Editorial:
Pontificia Universidad Catolica del Peru
Fecha publicación:
2012-06-16
ISBN:
0251-3412
Copyright:
COPYRIGHT Pontificia Universidad Catolica del Peru

Últimos documentos

  • Análisis de la Directiva Europea de whistleblowing y principales retos de la nueva regulación. El caso de España

    Con la aprobación de la Directiva Europea 1937/2019, de 23 de octubre, que los países de la Unión Europea han de transponer en el plazo de dos años desde su publicación, todas las empresas, así como las entidades públicas de más de cincuenta trabajadores, estarán obligadas a implementar un canal de denuncias. Es objeto de este artículo sintetizar las principales novedades que introduce esta norma, destacando la importancia de alcanzar inicialmente un consenso sobre la definición misma del informador. En España, la falta de regulación expresa de esta figura hasta el momento ha conllevado la búsqueda de soluciones por parte de la doctrina en la teoría general del delito, así como en otras disciplinas del derecho, ante las dificultades que han surgido con el uso de los canales de denuncia dentro de las empresas que optaron por incorporar un programa de compliance. Finalmente, abordaremos algunos de los problemas que plantea la transposición de la Directiva desde la óptica de su compatibilidad con el compendio de derechos y garantías que informan el proceso penal. En esa línea, se propone una armonización de la aparente exoneración de responsabilidad del whistleblower de nuevo cuño con el Código Penal vigente, también focalizada en la necesidad de dotar de garantías a las investigaciones internas para preservar la validez de la prueba que se pueda obtener con las mismas.

  • Delegación de competencias y compliance penal: un estudio sobre la transferencia y la transformación de los deberes (de vigilancia) en el derecho penal económico

    Suele definirse la delegación como aquella técnica a través de la cual el delegante se descarga de funciones y competencias iniciales, traspasándolas al delegado y produciendo con ello una transformación de las esferas de responsabilidad individual tanto del primero como del segundo. En la delegación, la posición de garante del delegado se correspondería con la responsabilidad por autoría con respecto al resultado no evitado, mientras que la responsabilidad del delegante sería la propia de la participación delictiva. El empresario, por tanto, no extinguiría su posición de garante, sino que la modificaría, de modo que los deberes de control y evitación de sucesos lesivos se conviertan en deberes de supervisión y vigilancia de la labor del delegado.

  • El principio de responsabilidad proactiva: una oportunidad para un mejor cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito latinoamericano

    Doctor en derecho. Abogado especialista en derecho informático y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, España. Código ORCID: 0000-0002-4538-7793. Correo electrónico: fsanta02ucm.es

  • Autorregulación y programas de cumplimiento empresarial en materia de publicidad comercial y protección al consumidor

    El propósito de este trabajo es brindar una aproximación a la autorregulación en materia mercantil y, en específico, a los sistemas de autorregulación referidos a publicidad comercial y protección al consumidor en el Perú. En particular, el artículo analiza la reciente aprobación del Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, Reglamento que promueve y regula la implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor y publicidad comercial. En ese sentido, se subrayan los objetivos que se busca alcanzar con los programas de cumplimiento y se abordan los lineamientos a seguir para que la implementación de estos sea realmente efectiva dentro de una organización empresarial, en particular en materia de protección al consumidor y publicidad comercial. Finalmente, se desarrollan las ventajas y desventajas de los sistemas de autorregulación y se concluye que la adopción de programas de cumplimiento es positiva para consumidores, empresas y autoridades administrativas.

  • La inocuidad: principio informante y de adecuación de deberes preventivos y buenas prácticas en la atención remota y presencial del consumidor durante el contexto de la pandemia de COVID-19

    Siendo el principio de inocuidad una directriz informante en los estatutos de protección de los consumidores, este texto propone revisar su concretización en los derechos, deberes y buenas prácticas que tienen lugar a propósito de la atención del consumidor en el contexto de la pandemia de COVID-19. Para ello, comienza con una aproximación a la pandemia y sus principales características. Subsecuentemente, aborda el principio de inocuidad en relación a tres aspectos: la integridad personal y patrimonial del consumidor como su fundamento, y sus características principales (concepto indeterminado que da origen a deberes o informa prácticas autónomas e inicialmente preventivas); su ámbito de vigencia en el sistema de consumo chileno; y la noción de consumidor vulnerable como criterio de adecuación. Luego, examina dicha temática tanto de manera general como a propósito de la atención remota y presencial. En ese sentido, este estudio postula que, en todas esas dimensiones, la conducta de proveedores y consumidores debe ajustarse a los imperativos de seguridad que permitan prevenir la generación de un daño para los sujetos intervinientes en la relación de consumo y el resto de la población. Ello se deriva del carácter de orden público que reviste el resguardo de la integridad personal y patrimonial del individuo.

  • Waldron y la dignidad: el problema del fundamento de los derechos humanos

    Desde hace poco más de diez años Jeremy Waldron viene trabajando en una concepción filosófico-jurídica de la dignidad que la concibe principalmente como «rango» o «estatus», y la entiende —no exclusiva, pero sí significativamente— como fundamento de los derechos humanos. Dicho enfoque se plantea como una vía alternativa a las concepciones rivales de la dignidad que se encuentran hoy disponibles en la literatura científica y en la jurisprudencia de las altas cortes, como la kantiana, la católica-romana y la dworkiniana. A través de esta investigación se intentará demostrar que, no obstante tener notables aciertos, la tesis waldroniana acerca de la dignidad tiene al menos tres problemas importantes vinculados al insuficiente esclarecimiento de su «idea subyacente», a los que llamaré aquí sintéticamente: el de la «debilidad», el de la «armonización-determinación» y el de la «secularidad». El objetivo será evidenciar que es posible ensayar una concepción de la idea subyacente a la dignidad como rango o estatus que, referida a una naturaleza humana de raigambre aristotélica y sin renunciar a los aspectos positivos del enfoque waldroniano, salga mejor librada de las dificultades señaladas.

