El mito «Marbury vs. Madison»
| Autor | Omar Cairo Roldán |
| Cargo del Autor | Profesor de Derecho Constitucional de la Pontifica Universidad Católica del Perú |
| Páginas | 105-122 |
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Frecuentemente, el punto de partida de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes (judicial review) es ubicado en 1803, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y su paternidad es atribuida al Juez John Marshall, quien aquel año, en el caso William Marbury vs. James Madison, resolvió que la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789 era nula, por ser contraria a la Constitución de 1787. Pero ¿fue éste el origen real de la judicial review?
Sin menoscabo del importante papel del Juez Marshall en la edificación de la Suprema Corte de Estados Unidos como un auténtico poder del Estado1, Page 106 creemos que la presentación del caso Marbury vs. Madison como el inicio de la judicial review constituye un mito dentro del derecho constitucional, porque trae dos peligrosas consecuencias. En primer lugar, invita al olvido de una tradición y un ejercicio de la revisión judicial de la constitucionalidad, previos a la sentencia del Juez Marshall. Por otro lado, relega a la oscuridad el perfil del forjador de esta práctica judicial e inspirador de aquella tradición: el juez Edward Coke.
Sir Edward Coke fue uno de los más grandes exponentes de la lucha contra el poder arbitrario del monarca. Su figura creció porque estuvo presente durante el reinado de la dinastía Estuardo en Inglaterra, la cual agitaba en su favor la teoría del origen divino de los reyes. La presencia de Coke fue, por lo tanto, un elemento valioso en la formación del constitucionalismo moderno. Luego de ser un Juez independiente que, como veremos más adelante, inició la marcha de la judicial review, Coke fue parlamentario desde 1621 hasta 1628 y desde allí «se hizo conspicuo en la Page 107 oposición política a Jacobo I y Carlos I»2. Durante el reinado de Jacobo I sufrió prisión como respuesta a su firme tarea en defensa de los privilegios de la Cámara de los Comunes y de su derecho a la iniciativa de presentar al rey una protesta y una petición. Más adelante estuvo en el primer Parlamento de Carlos I, quien cuando lo disolvió, nombró varios parlamentarios -entre ellos a Coke - como alguaciles en el condado en que vivían. El rey quería, así, evitar que los parlamentarios más independientes tuvieran un puesto en el próximo Parlamento. Pero Coke que fue elegido para otro condado no ocupó el cargo de Alguacil. Más adelante redondearía su participación en el surgimiento del constitucionalismo británico, formando parte del tercer Parlamento de Carlos I. Allí propuso y consiguió que se hiciera la famosa Petition of Rights de 1628, uno de los documentos que, junto con la Carta Magna de 1215 y el Bill of Rights de 1688, compone la Constitución no escrita (o mejor dicho, no codificada) de Inglaterra.
La idea de la preeminencia de una norma superior frente a las leyes ordinarias había sido conocida por Coke antes de asumir el cargo de Juez en Inglaterra. Ocurrió en 1578, cuando Coke era abogado -según recuerda Roscoe Pound - el mismo año en que empezó a ejercer la Abogacía. En esa oportunidad defendió a un hombre acusado de calumnia por un noble, y fue «uno de los casos en que se asentó que fuera nula la ley Page 108 del parlamento cuando va en contra del derecho común y la razón.»3.
Se trató del «juicio de scandalis magnatum» por calumnia, que promovió Henry Lord Cromwell, un importante par del reino, contra Edward Denny, vicario de Northintham. Según el demandante, el clérigo había incurrido en calumnia al decir que al Lord le gustaba las personas que mantenían sedición contra los procedimientos de la reina. Después de que fue considerado insuficiente el alegato de justificación del acusado, Coke pidió la suspensión del proceso argumentando que la exposición de la causa por la que se acusaba no servía, pues no se había recitado bien el estatuto de Ricardo II, norma en cuya virtud se promovió el proceso. El acusador se defendió afirmando que el estatuto era una ley privada y que sólo incumbía a los prelados, a los nobles y a ciertos funcionarios de cuyos casos el tribunal debía considerar la ley tal como la parte interesada la había alegado.
Fue entonces cuando apareció el razonamiento de la preeminencia de una norma superior sobre las leyes ordinarias. Lo pronunció el Tribunal conformado por el Justicia mayor Sir Thomas Gawdy. Este Tribunal consideró que el estatuto no era una ley privada y que sí incumbía al tribunal porque en cierto modo afectaba al rey mismo. Además -y aquí surge la idea de la judicial review- resolvió que si la ley fuera privada y el tribunal debiera entenderla como se pretendía, «la dicha ley sería nula: porque, en la forma pretendida, Page 109 recibirían castigo los que no cometen ofensa». Esta afirmación por los jueces de la nulidad de una ley por contravenir principios de justicia, es un incipiente origen de la revisión judicial de la constitucionalidad.
