DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1297, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos-DECRETO LEGISLATIVO- Nº 1297

EmisorDECRETOS LEGISLATIVOS
Fecha de la disposición30 de Diciembre de 2016
610476 NORMAS LEGALES Viernes 30 de diciembre de 2016 /
El Peruano
Público y de la autoridad penitenciaria. Asimismo, puede
estar sujeto a la vigilancia electrónica personal.
Artículo 55º.- Reglas de conducta
El Juez, al conceder el benecio penitenciario de
semi-libertad o liberación condicional, jará las siguientes
reglas de conducta en forma conjunta o alterna:
1. Prohibición de frecuentar determinados lugares
cerrados o abiertos al público que se consideren
vinculados directa o indirectamente con actividades
delictivas u otras prácticas riesgosas o violentas.
2. Prohibición de efectuar visitas a internos en los
establecimientos penitenciarios o de establecer contactos
con ellos por cualquier medio de comunicación, salvo
en caso de ascendientes, descendientes, cónyuge o
conviviente.
3. Prohibición de contacto o comunicación con
personas que integran, actúen o colaboren con actividades
delictivas; así como con personas sentenciadas
y/o requisitoriadas, salvo en caso de ascendientes,
descendientes, cónyuge o conviviente.
4. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside
y de variar de domicilio sin la autorización del Juez. La
autorización deberá ser comunicada obligatoriamente a la
autoridad penitenciaria correspondiente.
5. Comparecer personal y obligatoriamente ante la
autoridad judicial para informar y justicar sus actividades
con una periodicidad de 30 días o la que establezca la
resolución de otorgamiento del benecio.
6. Concurrir ante la autoridad penitenciaria
correspondiente más cercana a su domicilio con la
periodicidad de 30 días, a n de continuar el tratamiento
en el medio libre y consolidar el tratamiento recibido en el
establecimiento penitenciario.
7. Cumplir con el pago de la reparación civil y la multa
en el monto y plazo que el juez determine.
8. Que el beneciado no tenga en su poder objetos
susceptibles para la comisión de una actividad delictiva o
de facilitar su realización.
9. Obligación de someterse a un tratamiento de
desintoxicación de drogas o alcohol en caso que el juez
lo determine.
10. Los demás deberes que el Juez estime conveniente
para consolidar la rehabilitación social del beneciado,
siempre que no atente contra su dignidad y derechos
fundamentales.
Artículo 56º.- Revocatoria
Los benecios penitenciarios de semi-libertad o
liberación condicional se revocan si el beneciado comete
un nuevo delito doloso; incumple las reglas de conducta
establecidas en el artículo 55 de la presente norma; o
infringe la adecuada utilización y custodia del mecanismo
de vigilancia electrónica personal.
Artículo 57º.- Efectos de la revocatoria
La revocatoria de los benecios penitenciarios de
semi-libertad o liberación condicional, por la comisión
de nuevo delito doloso, obliga a cumplir el tiempo de la
pena pendiente al momento de la concesión del benecio.
En los otros casos, el beneciado cumplirá el tiempo
pendiente de la pena impuesta desde el momento de la
resolución de la revocatoria.
Al interno a quien se le revocó la semi-libertad o
liberación condicional no podrá acceder nuevamente a
estos benecios por la misma condena.”
Artículo 3º. - Incorporación de la Sección IV-A y del
artículo 57-A en el Capítulo IV del Título II del Código
de Ejecución Penal
Incorpóranse la Sección IV-A y el artículo 57-A en el
Capítulo IV del Título II del Código de Ejecución Penal en
los siguientes términos:
“SECCIÓN II-A
APLICACIÓN TEMPORAL
Artículo 57-Aº.- Aplicación temporal de los
benecios de redención de pena por el trabajo
o la educación, de semi-libertad y de liberación
condicional
Los benecios penitenciarios de semi-libertad y
liberación condicional se aplican conforme a la ley vigente
en el momento de la sentencia condenatoria rme.
