncia respecto de las siguientes medidas: (i) La exigencia de contar con una experiencia no menor de cinco (05) años en la prestación de servicios y desarrollo de actividades vinculadas al control de calidad e inspecciones en el campo automotriz, con personal de supervisión que cuente con experiencia en certificaciones de conversiones vehiculares del sistema de combustión a gases combustibles (GLP o GNV), para acceder a una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GLP y operar como tal, materializado en numeral 5.1.1.3) de la Directiva 005-2007-MTC/15. (ii) La exigencia de contar con una experiencia no menor de ocho (8) años en la prestación de servicios y desarrollo de actividades vinculadas al control de calidad e inspecciones en el campo automotriz, con personal de supervisión que cuente con experiencia en certificaciones de conversiones vehiculares al sistema de combustión a GNV, para acceder a una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones y operar como tal, materializado en numeral 5.1.1.3) de la Directiva 001-2005-MTC/15. (iii) La exigencia de contar con experiencia no menor de diez (10) años en la prestación de los servicios o desarrollo de las actividades vinculadas al campo automotriz para solicitar la autorización para la emisión de los Certificados de Conformidad, materializado en el inciso b) del numeral 6.1 del punto 6 de la Directiva 002-2002-MTC/15. El fundamento es que de conformidad con la Directiva 005-2007-MTC/15 y la Directiva 001-2005-MTC/15el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra facultado a imponer tales medidas. Además, las empresas denunciantes no presentaron argumentos que puedan ser calificados como indicios de la carencia de razonabilidad de las medidas antes mencionadas. De igual forma, se CONFIRMA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021; en el extremo que declaró que las siguientes exigencias no constituyen barreras burocráticas ilegales, y que las empresas denunciantes no habrían presentado indicios suficientes sobre su carencia de razonabilidad; y en consecuencia, se declara infundada la denuncia referida a: (i) La exigencia de acreditar semestralmente a la autoridad competente del Ministerio la calibración de los equipos realizada por el fabricante de los mismos, su representante autorizado en el país o una entidad especializada en la materia, materializada en el numeral 48.10 del artículo 48 del Reglamento del Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 025-2008-MTC. (ii) La exigencia de comunicar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Comunicaciones el tarifario por los servicios de emisión de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, materializada en el numeral 48.16 del artículo 48 del Reglamento del Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 025-2008-MTC. (iii) La exigencia de presentar anualmente a la autoridad competente del Ministerio el Certificado de Inspección Anual de Centro de Inspección Técnica Vehicular, materializada en el numeral 48.20 del artículo 48 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 025-2008-MTC. (iv) La exigencia de la forma en cómo se calcula el número de estacionamientos que debe tener un Centro de Inspección Técnica Vehicular en función a una línea de inspección técnica vehicular de tipo “pesados”, materializada en el numeral 2.4.2 del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008, concordante con el artículo quinto de la Resolución Directoral 2303-2009. (v) La exigencia de la forma en cómo se calcula el número de estacionamientos que debe tener un Centro de Inspección Técnica Vehicular en función a una línea de inspección técnica vehicular de tipo “pesados”, materializada en el numeral 2.4.2 del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008, concordante con el artículo quinto de la Resolución Directoral 2303-2009. (vi) La exigencia de la forma en cómo se calcula el número de estacionamientos que debe tener un Centro de Inspección Técnica Vehicular en función a una línea de inspección técnica vehicular de tipo “pesados”, materializada en el numeral 2.4.2 del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008, concordante con el artículo quinto de la Resolución Directoral 2303-2009. La razón es que dichas medidas han sido impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el ejercicio de las competencias otorgadas por los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 29237, Ley del Sistema Nacional de Inspecciones Técnica Vehiculares; en tanto implican la imposición de condiciones de permanencia para los Centros de Inspección Técnico Vehicular y no implican una sustitución de la facultad de fiscalización y supervisión de la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías, la cual se limita únicamente a la verificación del cumplimiento de las obligaciones que el referido ministerio ha determinado, tales como las medidas impuestas. Además, las empresas denunciantes no presentaron argumentos que puedan ser calificados como indicios de la carencia de razonabilidad. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021, en el extremo que declaró infundada la denuncia en el extremo referido a la prohibición de transferir la autorización de funcionamiento del Centro de Inspección Técnica Vehicular, materializada en el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por el Decreto Supremo 025-2008-MTC. La razón es que, si bien la medida encontraría sustento de legalidad en el artículo 5 de la Ley 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, ello no implica que el análisis de razonabilidad a desarrollarse se haga respecto de la ley, siendo que dicho análisis se desarrolla respecto de la alternativa regulatoria que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dispuesto para cumplir con la finalidad de la referida ley. Además, de la revisión de los argumentos formulados por las empresas denunciantes se observa que los mismos no califican como indicios suficientes de carencia de razonabilidad. Finalmente, se CONFIRMA la Resolución 0265-2021/CEB-INDECOPI del 7 de octubre de 2021, en el extremo que declaró que las siguientes exigencias constituyen barreras burocráticas ilegales; y, en consecuencia, fundada la denuncia referida a: (i) La exigencia de que el Centro de Inspección Técnica Vehicular cuente con un número mínimo de cinco (5) estacionamientos para el estacionamiento de vehículos de los visitantes, materializada numeral 2.4.3) del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008-MTC-15. (ii) La exigencia de que el centro de inspección técnica vehicular cuente con áreas verdes, materializada en numeral 2.1.4) del Anexo 2 de la Resolución Directoral 11581-2008-MTC-15. El fundamento de la decisión es que mediante Resolución 0290-2021/SEL-INDECOPI del 27 de mayo de 2021, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas declaró la ilegalidad de las medidas detalladas y dispuso su inaplicación con efectos generales. Asimismo, un extracto de dicha resolución fue publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de junio de 2021. Dado que la denunciante presentó su denuncia antes de la referida publicación (19 de abril de 2021), en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 8 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, corresponde resolver la presente controversia en el mismo sentido.
Case nº 334-2022/SEL of Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, September 21, 2022
Se CONFIRMA la Resolución 002-2022/CEB-INDECOPI del 4 de enero de 2022, que declaró improcedente la denuncia presentada por Gas Natural de Lima y Callao S.A. en contra del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, respecto de la medida consistente en la exigencia de entregar gas odorizado a las centrales termoeléctricas de Kallpa y Enersur, materializada en la Resolución 179-2017-OS/TASTEM-S1. La razón es que la denunciante cuestionó la motivación de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, lo cual no constituye una barrera burocrática en los términos del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas por lo que su inaplicación resulta ser jurídicamente imposible, toda vez que los órganos en eliminación de barreras burocráticas, en el marco de sus competencias, no pueden evaluar las decisiones emitidas por otras entidades de la Administración Pública.
Case nº 335-2022/SEL of Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, September 21, 2022
Se REVOCA la Resolución 0116-2022/CEB-INDECOPI del 25 de marzo de 2022 que declaró la conclusión del procedimiento administrativo, al haberse producido la sustracción de la materia, y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Aris Industrial S.A., en contra de la Municipalidad Distrital de Lurín, por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la limitación de la Licencia de Funcionamiento con Certificado 000297-GDET, en tanto la entidad edil no reconoce que su licencia le autoriza desarrollar las actividades de oficinas administrativas y almacén, materializada en los siguientes actos administrativos: (i) El Acta de Inspección/ML 001619 del 24 de agosto de 2021. (ii) La Notificación Preventiva 000325-2021 del 24 de agosto de 2021. (iii) La Resolución Gerencial 511-2021-GF/ML del 24 de agosto de 2021. (iv) La Resolución Gerencial 524-2021-GF/ML del 26 de agosto de 2021. (v) El Acta de Clausura/ML 000234 del 24 de agosto de 2021. (vi) La Resolución Gerencial 552-2021-GF/MD del 22 de setiembre de 2021. El fundamento es que, mediante los actos administrativos citados, la Municipalidad Distrital de Lurín no ha limitado la Licencia de Funcionamiento con Certificado 000297-GDET para el giro de “Fabricación de Cerámicos”, la cual es válida y surte plenos efectos jurídicos, puesto que la entidad edil únicamente ha constatado la presunta comisión de una infracción por haber desarrollado actividades adicionales a su título habilitante, en mérito a lo cual ejerció su potestad sancionadora. Por tanto, dichos actos administrativos no materializan la medida denunciada, en consecuencia, el petitorio de la denunciante resulta jurídicamente imposible de ser atendido.
