Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD)

TÍTULO I Disposiciones generales Artículos 1 a 4
ARTÍCULO 1 Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd)

Créase el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar los riesgos asociados a peligros, priorizar la prevención para evitar la generación de nuevos riesgos, reducir o minimizar sus efectos, así como, la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia o desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

ARTÍCULO 2 Ámbito de aplicación de la Ley

La Ley es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como para el sector privado y la ciudadanía en general. En ese marco, toda referencia genérica a entidades públicas, en la presente Ley, su reglamento y las disposiciones que a su amparo se emitan, se entiende referida a las entidades públicas a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y empresas públicas de todos los niveles de gobierno.

ARTÍCULO 3 Definición de Gestión del Riesgo de Desastres

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible.

La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado.

ARTÍCULO 4 Principios de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)

Los principios generales que rigen la Gestión del Riesgo de Desastres son los siguientes:

  1. Principio protector: La persona humana es el fin supremo de la Gestión del Riesgo de Desastres, por lo cual debe protegerse su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir.

  2. Principio de bien común: La seguridad y el interés general son condiciones para el mantenimiento del bien común. Las necesidades de la población afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares y orientan el empleo selectivo de los medios disponibles.

  3. Principio de subsidiariedad: Busca que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía. El nivel nacional, salvo en sus ámbitos de competencia exclusiva, solo interviene cuando la atención del desastre supera las capacidades del nivel regional o local.

  4. Principio de equidad: Se garantiza a todas las personas, sin discriminación alguna, la equidad en la generación de oportunidades y en el acceso a los servicios relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres.

  5. Principio de eficiencia: Las políticas de gasto público vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión orientada a resultados con eficiencia, eficacia y calidad.

  6. Principio de acción permanente: Los peligros naturales o los inducidos por el hombre exigen una respuesta constante y organizada que nos obliga a mantener un permanente estado de alerta, explotando los conocimientos científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres.

  7. Principio sistémico: Se basa en una visión sistémica de carácter multisectorial e integrada, sobre la base del ámbito de competencias, responsabilidades y recursos de las entidades públicas, garantizando la transparencia, efectividad, cobertura, consistencia, coherencia y continuidad en sus actividades con relación a las demás instancias sectoriales y territoriales.

  8. Principio de auditoría de resultados: Persigue la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y metas establecidas. La autoridad administrativa vela por el cumplimiento de los principios, lineamientos y normativa vinculada a la Gestión del Riesgo de Desastres, establece un marco de responsabilidad y corresponsabilidad en la generación de vulnerabilidades, la reducción del riesgo, la preparación, la atención ante situaciones de desastre, la rehabilitación y la reconstrucción.

  9. Principio de participación: Se fundamenta en el rol activo que presta la sociedad civil y el sector privado, de manera organizada y democrática, en la Gestión del Riesgo de Desastres, así como en la promoción de los mecanismos y procedimientos de dicha participación por parte de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres competentes, con pertinencia cultural y lingüística.

  10. Principio de autoayuda: Se fundamenta en que la mejor ayuda, la más oportuna y adecuada es la que surge de la persona misma y la comunidad, en su búsqueda de la protección y preservación personal, a través de la adopción de medidas y acciones para la prevención y la adecuada autopercepción de exposición al riesgo, preparándose para minimizar los efectos de una emergencia o desastre, considerando las características culturales de la población.

  11. Principio de gradualidad: Se basa en un proceso secuencial en tiempos y alcances de implementación eficaz y eficiente de los procesos que garanticen la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a las realidades políticas, históricas y socioeconómicas.

  12. Principio de solidaridad social: Se fundamenta en el deber de todos los integrantes de una colectividad, sean personas naturales o jurídicas, de aportar con su accionar en la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres, como un fin común.

  13. Principio de oportuna información: Se fundamenta en el deber de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) competentes de mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre las condiciones de riesgo, así como, sobre el accionar en gestión prospectiva, correctiva y reactiva, de manera oportuna y utilizando los canales de comunicación, para lo cual tienen en cuenta las diferentes condiciones sociales y culturales de la población.

  14. Principio de prevención: Se fundamente en el deber del Estado de promover políticas y acciones orientadas a prevenir, vigilar, reducir y evitar los impactos y riesgos ante los peligros de origen natural o inducidas por la acción humana que generan emergencias y desastres, considerando el contexto del cambio climático, a fin de proteger la vida y salud de las personas, sus medios de vida y el ambiente.

