Ius et veritas

Editorial:
Pontificia Universidad Catolica del Peru
Fecha publicación:
2015-10-27
ISBN:
2411-8834

Últimos documentos

  • IUS ET VERITAS: el viaje que no debería tener fin
  • Presentación
  • El concierto social como fórmula alternativa (y no contractual) para la gestión indirecta de los servicios sociales públicos

    Las Directivas de la Unión Europea en materia de contratación han habilitado la posibilidad de que los Estados miembros puedan gestionar los servicios sociales públicos a través de fórmulas no contractuales. En España, esa posibilidad se ha concretado en los denominados conciertos sociales, regulados a través de las leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Se trata de acuerdos a celebrar entre la Administración titular o responsable de los servicios y entidades de carácter privado, normalmente, sin ánimo de lucro. La naturaleza y el régimen jurídico de estos conciertos sociales, tal y como deriva de la regulación vigente, plantea, no obstante, algunas dudas que deberán ir resolviéndose a medida que su uso generalizado evidencie las fortalezas y debilidades de esta figura y la jurisprudencia resuelva al respecto.

  • La compra pública de innovación: retos y oportunidades para el desarrollo de la I+d+i desde la demanda pública

    La compra pública de innovación (CPI) es una modalidad de compra que pretende aumentar la inversión en I+D+i y la mejora de los servicios públicos desde el lado de la demanda, y constituye una apuesta estratégica de la OCDE y de la Unión Europea, especialmente impulsada en los últimos años. Los contratos de CPI presentan una serie de peculiaridades jurídicas en su tramitación que los hacen singularmente complejos, tanto en su fase de preparación y adjudicación como de ejecución, lo que requiere un proceso de aprendizaje y de adaptación para los gestores públicos y para el propio mercado, cuyas claves jurídicas se destacan y comentan pormenorizadamente en este trabajo.

  • El Buen Gobierno en las Contrataciones del Estado: La metodología del Total Cost of Ownership como propuesta para mejorar la determinación y aplicación de los factores de evaluación de ofertas

    Las normas que regulan el ciclo de la contratación pública otorgan un amplio margen de discrecionalidad para determinar los factores de evaluación, siendo el precio el único obligatorio entre otros de carácter facultativo. La aplicación de principios de buen gobierno puede contribuir a un adecuado ejercicio de la discrecionalidad conferida aplicando instrumentos, tales como la metodología denominada Total Cost of Ownership, que permitan justificar técnicamente la elección de determinados factores de evaluación con la finalidad de garantizar una adecuada relación calidad-precio.

  • Cláusulas sociales y contratación pública: la experiencia del Derecho de la Unión Europea

    Aunque en la actualidad la norma de cabecera del Derecho de la Unión Europea proclama que uno de sus objetivos es permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes, la realidad demuestra que el reconocimiento de cláusulas sociales en la contratación pública ha experimentado una evolución tortuosa. En las siguientes páginas se analiza dicha evolución, así como se señalan cuáles son las principales dificultades que siguen impidiendo que se haga un uso más social de la contratación pública.

  • ¿Hacer en el sector público o comprar al sector privado? La regulación de la autoprovisión administrativa en España

    El presente trabajo proporciona una panorámica sobre el actual debate de las técnicas de autoprovisión administrativa en España. El concepto de autoprovisión administrativa se utiliza para explicar las distintas opciones a disposición de los gestores públicos para la satisfacción de las necesidades administrativas de bienes y servicios dentro del propio sector público. Se discute también el panorama normativo de las decisiones administrativas de hacer o comprar al mercado, tal y como se configuran por la Ley 9/2017, de contratos del sector público, así como el surgimiento de mercados públicos al margen de los mercados empresariales de compra pública. Finalmente, todo ello se contextualiza en el debate transaccional en curso sobre la necesidad de mejorar la capacidad prestacional del sector público como herramienta de fortalecimiento del Estado de Bienestar.

  • El derecho de los contratos públicos en España: novedades y propuestas de futuro

    Este trabajo da cuenta de la regulación de la contratación pública en España con ideas de prospectiva sobre cuál debe ser el futuro. Se presta atención a las principales líneas de la regulación española, y sus fines, para finalizar con unas conclusiones propositivas sobre la fundamentación regulatoria.

  • Los proyectos especiales de inversión pública y el modelo de ejecución de inversiones públicas: revisión de las herramientas que pueden emplearse para mejorar las contrataciones del Estado

    En el año 2019 se llevaron a cabo en Lima los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos. Este fue el mayor evento deportivo multidisciplinario organizado por el Perú. Este evento fue un gran reto para el Perú, tanto por su complejidad como por el corto tiempo con el que se contaba para su ejecución. Para cumplir sus objetivos, el Proyecto Especial a cargo de la organización de los Juegos empleó diferentes mecanismos de contratación y herramientas de gestión novedosos, dentro del marco de un contrato de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. En este contexto, estas experiencias han sido replicadas en un nuevo Modelo de Ejecución de Inversiones Públicas que puede ser empleado por los Proyectos Especiales de Inversión Pública. Lo que se busca mediante este nuevo esquema es destrabar las inversiones públicas, gestionándolas y ejecutándolas eficientemente, empleando altos estándares internacionales.

  • Colaboración público-privada y transferencia de riesgos

    El estudio analiza las consecuencias que tiene la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria sobre el clausulado de los mecanismos de colaboración público-privada. En particular, cómo configurar un adecuado reparto de riesgos y especialmente cómo se estructuran los apoyos públicos puede determinar que compute como déficit público a los efectos de la doctrina de Eurostat sobre el SEC 95.

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