delito especial propio e impropio

• Códigos

Umilla: cohecho pasivo impropioel delito de cohecho pasivo impropio […] es un delito especial, cuyo bien jurídico tutelado […] consiste en el correcto funcionamiento de la administración pública, entendiéndose por solicitar al &fectiva en un futuro determinado, haciéndolo con la finalidad de practicar un acto propio de su cargo y sin infringir o menoscabar sus funciones; (…) "", por lo que esta...

• Diario Oficial El Peruano

• Autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios

I. colaborador es aquél que concluyó un proceso de colaboración eficaz de forma exitosa y, como ya se mencionó, es un criminal arrepentido —jamás un inocente— que reconoció la comisión de uno o varios ilícitos penales. el testigo protegido, en cambio, es aquél que presenció la comisión de un evento delictivo, indistintamente de su grado de participación al evento delictivo (testigo impropio) o su

. las conductas que sanciona el delito de cohecho pasivo son cuatro: aceptar,recibir, solicitar y condicionar. el acto de aceptar implica tolerar, admitir y consentir el beneficio (promesa, favor, objeto material) otorgado por el tercero. la idea principal es que este beneficio indebido motive la actuación del funcionario público para violaro cumplir con sus obligaciones. en el caso del cohecho...

Principio de igualdad y debido proceso. a coimputado, por los mismos hechos y delitos se le declaró fundada la casación número quinientos ochenta y uno-dos mil quince-piura, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis y fundada la excepción de improcedencia de acción, y el archivo definitivo por todos los delitos imputados.

El análisis de pruebas y los argumentos expuestos son suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia de los recurrentes. por lo que se debe aceptar el cuadro fáctico acusado, declarar la legalidad de la sentencia impugnada y rechazar los agravios expuestos por las defensas de los recurrentes.

• Revista Derecho & Sociedad

El autor nos presenta de manera muy explicativa la figura del Derecho Penal de la Administración Pública, al cual define como Derecho Mixto. Señala que esta disciplina se caracteriza por razón de la materia, haciendo referencia a su relación con la organización del Estado y la protección de intereses generales, y por razón de la persona pues los protagonistas son los sujetos cualidad: funcionario

I. colaborador es aquél que concluyó un proceso de colaboración eficaz de forma exitosa y, como ya se mencionó, es un criminal arrepentido —jamás un inocente— que reconoció la comisión de uno o varios ilícitos penales. el testigo protegido, en cambio, es aquél que presenció la comisión de un evento delictivo, indistintamente de su grado de participación al evento delictivo (testigo impropio) o su

I) el derecho, motivo o facultad al que se refiere el tipo penal, permite preveer que existen supuestos en los que se produciría la configuración típica objetiva de secuestro; empero ella estaría justificada por el ejercicio de las mencionadas prerrogativas, las que deben estar previamente reconocidas en una norma positivizada; ello habilitará las bases necesarias para determinar cuando una...

• Autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios

La función de juez del recurrente, como alto funcionario administrador dejusticia, era realizar sus funciones condiligencia debida con un mínimocuidado; tratándose de documentosque importaban la libertad o ellevantamiento de captura de losprocesados, correspondía revisar elcaso o que la persona encargada de lasala, con muestra de las piezasprocesales respectivas, diera cuenta del motivo que...

En el extremo condenatorio existen pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad del acusado, tal es así las declaraciones de los testigos que cumplen las garantías de certeza establecidas en el acuerdo plenario número 2-2005/cj-116. asimismo, de conformidad con el artículo 301 del código de procedimientos penales, se debe declarar nulo el extremo absolutorio y ordenarse un nuevo juicio...

I. Teniendo en cuenta los antecedentes normativos, concierne aplicar el artículo 172 del código penal, modificado por ley número 28704, del cinco de abril de dos mil seis. Por ello, hubo infracción del principio de legalidad, pues la sala penal superior, en la sentencia de vista respectiva, sustentó su absolución debido a que &". con ello, tácitamente, se estaba adhiriendo a las...

I. los plazos de prescripción de la acción penal tienen naturaleza material y, por tanto, su aplicación retroactiva solo es admisible si favorece al reo. distinta es la situación de los plazos de suspensión de los términos prescriptorios, cuyos preceptos tienen naturaleza procesal, por lo que es de aplicación el principio tempus regit actum. ii. la suspensión de los plazos de prescripción únicamen

• Diario Oficial El Peruano

Infundado el recurso de casación los argumentos de casación que justificaron el doble conforme devienen en infundados, porque la inconducta atribuida al recurrente implica responsabilidad tanto administrativa como penal, las cuales no son excluyentes ni constituyen contravención al principio ne bis in idem. por otro lado, el delito de negociación incompatible es catalogado como uno de infracción...

1. el tribunal superior, básicamente, se concreta a revisar, en materia probatoria, (i) la racionalidad de la decisión del juzgado penal, (ii) el cumplimiento de las garantías de presunción de inocencia y tutela jurisdiccional, (iii) la completitud y racionalidad de la motivación fáctica, y (iv) las formalidades del juicio o de la propia sentencia de primera instancia. una quiebra del modelo de...

1. el tribunal superior, básicamente, se concreta a revisar, en materia probatoria, (i) la racionalidad de la decisión del juzgado penal, (ii) el cumplimiento de las garantías de presunción de inocencia y tutela jurisdiccional, (iii) la completitud y racionalidad de la motivación fáctica, y (iv) las formalidades del juicio o de la propia sentencia de primera instancia. una quiebra del modelo de...

I) no se actuó prueba de cargo suficiente, para destruir el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que ampara a la procesada eva lorena bracamonte fefer; ii) en el presente caso, no existen testigos directos sobre el presunto acuerdo delictivo entre la imputada bracamonte fefer y el sentenciado trujillo ospina. las declaraciones de los testigos de oídas o de referencia, en sí mismas,