  15. Principio de sostenibilidad: Se fundamenta en el deber del Estado de promover la gestión equilibrada de los aspectos sociales, económicos y ambientales en la implementación de la gestión del riesgo de desastres.

TÍTULO II Política nacional de gestión del riesgo de desastres Artículos 5 a 7
ARTÍCULO 5 Definición y lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

5.1. La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas a identificar los riesgos asociados a peligros, priorizar la prevención para evitar la generación de nuevos riesgos, reducir o minimizar sus efectos y efectuar una adecuada preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencias o desastres, considerando las características culturales de la población.

5.2 Las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento.

5.3 Los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres son los siguientes:

  1. La Gestión del Riesgo de Desastres debe ser parte intrínseca de los procesos de planeamiento de todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. Las entidades públicas deben priorizar la implementación de actividades e inversiones de prevención y reducción del riesgo de acuerdo al ámbito de sus competencias.

  2. Las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos para la intervención en materia de Gestión del Riesgo de Desastres siguiendo el principio de gradualidad, establecido en la presente Ley.

  3. La generación de una cultura de la prevención en las entidades públicas, privadas y en la ciudadanía en general, como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, y la interiorización de la Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Educativo Nacional debe establecer mecanismos e instrumentos que garanticen este proceso.

  4. Fortalecer la institucionalidad y la generación de capacidades para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos institucionales; a través de la certificación de competencias profesionales, el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica, entre otros. Las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, integrantes del Sinagerd deben contar con funcionarios y servidores públicos con certificación de competencias profesionales en Gestión del Riesgo de Desastres, para el ejercicio de sus funciones en dicha materia.

  5. La promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e investigaciones relacionadas con la generación del conocimiento para la Gestión del Riesgo de Desastres.

  6. La integración de medidas de control, rendición de cuentas y auditoría ciudadana para asegurar la transparencia en la realización de las acciones, así como para fomentar procesos de desarrollo con criterios de responsabilidad ante el riesgo.

  7. El país debe contar con una adecuada capacidad de ejecución de acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres, así como de respuesta ante los desastres, con criterios de eficacia, eficiencia, aprendizaje y actualización permanente. Las capacidades de resiliencia y respuesta de las comunidades y de las entidades públicas deben ser fortalecidas, fomentadas y mejoradas permanentemente con pertinencia cultural y lingüística.

  8. Las entidades públicas del Poder Ejecutivo deben establecer y mantener los mecanismos estratégicos y operativos que permitan, priorizar la ejecución de acciones de prevención y reducción del riesgo, así como lograr una respuesta adecuada ante las situaciones de emergencia y de desastres de gran magnitud, de acuerdo a sus competencias. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables de desarrollar las acciones de la Gestión del Riesgo de Desastres, con plena observancia del principio de subsidiariedad.

  9. Las entidades públicas, de todos los niveles de gobierno, evalúan su respectiva capacidad financiera y presupuestaria para la atención de desastres y la fase de reconstrucción posterior, en el marco de las disposiciones legales vigentes. El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa e identifica mecanismos que sean adecuados y costo-eficientes, con el objeto de contar con la capacidad financiera complementaria para tal fin.

ARTÍCULO 6 Componentes y procesos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

6.1 La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se establece sobre la base de los siguientes componentes:

  1. Gestión prospectiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en el territorio.

  2. Gestión correctiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente.

  3. Gestión reactiva: Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo.

    6.2 La implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas con los siguientes procesos:

  4. Estimación del riesgo: Acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres.

  5. Prevención y reducción del riesgo: Acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.

  6. Preparación, respuesta y rehabilitación: Acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre.

  7. Reconstrucción: Acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas.

    6.3 Todas las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables de incluir en sus procesos institucionales estos componentes y procesos, siguiendo los mecanismos e instrumentos particulares que sean pertinentes.

ARTÍCULO 7 Integración y articulación con otras políticas transversales

7.1. La Gestión del Riesgo de Desastres comparte instrumentos, mecanismos y procesos con otras políticas del Estado y con las políticas internacionales vinculadas con la presente Ley. Los responsables institucionales aseguran la adecuada integración y armonización de criterios, con especial énfasis en las políticas vinculadas a salud, educación, ciencia y tecnología, planificación del desarrollo, ambiente, inversión pública, seguridad ciudadana, control y fiscalización, entre otras.