En el caso de la redención de la pena por el trabajo
y la educación se respetará el cómputo diferenciado de
redención que el interno pudiera haber estado cumpliendo
con anterioridad”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Deróganse los artículos 47-A, 50-A y 55-A del Código
de Ejecución Penal.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
PRIMERA.- Adecuación de Directivas y
Procedimientos
El Instituto Nacional Penitenciario, en un plazo no
mayor de noventa (90) días de promulgado el presente
decreto legislativo, deberá adecuar sus directivas y
procedimientos a la presente norma.
SEGUNDA.- Disposiciones legales que mantienen
vigencia
Las disposiciones legales que prohíben y/o restringen
los benecios penitenciarios de redención de la pena
por el trabajo o la educación, semi - libertad y liberación
condicional, se mantienen vigentes.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
PRIMERA.- Aplicación temporal
En los casos de los benecios penitenciarios de semi-
libertad y liberación condicional, los efectos de la presente
norma son de aplicación para todos aquellos que son
condenados con sentencia rme a partir del día siguiente
de su entrada en vigencia.
En los casos del benecio penitenciario de redención
de la pena por el trabajo y la educación, los efectos de
la presente norma son de aplicación para los procesados
que ingresen a establecimiento penitenciario y para los
condenados con sentencia rme, a partir del día siguiente
de su entrada en vigencia.
En el caso del artículo 57-A, incorporado en el Código
de Ejecución Penal, su aplicación será de manera
inmediata, incluyendo a aquellos casos anteriores a la
entrada en vigencia de la presente norma.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1468962-3
Decreto LegisLativo
Nº 1297
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº
30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo
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NORMAS LEGALES
Viernes 30 de diciembre de 2016
El Peruano
/
de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar
en materia de reactivación económica y formalización,
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y
saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.;
Que, el literal d) del numeral 2 del artículo 2 de
la mencionada Ley, autoriza a legislar en materia de
seguridad ciudadana a n de, entre otros, adoptar medidas
de prevención social de la delincuencia y participación
ciudadana, sin afectar los derechos fundamentales de la
persona humana;
Que, el concepto de seguridad ciudadana, conforme
señala el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), consiste en la protección de un núcleo
básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto
a la integridad física y material de la persona, y su derecho a
tener una vida digna (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe
Centroamérica PNUD 2010b, 31). Por ello, orienta a que la
seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente
como una simple reducción de los índices de delito y
violencia, sino que debe ser el resultado de una política
de estrategia integral, que incluya, entre otras medidas,
la mejora de la calidad de vida de la población y la acción
comunitaria para la prevención del delito y la violencia;
Que, para combatir la inseguridad ciudadana es
necesario atacar sus causas, entre las cuales se ha
identicado la desprotección familiar de niñas, niños y
adolescentes que posteriormente podrían desarrollar
conductas infractoras de la Ley Penal y en su vida adulta
actos delictivos. Por ello el presente proyecto se orienta
a la prevención social de la delincuencia al enfrentar
parte de sus causas a través de un sistema de protección
integral de niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales o en riesgo de perderlos.
Que, al ser la delincuencia un problema social que tiene
sus raíces en la exposición de factores criminógenos, altos
niveles de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad, es
necesario que en la formulación de la política pública de
prevención social del delito, se involucren las diferentes
entidades del Estado y las organizaciones sociales,
donde los programas y las acciones de los tres niveles de
gobierno deben estar orientados a frenar la generación de
eventos delictivos, así como a transformar o eliminar las
causas que los ocasionan;
Que, la familia es un espacio clave de protección,
que contribuye a la socialización de las normas y su
aprendizaje, y consecuentemente en las políticas de
prevención del delito, para lo cual se puede focalizar a los
grupos vulnerables;
Que, el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del
Adolescente en Conicto con la Ley Penal (PNAPTA 2013-
2018) aprobado por D.S. N° 014-2013-JUS, señala que la
acción de prevención del delito puede ser secundaria o
focalizada, la cual está orientada a proteger a aquellos
grupos vulnerables o en situación de riesgo social, como
es el caso de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales o en riesgo de perderlos.
