Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento

13.1. La empresa prestadora pública de accionariado estatal es creada por ley como empresa pública de derecho privado bajo el ámbito de la actividad empresarial del Estado, de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. Las acciones representativas de su capital social se emiten a nombre de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), en representación del Estado. Su ámbito de responsabilidad se establece en la ley de creación.

13.2. Para la creación de una empresa prestadora pública de accionariado estatal se debe contar previamente con la opinión favorable de la Sunass, en función a la Escala Eficiente y los criterios de viabilidad técnica, legal, económico-financiera que esta determine.

14.1. La empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal es creada por ley como empresa pública de derecho privado, de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por la(s) municipalidad(es) provincial(es) que la integra(n) según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Marco. Su ámbito de responsabilidad recae en la jurisdicción de la(s) municipalidad(es) que le otorga(n) la explotación, la cual es determinada en el contrato de explotación respectivo, sin perjuicio de las zonas que se integren posteriormente.

14.2. Para la creación de una empresa prestadora pública de accionariado municipal, se debe contar previamente con la opinión favorable de la Sunass, en función a la Escala Eficiente y los criterios de viabilidad técnica, legal, económico-financiera que esta determine.

La empresa prestadora de servicios de saneamiento privada es creada y se regula por la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades o norma que la sustituya, cuyo capital social está suscrito íntegramente por las personas naturales o jurídicas privadas que la integran. Su ámbito de responsabilidad recae en la jurisdicción de la(s) municipalidad(es) provincial(es) que le otorga(n) la explotación de los servicios, en virtud de alguna de las modalidades de participación privada establecidas en la Ley Marco.

La empresa prestadora de servicios de saneamiento mixta es una empresa de derecho privado, la cual cuenta con accionariado público (estatal y/o municipal) y privado, en la cual la participación del Estado es mayoritaria. Su ámbito de responsabilidad recae en la jurisdicción de la(s) municipalidad(es) provincial(es) que le otorga(n) la explotación de los servicios.

17.1. Las Unidades de Gestión Municipal son órganos de la municipalidad competente, constituidos con el único objeto de prestar los servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades del ámbito urbano. Cuentan con contabilidad independiente respecto de la municipalidad competente.

17.2. La constitución de Unidades de Gestión Municipal para la prestación directa de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades se realiza previa autorización de la Sunass a la municipalidad competente, en aquellos casos que el área bajo su prestación no pueda ser integrada al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora con cargo a su posterior integración, según lo establecido en el párrafo 21.8 de artículo 21 del presente Reglamento.

Los Operadores Especializados son personas jurídicas de derecho privado constituidos y reguladas por la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, que realizan la prestación de los servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades en virtud de un contrato de prestación de servicios o similar suscrito con la municipalidad provincial competente.

Las Unidades de Gestión Municipal son órganos de la municipalidad competente constituidos con el objeto de prestar los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Cuentan con contabilidad independiente respecto de la municipalidad respectiva.

20.1. Las Organizaciones Comunales son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que se constituyen con el objeto de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito rural; para lo cual adoptan la forma asociativa de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos u otra modalidad elegida voluntariamente por la comunidad, de acuerdo con el presente Reglamento y las normas sectoriales.

20.2. Para efectuar la prestación de los servicios de saneamiento, las Organizaciones Comunales requieren previamente su reconocimiento, inscripción y registro en la municipalidad competente en cuya jurisdicción realizan sus actividades. Su actividad es regulada por la Sunass.

40.1. El otorgamiento de la explotación de los servicios de saneamiento es efectuado por la(s) municipalidad(es) provincial(es) a la empresa prestadora, en atención a lo dispuesto en el presente Reglamento y la normativa sectorial.

40.2 . Dos (02) o más municipalidades provinciales pueden otorgar la explotación de los servicios de saneamiento en su jurisdicción a una misma empresa prestadora, para lo cual suscriben el contrato de explotación con esta, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Reglamento y la normativa sectorial.

41.1. Los contratos de explotación que suscriban la(s) municipalidad(es) provincial(es) con la empresa prestadora pública de accionariado municipal o empresa prestadora mixta tienen el contenido mínimo siguiente:

1. La explotación, total o parcial, de los servicios de saneamiento que se otorga.

2. El ámbito de responsabilidad para la prestación de los servicios.

3. El plazo de duración, que para el caso de empresa prestadora pública de accionariado municipal es indeterminado.

4. La obligación de cumplir con las condiciones de calidad de la prestación de los servicios, de acuerdo con lo establecido por la Sunass.

5. La obligación de sujetarse a las normas que rigen la gestión y la prestación de los servicios de saneamiento.

6. La expresa sujeción a la regulación económica establecida por la Sunass, conforme a la normativa de la materia.

7. Los derechos y obligaciones de las partes intervinientes.

8. Las metas de gestión contenidas en la resolución de determinación tarifaria.

9. Los mecanismos de solución de controversias.

41.2. Los contratos de explotación se elaboran conforme al modelo aprobado por el Ente Rector.

41.3. La Sunass evalúa que los contratos de explotación tengan el contenido anteriormente indicado. En los nuevos contratos de explotación, la Sunass requiere la inclusión de las citadas cláusulas.

41.4. El contrato de explotación y sus modificaciones surten efectos a partir de la fecha de suscripción por el Ente Rector, previa opinión favorable de la Sunass.

Las empresas prestadoras tienen las siguientes funciones:

1. Administrar y gestionar los sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento con autonomía y responsabilidad en la gestión empresarial, sobre la base de criterios técnicos, legales, económicos, financieros y ambientales, de conformidad con el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento, la normativa sectorial y las disposiciones emitidas por la Sunass, en concordancia con los planes urbanos a cargo de los gobiernos locales.

2. Prestar, en forma total o parcial, uno o más, de los servicios de saneamiento, en los niveles y demás condiciones contenidas en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, la normativa vigente, en su respectivo contrato de explotación, de concesión u otra modalidad de participación privada, según corresponda.

3. Formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión, en coordinación con el gobierno local, regional o el Ente Rector, a fin de incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, de conformidad con la normativa de la materia.

4. Formular y ejecutar el PMO. El PMO es presentado a la Sunass dentro de los plazos establecidos por el referido organismo regulador.

5. Aprobar y supervisar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de su ámbito de responsabilidad.

6. Promover e implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, incorporándolos en el PMO conforme a las disposiciones que emita la Sunass. A tal efecto, las empresas prestadoras están facultadas para adquirir bienes y servicios, formular, evaluar, aprobar y ejecutar las inversiones vinculadas a los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, siempre y cuando cuenten con la aprobación de la Sunass en su respectivo Estudio Tarifario. Asimismo, las empresas prestadoras están facultadas para el pago de los costos de operación y mantenimiento de los mismos, incluso cuando el proyecto ha sido ejecutado por un tercero, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, su Reglamento y normas sobre la materia.

7. Formular, aprobar y ejecutar, en el marco del Sinagerd, los instrumentos de gestión necesarios para la prevención y mitigación de riesgos frente a aquellas situaciones que pongan en peligro inminente la prestación de los servicios de saneamiento. Además, debe llevar a cabo las acciones que dispone el Ente Rector que regula la declaración de emergencia sanitaria.

8. Incorporar en el PMO los documentos de gestión y las acciones que permitan cumplir las metas de la empresa prestadora.

9. Implementar tecnologías apropiadas para el tratamiento de agua residual favorable al medio ambiente, a fin de evitar la contaminación de las fuentes receptoras de agua y promoviendo su reúso, en cumplimiento de la normativa de la materia.

10. Elaborar los documentos y planes de gestión de conformidad con la normativa de la materia y en coordinación con las entidades competentes.

11. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional o gobierno local respectivo, programas de asistencia técnica a favor de los prestadores ubicados en sus áreas de influencia y en la(s) provincia(s) comprendidas en su ámbito de responsabilidad, incluidas en el PMO, con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.

12. Cumplir con las disposiciones, requerimientos, pedidos de información y otros que efectúen el Ente Rector, la Sunass y el OTASS en el ejercicio de sus funciones establecidas en el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento, normas sectoriales y las normas que resulten aplicables.

13. Registrar y mantener actualizado el registro de la información requerida por el "Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público" a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

14. Solicitar a la Sunass la aplicación de los subsidios en los términos señalados en las normas correspondientes.

15. Remitir al Ente Rector, a través de sus programas, la información exigida en los Convenios de transferencias de recursos para el financiamiento de proyectos de inversión en saneamiento, respecto a la supervisión o inspección de la obra, según corresponda, y el avance físico y financiero, y demás documentación exigida, bajo causal de resolución de pleno derecho del Convenio y de iniciarse las acciones de responsabilidad administrativa, civil o penal, según sea el caso.

16. Otras funciones que sean establecidas en el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento, las normas sectoriales u otras normas intersectoriales ligadas a las condiciones y calidad de los servicios de saneamiento, según corresponda.

Adicionalmente a las obligaciones señaladas en el artículo 46 del TUO de la Ley Marco, las empresas prestadoras tienen las siguientes obligaciones:

1. Emitir el recibo de pago por el servicio correspondiente y entregarlo en el domicilio del usuario o de forma virtual, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios.

2. Controlar de manera permanente la calidad de los servicios que presta.

3. Brindar información a los usuarios sobre la Valoración de los Servicios de Saneamiento, con la finalidad de sensibilizarlos; así como informar al Ente Rector respecto de las acciones implementadas en el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora, conforme a la normativa sectorial que para dicho fin apruebe el Ente Rector.

4. Implementar el sistema de registro de costos e ingresos para fines regulatorios, de acuerdo con las disposiciones que apruebe la Sunass.

5. Elaborar y auditar sus Estados Financieros, los cuales deben ser difundidos a través del portal institucional de la empresa prestadora.

6. Otras establecidas en el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, en los contratos de explotación, de concesión u otra modalidad de participación del sector privado, según corresponda y en las normas emitidas por la Sunass.

44.1. Para el ejercicio de sus funciones, las empresas prestadoras elaboran, aprueban e implementan los instrumentos y planes de gestión, que permitan una prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, de conformidad con la normativa aplicable y en coordinación con las entidades competentes.

44.2. El OTASS brinda asistencia técnica a las empresas prestadoras para la formulación de los planes y documentos de gestión.

45.1. El gerente general de la empresa prestadora tiene la responsabilidad de custodiar los fondos y reservas considerados por la Sunass, así como efectuar su aplicación conforme a lo previsto en los estudios tarifarios y resolución tarifaria, salvo las excepciones que establezca la Sunass en su normativa regulatoria. La Sunass supervisa y fiscaliza su adecuado cumplimiento y sanciona su incumplimiento.

45.2. Las reservas señaladas a que se refiere el presente artículo no se utilizan, en ningún caso, en gastos de personal general, en gastos de contratación de personal bajo cualquier modalidad laboral, civil o administrativa, ni en aumento de montos aprobados en los presupuestos de la empresa prestadora para la compra de bienes y contratación de servicios de acuerdo con las normas establecidas en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; la Ley Nº 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos; la Ley Nº 30519, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; y, las normas que las modifiquen o deroguen y que sean de aplicación para cada año fiscal.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), constituye una empresa prestadora pública de accionariado estatal, cuyo ámbito de responsabilidad comprende la provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante Resolución Ministerial del Ente Rector, sin perjuicio de la integración regulada en la Ley Marco.

Las acciones representativas del capital social de SEDAPAL son emitidas a nombre del Fonafe.

La Junta General de Accionistas y el Directorio de SEDAPAL se conforman de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado o la norma que la sustituya, su reglamento y el estatuto respectivo de la empresa.

49.1. El otorgamiento de la explotación, en forma total o parcial, de uno o más de los servicios de saneamiento a la empresa prestadora pública de accionariado municipal, la efectúa(n) la(s) municipalidad(es) provincial(es) mediante contrato de explotación, el cual define el ámbito de responsabilidad.

49.2. El Ente Rector excepcionalmente otorga la explotación de los servicios de saneamiento en casos de delegación expresa de la(s) municipalidad(es) provincial(es).

Las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal se rigen por el régimen legal especial societario establecido en la Ley Marco, el presente Reglamento, y en las normas sectoriales; y, supletoriamente, por la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, en lo que no contravenga a las normas antes mencionadas.

51.1. Las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal elaboran y adecuan su estatuto social considerando las disposiciones de la Ley Marco, el presente Reglamento, normas sectoriales y supletoriamente la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

51.2. El estatuto social elaborado conforme al párrafo anterior, o sus modificaciones, es aprobado por la Junta General de Accionistas, previa opinión favorable de la Sunass.

51.3. Son nulas de pleno derecho las disposiciones del estatuto social que contemplen exigencias mayores o contravengan las disposiciones contenidas en la Ley Marco, el presente Reglamento y las normas sectoriales, en cuyo caso prima y es de aplicación lo dispuesto en las citadas normas.

51.4. Es responsabilidad del Gerente General proponer a la Junta General de Accionistas la actualización del estatuto conforme a las disposiciones de la Ley Marco, el presente Reglamento, normas sectoriales y si fuera el caso a las disposiciones de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

52.1. El capital social de una empresa prestadora pública de accionariado municipal está constituido por los aportes de la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) en dinero o bienes, las cuales representan partes alícuotas del capital.

Las donaciones en bienes inmuebles realizadas a favor de la empresa prestadora pública de accionariado municipal, pueden formar parte del capital social; para tal efecto, las mismas son distribuidas a favor de la(s) municipalidad(es) provincial(es) donde se ubican territorialmente dichos bienes.

Las donaciones en dinero o en bienes muebles realizadas a favor de la empresa prestadora pública de accionariado municipal, pueden formar parte del capital social; para tal efecto, las mismas son distribuidas proporcionalmente de manera equitativa entre la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s).

El Ente Rector puede realizar aporte de capital en el marco del Decreto Legislativo Nº 1284, que crea el Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS) y su Reglamento.

52.2. Todas las acciones que se emitan tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto. Las acciones son intransferibles, inembargables y no pueden ser objeto de medida cautelar, medida judicial o de contratación alguna o pasible de derecho real o personal. Las acciones que se emitan en el marco del FIAS y su Reglamento, son transferibles, para lo cual es necesario contar con la opinión favorable previa de la Sunass, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley Marco.

52.3. Es nulo todo acuerdo de la Junta General de Accionistas de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal de otorgar acciones sin contar con el sustento adecuado y la opinión favorable del Directorio.

52.4. Para la emisión de acciones es aplicable la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades en lo que corresponda; siempre y cuando no se contravenga con la Ley Marco y el presente Reglamento.

Constituyen activos de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, los bienes muebles o inmuebles, incluidas las obras de infraestructura pública que constituyen los sistemas y procesos de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, recibidas y administradas por estas.

54.1. Las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal deben revaluar los activos a que se refiere el artículo 53 del presente Reglamento, incorporándolos previamente, en cuanto sea aplicable, en el patrimonio de la sociedad a través de sus correspondientes registros contables.

54.2. La revaluación de estos activos debe efectuarse según las normas contables vigentes.

55.1. El aumento de capital por excedentes de revaluación determina únicamente la emisión de nuevas acciones, y no el incremento del valor actual de las existentes.

55.2. La distribución de las acciones producto de este aumento de capital se efectúa a favor de la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), de acuerdo a las reglas del artículo 56 del presente Reglamento.

55.3. El aumento de capital social, producto de excedentes de revaluación se utilizan únicamente para los fines de distribución de acciones.

56.1. El aumento de capital puede originarse de acuerdo a las disposiciones que señala la Ley Marco, el presente Reglamento y supletoriamente, en lo que le sea aplicable, la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

56.2. Cuando se traten de nuevos aportes en bienes para el aumento de capital social, la empresa prestadora pública de accionariado municipal efectúa su valorización de la siguiente manera:

1. Si se trata de bienes inmuebles, la valorización se realiza a través de la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS, conforme a las disposiciones del Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 172-2016-VIVIENDA.

2. Si se trata de bienes muebles, la valorización se realiza a través de informes de valorización acorde a las normas contables vigentes.

   56.3. La distribución de las acciones producto del aumento de capital se efectúa a favor de la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Las acciones respaldadas en los bienes inmuebles, que incluye infraestructura pública afecta a los servicios de saneamiento, son distribuidas a favor de la(s) municipalidad(es) provincial(es) donde se ubican territorialmente dichos bienes.

2. Las acciones respaldadas en los bienes inmuebles, que incluye infraestructura pública afecta a los servicios de saneamiento, y que no se encuentran en el ámbito territorial de la(s) municipalidad(es) provincial(es) socia(s), sino en otra provincia no socia, se distribuyen proporcionalmente y de manera equitativa entre los accionistas.

3. Las acciones respaldadas en bienes muebles y en dinero corresponden a la municipalidad provincial accionista que realizó el aporte.

57.1. Las acciones de propiedad municipal, son intransferibles e inembargables. No son objeto de gravámenes, medida cautelar, medida judicial u objeto de contratación alguna pasible de derecho real o personal, salvo los casos en que la Ley Marco, el presente Reglamento, o las normas sectoriales aplicables a las empresas, lo autoricen.