7.2. Durante la atención de una emergencia o desastre, de acuerdo a los niveles de emergencia regulados en el reglamento de la presente Ley, los lineamientos y mecanismos aprobados en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), prevalecen respecto de aquellos emitidos en el marco de otras políticas.

La Gestión del Riesgo de Desastres comparte instrumentos, mecanismos y procesos con otras políticas del Estado y con las políticas internacionales vinculadas con la presente Ley. Los responsables institucionales aseguran la adecuada integración y armonización de criterios, con especial énfasis en las políticas vinculadas a salud, educación, ciencia y tecnología, planificación del desarrollo, ambiente, inversión pública, seguridad ciudadana, control y fiscalización, entre otras.

TÍTULO III Organización del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres Artículos 8 a 18
ARTÍCULO 8 Objetivos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) tiene los siguientes objetivos:

  1. La identificación de los peligros, el análisis de las vulnerabilidades y el establecimiento de los niveles de riesgo para la toma de decisiones oportunas en la Gestión del Riesgo de Desastres.

  2. La articulación de los componentes y procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

  3. La promoción para la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de planificación del desarrollo y en el ordenamiento territorial.

  4. La prevención y reducción del riesgo, evitando gradualmente la generación de nuevos riesgos y limitando el impacto adverso de los peligros, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.

  5. La promoción de la participación de diferentes actores locales, de la sociedad civil y del sector privado en general, en la identificación de prioridades y el desarrollo de acciones subsidiarias pertinentes.

  6. La articulación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con otras políticas de desarrollo a escala nacional e internacional.

  7. La disposición de la información a través del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, para la formulación de planes, programas y proyectos.

  8. La atención oportuna de la población en emergencias, a través de los procesos adecuados para la preparación, respuesta y rehabilitación.

  9. La recuperación social, la reactivación económica y la reconstrucción, como consecuencia de un desastre, en el marco del proceso de planificación del desarrollo.

ARTÍCULO 9 Composición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) está compuesto por:

  1. La Presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector.

  2. El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

  3. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

  4. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

  5. Los gobiernos regionales y gobiernos locales.

  6. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

  7. Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las entidades privadas y la sociedad civil.

CAPÍTULO I Presidencia del consejo de ministros Artículo 10
ARTÍCULO 10 Atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros

La Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), tiene las siguientes atribuciones:

  1. Convocar, por disposición del Presidente de la República, al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

  2. Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para su aprobación mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del consejo de ministros, así como conducir, supervisar y fiscalizar el adecuado funcionamiento del Sinagerd.

  3. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, junto con los programas y estrategias necesarias para cada proceso, así como supervisar su adecuada implementación, sobre la base de las competencias y responsabilidades que le establecen la ley y los reglamentos respectivos.

  4. Integrar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para los procesos.

  5. Velar por el cumplimiento de las políticas e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

  6. Desarrollar acciones y establecer mecanismos específicos y permanentes de coordinación que aseguren una adecuada articulación de las funciones del Cenepred y del Indeci.

  7. Aprobar directivas y lineamientos en los ámbitos relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres, con la opinión favorable previa del Cenepred y del Indeci, según corresponda. En las materias que involucran aspectos de competencia de otros sistemas administrativos y funcionales coordinar con los entes rectores de los mismos, el desarrollo y aprobación de disposiciones normativas que se requieran para el adecuado funcionamiento del Sinagerd.

  8. Coordinar con las entidades públicas para que emitan y velen por el cumplimiento de la normativa relacionada con el uso y ocupación del territorio, las normas de edificación y demás regulaciones vinculadas al desarrollo, considerando la Gestión del Riesgo de Desastres.

  9. Organizar, administrar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, generado por los organismos públicos técnico-científicos relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres, coordinando, para tal fin, con los órganos y entidades públicas que corresponda.

  10. En situaciones de desastres de gran magnitud, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, proponer al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el esquema institucional y financiero de reconstrucción, sobre la base de un análisis de vulnerabilidades, daños y necesidades. Este esquema tiene presente las competencias de los gobiernos regionales y gobiernos locales, la existencia de capacidades en la sociedad civil organizada y el principio de subsidiariedad, según lo establecido en la presente Ley.