  • Régimen constitucional de la moneda y estabilidad del nivel general de precios en Perú

    El régimen constitucional de la moneda es una de las instituciones económicas más relevantes de un país porque instituye un orden, modelo o sistema monetario orientado a preservar la estabilidad de precios y, con ello, generar confianza, seguridad y certidumbre en la economía. Siendo así, esta investigación estableció la implicancia del régimen constitucional monetario en el nivel general de precios y el bienestar individual. El diseño del estudio fue no experimental debido a que no se manipularon variables, retrospectivo porque se sustentó en datos secundarios, analítico por tratarse de un análisis bivariado y transversal debido a que los datos se obtuvieron en un solo momento. Asimismo, el alcance fue correlacional porque se determinó el grado de relación entre las variables de estudio y explicativo por la causalidad que se estableció entre dichas variables. Se fundamentó la moneda como orden espontáneo (dinero mercancía) y orden construido (dinero fiduciario), así como el contenido jurídico y económico del régimen constitucional de la moneda. Se obtuvo como principal resultado que la estabilidad monetaria, además de ser un derecho fundamental, es un compromiso constitutivo que fomenta la creación de valores básicos en la sociedad, y su preservación ha permitido mantener estable el poder adquisitivo de la moneda durante los últimos veintisiete años, contribuyendo así al bienestar de la población. Por tanto, la estabilidad de precios ha sido el logro más relevante del actual régimen monetario.

  • La exculpación como criterio punitivo frente a delitos conexos a la rebelión en contextos de conflicto armado interno: una relectura del quehacer del derecho penal en procesos de pacificación

    Uno de los escenarios de mayor conflictividad existente para el derecho penal y sus respuestas sancionatorias y prevencionistas se encuentra en la confluencia de conflictos armados, siendo estos un motor inagotable de producción de actos delictivos regulados tanto a nivel nacional como internacional. El presente trabajo centrará su estudio en aquellos delitos conexos a los conflictos armados internos y en cómo podemos arribar a una lógica jurídica de mayor integralidad desde una perspectiva dogmática penal derivada de la teoría del delito —más que una respuesta política cimentada en la amnistía—, específicamente a través de los estados de necesidad, al momento de brindar resolución definitiva a un contexto de conflicto armado, lo cual exige soluciones penales no limitadas a las fronteras dialécticas de cada gobierno de turno.

  • ¿Real malicia? Descifrando un estándar foráneo de protección del derecho a la libertad de expresión para su aplicación en Ecuador

    La Sentencia N° 282-13-JP/19, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, introdujo el estándar de real malicia originado en el caso New York Times Co. vs. Sullivan para analizar las posibles limitaciones al derecho a la libertad de expresión en casos de publicación de hechos falsos y difamatorios sobre temas de interés público. La Corte Constitucional del Ecuador estableció que las personas involucradas en asuntos de interés público tienen a su disposición los mecanismos de réplica o rectificación para defender su reputación frente a la publicación de información que consideren falsa, inexacta o agraviante; y, únicamente en caso de que estos mecanismos resulten insuficientes, podrán acudir a la vía civil en la que se aplicará el estándar de real malicia. Este artículo analiza el origen del estándar de real malicia en el caso New York Times Co. vs. Sullivan con el objeto de identificar su naturaleza y sus finalidades como un escrutinio reforzado para proteger el derecho a la libertad de expresión y el principio de que el debate sobre asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto y abierto. Para ello, examina la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos buscando conocer cuándo se activa la aplicación del estándar de real malicia y cómo deben entenderse sus elementos configurativos, y también reseña las principales críticas al estándar y los problemas prácticos que conlleva su implementación. Finalmente, sobre la base de estos hallazgos, se examina cómo se aplicará el estándar de real malicia en el Ecuador, en perspectiva de la Sentencia N° 282-13-JP/19, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador. De esta manera, se realizará un análisis comparativo del ámbito de aplicación y de los elementos configurativos de este estándar foráneo, según el marco legal ecuatoriano.

  • En defensa de la justicia: explicando la improbable inaplicación judicial del indulto y derecho de gracia del condenado por graves violaciones a los derechos humanos Alberto Fujimori

    El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por graves crímenes contra los derechos humanos, fue liberado de prisión mediante un indulto presidencial en el año 2017. También se le otorgó el derecho de gracia respecto a otros procesos en curso. Estas medidas contaron con respaldo político y apoyo popular mayoritario, según las encuestas de opinión pública de la época. No obstante, en pocos meses, el Poder Judicial peruano las inaplicó, basándose en los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fujimori fue arrestado y devuelto a la cárcel. Comparativamente, este resultado es singular. El artículo busca entender qué podría explicar el comportamiento resuelto a favor de los derechos humanos de los jueces peruanos que participaron en estas decisiones. Argumenta que este podría responder a dos procesos iniciados en la transición democrática del año 2000: el empoderamiento judicial (aumento de independencia y poderes de los jueces) y un cambio en la cultura jurídica del positivismo al neoconstitucionalismo. Ambos procesos son definidos y analizados con referencia a doctrina destacada de los campos de la justicia transicional y los estudios sociojurídicos. Adicionalmente, el artículo busca contribuir a identificar las condiciones bajo las cuales el control de convencionalidad interamericano puede llegar a tener un impacto decisivo.

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