Editorial:
Pontificia Universidad Catolica del Peru
Fecha publicación:
2018-12-04

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  • La buena administración contractual y el contratista como colaborador de la administración

    Desde los orígenes del contrato administrativo se le ha venido a denominar al contratista como un colaborador de la administración. A partir de ello, el presente artículo plantea reflexiones sobre los verdaderos alcances de esa calificación, las principales distorsiones que se le ha dado por el ejercicio autoritario de las potestades administrativas y también se plantea redescubrir sus consecuencias para que el contrato pese a la presencia importante de las prerrogativas de la administración se mantenga dentro de los límites de la buena fe contractual y la mutua colaboración

  • El riesgo regulatorio y la fuerza mayor en los contratos de Asociación Público Privada: un enfoque desde la adecuada asignación de riesgos y el equilibrio económico-financiero a propósito del COVID-19

    A propósito de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el presente artículo analiza el tratamiento jurídico del riesgo de cambio en las leyes y de fuerza mayor, exponiendo los alcances de los principios de adecuada asignación de riesgos y equilibrio económico financiero en los contratos de APP. Para estos efectos, los conceptos mencionados se examinarán según lo previsto por la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada y, supletoriamente, las reglas de Derecho Civil. Por último, se exponen los resultados de la revisión de las principales acciones adoptadas en el contexto internacional (específicamente España, Reino Unido y Colombia) sobre los proyectos de infraestructura adjudicados bajo la modalidad de APP frente a la crisis sanitaria

  • Herramientas para la integridad en la contratación pública peruana

    La contratación pública ha estado en el foco del escrutinio público por ser una actividad con múltiples riesgos de corrupción. Este artículo analiza la forma en que la normativa ha sido usada para promover integridad en la contratación pública y propone oportunidades de mejora. Este análisis comprende la inclusión de principios generales y herramientas específicas como los impedimentos para contratar con el Estado, la cláusula anticorrupción o los factores de evaluación vinculados a integridad. Las mejoras realizadas al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado son analizadas, así como el impacto de la normativa sobre nepotismo y gestión de intereses en la contratación pública. Este análisis incluye oportunidades de mejora para un mejor uso de dichas herramientas

  • La confianza legítima como principio fundamental ante la regulación del Estado en la suspensión de plazos de procedimientos administrativos durante el estado de emergencia por el COVID-19

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    Las licitaciones colusorias ocurren no solo por culpa de las empresas integrantes de un cártel o un funcionario corrupto. Existe un tercer responsable: el legislador. Este artículo analiza críticamente algunas reglas que guían los concursos públicos que pueden facilitar la comisión de conductas anticompetitivas, como la publicidad del valor de compra de la entidad pública, la difusión de la identidad de los concursantes, el contacto entre postores, y la permisión irrestricta de los consorcios. Basándose en la experiencia comparada de la OCDE, España, Chile, Colombia, entre otros, el autor propone algunas reformas para favorecer la competencia en las contrataciones estatales

  • Compliance, Integridad, Derecho Administrativo y el COVID-19. Eslabonamiento del Compliance en el sistema conceptual regulatorio y su utilidad en el contexto de la pandemia

    El autor ingresa en el mundo del Compliance para analizar con rigurosidad algunos de sus aspectos menos estudiados, como su fundamento, naturaleza, el potencial de la enconomía conductual para optimizarlo; eslabonarlo en el sistema conceptual regulatorio, aclarando que no constituye la privatización de potestades públicas. De forma novedosa indica que la regulación y el Compliance están destinados a mitigar riesgos, bajo una lógica de cuasi co-regulation, por lo que sitúa al Compliance como la respuesta más reciente, del Derecho y la regulación, a la incertidumbre producida por la Sociedad del Riesgo, destacando su utilidad en el contexto del COVID-19

  • El principio de sostenibilidad en las contrataciones públicas en el Perú: un análisis de su efectividad en el marco de la Ley N° 30225

    El presente estudio tiene por finalidad brindar un estudio introductorio sobre la efectividad de la implementación del componente ambiental en las contrataciones administrativas. Para ello, resultará importante definir las categorías involucradas a fin de tener un mejor entendimiento de la dimensión de la contratación ambientalmente sostenible o ecológica

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    En el contexto del Estado de Emergencia Nacional por el brote mundial del COVID-19, se dispuso una cuarentena obligatoria desde marzo hasta junio de 2020 en el Perú, la cual impidió la tramitación presencial de procedimientos administrativos y, asimismo, se dispuso la suspensión de cómputos en los procedimientos administrativos sujetos a plazo. Esta situación originó afectaciones en dichos procedimientos administrativos y al derecho de los administrados de obtener respuestas en plazos razonables, que es una de las manifestaciones del debido procedimiento administrativo. Sin embargo, se trata de una problemática que pudo ser evitada si se tuviese implementado un sólido Gobierno Electrónico, entendido en todos sus niveles de relacionamiento

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    Entre julio y septiembre del 2019 se llevaron a cabo en Lima los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos, el mayor evento deportivo organizado y ejecutado por el Perú. Para llevar a cabo este gran reto, el Proyecto Especial a cargo de la preparación y desarrollo de los Juegos utilizó diferentes herramientas de contratación y gestión que le permitieron cumplir a tiempo con las obligaciones que el Perú asumió como país organizador. En la actualidad, el Gobierno viene promoviendo el modelo de gestión que se empleó en los Juegos Panamericanos para la ejecución de inversiones y, a su vez, diferentes Entidades, tales como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Salud han suscrito o se encuentran próximos a suscribir contratos con otros Estado con características similares al suscrito con el Reino Unido para los Juegos Panamericanos. En atención a ello, cada vez son más las Entidades que buscan replicar dicho modelo para lograr sus propios objetivos institucionales, muchas veces, sin conocer los alcances de los principales mecanismos empleados para el logro del éxito de los Juegos Panamericanos. Debido a la trascendencia que viene adquiriendo este tema, en el presente artículo desarrollaré, desde mi experiencia, algunos de los principales aspectos del modelo empleado en los Juegos Panamericanos, con especial énfasis en el Contrato de Gobierno a Gobierno, a efectos de promover el debate sobre su conveniencia

  • La garantía por interposición de recurso de apelación en la contratación pública

    En nuestro ordenamiento jurídico se exige una garantía para interponer un recurso de apelación en el marco de un proceso de selección de contratistas para el Estado. El propósito principal de ello es desincentivar las apelaciones temerarias que terminan retrasando innecesariamente los procesos de selección, privando al Estado de los bienes, servicios y obras que requiere. Sin embargo, la regulación de dicha garantía y la mala comprensión de su finalidad han terminado por convertirla en un sobre desincentivo que perjudica tanto a los particulares como al Estado. Por ello, en el presente artículo se explican las principales características de esta figura, sus ventajas y desventajas, los problemas que crea y las alternativas que se considera podrían mejorar la regulación

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