  11. Velar por la efectiva operatividad de todos los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

  12. Informar al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, anualmente y cuando dicho consejo nacional lo requiera, sobre la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

  13. Promover el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica, así como la certificación de competencias profesionales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno; en coordinación con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el marco de sus competencias.

CAPÍTULO II Consejo nacional de gestión del riesgo de desastres Artículo 11
ARTÍCULO 11 Definición, funciones y composición del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

11.1 El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica, para la funcionalidad de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el país. Tiene las siguientes funciones:

  1. Efectuar el seguimiento de la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptando las medidas necesarias con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento.

  2. En situación de impacto o peligro inminente de desastres de gran magnitud, establecer una plataforma de coordinación y decisión política, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Para esto, el consejo nacional decide cuáles de sus miembros se mantienen activos durante el período determinado y qué miembros de otras entidades deben participar en calidad de asesoría técnica especializada.

    11.2 El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está integrado por:

  3. El Presidente de la República, quien lo preside.

  4. El Presidente del Consejo de Ministros, que asume la Secretaría Técnica.

  5. El Ministro de Relaciones Exteriores.

  6. El Ministro de Defensa.

  7. El Ministro de Economía y Finanzas.

  8. El Ministro del Interior.

  9. El Ministro de Educación.

  10. El Ministro de Salud.

  11. El Ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

  12. El Ministro de Energía y Minas.

  13. El Ministro de Transportes y Comunicaciones.

  14. El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

  15. El Ministro del Ambiente.

  16. El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social.

    El Presidente de la República puede convocar a otros ministros o a otras entidades públicas, privadas, especialistas nacionales o internacionales cuando la necesidad lo requiera.

CAPÍTULO III Centro nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres (CENEPRED) Artículo 12
ARTÍCULO 12 Definición y funciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred)

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) es un organismo público ejecutor, con calidad de pliego presupuestal, adscrito a laPresidencia del Consejo de Ministros, con las siguientes funciones:

  1. Asesorar y proponer al ente rector el contenido de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente a estimación, prevención y reducción del riesgo.

  2. Proponer al ente rector los lineamientos de política para el proceso de reconstrucción, sobre la base de la información a que se refiere el literal i) del párrafo 5.3 del artículo 5 de la presente Ley.

  3. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que corresponde a los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo de desastres promoviendo su implementación.

  4. Asesorar en el desarrollo de las acciones y procedimientos que permitan identificar los peligros de origen natural o los inducidos por el hombre, analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres.

  5. Establecer los lineamientos para la elaboración de planes de prevención y reducción del riesgo, lo que implica adoptar acciones que se orienten a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.

  6. Elaborar los lineamientos para el desarrollo de los instrumentos técnicos que las entidades públicas puedan utilizar para la planificación, organización, ejecución y seguimiento de las acciones de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres.

  7. Establecer mecanismos que faciliten el acceso público a la información geoespacial y los registros administrativos, generados por los organismos públicos técnico-científicos, relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres, coordinando, para tal fin, con los órganos y entidades públicas que corresponda.

  8. Proponer al ente rector los mecanismos de coordinación, participación, evaluación y seguimiento necesarios para que las entidades públicas pertinentes, en todos los niveles de gobierno, desarrollen adecuadamente los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres de su competencia.

  9. Supervisar la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en lo referido a los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres.

  10. Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres.

  11. Emitir normativa complementaria en materia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y liderar a nivel nacional su supervisión.

  12. Promover el desarrollo de capacidades e incorporación de mecanismos eficientes, estandarizados y predecibles para las Inspecciones Técnicas Seguridad en Edificaciones, con la participación del sector privado.

  13. Otras que disponga el reglamento.

CAPÍTULO IV Instituto nacional de defensa civil (INDECI) Artículo 13
ARTÍCULO 13 Definición y funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) es un organismo público ejecutor, con calidad de pliego presupuestal, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con las siguientes funciones:

  1. Asesorar y proponer al ente rector el contenido de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente a preparación, respuesta y rehabilitación.

  2. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que corresponde a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, promoviendo su implementación.

  3. Realizar y coordinar las acciones necesarias a fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables.

  4. Conducir y coordinar, con las entidades públicas responsables, las acciones que se requieran para atender la emergencia y asegurar la rehabilitación de las áreas afectadas.