57.2. Las excepciones señaladas en el párrafo 49.2 del artículo 49 de la Ley Marco son reguladas en la normativa sectorial, sin perjuicio de las que se establezcan en el presente Reglamento.

58.1. La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía de la empresa prestadora y está conformada por el representante legal de la(s) municipalidad(es) provincial(es) en cuyo ámbito opera la empresa prestadora, o por quien esta designe para tal efecto. En las Juntas Generales de Accionistas cada acción da derecho a un voto, salvo para el caso especial de elección de directores representantes de la(s) municipalidad(es) accionista(s).

58.2. En el marco del régimen legal especial societario, la Junta General de Accionistas de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal puede estar conformado por una municipalidad provincial, quien se constituye en único accionista. La condición de único accionista, le corresponde al representante legal de la municipalidad provincial accionista.

58.3. La convocatoria a todas las Juntas Generales de Accionistas se efectúa por medio de esquela con cargo de recepción dirigida al domicilio de la municipalidad provincial accionista; la cual debe contener el lugar, día, hora y los asuntos a tratar. Para la Junta General Obligatoria Anual la esquela de convocatoria debe ser recibida con una anticipación no menor de diez (10) días calendario de su celebración. Para las demás Juntas Generales de Accionistas, la anticipación de recepción de la esquela es no menor de tres (3) días calendario de su celebración.

La esquela puede contener el lugar, día y hora de celebración de la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria, la cual se celebra con una anticipación no menor de tres (3) ni mayor de diez (10) días calendario después de la primera convocatoria.

58.4. Las atribuciones de la Junta General de Accionistas se rigen por lo establecido en el TUO de la Ley Marco y el presente Reglamento, por las normas sectoriales y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

58.5. Las atribuciones de la Junta General de Accionistas, son:

1. Elegir, reelegir y remover a los miembros del Directorio propuestos por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s).

2. Declarar la vacancia del(los) miembro(s) del Directorio elegidos por la Junta General de Accionistas.

3. Declarar la vacancia del(los) miembro(s) del Directorio designados por Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, cuando el Directorio no la efectúe, conforme a la normativa sectorial aprobada por el Ente Rector.

4. Acordar la integración de la empresa prestadora en cualquiera de sus modalidades.

5. Fijar el monto de las dietas de los miembros del Directorio, respetando los límites presupuestales aprobados por el MEF, mediante Decreto Supremo.

6. Autorizar la celebración del contrato de explotación, cuando el Directorio no lo realice, conforme a la normativa sectorial aprobada por el Ente Rector.

7. Las demás que establezcan el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento las normas sectoriales y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

59.1. El Directorio es el órgano colegiado que tiene a su cargo la administración de la empresa prestadora, vela por la continuidad en la gestión y goza de las facultades de gestión necesarias para el cumplimiento de su objeto.

59.2. Las atribuciones del Directorio se rigen por lo establecido en el TUO de la Ley Marco, el Reglamento, por las normas sectoriales, el estatuto social y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

59.3. Las atribuciones del Directorio, además de las señaladas en el artículo 56 del TUO de la Ley Marco, son:

1. Velar por la formulación, aplicación y actualización del PMO y demás planes e instrumentos de gestión que, en cumplimiento de la normativa vigente, debe elaborar la empresa prestadora.

2. Autorizar la celebración del contrato de explotación.

3. Emitir opinión para el otorgamiento de acciones a solicitud de la Junta General de Accionistas.

4. Declarar la vacancia del(los) miembro(s) del Directorio designados por Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.

5. Declarar la vacancia de(los) miembro(s) del Directorio elegidos por la Junta General de Accionistas, cuando ésta no la efectúe, conforme a la normativa sectorial aprobada por el Ente Rector.

6. Las demás que establezcan el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento, las normas sectoriales y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

60.1. Las sesiones presenciales del Directorio se llevan a cabo en el domicilio señalado en el estatuto social de la empresa prestadora municipal, con excepción de las empresas prestadoras municipales incorporadas al RAT. Excepcionalmente, pueden llevarse a cabo sesiones presenciales del Directorio en un lugar distinto al domicilio social, siempre que se presenten circunstancias que no permitan sesionar en el domicilio señalado en el estatuto social de la empresa prestadora municipal, las cuales se llevarán a cabo en cualquier lugar ubicado dentro del ámbito de su responsabilidad.

60.2. El estatuto social no puede establecer que el quórum para las sesiones de Directorio sea mayor que las dos terceras partes de los miembros de este, ni exigir para la adopción de acuerdos, el voto conforme de más de las dos terceras partes de los directores presentes.

61.1. Para ser elegido o designado director, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con título profesional universitario en cualquiera de las carreras de: ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración.

2. Contar con estudios de posgrado y/o estudios de especialización concluidos vinculados a cualquiera de las siguientes materias: regulación de servicios públicos, gestión, administración o finanzas.

   Este requisito puede sustituirse con la acreditación de experiencia profesional, por un plazo no menor de diez (10) años en alguna de las profesiones señaladas en el inciso 1 del presente artículo. El cómputo de dicha experiencia se considera desde la fecha de emisión del diploma de grado académico de bachiller.

3. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) años en cargos de nivel directivo y/o de nivel gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, preferentemente en el Sector Saneamiento.

4. No estar incurso en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 62 del presente Reglamento.

   61.2. El Ente Rector, mediante resolución ministerial, regula el alcance de los requisitos para ser director, la equivalencia de los cargos de nivel directivo y nivel gerencial, los documentos que contiene el expediente de los candidatos a director, así como las disposiciones complementarias que resulten necesarias.

Además de los impedimentos establecidos en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, están impedidos de ser directores de una empresa prestadora pública de accionariado municipal:

1. Los alcaldes, regidores, los representantes de las municipalidades en la Junta General de Accionistas, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

2. Los gobernadores regionales, consejeros regionales, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

3. Las personas que desarrollen actividades comerciales relacionadas directa o indirectamente con la prestación de servicios de saneamiento, dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora, dentro del último año anterior a la fecha del inicio del procedimiento de elección y/o designación.

4. Las personas que hayan sido destituidas, despedidas o inhabilitadas por falta administrativa y/o disciplinaria de empresas, entidades u organismos del Estado, así como aquellas que hayan sido removidas por la Sunass, que tengan la calidad de cosa decidida o cosa juzgada, según corresponda.

5. Las personas condenadas por delito doloso.

6. Las personas que se encuentren vinculadas con la empresa prestadora a través de relación laboral, comercial, contractual o patrimonial de manera directa o indirecta, dentro del último año anterior a la fecha del inicio del procedimiento de elección y/o designación. Del mismo modo, no puede ser elegido y/o designado como director, el funcionario, empleado y servidor público del Estado que haya desarrollado labores dentro de la empresa prestadora dentro del mismo plazo. En lo que atañe únicamente a la relación laboral detallada en esta causal de impedimento, no es de aplicación para la designación del Gerente general de una empresa prestadora pública de accionariado municipal.

7. Las personas que sean parte en procesos judiciales y/o procedimientos arbitrales, en trámite, en los siguientes casos: i) iniciados contra la empresa prestadora; o, ii) iniciados por la empresa prestadora o el Ministerio Público.

8. Las personas que tengan la condición de socio o empleado de asociaciones o sociedades que tengan vínculo contractual con la empresa prestadora.

9. Las personas que ejerzan la administración de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal de la empresa prestadora.

10. Las personas que tengan vínculo de parentesco hasta el tercer grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad con la plana gerencial de la empresa prestadora.

11. Las personas que hayan ejercido el cargo de director por dos (2) o más periodos consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del procedimiento de elección o designación en la misma empresa prestadora, independientemente de la entidad o institución que lo haya propuesto.

12. Las personas que se encuentren inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

13. Las personas que hayan sido sancionadas o condenadas por haber declarado información inexacta y/o presentado documentación falsa en el expediente de los candidatos a director mencionado en el artículo 61 del presente Reglamento.

63.1. La elección y designación de los directores se realiza de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento y las disposiciones y plazos que para tal fin emita el Ente Rector.

63.2. La Junta General de Accionistas elige por acuerdo de sesión al director, titular y suplente, propuesto por el Concejo Municipal de la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), debiendo cumplirse las siguientes disposiciones:

1. El Gerente general, bajo responsabilidad, requiere a cada municipalidad provincial accionista, el(los) expediente(s) del(los) candidato(s) a director propuestos por Acuerdo de Concejo Municipal, de acuerdo a las disposiciones y los plazos que para dicho fin apruebe el Ente Rector.

   2 . El Gerente general verifica que los candidatos propuestos por Acuerdo de Concejo Municipal cumplan con los requisitos para ser elegidos director y no estén incursos en ninguno de los impedimentos señalados en la normativa sectorial, declarando aptos a los que correspondan para ser elegidos director.

3. De contar como mínimo con dos (2) candidatos declarados aptos, se procede a convocar a la Junta General de Accionistas, para que, a través del acuerdo adoptado en sesión, se elija al director, titular y suplente, sólo respecto de los candidatos declarados aptos por el Gerente general.

4. Si no se contara con candidatos aptos, el Gerente general reinicia el procedimiento de elección conforme a lo regulado en los incisos precedentes.

5. El Gerente general, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de llevada a cabo la elección del director, titular y suplente, en sesión de Junta General de Accionistas, remite a la Sunass la documentación que establezca la normativa aprobada por el Ente Rector, con la finalidad que, en el marco de sus funciones, verifique la validez y veracidad de los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos para ser elegidos directores, así como el cumplimiento de la normativa sectorial por parte de la empresa prestadora municipal.

   63.3. El Viceministro de Construcción y Saneamiento designa al director, titular y suplente, propuesto por el Gobierno Regional; y al director, titular y suplente, propuesto por las instituciones de la Sociedad Civil, mediante Resolución Viceministerial, debiendo cumplirse las siguientes disposiciones:

1. El Gerente general de la empresa prestadora pública de accionariado municipal requiere al Gobierno Regional y a los colegios profesionales, cámaras de comercio y universidades, remitan al MVCS el(los) expediente(s) de los candidatos a director, titular y suplente, propuestos por Acuerdo del Consejo Regional; o, por el órgano correspondiente según los estatutos o normas pertinentes de las instituciones de la Sociedad Civil. El MVCS efectúa la revisión y evaluación de los candidatos propuestos, de acuerdo a las disposiciones y los plazos que para dicho fin apruebe el Ente Rector.

2. Si el Gerente general de la empresa prestadora municipal no cumple con requerir la presentación de los expedientes de los candidatos a director, titular y suplente, conforme a lo indicado en el párrafo precedente; el Gobierno Regional y las instituciones de la Sociedad Civil pueden presentar al MVCS los expedientes anteriormente señalados, de acuerdo a las disposiciones y los plazos que para dicho fin apruebe el Ente Rector; sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar contra el Gerente general por dicho incumplimiento.

3. Para la designación del director titular y suplente, propuesto por el Gobierno Regional se requiere que al menos dos (2) de los candidatos propuestos por el Gobierno Regional en cuyo ámbito opera la empresa prestadora pública de accionariado municipal, adquieran la condición de aptos.

4. Para la designación del director titular y suplente, propuesto por las instituciones de la Sociedad Civil, se requiere que al menos dos (2) de los candidatos propuestos por los colegios profesionales, cámaras de comercio y universidades, ubicadas en el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora pública de accionariado municipal, adquieran la condición de aptos. De no haber ninguna institución representante de la Sociedad Civil en el ámbito de responsabilidad donde opera la empresa prestadora, se procede a invitar a aquellas instituciones que tengan mayor cercanía al ámbito de responsabilidad de dicha empresa.

5. Las municipalidades provinciales accionistas, los Gobiernos Regionales y las instituciones de la Sociedad Civil, de considerarlo, pueden proponer a los candidatos a director declarados aptos por el MVCS, en los procedimientos de designación de directores, de acuerdo a las disposiciones que para dicho fin apruebe el Ente Rector.

6. El MVCS, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de publicada la Resolución Viceministerial de designación del director, titular y suplente, remite a la Sunass la documentación de los directores designados, que fuera materia de evaluación, con la finalidad que, en el marco de sus funciones, verifique la validez y veracidad de tales documentos.

64.1. El cargo de director concluye por: i) fallecimiento; ii) renuncia; iii) remoción; o, iv) Incurrir en alguno de los impedimentos para ejercer el cargo de director previstos en el artículo 62 del presente Reglamento.

1. En caso de fallecimiento del director, el Gerente general o el Directorio, en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de tomado conocimiento, convoca a la Junta General de Accionistas o comunica al Ente Rector, según corresponda, para dar por concluida la elección o designación del director, a través del acuerdo de Junta General de Accionistas o la emisión de la Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, respectivamente.

2. La renuncia al cargo de director se realiza mediante comunicación escrita dirigida al Directorio, quien en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de aceptada la renuncia, convoca a la Junta General de Accionistas o comunica al Ente Rector, según corresponda, para dar por concluida la elección o designación del director, a través del acuerdo de Junta General de Accionistas o la emisión de la Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, respectivamente.

3. La Junta General de Accionistas y el MVCS, pueden remover a los directores elegidos o designados, según corresponda, cuando se acredite que ha incurrido en alguno de los supuestos siguientes:

   1. Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones del Directorio consecutivas o cuatro (4) alternadas durante un (1) año.

   2. Incumplir con informar a la Contraloría General de la República y a las autoridades sectoriales de cualquier hecho contrario a las normas legales del que haya tomado conocimiento por cualquier conducto regular, en el ejercicio del cargo.

   3. Enfermedad o incapacidad física o mental permanente debidamente dictaminada por la autoridad de salud competente, que le impida el desempeño normal de sus funciones.

   4. Incumplir con remitir la información solicitada por el Ente Rector sobre la gestión y administración de la empresa prestadora.

   5. Otros que establezca la normativa sectorial.

      64.2. La remoción señalada en el numeral precedente debe ser solicitada y acreditada por la municipalidad provincial accionista, el Gobierno Regional o las instituciones de la Sociedad Civil, únicamente respecto del director que fuera elegido o designado a propuesta de éstas, y se realiza en cualquier momento de acuerdo con las formalidades establecidas en el presente artículo:

      1 . La remoción del director elegido por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) se efectúa por acuerdo de la Junta General de Accionistas, la cual consta en el acta de la sesión respectiva, debiendo cumplirse lo siguiente:

   1. El Gerente general debe verificar que la solicitud de remoción efectuada por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), se enmarca en alguno de los supuestos para la remoción y se encuentra acreditada con la información proporcionada por la municipalidad provincial accionista.

   2. El Gerente general comunica al Directorio, a fin de que proceda a convocar a la Junta General de Accionistas, quien en caso acuerde la remoción, deja constancia en el acta de la sesión respectiva las razones y documentación que motivan la decisión adoptada.

2. La remoción del director designado por Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento se efectúa de oficio por el MVCS o a solicitud de las entidades o instituciones que lo propusieron para su designación, siempre que, se verifique que la solicitud de remoción se enmarca en alguno de los supuestos para la remoción, y se encuentra acreditada con la información con la que cuenta.

3. Si de la revisión de la solicitud de remoción, la empresa prestadora municipal o el MVCS consideran que se requiere mayores elementos que acredite algún supuesto de remoción, remiten la solicitud a la Sunass para que, en el marco de sus funciones y competencias, inicie las acciones correspondientes.

   64.3. La conclusión del cargo de director por incurrir en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 62 del presente Reglamento es realizada por la Junta General de Accionistas o el MVCS siempre que se encuentre acreditada, para lo cual se requiere el pronunciamiento previo del Directorio sobre el(los) impedimento(s) incurrido(s), conforme a las disposiciones que para dicho fin emita el Ente Rector; de requerirse mayores elementos que acrediten alguno de los impedimentos, remite la documentación correspondiente a la Sunass para que, en el marco de sus funciones y competencias, inicie las acciones correspondientes.

   64.4. La inscripción registral de la conclusión del cargo de director, se realiza en mérito de la copia certificada del acta de la Junta General de Accionistas cuando se trate de un director elegido por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s); o en mérito de la copia de la Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, cuando se trate de un director designado por el MVCS.

   64.5. El Gerente general de la empresa prestadora municipal solicita la inscripción registral en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de adoptado el acuerdo de la Junta General de Accionistas o de publicada la Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, bajo responsabilidad.

   64.6. El director suplente queda habilitado para participar en el Directorio hasta que se designe al nuevo director titular, desde:

1. Conocido el fallecimiento del director, por parte del Gerente general o del Directorio.

2. Aceptada la renuncia del director por el Directorio.

3. Adoptado el acuerdo de la Junta General de Accionistas o publicada la Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, según sea el caso, que da por concluida la elección o designación del director.

4. Conocida la decisión de la Sunass, a que se refiere el artículo 75 del presente Reglamento.

65.1. Para el inicio del procedimiento de elección o designación del nuevo director que complete el periodo del Directorio, se requiere la declaratoria de vacancia, de acuerdo a lo siguiente:

1. La Junta General de Accionistas declara la vacancia del director elegido por ésta, en el mismo acto en el que declara la conclusión del cargo de director.

