Expresión, conciencia y sexo
| Autor | Ronald Dworkin |
| Páginas | 201-203 |
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L “la libertad de expresión o de prensa” contenida en la Prime-
ra Enmienda es una disposición constitucional que, de manera patente, no
puede ser entendida más que como un principio moral abstracto. Los abogados
y los jueces que la aplican en casos concretos deben plantearse y responder una
variedad de preguntas de moralidad política. ¿Cuál es el punto de contar con una
garantía especial para la expresión o la prensa? ¿Acaso se apunta mediante ella,
exclusiva o fundamentalmente, a mejorar el proceso democrático? ¿Es esta libertad
particularmente importante debido a que la expresión libre y la prensa libre le
proporcionan al público información que éste necesita para gobernarse a sí mismo
apropiadamente? ¿O debido a que la imparcialidad demanda que todos sobre los
que un gobierno democrático ejerce su dominio, aun aquellos que comulgan con
opiniones impopulares, desagradables o prejuiciosas, dispongan de una oportuni-
dad irrestricta de inuir en los procesos formales e informales mediante los cuales se
adoptan decisiones colectivas y se delinea el ambiente político y moral? ¿O puede
que ninguna de estas sugerencias agote las principales justicaciones estructurales
a favor de un derecho especial? La razón por la cual éstas son preguntas profundas
es que implican las controversias sobre la naturaleza de la democracia que describí
en la Introducción.
Particularmente en la segunda mitad de este siglo, la Corte Suprema defendió
una visión expansiva y esencialmente liberal de la Primera Enmienda. Sus decisio-
nes fueron criticadas tanto desde la derecha como desde la izquierda, por lo que
los capítulos de esta parte deenden la posición liberal de centro de los ataques
de ambos ancos. El Capítulo 7 describe un par de casos judiciales en los que dos
generales famosos —William C. Wesmoreland, a cargo de comandar las fuerzas
norteamericanas en Vietnam, y Ariel Sharon, a cargo de comandar las tropas
israelíes en El Líbano— demandaron daños por difamación a raíz de lo que cali-
caron como informaciones parciales e inexactas. Muchos grupos conservadores,
indignados con lo que entendieron como el sesgo liberal de la prensa, apoyaron
en esos casos a los demandantes, y fueron particularmente críticos de la principal
barrera doctrinaria en su contra: la decisión anterior de la Corte Suprema en el
caso New York Times vs. Sullivan, que declaró que las guras públicas podrían
cobrar daños y perjuicios por difamación no sólo mostrando simplemente que lo
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