Case nº 336-2022/SEL of Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, September 21, 2022
Se CONFIRMA la Resolución 0062-2022/INDECOPI-SRB del 17 de marzo de 2022 que declaró IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Impacto Visual Perú S.R.L contra la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. La razón es que no se ha cuestionado una medida impuesta en el marco de la tramitación de un procedimiento administrativo sujeto a las normas y principios de simplificación administrativa ni una medida que tenga como objeto condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de la denunciante en el mercado, sino que consiste en la incorporación de un procedimiento administrativo en el Texto Único de Servicios No Exclusivos de la entidad edil. Por tanto, resulta jurídicamente imposible que esta Sala ordene su inaplicación.
Case nº 337-2022/SEL of Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, September 21, 2022
Se REVOCA la Resolución 0143-2022/CEB-INDECOPI del 22 de abril de 2022, y, en consecuencia, se deniega la solicitud de medida cautelar formulada por Blending S.A.C., para que se le inapliquen las siguientes medidas: (i) La exigencia de contar con un certificado de conformidad ambiental, emitido por la Municipalidad Provincial del Callao, para operar la planta ubicada en la Calle cuatro 178, de la urbanización Oquendo (Planta Oquendo), materializada en: - El Procedimiento 2 “Certificado de Conformidad Ambiental” de la Gerencia de Protección del medio Ambiente dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial del Callao. - El numeral 8.5 del artículo 8 de la Ordenanza Municipal 0061-2008-MPC, que reguló el procedimiento para la obtención del certificado de conformidad ambiental. - El numeral 3-22 del Cuadro de Infracciones y Sanciones previsto en el Régimen de Aplicación de Sanciones aprobado por la Ordenanza 010-2007. - Notificación de Infracción 100352. - En el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ordenanza Municipal 000037-2005, que aprobó la Política Ambiental del Callao y crean el Sistema Local de Gestión Ambiental y la Comisión Ambiental Municipal del Callao. (ii) La exigencia de contar con un certificado de conformidad ambiental, emitido por la Municipalidad Provincial del Callao, para operar la planta ubicada en la avenida Contralmirante Mora 541 del Callao (Planta Mora), materializada en: - El Procedimiento 2 “Certificado de Conformidad Ambiental” de la Gerencia de Protección del medio Ambiente dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial del Callao. - El numeral 8.5 del artículo 8 de la Ordenanza Municipal 0061-2008-MPC, que reguló el procedimiento para la obtención del certificado de conformidad ambiental. - El numeral 3-22 del Cuadro de Infracciones y Sanciones previsto en el Régimen de Aplicación de Sanciones, aprobado por la Ordenanza 010-2007. - Notificación de Infracción 100776. - En el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ordenanza Municipal 000037-2005, que aprobó la Política Ambiental del Callao y crean el Sistema Local de Gestión Ambiental y la Comisión Ambiental Municipal del Callao. El fundamento es que, si bien se ha acreditado la verosimilitud del derecho de la denunciante, esta no ha acreditado el peligro en la demora, es decir, la necesidad del otorgamiento de una medida cautelar a su favor, pues no ha ofrecido ningún medio probatorio que acredite que el costo que conlleva la medida impuesta por la entidad municipal sea de tal magnitud que, a la larga, resulte imposible el desarrollo de la actividad económica, es decir, la inminencia de un perjuicio irreparable que torne en ineficaz el pronunciamiento final.
Resolución nº 949-2022/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de September 17, 2022
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR QUEJAMATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR QUEJAVer menos contenido.
Resolución nº 950-2022/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de September 17, 2022
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓNMATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓNVer menos contenido.
Resolución nº 951-2022/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de September 17, 2022
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR TRANSACCIÓNMATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR TRANSACCIÓNVer menos contenido.
Resolución nº 952-2022/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de September 17, 2022
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR TRANSACCIÓNMATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR TRANSACCIÓNVer menos contenido.