Este momento emergente de la valoración de la revisión judicial de la constitucionalidad, en el que ejerció la profesión el abogado Edward Coke, contrasta con lo ocurrido en la etapa correspondiente a la abogacía en la vida del Juez Marshall. En 1796, John Marshall, siendo decano del Colegio de Abogados de Virginia y defendiendo una causa ante la Suprema Corte, sostuvo «que la autoridad judicial no puede tener ningún derecho a poner en tela de juicio la validez de una ley; a menos que esa jurisdicción se le otorgue expresamente por la Constitución»4.
Más tarde, en el caso Marbury vs. Madison (1803), el mismo Marshall - ya Presidente de la Suprema Corte - dio la vuelta a su propia alegato, y retornó a la defensa del poder intrínseco de revisión judicial de la constitucionalidad que defendió en la Convención de Virginia. Según comenta Bernard Schwartz, si hubiera prevalecido la aserción del abogado Marshall respecto al poder judicial (frente a la futura decisión del Juez Marshall), «el sistema constitucional de derecho norteamericano hubiera evolucionado siguiendo líneas completamente diferentes del curso que realmente ha seguido»5. Page 110 Será la influencia de Edward Coke, la que determine gran parte del curso del constitucionalismo norteamericano, especialmente en el tema de la judicial review.
Juan José Gonzáles Rivas encontró en los fallos y libros de Coke la presencia de la tesis de la superioridad del common law sobre los actos y leyes del parlamento6. Efectivamente, con su decisión en el caso Bonham (1610), el Justicia mayor Edward Coke inició el camino de la judicial review, negándose a ordenar el cumplimiento de una ley contraria al common lawin-glés. «Cuando una ley del parlamento es contraria al derecho y a la razón común, incompatible con ellos o imposible de ejecutar el common law la objetará y dictaminará que esta ley es nula»7 afirmó Coke, sosteniendo así la necesidad de esta potestad judicial. Page 111
En este caso la ley controvertida era norma una expedida por el Parlamento que, confirmando los estatutos del Real Colegio de Médicos, otorgaba a esta institución la facultad de imponer multas a los médicos que faltaran a sus reglas. Las multas eran pagaderas en su mitad a la corona y en la otra mitad a la sociedad. Y esta ley fue utilizada contra el doctor Bonham.
Luego de que se impuso una multa en su contra al amparo de dicha ley, el Dr. Bonham fue encarcelado por no cumplir con su pago. Ante ello, Bonham inició un proceso por prisión injusta y el Tribunal de Causas comunes consideró ilegal el encarcelamiento. Una de las razones presentadas por el Tribunal fue que «iba contra el derecho común y la razón, y era por lo tanto nulo, el estatuto del Colegio (que percibía la mitad de la multa), pues hacía a éste juez de su propia causa, demandante, fiscal y juez». Esta era la regla superior afectada por la referida ley. Por eso Roscoe Pound afirmó que en el caso Bonham el «problema estaba en decidir si el Parlamento podía dictaminar legalmente que alguien fuera juez y parte en un juicio»8. A continuación trascribimos la fundamentación de esta revisión judicial, formulada por el propio Coke, integrante del Tribunal en este caso:
Los censores no pueden ser jueces y ministros y partes interesadas; jueces para dar sentencia o juicio; ministros para hacer convocatorias; y partes Page 112 interesadas para recibir la mitad de la multa, quia aliquis non debet esse Judexin propria causa, immo iniquum esta aliquem suae rei esse judicen y uno no puede ser juez y fiscal de alguna de las partes litigantes, Dyer 3 E.6. 65. 38. E. 3. 15. 8. E. 6. 19. b. 20. a. 21. E. 4. 47.a. etcétera. Y aparece en nuestros libros que en muchos casos la ley común sirve para contrastar las leyes del Parlamento, y a veces las declaran nulas; porque, cuando una ley del Parlamento va contra el derecho y la razón comunes, o repugna o es imposible de cumplir, la ley común servirá para declararla inválida (...).
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Este precedente sentado por Edward Coke fue utilizado también en Inglaterra, en 1615, por el Juez Presidente Henry Hobart (Day vs...
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