legalidad de la marihuana

La conducta del acusado representa un peligro concreto (pase de droga) y no abstracto como sería el supuesto de la posesión de drogas, por lo que este supremo tribunal efectuando la correcta calificación jurídica determina que su conducta se encuentra prevista en el primer párrafo del artículo 296 del código penal. la pena se mantiene en aplicación del principio de la no reforma en peor.

La sala superior, dado el acogimiento a la conclusión anticipada del juicio por parte del encausado, debió imponer una pena no superior a la propuesta por el representante del ministerio público, por lo que esta debe ser reducida prudencialmente.

Los medios probatorios de cargo, postulados por el titular de la acción penal, y valorados en su oportunidad por la sala penal superior, para justificar el fallo condenatorio, generan convicción de la responsabilidad penal del acusado y, a su vez, constituyen elementos de prueba suficientes para enervar la presunción de inocencia que la ley fundamental le reconoce.

Corresponde reducir prudencialmente la pena solo a una de las recurrentes, pues son atendibles parcialmente los fundamentos de su recurso de nulidad.

Se formuló recurso de casación excepcional, con base en las causales de los incisos 1, 2, 3, 4 y 5, del artículo 429 del código procesal penal. al respecto, se observa que los fundamentos de la defensa están orientados a cuestionar la culpabilidad o inocencia de su patrocinado en el delito de tráfico ilícito de drogas. adicionalmente, estando a lo establecido por el inciso 4, artículo 427 del cpp,

Valoración del acervo probatorio para la emisión de la sentencia condenatoria la valoración del conjunto de medios probatorios recabados durante el proceso, constituye el núcleo del razonamiento que efectúa el juez, que le permite afirmar la hipótesis planteada por el representante del ministerio público, a fin de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al procesado.

Ha quedado acreditada la comisión del delito imputado y la responsabilidad penal de los procesados junior alexander saucedo bernuy y alonso miguel habrahamshon trigoso, conducta que ha sido subsumida en el delito de extorsión agravada (artículo 200, primer párrafo, con la agravante prevista en el párrafo quinto, incido b, del código penal).

(i) respecto al extremo impugnado, la posesión de droga desde una perspectiva tendencial de dedicarla a su microcomercialización, no está acreditada, y sería un error acudir a una norma que presupone la posesión de droga para su comercialización, por lo que, en el presente caso, configura la atipicidad subjetiva de la conducta del encausado.(ii) la sentencia impugnada en el extremo del delito de...

En términos de protección al menor -y un infractor también merece ser protegido- lo que se decide tiene como norte el interés superior de este. tal interés superior no es mera invocación abstracta, sino encuentra plenitud en el examen del caso específico.

En términos de protección al menor -y un infractor también merece ser protegido- lo que se decide tiene como norte el interés superior de este. tal interés superior no es mera invocación abstracta, sino encuentra plenitud en el examen del caso específico.

(i) respecto al extremo impugnado, la posesión de droga desde una perspectiva tendencial de dedicarla a su microcomercialización, no está acreditada, y sería un error acudir a una norma que presupone la posesión de droga para su comercialización, por lo que, en el presente caso, configura la atipicidad subjetiva de la conducta del encausado.(ii) la sentencia impugnada en el extremo del delito de...

En el presente caso, existe suficiencia de prueba que acredita la comisión del delito imputado de tenencia ilegal de arma de fuego y la responsabilidad del procesado, ya que los cuestionamientos a su intervención policial no enervan su materialidad y validez. Por otro lado, resulta nula su absolución por el delito de tráfico ilícito de drogas ya que se requiere un mayor análisis respecto a la...

La pena aplicable se hará en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, bajo estricta observancia del deber constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales, que permiten imponerle una pena prudencial en atención a la función preventiva, protectora y resocializadora de la pena.

En este caso se ha planteado la hipótesis de la ilicitud de la prueba respecto al acta de registro personal de incautación y/o comiso de drogas, acta de registro domiciliario, incautación de especies y comiso de drogas y actas de lacrado de droga, este tribunal supremo coherente con la jurisprudencia autoritativa sobre el tema considera que estamos frente a pruebas materiales que se practicaron...

Si el fiscal supremo estima justa una sentencia condenatoria que fue recurrida por el fiscal superior, no es posible que el órgano jurisdiccional decida lo contrario, en aplicación del principio de jerarquía.

Sumilla: i. [título de participación]. la teoría del dominio del hecho es la más aceptada en la doctrina y la jurisprudencia para determinar qué tipo de función ejerció una persona en el desarrollo de un delito. sirve para identificar quiénes actuaron a título de autor, coautor o autor mediato y, además, como partícipe. el punto central es la identificación del tipo de aporte de los involucrados.

La correcta interpretación de la circunstancia agravante descrita en el numeral 1, del artículo 297, del código penal: cometer el delito abusando del ejercicio de la función pública; exige un escrutinio teleológico, literal y sistemático, que no se agota en el código penal, sino que, por su naturaleza de ley penal en blanco, en normas extrapenales. es fundamental no solo identificar qué se debe...

Si no se aprecian vicios procesales ni deficiencias en el material de hecho, y si los fundamentos jurídicos del fallo son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del sometido al proceso, la resolución condenatoria ha de mantenerse vigente.

Lo expuesto permite establecer que, contrario a lo postulado por la defensa recurrente, la sentencia recurrida cumple con los principios constitucionales de motivación suficiente y debido proceso. se verifica que a lo largo del plenario se garantizaron los derechos y las garantías del procesado, fundamentalmente en lo referido al derecho de defensa y a la prueba. además, se encuentran debidamente

La presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias.