Editorial:
Pontificia Universidad Catolica del Peru
Fecha publicación:
2019-03-05

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  • La contravención de las disposiciones del procedimiento sancionador en materia de contrataciones del estado al régimen común del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General

    El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) es calificado, en la actualidad, como una norma común. Esto implica que los procedimientos administrativos especiales, regulados por ley o reglamento, no pueden apartarse de las reglas y principios establecidos en el mismo TUO de la LPAG. Es así que, a partir de la premisa mencionada, el presente artículo tiene por objetivo poner en evidencia que existen disposiciones del régimen del procedimiento administrativo sancionador en la normativa de contrataciones del Estado que contravienen manifiestamente el referido régimen común.

  • La bipolaridad entre la ejecución fluida de los contratos y la facultad sancionatoria de las entidades contratantes en la contratación pública en Colombia

    El presente trabajo busca dar cuenta de algunas cuestiones de actualidad sobre la manera en la que la Administración pública viene desplegando su facultad sancionadora en el marco de la ejecución de los contratos públicos. El análisis busca demostrar como se vienen cometiendo excesos en el ejercicio de esta facultad, causando mayores perjuicios a la contratación pública y no logrando la meta de luchar adecuadamente contra las conductas inmorales y la corrupción. Para ello, se pone en evidencia la concepción errónea en el entendimiento de las funciones del poder ejecutivo, así como las medidas legislativas temerarias que han causado resultados peligrosos en el sector.

  • El régimen sancionador en las contrataciones con el Estado en contraposición a las garantías mínimas previstas en el régimen sancionador contemplado en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General

    En el presente trabajo, se explica la naturaleza jurídica de la potestad administrativa sancionadora, y cómo es que, a partir de ella, se desarrolla la actuación del Tribunal de Contrataciones del OSCE. Seguidamente, se llama a una profunda reflexión jurídica, en la medida que el régimen sancionador en materia de contratación pública vulnera alguna de las garantías mínimas contempladas en el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

  • La protección de los Derecho Humanos en la ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Nicaragua

    Este artículo, presenta, un análisis de la relación entre los derechos humanos, la tutela judicial efectiva, y el contencioso administrativo. El derecho fundamental de toda persona de acceder a tribunales independientes en procura de Justicia proclamado en el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1945, también fue ampliamente reconocido, aunque en algunos casos con formulaciones diferentes, tanto en el derecho europeo y americano, como en tratados internacionales; y en las leyes Contenciosas Administrativas.

  • Los criterios procesales que condicionan la potestad administrativa sancionatoria

    Este estudio analiza como los criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden servir de orientación a los órganos nacionales que ejercen el Poder Público, para que en ejercicio de sus competencias garanticen el debido procedimiento administrativo, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, cuando ejercen la potestad administrativa sancionatoria.

  • La responsabilidad patrimonial derivada de la inactividad de la administración pública en el ordenamiento peruano. Notas para el estudio de su régimen jurídico

    Los autores proponen la revisión de la problemática jurídica de la inactividad o pasividad administrativa en el ordenamiento jurídico peruano y las consecuencias de la responsabilidad patrimonial derivadas de dicha omisión, entendida como el incumplimiento ilícito de un deber legal de actuación o de las funciones administrativas asignadas a entidades públicas. Para ello se pasa revista al concepto de inactividad administrativa, su tipología y a la responsabilidad patrimonial imputable a la Administración Pública como resultado de dicha omisión, inercia o pasividad. Se cierra el análisis con la problemática procesal de la exigencia de la responsabilidad patrimonial a la Administración Pública, derivada de las notables deficiencias de nuestra Ley que regula el proceso contencioso-administrativo.

  • El delito de tráfico de influencias y el tratamiento del elemento 'caso judicial o administrativo

    Este artículo realiza una aproximación a los elementos típicos del delito de tráfico de influencias, en especial, al elemento "caso judicial o administrativo". Sobre este último, se expone cómo su interpretación por parte de los tribunales restringe el campo de acción del tipo penal, generando así, situaciones de impunidad en muchos casos. En esa línea, se propone una modificación del tipo penal en el marco de una adecuada política criminal anticorrupción, de conformidad a los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes al Perú sobre la materia. De esta manera, se señala que el delito de tráfico de influencias debe aplicarse a asuntos públicos en general y no solo a un caso calificado como judicial o administrativo; lo relevante debería ser que se trate de procedimientos en los que un funcionario decide discrecionalmente sobre un asunto.

  • Aspectos fundamentales de la configuración actual de la potestad disciplinaria de la Administración Pública española sobre el personal a su servicio

    La regulación básica de los principios rectores del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración Pública española sobre el personal a su servicio, así como de los principios del procedimiento para el ejercicio de esta potestad está establecida en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Estas disposiciones se completan con las normas que corresponde dictar al Estado y a las Comunidades Autónomas. Por el momento, el Estado no ha dictado la legislación de desarrollo aplicable a su propio personal. El EBEP ha formulado los principios rectores de la potestad disciplinaria en términos muy similares a los principios que, con carácter general, rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa. La jurisprudencia del orden contencioso-administrativo interpreta y completa el marco normativo del Derecho disciplinario, considerado como una manifestación del Derecho Administrativo Sancionador, al mismo tiempo que contribuye a perfilar las singularidades de los principios de la potestad sancionadora administrativa en su aplicación al ámbito disciplinario.

  • La factura electrónica como título valor

    Este artículo analizará la naturaleza jurídica de la factura negociable originada por una factura electrónica, en su calidad de título valor. Además, se señalará la importancia que representa para el desarrollo del factoring electrónico en el Perú, así como aquellos aspectos normativos que podrían ser objeto de una mayor claridad.

  • Elementos para entender los alcances del principio de tipicidad en las infracciones cometidas por servidores públicos: Apuntes con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la potestad sancionadora de la Contraloría General de

    En el presente artículo, el autor nos presenta los fundamentos que fueron empleados por el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la tipificación de infracciones de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, por ser contraria a los principios de legalidad y tipicidad, para después referirse al tratamiento que han merecido los referidos principios en la jurisprudencia, doctrina y en la legislación nacional, y finalmente culminar señalando los elementos que, a su juicio, debieron haberse considerado en la resolución del caso, para abordar con propiedad un tema que considera medular en el ordenamiento jurídico, consistente en los estándares para la tipificación de infracciones en los regímenes sancionadores del personal que presta servicios en el Estado.

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