  5. Elaborar los lineamientos para el desarrollo de los instrumentos técnicos que las entidades públicas puedan utilizar para la planificación, organización, ejecución y seguimiento de las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación.

  6. Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y proponer al ente rector los criterios de participación de las diferentes entidades públicas en éste. Asimismo, brindar el apoyo técnico y estratégico necesario a los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

  7. Coordinar con los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales la evaluación de daños y el análisis de necesidades en caso de desastre y generar las propuestas pertinentes para la declaratoria del estado de emergencia.

  8. Supervisar la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en lo referido a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.

  9. Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la preparación, respuesta y rehabilitación.

  10. Otras que disponga el reglamento.

CAPÍTULO V Gobiernos regionales y gobiernos locales Artículo 14
ARTÍCULO 14 Gobiernos regionales y gobiernos locales

14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del Sinagerd, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, así como de Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento.

14.2 Los gobernadores regionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de Gestión del Riesgo de Desastres.

14.3 Los gobiernos regionales y gobiernos locales constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Esta función es indelegable.

14.4 Los gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la adecuada armonización de los procesos de ordenamiento del territorio y su articulación con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sus procesos.

14.5 Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables directos de incorporar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su competencia político administrativa, con el apoyo de las demás entidades públicas y con la participación del sector privado. Los gobiernos regionales y gobiernos locales ponen especial atención en el riesgo existente y, por tanto, en la gestión correctiva.

14.6 Los gobiernos regionales y gobiernos locales que generan información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, según la normativa del ente rector. La información generada es de acceso gratuito para las entidades públicas.

14.7 Los gobiernos locales son competentes para ejecutar la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, de acuerdo a lo siguiente.

  1. La Municipalidad Provincial y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del cercado.

  2. La Municipalidad Distrital, sobre el territorio de su distrito.

    14.8. Los gobiernos locales son competentes para evaluar las condiciones de seguridad en los espectáculos públicos deportivos y no deportivos, conforme a lo siguiente:

  3. Para espectáculos de hasta 3,000 personas:

    1. La Municipalidad Provincial y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado

    2. La Municipalidad Distrital, en el ámbito de la jurisdicción de su distrito.

  4. Para espectáculos mayores de 3,000 personas, la municipalidad provincial y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito de la provincia, incluyendo los distritos que la conforman.

CAPÍTULO VI Centro nacional de planeamiento estratégico (ceplan) Artículo 15
ARTÍCULO 15 Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan)

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) coordina con el ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a fin de incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Para estos fines, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) debe:

  1. Incluir la Gestión del Riesgo de Desastres en las metodologías e instrumentos técnicos relacionados a la planificación estratégica del desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del país.

  2. Promover el fortalecimiento de capacidades para el planeamiento estratégico mediante la cooperación y acuerdos entre los sectores público y privado en el proceso de formulación de los planes estratégicos nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, así como en la ejecución de los programas y proyectos priorizados en esos ámbitos, considerando las políticas en Gestión del Riesgo de Desastres.

CAPÍTULO VII Entidades públicas, fuerzas armadas, policía nacional del perú, entidades privadas y sociedad civil Artículos 16 a 18
SUBCAPÍTULO I Entidades públicas Artículo 16
ARTÍCULO 16 Entidades públicas

16.1 Los ministros son las máximas autoridades responsables de la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

16.2 Las entidades públicas constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Esta función es indelegable.

16.3 Las entidades públicas incorporan en sus procesos de desarrollo la Gestión del Riesgo de Desastres, considerando lo establecido en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los planes nacionales respectivos.

16.4 El Ministerio de Economía y Finanzas tiene a su cargo la evaluación e identificación de los mecanismos adecuados y costo-eficientes que permitan al Estado contar con la capacidad financiera para el manejo de desastres de gran magnitud y su respectiva reconstrucción, así como los mecanismos pertinentes de gestión financiera del riesgo de desastres.

16.5 Las entidades públicas generan las normas, los instrumentos y los mecanismos específicos necesarios para apoyar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos institucionales de los gobiernos regionales y gobiernos locales. En el reglamento se desarrolla las funciones específicas y los procedimientos que deben cumplir las entidades públicas integrantes del Sinagerd.