2. El Directorio declara la vacancia del director designado por el Viceministro de Construcción y Saneamiento dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de la publicación de la Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento que da por concluida la designación del director, o de conocida la orden de remoción de la Sunass.

65.2. El Gerente general, bajo responsabilidad, y en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la declaración de vacancia, solicita la propuesta de los candidatos a director reemplazante, de acuerdo a las disposiciones que para dicho fin apruebe el Ente Rector.

65.3. Declarada la vacancia del cargo de director, el nuevo director, titular o suplente, elegido o designado, según sea el caso, completa el periodo del Directorio.

65.4. El acuerdo de vacancia es comunicado a la Sunass dentro de los tres (3) días hábiles de realizado el acuerdo bajo responsabilidad del Gerente general de la empresa prestadora.

66.1. El Directorio de la empresa prestadora pública de accionariado municipal tiene un período de tres (3) años, computados desde la elección o designación del primer miembro del Directorio, propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) o por el Gobierno Regional o por las instituciones de la Sociedad Civil. El cargo de director es personal e indelegable.

66.2. El Directorio se renueva totalmente al término del periodo anteriormente señalado, incluyendo a aquellos directores que fueron elegidos o designados para completar períodos.

66.3. Los directores pueden ser elegidos hasta máximo por dos (2) períodos consecutivos en una misma empresa prestadora pública de accionariado municipal, independientemente de la entidad o institución por la que haya sido propuesto, considerando necesariamente el desempeño en el cargo asumido. En caso de reelección, esta debe realizarse respetando lo establecido en el artículo 63 del presente Reglamento.

66.4. El Gerente general, bajo responsabilidad, informa a la Contraloría General de la República, con copia a la Sunass, para los fines pertinentes, los casos en que no se haya cumplido con elegir o designar a los miembros del Directorio conforme a la normativa sectorial.

66.5. En el supuesto a que se refiere el párrafo 66.2, el Directorio que concluyó su periodo continuará en funciones hasta la conformación del nuevo Directorio, sin perjuicio que la Junta General de Accionistas o el Ente Rector ejerza su derecho de remoción del director elegido o designado, respectivamente.

66.6. El Directorio en su primera sesión, elige entre sus miembros al Presidente.

Adicionalmente a las obligaciones establecidas en el párrafo 56.2 del artículo 56 del TUO de la Ley Marco, los directores de la empresa prestadora pública de accionariado municipal están obligados a:

1. Renunciar inmediatamente al cargo de director en el caso que sobreviniese cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 62 del presente Reglamento. En tanto se proceda a su vacancia, el Directorio suspende al director incurso en el impedimento, bajo responsabilidad.

2. Presentar a la empresa prestadora pública de accionariado municipal, la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas que percibe en el país como en el extranjero, debidamente especificados y valorizados. La declaración jurada se presenta al asumir el cargo, durante el período para el cual fue elegido con una periodicidad anual y al término de dicho periodo.

3. Adoptar los acuerdos societarios y disposiciones internas de la empresa prestadora pública de accionariado municipal, conforme a las normas sectoriales.

4. Las demás obligaciones que establecen las normas sectoriales.

68.1. El director de una empresa prestadora pública de accionariado municipal percibe de dicha empresa, como única retribución y beneficio, la que le corresponda por concepto de dietas, a excepción de aquellos beneficios que sean previamente autorizados por ley; sin perjuicio de los demás ingresos que perciba en el ejercicio de sus actividades profesionales.

68.2. La Junta General de Accionistas de la empresa prestadora pública de accionariado municipal fija el monto de las dietas de los miembros del Directorio, respetando los límites presupuestales aprobados por el MEF.

68.3. Los directores de una empresa prestadora pública de accionariado municipal pueden percibir hasta cuatro (4) dietas al mes, aun cuando asistan a un número mayor de sesiones. La percepción simultánea de dietas se regula según la legislación aplicable, caso por caso.

69.1. El Gerente general es el ejecutor de las decisiones acordadas por el Directorio. El cargo es personal e indelegable.

69.2. La designación del Gerente general se realiza de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento y las disposiciones que para tal fin emita el Ente Rector.

69.3. Para ser designado Gerente general, se requiere como mínimo:

1. Contar con título profesional universitario en cualquiera de las carreras de: ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración.

2. Contar con estudios de posgrado y/o estudios de especialización concluidos vinculados a cualquiera de las siguientes materias: regulación de servicios públicos, gestión, administración o finanzas.

   Este requisito puede sustituirse con la acreditación de experiencia profesional, por un plazo no menor de diez (10) años en alguna de las profesiones señaladas en el inciso 1 del presente párrafo. El cómputo de dicha experiencia se considera desde la fecha de emisión del diploma de grado académico de bachiller.

3. Acreditar experiencia profesional no menor de tres (3) años en cargos de nivel directivo y/o de nivel gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, preferentemente en el Sector Saneamiento.

4. No estar incurso en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 62 del presente Reglamento.

   69.4. El Ente Rector determina los alcances de los requisitos para ser Gerente general, la equivalencia de los cargos de nivel directivo y nivel gerencial, así como los documentos que contiene el expediente, a través de una norma sectorial.

   69.5. Para el caso de las empresas prestadoras municipales incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), el OTASS se encuentra facultado a establecer requisitos adicionales a los mencionados en el párrafo 69.3 del presente artículo.

   69.6. El Gerente general, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de llevada a cabo su designación, remite a la Sunass el expediente de su designación para el ejercicio de sus funciones.

   69.7. El ejercicio de las funciones del Gerente general es evaluado por el Directorio.

Las atribuciones del gerente general se establecen en el estatuto social de la empresa prestadora pública de accionariado municipal, en concordancia con la Ley Marco, el presente Reglamento, las normas sectoriales y, supletoriamente por la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

El gerente general solo rinde cuenta de su gestión al Directorio; sin perjuicio de las demás responsabilidades que establezca la Ley Marco, el presente Reglamento, las normas sectoriales, y respecto de aquellas obligaciones que tienen con las diferentes entidades del sector público.

72.1. Las Gerencias de línea, los órganos de asesoramiento y de apoyo de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, son creadas por su Directorio, ejercen sus funciones y responsabilidades dentro del marco de lo establecido en su estatuto social en concordancia con el presente Reglamento, las normas sectoriales y, supletoriamente, por la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

72.2 . El gerente de línea es el ejecutor de las decisiones tomadas por la Gerencia General.

72.3. Los requisitos para su designación, son establecidos en la normativa sectorial aplicable para tal efecto.

72.4. El ejercicio de las funciones del gerente de línea es evaluado por el gerente general y el Directorio, sin perjuicio de las demás responsabilidades que establezca el presente Reglamento, las normas sectoriales, y aquellas obligaciones que tienen con las diferentes entidades del sector público.

73.1. Las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal están obligadas a efectuar el saneamiento físico legal de los inmuebles y de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios de saneamiento.

73.2. El OTASS promueve el saneamiento físico legal a que se refiere el presente artículo, en concordancia con lo establecido en el artículo 53 del presente Reglamento.

74.1. La Política y Escala Remunerativa aplicable al personal de confianza y al personal de las empresas prestadoras de accionariado municipal establece las disposiciones y los requisitos para su aplicación, los cuales se evalúan conforme a las disposiciones complementarias que aprueba el Ente Rector sobre la materia.

74.2. El Ente Rector establece excepciones a los criterios de evaluación para la aplicación de la Escala Remunerativa al personal de confianza de las empresas prestadoras municipales bajo el RAT. El OTASS participa en la evaluación emitiendo opinión previa al pronunciamiento del Ente Rector.

75.1. En relación a lo establecido en los artículos 55 y 79 del TUO de la Ley Marco, la resolución que emita la Sunass disponiendo la suspensión del cargo, como medida cautelar, y/o la orden de remoción, como sanción, del director o Gerente, tiene mérito suficiente para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral correspondiente, sin necesidad de formalidad adicional alguna. La suspensión del cargo y la orden de remoción son aplicables a todos los miembros del Directorio y a los gerentes.

75.2. Con el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Sunass puede disponer la suspensión del cargo, como medida cautelar del director o del gerente. La Sunass aprueba las causales y el procedimiento para la adopción de medidas cautelares, la amonestación escrita, multa y orden de remoción del(los) director(es) y gerentes.

76.1. El otorgamiento de la explotación de los servicios de saneamiento, en el caso de la empresa prestadora de saneamiento mixta, se realiza mediante contrato de explotación.

76.2. El otorgamiento de la explotación de los servicios de saneamiento, en el caso de la empresa prestadora privada, se realiza mediante contrato de concesión, como resultado de un proceso de promoción de la inversión privada mediante la modalidad de concesión. El contrato de concesión se elabora de acuerdo con la normativa de la materia.

77.1. La empresa prestadora de servicios de saneamiento mixta tiene como accionistas a la(s) municipalidad(es) provincial(es) y al inversionista privado u otras que la legislación permita.

77.2. El capital social de una empresa prestadora de saneamiento mixta está representada por acciones nominativas aportadas por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) en dinero u otros bienes, y acciones nominativas aportadas por el(los) inversionista(s) privado(s), las cuales representan partes alícuotas del capital. Todas las acciones tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto.

77.3. La distribución de las acciones con derecho a voto de una empresa prestadora de servicios de saneamiento mixto, se representa de la siguiente forma:

1. La(s) municipalidad(es) provincial(es) tiene(n) como mínimo el 51 % y como máximo el 80 % de las acciones.

2. El inversionista privado tiene como mínimo el 20 % y como máximo el 49 % de las acciones.

El aporte de capital que realice el inversionista privado, es únicamente en dinero a través del sistema financiero nacional, el cual debe estar totalmente suscrito y pagado al momento de realizar el aporte de capital.

La empresa prestadora de saneamiento mixta, sin perjuicio de la distribución de acciones con derecho a voto, puede emitir acciones sin derecho a voto, las mismas que no se computan para determinar el quórum de las Juntas Generales de Accionistas, teniendo derecho al reparto de utilidades así como los demás derechos conforme lo establece la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

77.4. Los órganos directivos de la empresa prestadora de saneamiento mixta son la Junta General de Accionistas y el Directorio. La Junta General de Accionistas está integrada por el(los) representante(s) de la(s) municipalidad(es) provincial(es) y los representantes del inversionista privado.

77.5. El Directorio tiene cinco (05) miembros, siendo dos (02) directores designados por el inversionista privado. Los tres (03) directores restantes son designados de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del presente Reglamento, ejerciendo uno de ellos el cargo de Presidente. Los directores deben cumplir los requisitos y observar no incurrir en los impedimentos establecidos en los artículos 61 y 62, respectivamente, del presente Reglamento.

77.6. El gerente general y los gerentes de línea son designados únicamente por los directores que representan al inversionista privado, debiendo cumplir los requisitos y observando los impedimentos establecidos en el presente Reglamento y la normativa sectorial, según sea el caso.

77.7. En el marco de la excepción establecida en el párrafo 49.2 del artículo 49 de la Ley Marco, las acciones que el inversionista privado tenga en una empresa prestadora mixta pueden ser transferidas a otro inversionista privado o a la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) de la empresa prestadora mixta, respetando el derecho de adquisición preferente establecido en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, previo pago del valor que determinen las partes de común acuerdo o un tercero, y de la opinión favorable de la Sunass.

77.8. El presente Subcapítulo no es de aplicación a SEDAPAL conforme a la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Marco.

77.9. Las normas sectoriales establecen supuestos distintos y excepciones al presente artículo.

78.1. Para la validez de las sesiones que adopte el Directorio de las empresas prestadoras de saneamiento mixtas se requiere la participación como mínimo de cuatro (04) de sus miembros.

78.2. Para la validez de los acuerdos que adopte el Directorio de las empresas prestadoras de saneamiento mixtas se requiere que el acuerdo cuente con la aprobación de cuatro (04) de sus miembros.

El régimen legal especial de las empresas prestadoras de saneamiento mixtas se encuentra regido por la Ley Marco, el presente Reglamento, las normas sectoriales y lo establecido en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, en cuanto corresponda.

80.1. Las empresas prestadoras privadas se constituyen y rigen de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

80.2. Para efecto de la prestación de los servicios de saneamiento, las empresas prestadoras privadas se sujetan a las disposiciones establecidas en la Ley Marco, el presente Reglamento, sus normas sectoriales y la normativa que emita la Sunass, en cuanto le sea aplicable.

81.1. La prestación de los servicios de saneamiento por una empresa prestadora de servicios de saneamiento mixta o privada, no implica la privatización de los servicios que estas brindan, los cuales mantienen su condición de servicio público, los mismos que se encuentran regidos por la Ley Marco, el presente Reglamento y normas sectoriales.

81.2. Por acuerdo de la Junta General de Accionistas, con la opinión favorable del Directorio, las acciones de la(s) municipalidad(es) accionista(s) pueden ser administradas por un inversionista privado y/o una entidad pública, dicha aprobación incluye las facultades delegadas a los administradores por el propietario.

Las Unidades de Gestión Municipal y los Operadores Especializados prestan los servicios de saneamiento en los centros poblados urbanos denominados pequeñas ciudades que no se encuentren dentro del ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora.

83.1. La prestación directa del servicio de saneamiento en pequeñas ciudades se realiza a través de la Unidad de Gestión Municipal de la municipalidad competente.

83.2. Para el desarrollo de sus funciones, la Unidad de Gestión Municipal cuenta con un equipo especializado, el cual tiene a su cargo la administración y gestión de los sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento; y, recibe el asesoramiento y apoyo de los demás órganos de la municipalidad competente.

83.3. Los ingresos y egresos provenientes de la prestación de los servicios de saneamiento son administrados con contabilidad independiente y sólo pueden estar destinados a la prestación de dichos servicios, bajo responsabilidad.

83.4. El Ente Rector emite los lineamientos necesarios para la constitución y funcionamiento de las Unidades de Gestión Municipal.

84.1. La prestación indirecta del servicio de saneamiento en pequeñas ciudades se realiza a través de Operadores Especializados autorizados por la municipalidad competente, en virtud de cualquiera de las modalidades de contratación previstos en la normativa de la materia.

84.2. La formalización de los contratos respectivos se realiza de acuerdo con las normas y procedimientos señalados en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la normativa aplicable. Los contratos constituyen título suficiente para que los Operadores Especializados ejecuten las acciones conducentes para la prestación de los servicios, el cual es comunicado a la Sunass por la municipalidad.

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Marco, los operadores especializados tienen las obligaciones específicas siguientes:

1. Administrar, gestionar, operar y mantener los sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los contratos suscritos con la(s) municipalidad(es) competente(s).

2. Cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento para la prestación de los servicios de saneamiento.

3. Destinar parte de los recursos recaudados por concepto de tarifas para la reposición de los equipos, así como para las inversiones futuras a su cargo.

4. Disponer las acciones que correspondan a los usuarios, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, en el marco de los contratos suscritos con las municipalidades.

5. Celebrar contratos o convenios con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), empresas constructoras, pequeñas y medianas empresas (PYMES), entre otras, con la finalidad que participen en la implementación de los proyectos u obras.

6. Realizar cobros relacionados con la prestación de los servicios de saneamiento, mediante personas autorizadas y de acuerdo con los procedimientos que para dichos efectos se establezca en el respectivo contrato.

7. Las demás que establezcan las normas sectoriales.

86.1. La infraestructura e instalaciones conexas para la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano, cuyo financiamiento para la construcción provenga del gobierno nacional, gobierno regional, la cooperación internacional u otras organizaciones públicas o privadas, son transferidas en propiedad, a título gratuito, a la municipalidad que corresponda, quedando afectadas exclusivamente a la prestación de dichos servicios.

86.2. No obstante, en el caso de la prestación indirecta de los servicios, la prestación está a cargo de los Operadores Especializados, quienes para dicho fin cuentan con el apoyo de las municipalidades distritales o supletoriamente de la municipalidad provincial, quienes, de ser necesario, pueden financiar la infraestructura e instalaciones conexas necesarias para la prestación de los servicios de saneamiento.

Las normas contenidas en el Capítulo V del presente Título, son aplicables, en cuanto corresponda, a los usuarios de los centros poblados de pequeñas ciudades.

Los usuarios ejecutan las obras e instalaciones de los servicios de saneamiento necesarias para las habilitaciones urbanas, de conformidad con el proyecto aprobado previamente y bajo la supervisión del prestador de servicios que opera en esa localidad, bajo las modalidades siguientes:

1. Contribución Reembolsable, o

2. Aporte No Reembolsable.

En el caso de las contribuciones reembolsables y aportes no reembolsables estas se realizan para la ampliación de la capacidad existente o la extensión del servicio hasta la localización del interesado.

89.1. Las empresas prestadoras priorizan la evaluación de las solicitudes de contribuciones reembolsables en aquellas zonas que no cuenten con servicios de saneamiento.

89.2. Las obras que se acepten mediante Contribuciones Reembolsables y que hayan seguido el procedimiento señalado en el artículo 90 del presente Reglamento, deben estar previstas en el PMO y en el programa de inversiones del estudio tarifario de la empresa prestadora.