Que, los resultados del Censo Nacional de la Población
Penitenciaria, que se dispuso mediante Resolución
Ministerial N° 0070-2016-JUS, del 28 de marzo de 2016,
han arrojado resultados que revelan la necesidad de
intervenir con las niñas, niños y adolescentes y sus familias,
para prevenir situaciones de violencia en la familia o que
propicien la comisión de delitos cuando sean adultos.
Que, el Comité de los Derechos del Niño, ha realizado
varias recomendaciones al Estado Peruano, entre ellas,
las referidas al entorno familiar y modalidades alternativas
de cuidado, a n que la legislación nacional esté en
consonancia con las Directrices sobre las Modalidades
Alternativas de Cuidado de los Niños, orientadas a apoyar
los esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes
permanezcan bajo el cuidado y protección de su familia y
buscar alternativas de solución permanentes en función a
su Interés Superior, con procedimientos que ofrezcan un
mínimo de garantías procesales.
Que, ello nos dirige a mejorar la actuación protectora
del Estado para las niñas, niños y adolescentes que
se encuentran sin cuidados parentales o en riesgo de
perderlos, a través de un marco legal que brinde apoyos a
la familia a n que cumpla su rol protector y no los exponga
o vulnere sus derechos, eliminando o disminuyendo así
los factores de riesgo que los hagan víctimas de violencia
o los conviertan en posibles adolescentes en conicto con
la ley penal y más adelante delicuentes.
Que, en función a ello, se presenta el Decreto
Legislativo para la protección de las niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de
perderlos, como parte fundamental de la política pública
de prevención social del delito.
De conformidad con lo establecido en el literal d)
numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
Decreto LegisLativo Para La
ProtecciÓN De NiÑas, NiÑos Y aDoLesceNtes
siN cUiDaDos PareNtaLes o eN riesgo De
PerDerLos
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto brindar protección
integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales o en riesgo de perderlos a n de garantizar el
pleno ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a
vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Esta Ley se aplica a todas las niñas, niños y
adolescentes privados de cuidados parentales o en riesgo
de perderlos y a sus respectivas familias.
A efectos de la presente Ley, se entiende por niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales a aquellas y
aquellos que se encuentran en situación de desprotección
familiar; y en riesgo de perderlos, a las niñas, niños y
adolescentes en situación de riesgo de desprotección
familiar.
Artículo 3.- Deniciones
A efectos de la presente ley se entiende por
a) Familia de origen
Es la conformada por la madre, el padre o uno de
ellos, hermanos, hermanas, tutora o tutor. Y además las
personas con las que teniendo o no vínculo de parentesco,
conviven o hacen vida en común.
b) Familia extensa
A efectos de la presente ley, la familia extensa
comprende a los familiares de la niña, niño o adolescente
con los que no conviven o hace vida en común.
c) Comunidad como familia
En el caso de niñas, niños o adolescentes procedentes de
pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas,
comunidades nativas o cualquier otra forma organizativa,
donde la niña, niño o adolescente haya desarrollado
identidad cultural y sentido de pertenencia, se entiende como
familia de origen o extensa a los integrantes de éstas, de
acuerdo a sus costumbres y bajo un enfoque intercultural.
d) Cuidado y protección
Es la atención que se brinda a la niña, niño o
adolescente, con la nalidad de cubrir sus necesidades y
protegerlos en el ejercicio de sus derechos, para lograr su
desarrollo integral en función a su interés superior.
e) Competencias parentales o de crianza y cuidado.
Es el conjunto de responsabilidades, derechos y
deberes que permiten a la familia afrontar de forma exible

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