16.6 Las entidades públicas que generen información técnica y científica sobre peligros y amenazas, vulnerabilidad y riesgo están obligadas a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. La información generada es de acceso gratuito para las entidades públicas.

SUBCAPÍTULO II Participación de las fuerzas armadas y la policía nacional del perú Artículo 17
ARTÍCULO 17 Participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú

17.1 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú participan en la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente a la preparación y respuesta ante situaciones de desastre, de acuerdo a sus competencias y en coordinación y apoyo a las autoridades competentes, conforme a las normas del Sinagerd.

17.2 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú participan de oficio en la atención de situaciones de emergencia que requieran acciones inmediatas de respuesta, realizando las tareas que les compete aún cuando no se haya declarado un estado de emergencia.

17.3 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú establecen las previsiones presupuestales correspondientes a fin de asegurar su participación en la atención de situaciones de emergencia que requieran acciones inmediatas de respuesta. En ese orden, mantienen en situación de disponibilidad inmediata aeronaves, embarcaciones y otros vehículos, así como recursos humanos, materiales e infraestructura necesarios para su empleo en casos de situaciones extraordinarias de emergencias y desastres, de acuerdo a sus planes de contingencia.

SUBCAPÍTULO III Participación de las entidades privadas y la sociedad civil Artículo 18
ARTÍCULO 18 Participación de las entidades privadas y la sociedad civil

18.1 La participación de las entidades privadas y de la sociedad civil constituye un deber y un derecho para la puesta en marcha de una efectiva Gestión del Riesgo de Desastres, sustentado en el principio de participación.

18.2 Todas las personas naturales o jurídicas privadas enmarcan su accionar en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos dados por la autoridad administrativa competente, encontrándose facultadas para organizarse a nivel de organizaciones sociales y de voluntariado a fin de optimizar el cumplimiento de sus actividades vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres.

18.3 En el desarrollo de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene especial relevancia la participación de las universidades privadas, empresas mineras, pesqueras, de hidrocarburos, de energía, de transporte aéreo, marítimo y terrestre, de construcción, de servicios logísticos, de comunicaciones, así como las agremiaciones, colegios profesionales y organismos no gubernamentales.

Las entidades privadas cuyos fines o actividades se vinculan directa o indirectamente con los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y que por su nivel de especialización técnica, científica y estratégica, brindan asesoramiento y apoyo al ente rector y a los gobiernos regionales en el marco de convenios, planes nacionales y regionales o en caso de emergencias y desastres oficialmente declarados.

18.4 La participación ciudadana se da a través de las organizaciones sociales y de voluntariado, que constituyen la base social de organizaciones tales como la Cruz Roja Peruana, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, juntas vecinales, comités parroquiales, de instituciones educativas y empresariales.

TÍTULO IV Instrumentos del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres (SINAGERD) Artículo 19
ARTÍCULO 19 Instrumentos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd)

Los instrumentos del Sinagerd que deben ser establecidos son:

  1. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres integra los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta y rehabilitación, y reconstrucción, tiene por objeto establecer las acciones estratégicas y actividades operativas multisectoriales para concretar lo establecido en la presente ley. En el diseño del plan, se consideran los programas presupuestales estratégicos vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres y otros programas que estuvieran relacionados con el objetivo del plan, en el marco del presupuesto por resultado.

    El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres sirve de marco para la elaboración de los planes específicos que son aprobados por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, de acuerdo a sus competencias, bajo responsabilidad. Para lo cual, el ente rector de Sinagerd aprueba los lineamientos sobre las competencias, formulación, aprobación, implementación y periodicidad de los planes específicos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.

  2. La estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, con cobertura a nivel nacional.

  3. Los mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de la información en situaciones de impacto de desastres son desarrollados en el reglamento de la presente Ley. Es obligatoria la participación de las instituciones y organizaciones vinculadas con la respuesta a desastres. Corresponde a los presidentes de los gobiernos regionales y alcaldes la convocatoria de los espacios de coordinación respectivos, fomentando la participación de actores institucionales, de la sociedad civil organizada y del sector privado. Asimismo, participan de dichos espacios los representantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y de la Cruz Roja Peruana.

  4. El Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, que incluye la generación y articulación del conocimiento sobre las características y el estado actual o probable de peligros, su distribución espacial y temporal, los factores de vulnerabilidad y el dimensionamiento del riesgo. Considera tanto la información técnico-científica y especializada, así como el saber histórico y tradicional de las poblaciones expuestas.