89.3. La devolución de los aportes efectuados mediante el mecanismo de Contribuciones Reembolsables se efectúa conforme al inciso 7 del párrafo 45.1 del artículo 45 de la Ley Marco.

90.1. En los casos que se tenga identificada la infraestructura de saneamiento que se requiera para el acceso a los servicios de saneamiento, el proponente que desee ejecutarla mediante el mecanismo de contribución reembolsable, obtiene la factibilidad del proyecto por parte de la empresa prestadora.

90.2. Para tales efectos, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Para dar inicio al procedimiento, el proponente debe presentar ante la empresa prestadora la solicitud de factibilidad de servicios, de manera conjunta con la propuesta de contribución reembolsable, para efectos de su evaluación por parte de la empresa prestadora.

2. Una vez presentada la solicitud, la empresa prestadora tiene un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para su evaluación y pronunciamiento. Es obligación de la empresa prestadora dar trámite a las solicitudes presentadas, pudiendo pronunciarse accediendo a la misma o denegándola. En cualquier caso, la empresa prestadora debe notificar al proponente en el plazo de cinco (05) días hábiles de emitido su pronunciamiento.

3. La evaluación de la empresa prestadora implica la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas del proyecto y/u obra que se ejecuta a través del mecanismo de contribución reembolsable y su concordancia con el contenido del PMO.

   Asimismo, la empresa prestadora en su evaluación debe aplicar lo previsto en el párrafo 97.3 del artículo 97 del presente Reglamento. En caso el proyecto requiera su aprobación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la empresa prestadora debe verificar dicho aspecto previamente al otorgamiento de la factibilidad de servicios.

4. De ser negativo el resultado de la evaluación de la solicitud, se archiva la misma, quedando expedito el derecho del Proponente para volver a presentar una nueva.

5. La empresa prestadora, de acceder a la solicitud, notifica al proponente su pronunciamiento favorable respecto a la ejecución de la obra o del proyecto mediante el mecanismo de contribución reembolsable, conjuntamente con la factibilidad de servicios. Con la notificación, el proponente queda obligado a la suscripción del contrato de contribución reembolsable.

6. El contrato se suscribe entre el proponente y la empresa prestadora en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, contados desde la fecha de notificación del pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior. Constituye requisito previo para la suscripción del contrato, la presentación por parte del proponente de cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 93 del presente Reglamento.

7. De no presentarse la garantía dentro del plazo establecido en el inciso precedente, se da por concluido el trámite; procediéndose a su archivo, quedando expedito el derecho del Proponente para volver a presentar una nueva solicitud.

El contrato de contribución reembolsable contiene, entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Descripción e información técnica de la obra o proyecto.

2. Plazo de ejecución de la obra o proyecto.

3. Derechos y obligaciones de las partes.

4. Periodo de prueba y puesta en marcha.

5. Monto de la contribución a reembolsar que como máximo no podrá exceder del considerado en el estudio tarifario para el proyecto correspondiente.

6. Los cargos de los funcionarios que son responsables de recibir y otorgar la aceptación de la obra.

7. Modalidad y plazo de devolución de la contribución a reembolsar.

8. Pago de intereses: La empresa prestadora reconoce al Proponente un interés legal actualizado a la fecha de devolución. Por ningún motivo se capitalizan los intereses.

9. Penalidades por incumplimiento.

10. Garantías.

11. Causales de resolución.

12. Solución de controversias, a través de trato directo y cláusula arbitral.

13. Otras cláusulas que acuerden las partes, siempre que no lo desnaturalicen.

Con la suscripción del contrato de contribución reembolsable, la empresa prestadora y el Proponente quedan obligados a lo siguiente:

1. Obligaciones de la empresa prestadora:

   1. Aceptar las condiciones técnicas de la obra, siempre que se enmarquen en la viabilidad otorgada.

   2. Reembolsar el monto solicitado ejecutado por el Proponente. El reembolso está conformado por el monto de inversión (el cual puede incluir el costo del Expediente Técnico) consignado en el Contrato de Contribución Reembolsable, y por las variaciones de dicho monto que hayan sido autorizadas previamente por la empresa prestadora durante la ejecución del proyecto, hasta un máximo de diez por ciento (10 %) del monto de la inversión inicial. El monto a reembolsar, en ningún caso, incluye los costos asociados a la obtención de la viabilidad.

   3. Constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositan los ingresos y recursos a que se refiere el párrafo 39.1 del artículo 39 del presente Reglamento, hasta por el importe total para efectuar la devolución del monto de la contribución a reembolsar, según lo pactado. La apertura de la mencionada cuenta se sujeta a la normativa que emita el MEF.

   4. Recepcionar la obra, luego de culminado el periodo de prueba y puesta en marcha, en un plazo no mayor de seis (06) meses, previa verificación técnica y siempre que se cuente con informe previo favorable del Supervisor respecto a la calidad del proyecto. Si la empresa prestadora no emite pronunciamiento sobre la evaluación del periodo de prueba o puesta en marcha, las obras se tienen por aceptadas siempre que se cuente con informe favorable del Supervisor respecto a la calidad del proyecto.

   5. Una vez otorgada la Factibilidad de Servicios, esta resulta exigible y no puede ser modificada, bajo responsabilidad de la empresa prestadora.

2. Obligaciones del proponente:

   1. Ejecutar la inversión o la obra en los plazos y condiciones señalados en el Contrato de Contribución Reembolsable.

   2. Informar a la empresa prestadora, antes del inicio de las obras, la relación de los especialistas que ejecuten las obras vinculadas a los servicios de saneamiento.

   3. Contratar y pagar al supervisor seleccionado por la empresa prestadora.

   4. Constituir y mantener el fideicomiso o carta fianza a que se refiere el artículo 93 del presente Reglamento.

   5. Entregar la obra, luego del periodo de prueba y puesta en marcha, a la empresa prestadora.

Cuando la contribución reembolsable se efectúe mediante la ejecución de una obra, el Proponente constituye y mantiene, como mínimo, a su costo, un fideicomiso o una carta fianza, conforme a lo siguiente:

1. Para el caso del fideicomiso, el Proponente se obliga a constituir y mantener a su costo, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso irrevocable.

   El Proponente debe presentar para la aprobación de la empresa prestadora, un proyecto de contrato de fideicomiso en el que se indique que la empresa prestadora es el fideicomisario. El fideicomiso tiene dos (02) cuentas: i) Cuenta de ejecución de obras; y, ii) Cuenta de supervisión, seguimiento y control.

   El fideicomiso es celebrado con una entidad fiduciaria supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), previa conformidad de la empresa prestadora.

2. Para el caso de la carta fianza, esta es por el diez por ciento (10 %) del monto de inversión total del proyecto, y garantiza el fiel cumplimiento de las obligaciones del Proponente en aplicación del Contrato de Contribución Reembolsable. La carta fianza es emitida a favor de la empresa prestadora y tiene vigencia hasta la recepción de la obra por parte de la empresa prestadora.

   La carta fianza es solidaria, irrevocable, incondicional y de ejecución automática, emitida por una entidad del sistema financiero supervisada por la SBS. Esta garantía es ejecutada si el Proponente se desiste de la ejecución de la obra y/o por incumplimiento de las obligaciones del Proponente en aplicación del Contrato de Contribución Reembolsable.

94.1. El monto de la contribución reembolsable será el monto señalado en el contrato.

94.2. La devolución del monto por concepto de contribución reembolsable puede ser efectuada bajo las siguientes modalidades:

1. Por medio de descuentos en la facturación de consumos.

2. Mediante pago en efectivo.

3. Otras que determinen las partes, conforme al marco normativo vigente.

94.3. En caso la devolución provenga de los ingresos que obtiene la empresa prestadora por el cobro de las tarifas por la prestación de los servicios de saneamiento, el cronograma con su respectivo monto de devolución es determinado en función a los flujos de ingresos proyectados en el PMO y el estudio tarifario, a fin de no afectar la sostenibilidad económico - financiera de la empresa prestadora.

94.4. Asimismo, el plazo de devolución del monto de la contribución a reembolsar es determinado en un periodo de hasta quince (15) años. La deuda se reconoce desde la recepción de la obra por la empresa prestadora y el cómputo del interés legal rige desde ese momento.

94.5. El pago que realice la empresa prestadora por este concepto se imputa primero a los intereses y posteriormente al monto determinado como contribución a reembolsar, de acuerdo a lo descrito en el inciso 8 del artículo 91 del presente Reglamento.

95.1. El inicio de ejecución de las obras es efectuado dentro del plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados desde la suscripción del Contrato de Contribución Reembolsable. Para efectos del inicio de la obra se debe contar con los servicios contratados del supervisor, seleccionado por la empresa prestadora.

95.2. Las labores de supervisión, seguimiento y control de las obras están a cargo de la empresa prestadora, a través del Supervisor.

95.3. El Supervisor no puede estar vinculado al Proponente, ni haber prestado algún tipo de servicio al mismo en el último año, antes de su contratación. Asimismo, debe tener una experiencia como supervisor de cuatro (04) años como mínimo en proyectos similares.

95.4. Entre los aspectos objeto de la supervisión del proyecto, debe incluirse la evaluación del diseño, la supervisión del avance y calidad de las obras correspondientes al proyecto, a través de las pruebas y la puesta en marcha de las mismas, conforme a lo previsto en los estudios de preinversión y expediente técnico del proyecto.

Son supuestos de ANR, las obras o proyectos de saneamiento ejecutados en zonas urbanas dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora que:

1. No cuentan con servicios de saneamiento.

2. Requieran de mayores inversiones a las previstas por la empresa prestadora, adelantando o modificando las inversiones previstas en el PMO.

3. Tengan por objeto, exclusivamente, la ampliación de la capacidad instalada de las redes de distribución y/o de recolección existentes.

4. Tengan por objeto el autoabastecimiento de los servicios de forma temporal, solo en los casos donde la prestación del servicio no sea técnica ni económicamente viable para la empresa prestadora. En este supuesto, la empresa prestadora no asume los gastos de operación y mantenimiento de la misma.

97.1. En los casos que se tenga identificada la infraestructura de saneamiento que se requiera para el acceso a los servicios de saneamiento, el Proponente que desee ejecutarla mediante ANR, obtiene la factibilidad del proyecto, condicionada a la aprobación del proyecto propuesto, por parte de la empresa prestadora.

97.2. Para tales efectos, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. El Proponente de ANR debe presentar ante la empresa prestadora la solicitud de factibilidad de servicios, de manera conjunta con la propuesta de ANR, para efectos de su evaluación por parte de la empresa prestadora.

2. Una vez presentada la solicitud, la empresa prestadora tiene un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para su evaluación y pronunciamiento. Es obligación de la empresa prestadora dar trámite a las solicitudes presentadas, pudiendo pronunciarse accediendo a la misma o denegándola. En cualquier caso, la empresa prestadora debe notificar al Proponente en el plazo de cinco (05) días hábiles de emitido su pronunciamiento.

3. La empresa prestadora de acceder a la solicitud notifica al Proponente su pronunciamiento favorable respecto a la ejecución de la obra o del proyecto mediante ANR, conjuntamente con la factibilidad de servicios, estando esta última condicionada a la ejecución de la obra o proyecto del Proponente. Con la notificación de la factibilidad de servicios favorable, el Proponente queda obligado a la suscripción del contrato de ANR.

4. Los proyectos de inversión en saneamiento ejecutados como ANR, en el marco de los proyectos de habilitación urbana y de edificación, formulados conforme a la normativa técnica específica vigente y que cuenten con la factibilidad de servicios otorgada por la empresa prestadora, no están sujetos a las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

97.3. Los proyectos de inversión en saneamiento que no se encuentren comprendidos en el párrafo precedente se rigen por lo establecido en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

97.4. De ser negativo el pronunciamiento, se archiva la solicitud quedando expedito el Proponente para volver a presentar una nueva solicitud.

97.5. El contrato se suscribe entre el Proponente y la empresa prestadora en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la factibilidad de servicios a que se refiere el párrafo anterior. En caso la empresa prestadora haya considerado pertinente requerir cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 100 del presente Reglamento, esta constituye requisito previo para la suscripción del contrato.

97.6 Una vez otorgada la factibilidad de servicios, esta resulta exigible y no puede ser modificada, bajo responsabilidad de la empresa prestadora.

97.7. La factibilidad de servicios que considere ANR, obliga a la empresa prestadora a efectuar la modificación y actualización del PMO, durante el siguiente periodo regulatorio.

El Contrato de ANR contiene, entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Descripción e información técnica de la obra o proyecto.

2. Plazo de ejecución de la obra o proyecto.

3. Derechos y obligaciones de las partes.

4. Periodo de prueba y puesta en marcha.

5. Los cargos de los funcionarios que son responsables de recibir y otorgar la aceptación de la obra.

6. Penalidades por incumplimiento.

7. Garantías, de corresponder.

8. Causales de resolución.

9. Solución de controversias, a través de trato directo y cláusula arbitral.

10. Otras cláusulas que acuerden las partes, siempre que no lo desnaturalicen.

Con la suscripción del contrato de ANR, la empresa prestadora y el Proponente quedan obligados a lo siguiente:

1. Obligaciones de las empresa prestadora :

   1. Establecer la duración del periodo de prueba.

   2. Una vez culminado el período de prueba y puesta en marcha de las obras en saneamiento que se indica en el literal d) del inciso siguiente, la empresa prestadora debe proceder a la recepción de las obras, siempre que se haya constatado el adecuado funcionamiento de las mismas, en un plazo no mayor de seis (06) meses. Si la empresa prestadora no emite pronunciamiento en el plazo antes señalado y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de pronunciamiento oportuno, las obras se tienen por aceptadas siempre que se cuente con informe favorable del Supervisor, respecto a la calidad del proyecto.

2. Obligaciones del Proponente de ANR:

   1. Constituir y mantener la carta fianza o el fideicomiso a que se refiere el artículo 100 del presente Reglamento, de corresponder.

   2. Contratar al supervisor seleccionado por la empresa prestadora, antes de la fecha de inicio de las obras de saneamiento y efectuar el pago de sus servicios.

   3. Informar a la empresa prestadora antes del inicio de las obras, la relación de especialistas que ejecuten las obras vinculadas a los servicios de saneamiento.

   4. Durante el periodo de prueba y puesta en marcha de las obras ejecutadas, y hasta la recepción de la obra por parte de la empresa prestadora, deben efectuar el manejo de las obras, previa aprobación de la empresa prestadora.

   5. Entregar la obra, luego del periodo de prueba y puesta en marcha, a la empresa prestadora; y suscribir el Acta respectiva.

   6. Informar el monto del ANR una vez culminada y liquidada la obra.

   7. Sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley Marco, el presente Reglamento, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus normas modificatorias, reglamentarias, complementarias y conexas.

La empresa prestadora, en los casos que considere pertinente, puede requerir al Proponente de ANR, para efectos de garantizar la obra de saneamiento, la constitución de un contrato de fideicomiso o la presentación de una carta fianza, bajo las siguientes condiciones:

1. Para el caso del contrato de fideicomiso: El proponente se obliga a constituir y mantener a su costo, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso irrevocable.

   El Proponente debe presentar para la aprobación de la empresa prestadora, un proyecto de contrato de fideicomiso en el que se indique que la empresa prestadora es el fideicomisario. El fideicomiso tiene dos (02) cuentas: i) Cuenta de ejecución de obras; y, ii) Cuenta de supervisión, seguimiento y control.

   El fideicomiso es celebrado con una entidad fiduciaria supervisada por la SBS, previa conformidad de la empresa prestadora.

2. Para el caso de la carta fianza: El Proponente presenta una carta fianza por el diez por ciento (10 %) del monto de inversión total del proyecto.

   La carta fianza es emitida a favor de la empresa prestadora para garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución del proyecto y tiene vigencia hasta la recepción de la obra por parte de la empresa prestadora.

   La carta fianza es solidaria, irrevocable, incondicional y de ejecución automática, emitida por una entidad del sistema financiero supervisada por la SBS y es ejecutada en caso que el proponente desiste o incumple su obligación de ejecución del proyecto.

101.1. Las labores de supervisión, seguimiento y control están a cargo de la empresa prestadora, a través del supervisor seleccionado por la empresa prestadora y pagada por el Proponente de ANR. Su contratación debe realizarse en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados desde la suscripción del contrato de ANR. Para efectos del inicio de la obra se debe contar con los servicios contratados del Supervisor.

101.2. El supervisor no puede estar vinculado al proponente de ANR y debe tener una experiencia total como supervisor de cuatro (04) años como mínimo en proyectos similares.

101.3. Entre los aspectos objeto de la supervisión, debe incluirse la supervisión del avance y calidad de las obras correspondientes al proyecto, conforme a lo previsto en los estudios de preinversión y expedientes técnicos del proyecto.

102.1. Las viviendas próximas a los proyectos de inversión regulados en el presente Subcapítulo, que requieran conectarse a la red de agua potable y/o alcantarillado, son atendidas por la empresa prestadora conforme a la normativa vigente, siempre que su conexión suministre hasta tres (03) unidades de uso. En el caso que la solicitud de factibilidad de servicios se realice durante el periodo de prueba y puesta en marcha de las obras ejecutadas, la empresa prestadora abona al solicitante de ANR el importe correspondiente por la conexión a la red.

102.2. Las viviendas próximas a los proyectos de inversión regulados en el presente Subcapítulo, que requieran conectarse a la red de agua potable y/o alcantarillado, y siempre que el empalme suministre a más de tres (03) unidades de uso, son atendidas por la empresa prestadora, de acuerdo a los lineamientos que el Ente Rector establezca.

103.1. El presente Capítulo es de aplicación obligatoria para la prestación de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales.

103.2. Quedan excluidos de la aplicación del presente Capítulo, los centros poblados rurales que se encuentren en el ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora y cuyos servicios de saneamiento sean prestados directamente por estas.

104.1. La prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural es realizada por las municipalidades competentes, la que pueden llevarla a cabo de manera directa a través de las Unidades de Gestión Municipal y/o de manera indirecta a través de las Organizaciones Comunales, siguiendo ese orden de prelación, en función a las condiciones establecidas en el artículo 104-A del presente Reglamento y la normativa sectorial.

104.2. La Sunass, en su condición de organismo regulador de alcance nacional, ejerce sus funciones en el ámbito rural de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, el TUO de la Ley Marco y el presente Reglamento.

104-A-1. La prestación de los servicios de saneamiento en centros poblados del ámbito rural, es realizada a través de Unidades de Gestión Municipal constituidas por las municipalidades competentes, en el ejercicio de sus competencias y funciones establecidas por Ley.

104-A-2. Para que la municipalidad competente autorice temporalmente la prestación de los servicios de saneamiento de manera indirecta, a través de una Organización Comunal, verifica si en alguno de los últimos cinco (5) años no ha contado con recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura y/o en el Presupuesto Inicial Modificado para actividades relacionadas para la prestación directa de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, según la normativa vigente. Se exceptúan aquellas municipalidades que obtienen recursos del canon, sobre canon y regalías mineras.

104-A.3. De verificada la condición antes mencionada, corresponde a la municipalidad competente autorizar, por un plazo máximo de tres (3) años, la prestación de los servicios de saneamiento de manera indirecta a la Organización Comunal, con la condición de hacerse cargo de la prestación directa de los servicios de saneamiento, al término del plazo otorgado, sin perjuicio de implementar la política de integración.

104-A.4. Dentro del plazo otorgado a la Organización Comunal para la prestación del servicio por la municipalidad competente, esta realiza, como mínimo, las siguientes acciones:

1. Conforma su ATM para realizar las funciones establecidas en el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento y la normativa sectorial.

2. Gestiona ante las instancias competentes, la asignación de presupuesto para brindar directamente la prestación de los servicios en el(los) centro(s) poblado(s) del ámbito rural que administra la Organización Comunal.

3. Constituye una Unidad de Gestión Municipal, en caso no cuente con esta, que le permita prestar directamente, los servicios de saneamiento en el(los) centro(s) poblado(s) atendido(s) excepcionalmente por la Organización Comunal.

4. Otras acciones que determine el Ente Rector.

105.1. Los prestadores de servicios del ámbito rural financian la prestación de los servicios de saneamiento mediante la cuota familiar.

105.2. La cuota familiar es aprobada anualmente por el órgano de mayor jerarquía del prestador de servicio en el ámbito rural, de acuerdo a la metodología aprobada por la Sunass.

105.3. La cuota familiar cubre como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y de disposición sanitaria de excretas, así como la reposición de los equipos y rehabilitación menores.

106.1. La infraestructura e instalaciones conexas para la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, cuyo financiamiento para la construcción provenga del gobierno nacional, gobierno regional, la cooperación internacional u otras organizaciones públicas o privadas, son transferidas en propiedad y a título gratuito, a la municipalidad que corresponda, quedando afectadas exclusivamente a la prestación de dichos servicios.

106.2. En el caso de la prestación indirecta de los servicios, la prestación de los servicios de saneamiento está a cargo de la Organización Comunal, quien para dicho fin cuenta con el apoyo de la municipalidad distrital o provincial, según corresponda, quienes pueden financiar, de ser necesario, la infraestructura e instalaciones conexas necesarias para la prestación de los servicios de saneamiento.

107.1. La Unidad de Gestión Municipal presta los servicios de saneamiento en uno o más centros poblados rurales de la municipalidad competente. Cuenta con contabilidad independiente respecto a la Municipalidad, para el manejo de la administración de los ingresos y gastos derivados de la prestación de los servicios.

107.2. La Unidad de Gestión Municipal cuenta con un equipo especializado, el cual tiene a su cargo la prestación de los servicios de saneamiento, para lo cual recibe el asesoramiento y apoyo de los demás órganos de la Municipalidad.

107.3. Los ingresos y egresos provenientes de la prestación de los servicios de saneamiento son administrados con contabilidad independiente y sólo pueden estar destinados a la prestación de dichos servicios, bajo responsabilidad.

107.4. En aquellos centros poblados del ámbito rural en los que no exista un prestador de servicios, la municipalidad competente tiene la responsabilidad de brindar directamente la prestación de los servicios de saneamiento, a través de la constitución de la Unidad de Gestión Municipal, a excepción de lo regulado en los artículos 104 y 104-A del presente Reglamento, sin perjuicio de la implementación de la política de integración.

108.1. En concordancia con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Marco, cuando la municipalidad distrital, de oficio o tomando en cuenta los resultados de los informes efectuados por la Sunass en el marco de su función supervisora, determina que no cuenta con la capacidad de prestar de manera directa los servicios de saneamiento en el ámbito rural, le comunica este hecho a la municipalidad provincial, para que esta última se pronuncie a través de su Concejo Municipal.

108.2. Asimismo, la municipalidad provincial, tomando en consideración los resultados de los informes efectuados por la Sunass en el marco de su función supervisora, puede determinar que la municipalidad distrital no cuenta con la capacidad para prestar de manera directa los servicios de saneamiento. Para tal efecto, la municipalidad provincial pone a conocimiento de la municipalidad distrital dicha decisión a fin que esta última se pronuncie a través de su Concejo Municipal.

108.3. La decisión de no contar con la capacidad de prestar de manera directa los servicios de saneamiento en el ámbito rural, la realiza el Concejo Municipal de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos precedentes. Este hecho, es informado al Ente Rector, a la Sunass y al OTASS, para los fines pertinentes.

108.4. La municipalidad provincial asume temporalmente la prestación directa de los servicios de saneamiento en el ámbito rural a partir de la verificación de las condiciones mínimas que establece el presente Reglamento, de acuerdo a los lineamientos que para dicho fin emita el Ente Rector. La verificación debe constar en el acuerdo de Concejo Municipal.

108.5. La municipalidad distrital asume nuevamente la prestación de los servicios cuando acredite haber superado las condiciones que generaron su falta de capacidad para prestar los servicios de saneamiento de forma directa.

108.6. La municipalidad competente puede integrar los centros poblados rurales al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora.

Para que la municipalidad distrital determine que no cuenta con la capacidad de prestar de manera directa los servicios de saneamiento en el ámbito rural, al que se hace referencia en el artículo 108 del presente Reglamento, se deben cumplir por lo menos con dos (2) de las siguientes condiciones:

1. Que más del cincuenta por ciento (50%) de los usuarios que se encuentran dentro del ámbito de responsabilidad de la municipalidad distrital no cuentan con servicios de saneamiento.

2. Que en alguno de los últimos cinco (5) años no haya contado con recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura y/o en el Presupuesto Inicial Modificado para actividades relacionadas para la prestación directa de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, según la normativa vigente; o haya verificado que la Unidad de Gestión Municipal constituida no cuenta con recursos suficientes que le permitan cubrir los costos para la prestación directa de los servicios de saneamiento. Se exceptúan aquellas municipalidades que obtienen recursos del canon, sobre canon y regalías mineras.

3. No cumplir con los parámetros de control obligatorio establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua Para Consumo Humano.

4. Otras condiciones que determine el Ente Rector.

110.1. La Organización Comunal se constituye como persona jurídica sin fines de lucro y adopta la forma asociativa de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, Asociación, Comité u otra forma de organización privada, elegida voluntariamente por la comunidad. No es exigible su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.

110.2. La Organización Comunal tiene por objeto prestar los servicios de saneamiento, en uno o más centros poblados rurales, ubicados en la jurisdicción de la municipalidad distrital o provincial a la que pertenezcan.

110.3. Para la prestación de los servicios de saneamiento la Organización Comunal requiere estar reconocida, inscrita y registrada en la municipalidad distrital o provincial a la que pertenezca.

110.4. Los órganos de gobierno de la Organización Comunal son: la Asamblea General, el Consejo Directivo y Fiscal.

110.5. El funcionamiento de las Organizaciones Comunales se establece en su estatuto social, el cual se elabora y aprueba de conformidad con las normas sectoriales.

110.6. Las Organizaciones Comunales ejercen los derechos de los prestadores de servicios establecidos en el artículo 45 del TUO de la Ley Marco que de acuerdo a su naturaleza le corresponden.

111.1. La Organización Comunal se registra ante la municipalidad distrital o provincial que tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento donde se ubica el centro poblado rural respectivo.

111.2. El registro de las Organizaciones Comunales se realiza en el Libro de Registros de Organizaciones Comunales, el mismo que debe estar legalizado por el Notario Público o, en su defecto, por Juez de Paz de la jurisdicción.

111.3. Para la autorización y registro, las organizaciones comunales presentan:

1. Copia simple del acta de constitución de la Organización Comunal y de elección del primer Consejo Directivo.

2. Copia simple del Acta de Asamblea General que aprueba el estatuto.

3. Copia simple del Libro padrón de asociados.

4. Otros que establezca la normativa sectorial. La municipalidad competente no puede exigir requisito adicional alguno para extender dicha constancia.

111.4. Cumplidas las formalidades, la municipalidad competente extiende a favor de la organización comunal la Constancia de Inscripción, Reconocimiento y Registro, documento con el cual se autoriza a la Organización Comunal a prestar los servicios y contiene, entre otros, la denominación de la Organización Comunal, el ámbito de responsabilidad, los servicios de saneamiento que presta, nombre de los directivos, periodo de vigencia, descripción del centro poblado rural donde se prestan los servicios, número de asociados, obligaciones y responsabilidades. Todo cambio que realice la Organización Comunal debe ser comunicado al municipio con fines de actualización de registro.

111.5. La municipalidad envía al Ente Rector dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de expedida o actualizada, copia fedateada de la Constancia de Inscripción, Reconocimiento y Registro, bajo responsabilidad.

111.6. En un mismo centro poblado rural no puede existir más de una Organización Comunal.

111.7. El Ente Rector, mediante Resolución Ministerial, aprueba, entre otros, disposiciones para el funcionamiento de las organizaciones comunales y el modelo de estatuto.

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 46 del TUO de la Ley Marco, las Organizaciones Comunales tienen las obligaciones siguientes:

1. Solicitar la autorización y registro ante la municipalidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 del presente Reglamento.

2. Aprobar anualmente mediante acuerdo de la asamblea general, la cuota familiar de acuerdo con la metodología y plazos aprobada por la Sunass.

3. Fomentar la participación de la comunidad durante el desarrollo de proyectos vinculados con la prestación de los servicios de saneamiento, así como brindar información permanente, prioritariamente, a sus asociados sobre la adecuada Valoración de los Servicios de Saneamiento.

4. Realizar oportunamente la cobranza de la cuota familiar y destinar los recursos recaudados por concepto de cuota familiar a la prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del TUO de la Ley Marco.

5. Otras obligaciones establecidas en las normas sectoriales y las que apruebe la Sunass.

113.1. Son Asociados de una organización comunal las personas que representa a los usuarios de una propiedad o predio en el que viven, inscrito en el Libro Padrón de Asociados de la Organización Comunal. Por cada conexión de agua debe haber un Asociado responsable de esta.

113.2. Son derechos de los Asociados:

1. Elegir y ser elegido como miembro del Consejo Directivo o Fiscal de la Organización Comunal, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa sectorial.

2. Tener voz y voto en la Asamblea General.

3. Representar y hacerse representar en la Asamblea General.

4. Vigilar la gestión del Consejo Directivo.

5. Gozar de todos los beneficios que pueda producir la Organización Comunal.

6. Convocar a Asamblea General siempre que lo solicite cuando menos un número de asociados que represente el 20 % del total de los asociados hábiles.

7. Otros que establezca las normas sectoriales y el estatuto de la organización comunal.

   113.3. Son obligaciones de los Asociados:

1. Participar en la(s) Jornada(s) de Trabajo de la Organización Comunal convocadas por esta, a través del Consejo Directivo.

2. Pagar las cuotas familiares aprobadas por la Asamblea General.

3. Participar activamente en las acciones de la Organización Comunal.

4. Cumplir con las normas establecidas para la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, así como las acciones que contribuyan a valorar los servicios de saneamiento.

5. Cumplir las decisiones de la Asamblea General y de los que presiden la organización comunal.

6. Otros que establezca las normas sectoriales y el estatuto de la organización comunal.

   113.4. Son prohibiciones para los Asociados:

1. Manipular inadecuadamente cualquier parte de la infraestructura sanitaria.

2. Conectarse clandestinamente a las redes del servicio.

3. Derivar o empalmar tuberías de una vivienda a otra.

4. Cualquier tipo de acción que de alguna manera obstruya, interrumpa o destruya tuberías o instalaciones comunes de agua y saneamiento.

5. Usar el agua para otro uso distinto que para consumo humano.

6. Otros que establezca las normas sectoriales y el estatuto de la organización comunal.

   113.5. Los derechos, obligaciones y los procedimientos para efectuar reclamos por deficiencias en la prestación de los servicios, se rigen por lo dispuesto en la norma que emite la Sunass en el marco de sus competencias en el ámbito rural.

114.1. En aplicación del Principio de Eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Marco, la municipalidad competente promueve la agrupación de dos o más Organizaciones Comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema de abastecimiento de agua potable común.

114.2. La agrupación de Organizaciones Comunales es aprobada por la(s) Asamblea(s) General(es) correspondiente(s).

114.3. Las Organizaciones Comunales que cuentan con diferentes sistemas de abastecimiento de agua potable y que no pueden agruparse, están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías de escala que permitan mejorar la prestación de los servicios de saneamiento en sus respectivas localidades.

Para la agrupación de organizaciones comunales se tiene en cuenta las reglas siguientes:

1. Cada centro poblado rural debe contar con una Organización Comunal autorizada y registrada por la municipalidad competente.

2. Los representantes de cada una de las Organizaciones Comunales deben contar con el acuerdo de la asamblea general, indicando expresamente su decisión de agruparse con la finalidad de la operación conjunta del sistema de abastecimiento de agua potable común. Dicho acuerdo debe constar en el libro de actas de asambleas de cada Organización Comunal y debidamente legalizado.

3. Aprobada la agrupación de Organizaciones Comunales conforme a lo señalado en el párrafo anterior, estas constituyen un Equipo Multicomunal integrado por un representante de cada organización comunal.

4. Las Organizaciones Comunales mantienen la responsabilidad de administrar y operar el sistema de abastecimiento de agua potable en la parte que corresponde a sus centros poblados.

116.1. El equipo está integrado por un representante de cada uno de los consejos directivos de las organizaciones comunales que la conforman, cuyo número no puede ser menor de tres (03) miembros, el cual se reúne con la finalidad de administrar, operar y mantener el sistema de abastecimiento de agua potable que comparten las organizaciones comunales, de acuerdo a criterios técnicos.

116.2. Las funciones y procedimientos para el funcionamiento del Equipo son regulados por las normas sectoriales aprobadas por el Ente Rector.

En virtud del principio de protección del ambiente y uso eficiente del agua establecido en la Ley Marco, las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, instituciones públicas y privadas utilizan, de manera preferente, agua residual tratada para el riego de áreas verdes, parques y jardines, así como para el desarrollo de otras actividades que no requieran necesariamente el uso de agua potable.

130.1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Marco, los prestadores de servicios de saneamiento están facultados para las siguientes actividades:

1. Comercializar el agua residual tratada, residuos sólidos y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales, con fines de reúso.

2. Brindar el servicio de tratamiento de aguas residuales, para fines de reúso.

3. Comercializar el agua residual sin tratamiento, para fines de reúso, a condición que los terceros realicen las inversiones y asuman los costos de operación y mantenimiento para su tratamiento y reúso.

130.2. Las actividades señaladas en el párrafo anterior no forman parte de la prestación de los servicios de saneamiento. Para su desarrollo se tienen en cuenta las disposiciones específicas previstas en la Ley Marco, el presente Reglamento, la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG; el Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, sus modificatorias y las demás normas aplicables sobre la materia, en lo que corresponda.