  5. La Radio Nacional de Defensa Civil y del Medio Ambiente, que hace uso de una frecuencia reservada para el Estado comprendida en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, administrada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), con la finalidad de mantener permanentemente informada a la población sobre temas vinculados a la preparación, respuesta y rehabilitación frente a los peligros, emergencias y desastres naturales.

TÍTULO V Infracciones y sanciones Artículos 20 a 25
ARTÍCULO 20 Potestad Sancionadora

20.1. La Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector del Sinagerd, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres o la que haga sus veces, ejerce la potestad sancionadora estableciendo la responsabilidad administrativa de los evaluadores de riesgo, profesionales y técnicos, externos a las entidades públicas integrantes del Sinagerd, que participan en cualquier proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de las normas sobre la materia, que incurran en las infracciones establecidas en la presente Ley, e impone las sanciones respectivas.

20.2. El procedimiento sancionador es iniciado de oficio, por el órgano competente de la Presidencia del Consejo de Ministros, previo informe favorable emitido por el Centro Nacional de Prevención y Estimación del Riesgo de Desastres (Cenepred) o el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), según corresponda, por denuncia motivada, por petición motivada de las entidades públicas integrantes del Sinagerd o de otros órganos públicos o como consecuencia de orden superior, en el marco de lo establecido en el reglamento de la presente Ley.

20.3. La potestad sancionadora de la Presidencia del Consejo de Ministros se ejerce, sin perjuicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República y de los gobiernos locales, en el marco de las normas sobre la materia.

ARTÍCULO 21 Infracciones

21.1 Constituyen infracciones los actos u omisiones en que incurren los evaluadores de riesgo, los profesionales y los técnicos que participan en cualquier proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de las normas sobre la materia, que contravienen las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en las normas dispuestas por el ente rector del Sinagerd.

21.2 Constituyen infracciones las siguientes:

  1. Consignar información falsa en los informes, estudios y documentos técnicos, que se constituyen en sustento para la toma de decisiones, otorgamiento de permisos o autorizaciones por parte de las entidades públicas integrantes del Sinagerd.

  2. La formulación de informes, estudios y documentos técnicos contrarios a lo establecido en la presente ley, su reglamento, y/o que no cumplan con los criterios y contenidos establecidos en los lineamientos aprobados por el ente rector del Sinagerd, así como las normas sobre la materia; los mismos que se constituyen en sustento para la toma de decisiones, otorgamiento de permisos o autorizaciones por parte de las entidades públicas integrantes del Sinagerd.

21.3 El Reglamento de la presente Ley desarrolla lo establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO 22 Sanciones

22.1 Las infracciones tipificadas en el artículo 21, dan lugar a la imposición de multas, suspensión o revocación de acreditación y/o certificación respectiva.

22.2 Los criterios para la gradualidad de las sanciones y otras disposiciones para la aplicación de las mismas se establecen en el reglamento de la presente Ley.

22.3 La imposición de sanciones administrativas no exime a los infractores de la responsabilidad civil o penal a la que hubiera lugar.

ARTÍCULO 23 Medidas de carácter provisional

23.1 La Presidencia del Consejo de Ministros puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional contra los evaluadores de riesgo, los profesionales y los técnicos que participan en cualquier proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres, que cometan las infracciones establecidas en el artículo 21, para asegurar la eficacia de la resolución final.

23.2 La Presidencia del Consejo de Ministros de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, debe levantarla o modificar la medida provisional impuesta, sustituyéndola por otra, según se requiera.

ARTÍCULO 24 Prescripción

24.1 La facultad para imponer sanción por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del día en que la infracción hubiera sido cometida o desde que cesó, si fuera una acción continuada.

24.2 El plazo de prescripción se suspende con el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

ARTÍCULO 25 Responsabilidad de los/as funcionarios/as y servidores/as públicos

25.1 Las entidades públicas de los tres niveles de gobierno inician de oficio los procedimientos disciplinarios ante la comisión de una falta por parte de los funcionarios y servidores, en el marco de las normas sobre la materia; sin perjuicio de la facultad del ente rector del Sinagerd para notificar el incumplimiento de las normas del Sinagerd a las mencionadas entidades.