Para efectos del presente Subcapítulo, la calidad del agua residual sin tratamiento del agua residual tratada, de los residuos sólidos y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y de tratamiento de aguas residuales con fines de reúso, se determina en función al tipo de uso al que se le destine y de acuerdo con los parámetros establecidos por la normativa sectorial aplicable; y en su defecto, por las Guías y Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto corresponda.

La persona natural o jurídica que adquiere agua residual sin tratamiento, agua residual tratada, residuos sólidos y/o subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y de tratamiento de aguas residuales con fines de reúso, es responsable de:

1. Suscribir con el prestador de servicios el contrato respectivo, el cual surte efecto una vez que el adquiriente obtenga las autorizaciones o permisos por parte de las autoridades sectoriales a que se refiere el inciso 4 del presente artículo, bajo responsabilidad del prestador de servicios.

2. Asumir la responsabilidad por todo tipo de riesgo desde la entrega o derivación por parte del prestador, según sea el caso.

3. Cumplir, desde el momento que adquiere el agua residual sin tratamiento, el agua residual tratada, los residuos sólidos y/o subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y de tratamiento de aguas residuales con fines de reúso, con los deberes y obligaciones establecidos en la normativa aplicable, según corresponda.

4. Obtener los permisos y autorizaciones requeridos por la normativa aplicable, para el manejo o uso de los productos y/o subproductos generados de los servicios de saneamiento que adquiere. Para tal efecto, el prestador del servicio facilita la documentación solicitada por el adquiriente, conforme a la normativa aplicable.

5. Cumplir con la normativa ambiental aplicable al sector competente de la actividad para la cual se destinen los productos y/o subproductos generados de los servicios de saneamiento que adquiere.

6. Las demás establecidas en la normativa aplicable.

133.1. Usos para el agua residual tratada con fines de reúso:

1. Uso privado: Riego de áreas verdes y descarga de aparatos sanitarios.

2. Uso público: Riego de áreas verdes y limpieza de vías públicas.

3. Uso agrícola: Riego de cultivos para consumo humano y para consumo animal.

4. Uso industrial: Aguas de proceso y limpieza (excepto en la industria alimentaria); torres de refrigeración y condensadores evaporativos; elaboración de concreto y lavado industrial de vehículos.

5. Uso recreativo: Campos de golf y estanques y masas de agua ornamentales sin acceso al público.

6. Uso ambiental: Recarga de acuíferos y mantenimiento de humedales y silvicultura.

7. Otros que considere la normativa aplicable.

133.2. Usos de residuos sólidos tratados para su reaprovechamiento: Recuperación de áreas degradadas, elaboración de abono para agricultura, producción de almácigos y/o industria cerámica, entre otras.

133.3. Los usos y actividades detallados en los incisos señalados en el párrafo 133.1 del presente artículo tienen carácter enunciativo y para su ejercicio se debe contar con las autorizaciones emitidas por las autoridades sectoriales que correspondan, de acuerdo con las normas de la materia.

134.1. La comercialización de los productos generados de los servicios saneamiento se efectúa mediante contrato con observancia de lo establecido en el Código Civil. El trámite se inicia mediante invitación a ofertar por el prestador o a través de una solicitud de venta directa efectuada por el adquiriente.

134.2. La invitación a ofertar se realiza a través de la publicación de avisos en el portal institucional del prestador de servicios y un medio escrito de mayor difusión, a nivel local o nacional, para que los interesados presenten sus ofertas de adquisición de los productos generados de los servicios de saneamiento, las cuales pueden estar referidas al íntegro o una parte de lo ofertado. El aviso describe las condiciones para la presentación de las ofertas.

134.3. La evaluación de las propuestas se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: (i) Propuesta técnica ambiental para el tratamiento de los productos adquiridos; (ii) Propuesta económica; y, (iii) Beneficios adicionales a favor del prestador de servicios y/o de los usuarios del servicio de saneamiento.

134.4. El prestador de servicios y el tercero pueden pactar otras modalidades contractuales distintas a las mencionadas en el presente artículo, con observancia de las normas sobre la materia.

134.5. Los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento, continúan rigiéndose por las disposiciones legales vigentes a la fecha de su suscripción hasta su vencimiento.

134.6. En los casos en que no se presenten condiciones de competencia, acorde a lo dispuesto en el párrafo 68.1. del artículo 68 y párrafo 69.1. del artículo 69 del TUO de la Ley Marco, son de aplicación las disposiciones que apruebe la Sunass.

135.1. El prestador de servicios realiza la comercialización de residuos sólidos y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales con fines de reúso a favor de un tercero teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el presente Capítulo.

135.2. El prestador de servicios está obligado a permitir el acceso del tercero a sus instalaciones para la recolección de los residuos y/o sub productos, debiendo verificar que los vehículos empleados en dicha actividad cuenten con las autorizaciones respectivas.

135.3. El tercero asume la responsabilidad del manejo de los residuos y/o subproductos desde el momento de su recolección en las instalaciones del prestador de servicios, quedando este último exento de cualquier responsabilidad, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 132 del presente Reglamento.

136.1. El prestador de servicios brinda a favor de un tercero y en las instalaciones que este indique, el servicio de tratamiento de aguas residuales con fines de reúso, provenientes de una actividad productiva, teniendo en cuenta las disposiciones del presente capítulo.

136.2. El servicio es prestado directamente por el prestador o a través de una empresa especializada contratada para ese fin, mediante el uso de tecnología adecuada. De darse este último supuesto, el contrato suscrito entre el prestador y el tercero establece las responsabilidades de las partes y de la empresa especializada.

136.3. El contrato que suscribe la empresa prestadora con el tercero para la prestación del servicio materia del presente artículo estipula, entre otros, que la tecnología para el sistema de tratamiento es determinada por el prestador del servicio en función a la caracterización del agua residual que produce el tercero; así como la obligación del tercero para brindar las condiciones necesarias para la instalación y uso de la tecnología de tratamiento.

137.1. Los prestadores de servicios realizan la comercialización de agua residual sin tratamiento para fines de reúso a favor de un tercero, con la condición que este realice su tratamiento teniendo en cuenta las disposiciones sectoriales sanitarias y ambientales, además de las disposiciones del presente Capítulo.

137.2. El tercero está obligado a implementar la infraestructura u otro medio para la captación del agua residual sin tratamiento, los cuales deben contar con mecanismos de medición y cierre, cuya operación y mantenimiento está a cargo del prestador de servicios.

137.3. Las características de la infraestructura o los medios para la captación del agua residual sin tratamiento son ejecutados por el tercero de acuerdo con las especificaciones que señale el prestador de servicios.

137.4. El tercero asume la responsabilidad del manejo del agua residual sin tratamiento desde el momento de su captación en las instalaciones del prestador de servicios, quedando este último exento de cualquier responsabilidad, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 132 del presente Reglamento.

Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento pueden solicitar a la Sunass la incorporación del monto de la retribución en la tarifa en cualquier momento del periodo regulatorio, de acuerdo a las normas que emita la Sunass, en concordancia con la Ley Marco, la Ley Nº 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016-MINAM.

La retribución por servicios ecosistémicos se otorga directamente a los contribuyentes de dichos servicios o a los proveedores de bienes y servicios a favor de aquellos, según las siguientes modalidades:

1. Ejecución de las inversiones por la empresa prestadora, en el marco de sus competencias, o por terceros contratados por esta. La ejecución también puede darse a través de contrataciones de bienes o servicios previamente definidos y aprobados en el respectivo Estudio Tarifario.

2. Contratos de retribución con los contribuyentes quienes se comprometen a implementar acciones o proyectos de conservación, recuperación o uso sostenible de los ecosistemas, por los que reciben a cambio una retribución que toma en consideración el costo de oportunidad que implica para los contribuyentes ejecutar estas acciones o proyectos.

3. Convenios o contratos de administración y/o ejecución de las reservas de dinero por retribución de servicios ecosistémicos con entidades privadas especializadas creadas por Ley para la administración de fondos patrimoniales ambientales; de manera que estas, directamente o través de terceros, bajo sus procedimientos según ley de creación, ejecuten los proyectos o acciones de conservación, recuperación o uso sostenible de los ecosistemas generados del servicio ecosistémico.

La Sunass reajusta en el periodo regulatorio, el monto de la retribución por servicios ecosistémicos que está abonando cada usuario a través de su recibo de pago, considerando nuevos proyectos o cambios en los montos o en los componentes de los proyectos.

141.1. Los prestadores de servicios incorporan en sus actividades los procesos de la gestión del riesgo de desastres, en el marco de las normas de la materia. Asimismo, incorporan en los planes institucionales, los componentes y procesos de la gestión del riesgo de desastres.

141.2. En previsión de la ocurrencia de situaciones fortuitas o de fuerza mayor tales como desastres que causen interrupciones, restricciones o racionamientos, el prestador de servicios debe contar con planes que, de acuerdo con la normativa sectorial y las normas sobre gestión del riesgo, sean necesarios para superar o por lo menos mitigar sus efectos sobre la población.

141.3. Adicionalmente a las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes, las empresas prestadoras incorporan en el PMO las intervenciones orientadas a prevenir, gestionar y atender los posibles desastres que afecten la prestación de los servicios. Por su parte la Sunass aprueba en cada caso, el monto del aporte para su financiamiento, en el marco de sus funciones.

141.4. Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento pueden solicitar a la Sunass la incorporación de un monto para la conformación de una reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres en la tarifa en cualquier momento del periodo regulatorio, de acuerdo a las normas que emita la Sunass, en concordancia con la Ley Marco, la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), su Reglamento y modificatorias.

142.1. El Ente Rector promueve que los prestadores elaboren el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PACC) y/o instrumento de carácter ambiental que lo sustituya; de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de la materia.

142.2. El PACC y/o el instrumento de carácter ambiental que lo sustituya constituye un insumo para el PMO.

188.1. El OTASS, a través de los órganos que lo conforman, ejerce las funciones, competencias y facultades establecidas en la Ley Marco, el presente Reglamento y demás normas sectoriales, en concordancia con la política general, objetivos, planes, programas y lineamientos normativos establecidos por el Ente Rector.

188.2. La estructura orgánica y funciones de los órganos que conforman el OTASS, son establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones.

188.3. El OTASS es el encargado de ejecutar la política del Ente Rector en materia de gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, a cargo de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, y demás prestadores del ámbito urbano.

188.4. El OTASS, en concordancia con lo establecido en los párrafos 80.1 de y de 80.2 del artículo 80 de la Ley Marco, ejerce competencia a nivel nacional en materia de:

1. Fortalecimiento de capacidades a los prestadores de los servicios de saneamiento del ámbito urbano.

2. Promoción, planificación e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.

3. Priorización y dirección del RAT en las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal correspondientes.

4. Adquisición de bienes y servicios, contratación de servicios de terceros especializados, financiamiento y transferencia financiera a favor de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal.

188.5. El OTASS en el ámbito de su competencia, mediante Resolución del Consejo Directivo, emite normas y disposiciones complementarias necesarias para la ejecución de sus funciones, competencias y facultades.

189.1. El órgano máximo del OTASS es el Consejo Directivo, cuyos miembros son designados conforme a lo dispuesto en los párrafos 82.1 de y de 82.2 del artículo 82 del TUO de la Ley Marco, por un período de tres (3) años, pudiendo ser ratificados por un período adicional.

189.2. El cargo de miembro del Consejo Directivo es indelegable. Los miembros del Consejo Directivo desempeñan el cargo con diligencia, autonomía e independencia de criterio.

189.3. El cargo de Presidente del Consejo Directivo del OTASS recae de manera obligatoria en uno de los representantes del MVCS.

189.4. El cambio del titular de las entidades señaladas en el párrafo 82.2 del artículo 82 del TUO de la Ley Marco, no genera la obligación de formular renuncia al cargo a los miembros del Consejo Directivo.

189.5. Los miembros del Consejo Directivo no desempeñan funciones ejecutivas en el OTASS.

189.6. En caso no se cuente con Director Ejecutivo designado, el Secretario General del OTASS ejerce las funciones que el Reglamento de Organización y Funciones asigna al Director Ejecutivo, hasta la designación de este último.

189.7. Son requisitos para ser miembro del Consejo Directivo, los aplicables para los directores de las empresas prestadoras.

189.8. Son impedimentos para ser miembro del Consejo Directivo los siguientes:

1. Haber sido inhabilitado para ejercer cargos dentro de la Administración Pública.

2. Las personas condenadas por delito doloso.

3. Las personas que sean parte en procesos judiciales pendientes de resolución contra el OTASS.

4. Tener sanción vigente inscrita en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

5. Tener antecedentes penales.

6. Estar incurso en alguna incompatibilidad legal para el ejercicio del cargo.

7. Tener la condición de accionista o participacionista de las empresas vinculadas a las actividades que son materia de competencia del OTASS.

8. Ser o haber sido director/a, representante legal, apoderado/a, asesor/a o consultor/a en las empresas bajo la competencia del OTASS; o mantener o haber mantenido con ellas, relación comercial, laboral o de servicios, bajo cualquier modalidad contractual, al momento de su designación; o, en el período de seis (6) meses anteriores a su designación. Se exceptúan los servicios que no están vinculados con las materias de competencia del OTASS.

9. Las personas que se encuentren inscritas en el REDAM.

El impedimento señalado en el inciso 8 no es de aplicación para la designación del cargo de Presidente de Consejo Directivo.

189.9. Los impedimentos señalados son causales de vacancia o remoción de acuerdo al inciso 4 del párrafo 83.1 del artículo 83 del TUO de la Ley Marco.

190.1. El Consejo Directivo sesiona ordinariamente, como mínimo, una vez al mes y extraordinariamente, según determine su Presidente o la mayoría de sus miembros. Las sesiones pueden ser presenciales o virtuales.

190.2. Asimismo, en concordancia con lo señalado por el párrafo 98.1 del artículo 98 de la Ley Marco, el Consejo Directivo del OTASS puede sesionar en calidad de Junta General de Accionistas de las empresas prestadoras en RAT. El Consejo Directivo del OTASS cuenta con una Secretaría Técnica especializada; que es el vínculo con los órganos de dirección de las referidas empresas.

191.1. El quórum de asistencia a las sesiones del Consejo Directivo se configura cuando se verifique la asistencia de dos (02) de sus miembros. Los acuerdos son adoptados por mayoría de los miembros asistentes a la sesión.

191.2. En caso algún director formule voto singular o se abstenga de emitirlo, tiene la obligación de sustentar su decisión, lo cual es consignado en el Acta correspondiente.

192.1. El fortalecimiento de capacidades en las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal no incorporadas al RAT y demás prestadores del ámbito urbano, tiene por finalidad fortalecer sustancialmente la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, generando condiciones que garanticen la sostenibilidad de estos.

192.2. El fortalecimiento de capacidades que el OTASS brinda a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal no incorporadas al RAT se enmarca en el SFC a que se refiere el artículo 43 del TUO de la Ley Marco y el presente Reglamento. En este sentido, comprende de manera conjunta o independiente intervenciones de fortalecimiento que contribuyan a mejorar la gestión empresarial, gestión económico-financiera y gestión técnica operativa en las empresas prestadoras, las cuales se efectúan de acuerdo a los Lineamientos Estratégicos del SFC, según las necesidades que justifique cada prestador de servicios o identifique el OTASS.

El OTASS prioriza el fortalecimiento de capacidades a las empresas púbicas de accionariado municipal no incorporadas al RAT, tomando en consideración los resultados del Informe Final de Evaluación que emite la Sunass.

El fortalecimiento de capacidades que brinda el OTASS se sustenta en el documento que para el efecto apruebe el Consejo Directivo para cada prestador de servicios, y está facultado a realizar transferencias financieras para la implementación de este.

Las intervenciones de fortalecimiento que brinda el OTASS están sujetas a los compromisos que asuman los prestadores de servicios por acuerdo de su máximo órgano de decisión o el Gerente general, según lo requiera el OTASS. Dichos compromisos son determinados por el OTASS según la realidad de cada prestador de servicios y de acuerdo a los Lineamientos Estratégicos del SFC.

Las acciones de capacitación, asistencia técnica o innovación y transferencia tecnológica a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal incorporadas al RAT, son determinadas por el OTASS, pudiendo ser parte o consignarse de manera independiente al Plan de Acciones de Urgencia o el Plan de Reflotamiento.

203.1. La incorporación de las empresas prestadoras al RAT es progresiva y se realiza teniendo en cuenta la priorización aprobada por el OTASS, de conformidad con el artículo 202 del presente Reglamento.

203.2. Excepcionalmente, en concordancia con lo señalado por el artículo 92 de la Ley Marco y a solicitud de la empresa prestadora, el OTASS decide el inicio de la aplicación del RAT, para lo cual puede tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Las capacidades operativas y presupuestales del OTASS.

2. La empresa prestadora se niega a asumir o incumple las condiciones referidas en el artículo 195 del presente Reglamento.

3. La solicitud de su máximo órgano que requiere de la intervención inmediata por razones debidamente fundamentadas, referidas a un peligro inminente para la sostenibilidad técnico operativa de la prestación de los servicios o la salud de la población.

4. Otros criterios que considere relevantes, aprobados por Resolución de Consejo Directivo del OTASS.

203.3. El OTASS elabora un plan y un cronograma estimado anual para cada empresa prestadora seleccionada.

204.1. Mediante Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS se declara el inicio del RAT de cada empresa prestadora, sujeto a la ratificación del Ente Rector.

204.2. El Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS que declara el inicio del RAT de cada empresa prestadora puede comprender las acciones inmediatas identificadas que son parte del Plan de Acciones de Urgencia y que de manera inmediata requieren ser implementadas por la empresa prestadora, con el fin de recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de saneamiento.

204.3. El Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS que declara el inicio del RAT, ratificado mediante Resolución Ministerial del Ente Rector, se publica en el Portal Institucional del OTASS, del Ente Rector y de la Sunass.

204.4. La Resolución Ministerial que ratifica el Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS que declara el inicio del RAT formaliza y otorga efectos jurídicos de alcance general al citado Acuerdo, y con su publicación se inicia el RAT, cuyo periodo de duración se regula por lo establecido en el artículo 95 de la Ley Marco.

204.5. El Ente Rector, en coordinación con el OTASS, es la entidad competente para resolver las incidencias, cuestionamientos y/o controversias de cualquier naturaleza que se generen respecto del inicio, implementación y/o ejecución del RAT en las empresas prestadoras.

204.6. Iniciado el RAT en la empresa prestadora pública de accionariado municipal, el Ente Rector, en el marco de la normativa presupuestal vigente, destina recursos mediante transferencias financieras al OTASS, para la ejecución de las acciones inmediatas a que se refiere el párrafo 204.2 del presente artículo.

204.7. El ingreso de las empresas prestadoras al RAT no interfiere con las funciones que la Sunass ejerce sobre estas.

204.8. En todos los casos las transferencias financieras que se realicen a las empresas prestadoras deben tener, previamente, opinión favorable del OTASS.

205.1. Dentro de los cinco (05) días útiles siguientes a la fecha de la publicación de la Resolución Ministerial que ratifica el inicio del RAT, el OTASS solicita a la oficina registral competente de los Registros Públicos la inscripción del inicio del citado Régimen. Para la inscripción es suficiente la copia simple de la Resolución Ministerial publicada en el diario oficial El Peruano, debiéndose anotar en la partida registral los efectos del inicio del RAT, indicadas en el artículo 98 de la Ley Marco.

205.2. Para la inscripción registral de la conclusión del RAT, es suficiente la presentación en Registros Públicos de la copia simple de la Resolución Ministerial publicada en el diario oficial El Peruano.

205.3. El registrador inscribe los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo del OTASS, en ejercicio de las funciones y atribuciones de Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia General, para lo cual es suficiente la presentación de copia del acta correspondiente, debidamente fedateada por dicho Organismo.

Asimismo, el registrador inscribe los acuerdos y decisiones adoptadas, cuando el OTASS asume la dirección con profesionales pertenecientes a dicha entidad o cuando contrate gestores, conforme lo señala los incisos 1 y 2 del párrafo 101.1 de la Ley Marco. Para tales efectos, es suficiente la presentación del acta, resolución o documento pertinente, según el caso, debidamente fedateada.

205.4. Las inscripciones son solicitadas por la respectiva Secretaría Técnica del Consejo Directivo del OTASS actuando en calidad de Junta General de Accionistas. En el caso de las inscripciones de actos que correspondan al Directorio o a la Gerencia General de la empresa prestadora, estas son solicitadas por la propia empresa prestadora.

206.1. Los actos jurídicos a que se refiere el artículo 100 de la Ley Marco, sujetos a la evaluación del juez para efectos de determinar ineficacia son:

1. Pagos anticipados por obligaciones no vencidas, cualquiera sea la forma en que se realicen.

2. Pagos por obligaciones vencidas que no se realicen de acuerdo a la forma pactada o establecida en el contrato o en el título respectivo.

3. Los actos jurídicos y contratos a título oneroso, realizados o celebrados por la empresa prestadora que no se refieran al desarrollo normal de su actividad, salvo autorización expresa de la Dirección Ejecutiva del OTASS.

4. Las compensaciones efectuadas entre obligaciones recíprocas entre la empresa prestadora y sus acreedores.

5. Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por la empresa prestadora con cargo a bienes de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito.

6. Las garantías constituidas sobre bienes de la empresa prestadora dentro del plazo referido, para asegurar el pago de obligaciones contraídas con fecha anterior a este.

206.2. El OTASS, el gerente general designado o el gestor contratado de la empresa prestadora incorporada al RAT, según corresponda, están legitimados para interponer demanda para la declaración judicial de ineficacia y restitución de bienes. Para el caso del Gerente General designado o el gestor contratado se requiere previa conformidad del OTASS.

207.1. A partir de la fecha de la publicación de la Resolución Ministerial que ratifica el inicio del RAT, la autoridad que conduce los procesos judiciales, arbitrales, coactivos o de venta extrajudicial seguidos contra la empresa prestadora, no pueden ordenar, bajo responsabilidad, cualquier medida cautelar que afecte el patrimonio de la empresa prestadora, y en el caso que estén ordenadas se debe abstener de ejecutarlas.

En dichos casos, no se debe devengar intereses moratorios por los adeudos mencionados, de las empresas prestadoras, ni tampoco procede la capitalización de intereses.

207.2. La abstención referida en el párrafo precedente no alcanza a las medidas pasibles de registro ni a cualquier otra que no signifique la desposesión de bienes de la empresa prestadora o las que por su naturaleza no afecten el funcionamiento de la empresa o su sostenibilidad económico financiera, las cuales pueden ser ordenadas y trabadas pero no pueden ser materia de ejecución forzosa.

207.3. Si las medidas cautelares, distintas a las señaladas en el párrafo precedente, han sido trabadas se debe ordenar su levantamiento y la devolución de los bienes involucrados en la medida cautelar a quien ejerza la administración del patrimonio de la empresa prestadora. Sin embargo, no deben ser levantadas las medidas cautelares mencionadas en el párrafo precedente, pero no podrán ser materia de ejecución forzada.

207.4. En ningún caso el patrimonio de la empresa prestadora sometida al RAT puede ser objeto de ejecución forzosa, en los términos previstos en la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal, con la excepción de los créditos adquiridos posteriores al inicio del régimen. Para tal caso, a partir de la fecha de la publicación de la Resolución Ministerial que ratifica el inicio del RAT, toda autoridad judicial o administrativa se encuentra impedida de tramitar, bajo responsabilidad, el inicio de cualquier procedimiento destinado exclusivamente al cobro de los créditos de la empresa prestadora.

En caso que dichos procedimientos se hayan iniciado antes de la mencionada fecha, la autoridad a cargo de los mismos suspende su tramitación en la etapa en la que se encuentren, bajo responsabilidad.

207.5. Ratificado el inicio del RAT, no procede la ejecución judicial o extrajudicial de los bienes de la empresa prestadora afectados por garantías, salvo que dichos bienes hubiesen sido afectados en garantía de obligaciones de terceros, en cuyo caso pueden ser materia de ejecución.

208.1. Las empresas prestadoras incorporadas al RAT cumplen con sus obligaciones pendientes de pago, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia en el pago de los créditos, en lo que fuere aplicable:

1. Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) u otros regímenes previsionales creados por ley; deuda exigible al Seguro Social de Salud (EsSalud) que se encuentra en ejecución coactiva respecto de las cuales se haya ordenado medidas cautelares; así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse.

2. Segundo: Los créditos alimentarios.

3. Tercero: Los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación de la Resolución Ministerial que ratifica el inicio del RAT.

   Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deben estar inscritas en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos créditos mantienen el presente orden de preferencia aun cuando los bienes que los garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero sólo hasta el monto de realización o adjudicación del bien que garantizaba los créditos.

4. Cuarto: Los créditos de origen tributario del Estado, incluidos los del EsSalud que no se encuentren contemplados en el primer orden de preferencia; sean tributos, multas intereses, moras, costas y recargos.

5. Quinto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos.

   208.2. Cualquier pago efectuado por la empresa prestadora a alguno de sus acreedores, debe ser imputado, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital luego a gastos e intereses, en ese orden.

209.1. A partir del día siguiente de publicada la Resolución Ministerial que ratifica el acuerdo que da inicio al RAT en la empresa prestadora, y durante su aplicación, el OTASS debe realizar las acciones necesarias para tomar el control efectivo de la empresa prestadora.

209.2. El OTASS, en su rol de responsable y administrador de la prestación de los servicios de saneamiento de la empresa prestadora incorporada al RAT, asume las funciones y atribuciones de:

1. La Junta General de Accionistas de la empresa prestadora; y,

2. Del Directorio y la Gerencia de la empresa prestadora.

209.3. La suspensión de los derechos y atribuciones del máximo órgano societario de las empresas prestadoras no implica la transferencia o pérdida de la titularidad de las acciones o participaciones, las cuales se mantienen, en todo momento, en propiedad de las municipalidades accionistas.

209.4. Los acuerdos del Consejo Directivo del OTASS en calidad de Junta General de Accionistas y las decisiones de los profesionales pertenecientes a dicha entidad, así como de los gestores contratados y los directores designados, a través de los cuales este Organismo Técnico asume la dirección de la empresa, adoptados en ejercicio de las funciones y atribuciones antes señaladas, se inscriben en la partida registral de la empresa prestadora.

210.1. El OTASS decide el reordenamiento de la gestión de la empresa prestadora incorporada al RAT, adoptando las siguientes medidas:

1. Ejerce las funciones y atribuciones del Directorio, Gerencia General y Gerentes de Línea o sus equivalentes en la empresa prestadora, con profesionales pertenecientes a dicho Organismo Técnico. En caso sea necesario, el OTASS puede asumir con su personal las funciones correspondientes a las jefaturas de los órganos de asesoría o apoyo de las empresa prestadora en RAT.

2. Contrata a gestores, quienes ejercen las funciones de gerente general.

3. Designa a directores y gerentes en las empresas prestadoras.

210.2. Cuando el OTASS considere necesario, puede variar la(s) alternativa(s) de administración y gestión elegida(s).

211.1. En caso el Consejo Directivo del OTASS decida reordenar la gestión de la empresa prestadora incorporada al RAT con profesionales pertenecientes a dicho Organismo Técnico, puede encargarles las funciones de directores, gerente general, gerentes de línea o sus equivalentes, o jefes de órganos de apoyo o asesoría. Para ello, se observa lo siguiente:

1. Directorio:

   El Consejo Directivo del OTASS, en ejercicio de sus facultades otorgadas como Junta General de Accionistas por la Ley Marco, delega transitoriamente el ejercicio de las funciones y atribuciones del Directorio a una o más Comisión(es), integrada por tres profesionales de este Organismo Técnico. Esta comisión ejerce las funciones y atribuciones que el estatuto social de la empresa prestadora en RAT y la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, reservan para el Directorio de la empresa prestadora.

   En este sentido, dicha Comisión queda facultada para desempeñar las funciones del Directorio de la empresa sin más título que el Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS adoptado en dicho sentido. El citado Acuerdo, en copia fedateada, es título suficiente para la inscripción de la Comisión en la oficina registral competente de los registros públicos, encontrándose el registrador público en la obligación de inscribirlo en la partida registral correspondiente.

   El Consejo Directivo del OTASS establece las reglas para el funcionamiento de estas comisiones, las cuales forman parte del régimen legal especial establecido en el párrafo 48.2 del artículo 48 de la Ley Marco.

2. Gerente general: El Consejo Directivo del OTASS, ejerciendo las facultades y atribuciones de administración otorgadas por la Ley Marco, delega a un profesional perteneciente a dicho Organismo, las funciones de la Gerencia General. Dicho profesional debe cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente para ocupar el cargo de gerente general, quedando habilitado para ejercer las funciones contempladas en el Estatuto Social de la empresa prestadora en RAT y las que la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades reservan para el Gerente General.

   En ese sentido, el profesional designado por el OTASS ejerce las funciones y facultades del gerente general de la empresa sin más título que el Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS adoptado en dicho sentido. El citado Acuerdo, en copia fedateada, es título suficiente para su inscripción en la oficina registral competente de los registros públicos, encontrándose el registrador público en la obligación de inscribirlo en la partida registral correspondiente.

3. Gerente(s) de línea o Jefes de Órganos de Apoyo o Asesoría: El Consejo Directivo del OTASS, ejerciendo las facultades y atribuciones de administración otorgadas por la Ley Marco, delega en uno o más profesionales pertenecientes a dicho Organismo Técnico, las funciones de la(s) Gerencia(s) de Línea(s) o sus equivalentes, así como de las jefaturas de los órganos de apoyo y asesoría. Dichos profesionales, cuando corresponda, quedan habilitados para ejercer las funciones contempladas en el Estatuto Social de la empresa prestadora en RAT y las que la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades reserven para el(los) Gerente(s) de Línea o sus equivalentes o para los jefes de los órganos de asesoría y apoyo.

   El(los) profesional(s) designado(s) por el OTASS ejerce(n) las funciones y facultades del(los) Gerente(s) de Línea o jefe de órgano de apoyo o asesoría de la empresa sin más título que el Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS adoptado en dicho sentido. El citado Acuerdo, en copia fedateada, es título suficiente para su inscripción en la oficina registral competente de los registros públicos, encontrándose el registrador público en la obligación de inscribirlo en la partida registral correspondiente.

   211.2. El OTASS puede delegar en los profesionales pertenecientes a dicho Organismo Técnico, que ejerzan las funciones y atribuciones de la Gerencia General, la responsabilidad de designar a los gerentes de línea o sus equivalentes.

212.1. El Consejo Directivo del OTASS puede asumir la Gerencia General de la empresa prestadora en RAT, mediante gestor, que es una persona jurídica seleccionada conforme a las normas de contratación pública. El gestor puede designar a los Gerentes de Línea, Apoyo y/o Asesoría, o sus equivalentes, de la empresa prestadora en RAT asumiendo los costos que correspondan.

212.2. Culminado el concurso público, el OTASS suscribe el contrato respectivo con el gestor, en el cual se debe establecer claramente el objeto del contrato, la contraprestación de naturaleza civil correspondiente asociada al cumplimiento de metas determinadas, entre otros aspectos.

212.3. La retribución por los servicios prestados por el gestor de una empresa prestadora en RAT es asumida por el OTASS.

213.1. Cuando el Consejo Directivo del OTASS acuerde asumir la dirección de la empresa prestadora en RAT con profesionales no pertenecientes a dicho Organismo Técnico, se encuentra facultado a designar a directores y gerentes, para lo cual realiza el proceso de selección de candidatos, de conformidad al procedimiento y características establecidas a través de Resolución de su Consejo Directivo. El OTASS puede delegar en el Gerente general que designe, la responsabilidad de designar a los gerentes de línea o sus equivalentes. Los directores y gerentes deben cumplir con los requisitos y no estar incursos en ninguno de los impedimentos, señalados en los artículos 61, 62 y 69 del presente Reglamento, respectivamente.

213.2. Las dietas de los directores y las retribuciones de los gerentes designados por el OTASS o por el Gerente general en el supuesto referido en el párrafo final del artículo anterior, son asumidas total o parcialmente por el OTASS, con cargo a su presupuesto institucional o por la empresa prestadora en la cual desempeñan sus funciones. Para tal efecto, este Organismo Técnico establece los criterios y procedimientos, a través de Resolución de su Consejo Directivo.

213.3. Las dietas del director designado a propuesta de la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) pueden ser asumidas con recursos del OTASS y/o de la empresa prestadora municipal incorporada al RAT en la que desempeñan sus funciones, sin superar los montos de la escala de dietas aprobada por el MEF, para los miembros del Directorio de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal.

214.1. El Consejo Directivo del OTASS se encuentra facultado para que durante el periodo de vigencia del RAT de la empresa prestadora de servicios de saneamiento, incorpore en el Directorio de ésta a un director propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s). Para lo cual observa lo siguiente:

1. El OTASS solicita al Gerente general de la empresa prestadora municipal incorporada al RAT, requiera a cada municipalidad provincial accionista, presente el Acuerdo del Concejo Municipal en el que conste la propuesta de su(s) candidato(s) a director y los expedientes de cada uno de estos, conforme al procedimiento que apruebe el Ente Rector. Los candidatos propuestos deben cumplir con los requisitos y no estar incursos en ninguno de los impedimentos señalados en los artículos 61 y 62 del presente Reglamento, respectivamente.

2. De contarse con al menos dos (2) candidatos declarados aptos por el Gerente general, procede a remitir al OTASS los expedientes de estos.

3. Recibidos los expedientes de los candidatos aptos, el OTASS realiza la evaluación conforme al procedimiento de designación, que para dichos fines apruebe el OTASS a través de Resolución de su Consejo Directivo, con la finalidad de incorporar a un director a la Comisión facultada para desempeñar las funciones del Directorio de la empresa prestadora incorporada a RAT.

La conclusión del cargo y la declaratoria de vacancia del director propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) de la empresa prestadora municipal incorporada en el RAT, se efectúa conforme a las causales establecidas en el artículo 64 del presente Reglamento, y de acuerdo al procedimiento que apruebe el OTASS a través de Resolución de su Consejo Directivo.