25.2 Los funcionarios y servidores de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno que incumplan las obligaciones en el marco de la presente ley y su reglamento, así como las normas dispuestas por el ente rector del Sinagerd incurren en responsabilidad administrativa disciplinaria, la misma que es sancionada conforme a su régimen laboral o contractual aplicable.

25.3 Sin perjuicio de las faltas disciplinarias establecidas en las normas sobre la materia, según el régimen laboral o contractual aplicable, constituyen faltas muy graves las siguientes:

  1. La omisión de formular los planes específicos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de sus competencias, de acuerdo a lo regulado por el ente rector del Sinagerd.

  2. La formulación de planes específicos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres deficientes y contrarios a lo establecido en las normas dispuestas por el ente rector del Sinagerd.

  3. Permitir la ocupación de población con fines de vivienda en zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable, de acuerdo a la normativa sobre la materia.

  4. La omisión de la implementación de medidas correctivas contenidas en los informes técnicos, reportes u otros documentos emitidos por las entidades competentes del Sinagerd.

  5. Consignar información falsa en los informes, estudios y documentos técnicos, que se constituyen en sustento para la toma de decisiones, otorgamiento de permisos o autorizaciones por parte de las entidades integrantes del Sinagerd.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Reglamento

El Poder Ejecutivo elabora el reglamento de la presente Ley para su aprobación mediante decreto supremo, dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles contado a partir de la publicación de la misma.

SEGUNDA.- Implementación de la estructura funcional

A fin de asegurar el fortalecimiento de las capacidades nacionales de preparación, respuesta y rehabilitación, como parte de la Gestión del Riesgo de Desastres, se autoriza al Indeci a adecuar su estructura orgánica a las funciones establecidas en la presente Ley, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

El Programa de Reducción de Vulnerabilidades Frente al Evento Recurrente de El Niño (Preven) se constituye en el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), realizándose las transferencias de partidas que se requieren conforme a las disposiciones legales mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. Asimismo, se aprueba la estructura orgánica del Cenepred.

Para tales efectos, se establece un plazo de sesenta (60) días hábiles contado a partir de la publicación del reglamento de la presente Ley.

TERCERA.- Recursos para la implementación del Sinagerd

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir recursos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con cargo a la reserva de contingencia, y con sujeción a los principios constitucionales de equilibrio y programación presupuestaria, las reglas macro fiscales y la estabilidad presupuestaria, a efectos de la implementación de las acciones a cargo de dicha entidad de acuerdo a la presente Ley.

CUARTA.- Coordinación con el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) coordina con el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, y de Movilización Nacional creada por la Ley núm. 28101, Ley de Movilización Nacional, y su reglamento, según corresponda en el ámbito de sus competencias.

QUINTA.- Propuestas de las organizaciones políticas en materia de Gestión del Riesgo de Desastres

Las organizaciones políticas incluyen en su ideario o programa de partido, propuestas en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a la ley de la materia.

SEXTA.- Planes de prevención y atención de desastres

El Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, así como los demás planes derivados de dicho plan nacional, aprobados en las instancias correspondientes a nivel nacional, mantienen su vigencia en lo relativo a la preparación, respuesta y rehabilitación, hasta la aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a la presente Ley.

SÉPTIMA.- Vigencia

La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de la publicación de su reglamento en el diario oficial El Peruano.

OCTAVA.- Implementación progresiva de la Certificación de Competencias profesionales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres

Las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, de manera progresiva, deben exigir a sus funcionarios y servidores públicos, profesionales en Gestión del Riesgo de Desastres, contar con certificación de competencias profesionales expedida en el marco de la normatividad de la materia. La regulación sobre la implementación progresiva de la certificación de competencias profesionales en Gestión del Riesgo de Desastres se establece en el Reglamento de la presente Ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación

A partir de la vigencia de la presente Ley, deróganse el Decreto Ley núm. 19338, Ley del Sistema de Defensa Civil, y sus modificatorias; el Decreto Supremo núm. 081-2002-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres, y sus modificatorias; el Decreto Supremo núm.073-2006-PCM, que crea el Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al Evento Recurrente de El Niño (Preven), y sus modificatorias; y todas aquellas normas o disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de febrero de dos mil once.

CÉSAR ZUMAETA FLORES

Presidente del Congreso de la República

ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG

Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación

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