214.2. El director designado se incorpora a la Comisión que desempeña las funciones del Directorio de la empresa prestadora municipal incorporada al RAT. El OTASS realiza las acciones necesarias para incorporar al citado director a la Comisión, la cual queda conformada por el director propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) y por dos (2) profesionales del OTASS.

214.3. La conclusión del cargo del director propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), no obliga al OTASS a reemplazarlo por otro director a propuesta de las municipalidades antes mencionadas.

215.1. Durante el período que dure el RAT, el OTASS, a través de su Consejo Directivo, constituye el órgano máximo de decisión de la empresa prestadora, ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de esta.

215.2. El OTASS está facultado para convocar a los acreedores de la empresa prestadora incorporada al RAT, cuyos créditos son de origen tributario o cuyos titulares son entidades u organismos del Poder Ejecutivo, con el fin de efectuar coordinaciones que pueden involucrar la toma de decisiones para la negociación, fraccionamiento, aplazamiento o refinanciación de dichas deudas.

215.3. Las funciones que el OTASS desarrolle en sustitución de la Junta General de Accionistas de la empresa prestadora incorporada al RAT se ejercen en el marco del cumplimiento y promoción del Buen Gobierno Corporativo.

215.4. El OTASS propone los rangos y límites del monto de las dietas que perciben los miembros del Directorio designados en las empresas prestadoras municipales incorporadas al RAT, sin superar los montos de la escala de dietas aprobada por el MEF.

Los profesionales encargados pertenecientes al OTASS, el gestor contratado o el Directorio y el gerente general designados, según sea el caso, asumen adicionalmente a las contempladas en los respectivos estatutos empresariales y la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, las siguientes atribuciones, obligaciones y responsabilidades:

1. La gestión y administración de la empresa prestadora incorporada al RAT, en el marco del buen gobierno corporativo.

2. El deber de ejecutar los acuerdos y pedidos, y rendir cuentas al Consejo Directivo de OTASS.

3. El deber de recuperar la sostenibilidad empresarial, la sostenibilidad económico financiera y la sostenibilidad técnico operacional, de la empresa prestadora en RAT, en beneficio de los usuarios.

217.1. El Plan de Acciones de Urgencia es la herramienta que busca incrementar la capacidad de gestión institucional, con el objetivo de optimizar la oferta disponible de la empresa prestadora, lo que implica, mejorar las condiciones de los sistemas encontrados al iniciarse el RAT, así como incrementar su capacidad de gestión institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de saneamiento a su cargo.

217.2. El Plan de Acciones de Urgencia es elaborado, a partir del inicio del RAT, por el OTASS de manera conjunta con la empresa prestadora. Se aprueba mediante Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS.

217.3. La ejecución del Plan de Acciones de Urgencia es de dieciocho (18) meses, como máximo. El OTASS financia la elaboración y ejecución del Plan de Acciones de Urgencia. Asimismo, el OTASS está facultado para realizar transferencias financieras destinadas a ejecutar acciones inmediatas de manera anticipada a la aprobación del Plan de Acciones de Urgencia, referidas en el párrafo 204.2 del artículo 204 del presente Reglamento, con el sustento técnico emitido por el área técnica competente y previo acuerdo de su Consejo Directivo.

217.4. El Plan de Acciones de Urgencia contiene, entre otros aspectos, el diagnóstico, acciones, actividades, metas e inversiones técnico operativas, comerciales e institucionales eficientes que, con carácter de urgencia, se implementan en la empresa prestadora para mejorar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, en términos de calidad, continuidad y cobertura.

El Plan se elabora sobre la base de las líneas de acción a que se refiere el párrafo 204.2 del artículo 204 del presente Reglamento.

217.5. La empresa prestadora es la responsable de la ejecución del Plan de Urgencia aprobado, encontrándose obligada a informar al OTASS, mensualmente, el avance de su ejecución, realizando el OTASS evaluación continua respecto de la mejora de los indicadores de gestión de carácter técnico y financiero de la empresa prestadora y la mejora del gobierno corporativo.

218.1. El Plan de Reflotamiento tiene por objetivo lograr la sostenibilidad de la empresa prestadora para la prestación de los servicios de saneamiento, a efectos de cubrir la brecha de acceso a dichos servicios, en condiciones de calidad.

218.2 El OTASS, en cualquier momento del Régimen de Apoyo Transitorio, previa evaluación, determina si la empresa prestadora requiere un Plan de Reflotamiento.

En caso de requerirse, el plan es elaborado por la empresa prestadora. La Sunass y el OTASS participan conjuntamente en la elaboración de dicho plan. El Plan de Reflotamiento es aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo del OTASS.

218.3. Aprobado el Plan de Reflotamiento por parte del OTASS, es recogido e incorporado al PMO por la empresa prestadora para su presentación ante la Sunass. En adelante, el PMO se constituye en el principal instrumento de gestión y de herramienta regulatoria.

218.4. El OTASS financia la elaboración del Plan de Reflotamiento y puede financiar su ejecución.

El Plan de Reflotamiento contiene, entre otros:

1. El diagnóstico, metas, planes, proyectos, inversiones y acciones a ejecutar para el reflotamiento de la empresa prestadora y la reversión de las causales que produjeron su incorporación al RAT.

2. La estructura de financiamiento de las inversiones es recogida en el PMO.

3. Las acciones para el fortalecimiento de la administración, gestión social y empresarial de la empresa prestadora.

4. Otros aspectos que determine el OTASS.

220.1. Las transferencias financieras que realiza el OTASS a las empresas prestadoras en función a lo regulado en el párrafo 80.2 del artículo 80 y en el párrafo 98.4 del artículo 98 de la Ley Marco y aquellas señaladas en el presente Reglamento son aprobadas por resolución del titular del pliego, requiriéndose informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho Organismo Técnico. La resolución del titular del pliego se publica en el diario oficial El Peruano.

220.2. El OTASS es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales les fueron entregados los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados sólo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme al presente artículo.

El Plan de Reflotamiento puede ser modificado, cumpliendo con las disposiciones que apruebe el OTASS.

222.1. El PMO de la empresa prestadora incorporada al RAT se modifica o elabora de acuerdo al Plan de Reflotamiento, para lo cual la Sunass aprueba un procedimiento simplificado para la modificación del estudio tarifario correspondiente, a fin de garantizar la sostenibilidad de la gestión de la empresa prestadora, mediante la aprobación de tarifas que den soporte a la inversión, operación y mantenimiento de los sistemas, dando cumplimiento a las metas de reflotamiento.

222.2. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, iniciado el RAT el OTASS puede solicitar a la Sunass la autorización para el uso del Fondo de Inversiones de la empresa prestadora, con la finalidad de financiar la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia y del Plan de Reflotamiento, según corresponda.

223.1. Durante el RAT, el Plan de Reflotamiento es de cumplimiento obligatorio para el personal directivo y gerencial de las empresas prestadoras, bajo responsabilidad. Constituye a su vez, el instrumento a partir del cual el OTASS evalúa el desempeño de los órganos de dirección de la empresa prestadora.

223.2. Los profesionales encargados pertenecientes al OTASS, el gestor contratado o el Directorio designado en la empresa prestadora incorporada al RAT, según sea el caso, son responsables de la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia y del Plan de Reflotamiento aprobados, encontrándose obligados a informar al OTASS, mensualmente, el avance en su ejecución, realizando el OTASS evaluación continua respecto de la mejora de los indicadores de gestión de carácter técnico y financiero de la empresa prestadora y la mejora del gobierno corporativo.

224.1. La Sunass, cada tres (3) años de iniciado el RAT, o cuando el OTASS acredite que la empresa prestadora no incurre en ninguna causal que motive su continuidad dentro del RAT, efectúa la evaluación a que se refiere el artículo 102 de la Ley Marco, la cual consta en un informe que tiene por objeto sustentar y proponer al OTASS, la continuidad o conclusión del RAT de la empresa prestadora.

224.2. La primera evaluación periódica toma en cuenta la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia de la empresa prestadora, así como el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Reflotamiento, en caso este se encuentre aprobado.

224.3. En las evaluaciones correspondientes a los periodos sucesivos, se considera el cumplimiento de las metas de gestión establecidas en las resoluciones tarifarias de la empresa prestadora, como resultado de la aplicación del RAT y las fijadas en el Plan de Reflotamiento de la empresa prestadora.

225.1. El RAT concluye si, como consecuencia de la evaluación periódica, la Sunass verifica las siguientes condiciones de manera conjunta:

1. La(s) causal(es) que motivaron el ingreso al citado régimen se han revertido; y,

2. La empresa no se encuentra incursa en ninguna otra causal de ingreso al régimen.

225.2. La conclusión del RAT se declara mediante acuerdo del Consejo Directivo del OTASS, y para que surta efectos requiere de su ratificación por el Ente Rector mediante Resolución Ministerial, la cual se inscribe en los registros públicos dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su publicación.

225.3. Concluido el RAT, se reestablece las atribuciones de las municipalidades como accionistas de las empresas prestadoras y responsables de la prestación de los servicios, de acuerdo al procedimiento que establezca el Ente Rector a propuesta del OTASS.

225.4. Los órganos de dirección de la empresa prestadora mantienen sus funciones hasta que se conforme íntegramente el Directorio y se designe al gerente general según lo establecido en el artículo 52 y 58 de la Ley Marco.

Las empresas prestadoras en las que se haya declarado la conclusión del RAT continúan siendo evaluadas por la Sunass, de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

254.1. El prestador de servicios de saneamiento elabora el requerimiento del servicio en base a la Propuesta aprobada por la Sunass, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF o norma que lo sustituya.

254.2. El requerimiento establecerá el plazo máximo para el inicio de la prestación efectiva del servicio de abastecimiento de agua o de tratamiento de agua residual, el mismo que no podrá ser mayor a treinta y seis (36) meses computados desde la fecha de suscripción del contrato con los potenciales proveedores. Este plazo no forma parte de los plazos máximos para ambas alternativas señaladas en el artículo 115 del TUO de la Ley Marco.

255.1. En adición a lo establecido en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF o norma que las sustituya, las bases del procedimiento de selección establecen las condiciones que deben cumplir los postores, conforme a lo siguiente:

1. Para el servicio de abastecimiento de agua, debe requerir como mínimo:

   1.1. Si el abastecimiento es efectuado a través de agua superficial:

   1. Los postores deben contar con la acreditación de disponibilidad hídrica con fines poblacionales otorgada por la ANA.

   2. En el caso que los postores cuenten con volúmenes de agua disponibles comprendidos en el derecho de uso de agua otorgado al/los postor/es, se debe presentar el compromiso de obtener la autorización respectiva otorgada por la ANA, de acuerdo al procedimiento que para dicho fin apruebe la citada entidad, en el marco de sus competencias y funciones.

      1.2. Si el abastecimiento es efectuado a través de agua subterránea:

   1. Los postores que cuenten con licencia de uso de agua subterránea con fines productivos, deben presentar el compromiso para obtener la autorización de la ANA para suministrar al prestador de servicios de saneamiento, los excedentes de la capacidad de extracción para el uso poblacional con la finalidad de suministrarla al prestador de servicios de saneamiento; o,

   2. Los postores que no cuenten con licencia de uso de agua, deben presentar la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea con fines poblacionales.

      1.3. Si el abastecimiento es efectuado a través de agua desalinizada:

   1. Los postores que cuenten con licencia de uso de agua desalinizada, deben presentar el compromiso para obtener la autorización de la ANA para suministrar al prestador de servicios de saneamiento, el agua desalinizada que producen; o,

   2. Los postores que no cuenten con licencia de uso de agua desalinizada, deben presentar el compromiso para tramitar el derecho de uso de área acuática y la autorización de la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, ante la autoridad marítima y la ANA, respectivamente.

      1.4. Si el abastecimiento es efectuado a través de agua residual tratada:

   1. Licencia de uso de agua otorgada por la ANA con fines productivos.

   2. Autorización de vertimiento de agua residual tratada vigente.

   3. Compromiso para tramitar la autorización del reúso de agua residual tratada a favor del prestador de servicios de saneamiento en caso resulte ganador de la buena pro.

2. Para el servicio de tratamiento de aguas residuales, se debe requerir como mínimo, acreditar la titularidad, posesión pública y pacífica, o compromiso de adquisición del predio donde se prestará el servicio.

   255.2. El otorgamiento de la buena pro al postor, constituye requisito previo para que la ANA otorgue la licencia de uso de agua con fines poblacionales según lo previsto en la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final del TUO de Ley Marco, así como las autorizaciones para el suministro de agua subterránea, desalinizada o residual, según corresponda.

256.1. La Sunass determina el(los) precio(s) máximo(s) unitario(s) por cada tipo de fuente de agua y/o calidad del agua residual tratada, según corresponda, teniendo en consideración la Propuesta presentada por el prestador de servicios de saneamiento, pudiendo contemplar, entre otros, los actuales componentes respectivos del costo medio, el costo de oportunidad de la inversión en infraestructura, el costo eficiente de la provisión del servicio, el costo de las posibles alternativas tecnológicas.

256.2. La Sunass entrega, al Comité de Selección, el(los) precio(s) máximo(s) unitario(s) en sobre cerrado en la diligencia de entrega de ofertas del proceso de selección, bajo responsabilidad. La Sunass es responsable de su confidencialidad.

El prestador de servicios de saneamiento se encuentra obligado a publicar la convocatoria, adicionalmente a la realizada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en su portal institucional, el mismo día de la publicación en el SEACE por el plazo que dure el procedimiento de selección hasta que la buena pro quede firme o consentida, así como un aviso de la publicación efectuada en un medio de comunicación escrito de mayor circulación de la localidad, dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la publicación en el SEACE, a fin que los proveedores tengan conocimiento de la convocatoria del procedimiento de selección. En caso que un prestador de servicios de saneamiento no cuente con portal institucional y/o no cuente con recursos para publicar la convocatoria en un medio de comunicación escrito de mayor circulación de su localidad, debe publicar un aviso en el frontis de su local institucional, por el plazo que dure el procedimiento de selección hasta que la buena pro quede firme o consentida.

El(los) postor(es) presenta(n) su oferta económica expresada en Soles por metro cúbico suministrado (S/ / m3) o metro cúbico a tratar; no obstante, adicionalmente deberán presentar la estructura de costos interna dividida en costos de infraestructura y costos de operación y mantenimiento, en formato electrónico, incluyendo las fórmulas.

259.1. La adjudicación de la buena pro se realiza sobre la(s) oferta(s) presentada(s) que obtenga(n) el mejor puntaje y por la cantidad que hubiese ofertado, hasta satisfacer el requerimiento del prestador de servicios de saneamiento, siempre que no se supere el(los) precio(s) máximo(s) unitario(s) correspondiente(s).

259.2. El saldo del requerimiento no atendido por el postor ganador es otorgado a los postores que le sigan, respetando el orden de prelación, siempre que cumplan con los requisitos de calificación y los precios ofertados no sean superiores a(los) precio(s) máximo(s) unitario(s) correspondiente(s).

259.3 . En el caso que el(los) precio(s) ofertado(s) supere(n) el(los) precio(s) máximo(s) unitario(s) en cada caso, para efectos de otorgarse la buena pro, el(los) postores tiene(n) la opción de reducir su oferta para adecuarse a dicha condición.

El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato. No obstante, el prestador de servicios de saneamiento se encuentra facultado para determinar una fecha diferente del inicio del contrato, el cual se encuentra supeditado al cumplimiento de las condiciones para su inicio.

261.1. El contrato establece las penalidades aplicables al proveedor ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el prestador de servicios de saneamiento, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

261.2. El prestador de servicios de saneamiento prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades, como es el caso de lo siguiente:

1. Corte del servicio;

2. Incumplimiento de la continuidad;

3. Presión por debajo de lo establecido contractualmente;

4. Incumplimiento de los estándares mínimos de calidad de agua o del agua residual tratada;

5. Incumplimiento del plazo establecido para el inicio efectivo del servicio; o,

6. Otros conceptos establecidos en los documentos del procedimiento de selección.

261.3. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

261.4. Estas penalidades se deducen de los pagos periódicos o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

261.5. La forma de cálculo de cada penalidad y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, será determinada en los documentos del procedimiento de selección.

261.6. Los prestadores de servicios de saneamiento, pueden considerar otras penalidades para los servicios de abastecimiento de agua y de tratamiento de aguas residuales, siempre que las mismas sean objetivas, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

261.7. Lo dispuesto en el presente artículo se aplica siempre y cuando los incumplimientos sean atribuibles al Contratista.

262.1. El pago por la prestación de los servicios contratados se realiza a partir del inicio efectivo del servicio de abastecimiento de agua o del servicio de tratamiento de aguas residuales contratado, según sea el caso, el cual es realizado luego de vencido el ciclo de facturación de los usuarios del servicio de saneamiento, y conforme a la modalidad y periodo(s) determinado(s) en las bases del procedimiento de selección.

262.2. En los contratos materia del presente Capítulo, no se considera la entrega de adelantos.