jurisprudencia delitos contra fe publica

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De los agravios vertidos en el recurso de casación solo resulta fundado el concierne a la omisión del colegiado superior de omitir pronunciarse sobre el extremo civil de la sentencia, el mismo que también formó de la apelación de sentencia interpuesta por el agraviado; y por consiguiente merecía pronunciamiento en la sentencia que resolvió el grado. por otro lado, estando a los alcances del...

En el proceso de desalojo por ocupación precaria corresponde determinar si el demandante tiene derecho a la posesión del bien y si la parte demandada tiene título que justifique su posesión; no se debe eludir dicho pronunciamiento bajo el sustento que el título de una de las partes viene siendo cuestionado en otro proceso judicial; en tanto, ante dicha circunstancia corresponde proceder acorde a...

El delito de fraude procesal es un tipo penal de comisión permanente, por lo que su ejecución se mantiene en el tiempo hasta la emisión del último pronunciamiento de la autoridad, como producto del error inducido o hasta que el sujeto activo desista de mantener en error a la autoridad administrativa o judicial.

A. la corte interamericana de derechos humanos ha establecido que no es posible admitir la prescripción de la acción penal en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en la medida que los estados parte se encuentran obligados a investigar y sancionar a los responsables de la vulneración de estos derechos. b. del mismo modo, es posible que la prescripción ceda ante el derecho de las...

Apelación fundada respecto de la imputación alternativa de violación sexual agravada. El recurso de apelación dirigido a revocar la decisión del a-quo de declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva deviene en fundado en parte en razón a lo siguiente: 1. De la revisión de la resolución objeto de grado, se aprecia que concurren los presupuestos procesales previstos en los numerales 268

I. No basta con la verificación matemática de la participación de una pluralidad de sujetos, el uso de violencia o la distribución de roles en el despliegue de un evento delictivo para concluir en la configuración de este tipo penal, pues estas son características que comparte con la codelincuencia, institución normativa reconocida y regulada por nuestro ordenamiento jurídico (artículo 23 del...

I. el colegiado sentenciador […] se limitó a señalar deficiencias formales en la hipótesis fiscal, estrictamente ligadas con la agravante de la conducta incriminada: la destreza, a pesar de que el ente acusador cumplió con dicha exigencia, conforme lo ampliamente desarrollado. por ello, se omitió un análisis acucioso de la conducta incriminada; así como, de los elementos de prueba incorporados en

Apartamiento de la doctrina jurisprudencial sumilla. la corte suprema en diversas sentencias de casación ha establecido que cuando se advierta que el bien es intrínsecamente delictivo resulta inviable que se pretenda la devolución de un vehículo, pues, en este caso, no cuenta con la respectiva dua, y por ende significa que ingresó al país sin la documentación aduanera correspondiente y se dejó de

. el delito de tenencia ilegal de armas de fuego tipificado en artículo 279-g del código penal, solo requiere para su configuración un acto positivo deportar, usar o tener un arma de fuego. no se exige que el poseedor sea el propietario, solo se requiereuna situación posesoria mínima y la facultad o posibilidad de disposición o de ser utilizado, cualquierasea la duración del tiempo que permita su

Inadmisibilidad del recurso de casación excepcionalsumilla: la recurrente invocó la casación excepcional; no obstante, no expresaron razones serias y fundadas que justifiquen el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, por consiguiente esta suprema corte estima que no se circunscribe la presencia de un verdadero interés casacional.

De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,

Sumilla. bien concedida por aplicación del acceso excepcional previsto en el apartado cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del código procesal penal, concordante con los apartados tres y cinco del artículo cuatrocientos veintinueve del código procesal penal, respecto a la indebida interpretación de los artículos ochenta y ochenta y tres del código penal, y el artículo trescientos treinta

1. son, genéricamente, cuestiones de hecho, ajenos a la casación, la determinación de hechos concretos y la apreciación de la prueba. pero, desde luego, desde el juicio histórico, es una cuestión de derecho (i) si se vulnera una específica regla de prueba o precepto legal, siempre que sean trascendentes para la definición del hecho imputado; o, (ii) o si se contrarían las leyes de la lógica, las...

Sumilla: el acto de inscripción registral propiamente no garantiza conocer cualquier defecto o problema en la documentación de un bien o problemas de legitimación, toda vez que este marco sustantivo no tiene como finalidad resolver controversias que provienen de las relaciones jurídicas que se establecen entre la superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria y las personas...

Los recurrentes interpusieron casación excepcional y propusieron temas para desarrollo de doctrina jurisprudencial, excepto el encausado ríos fernández; sin embargo, los propuestos carecen de justificación e interés casacional; mientras el último ni siquiera lo planteó. por tanto, no fueron acatadas las exigencias previstas en el artículo 430, numeral 3, del código procesal penal. en tal virtud,...

La defensa de los recurrentes propuso cuatro temas para el desarrollo de doctrina jurisprudencial; sin embargo, carecen de interés casacional porque uno de los temas planteados ya fue ampliamente abordado en el acuerdo plenario n. O 4-2005/cij-116 y los otros representan un interés particular y no uno general, ya que, en puridad, se pretende objetar el juicio de valor realizado por los órganos de

I. declarar no haber nulidad en la sentencia del treinta de julio de dos mil veintiuno, en el extremo que condenó a carlos fernando ruiz ponce como autor del delito de uso de documento público falso en agravio de marina rubio aponte, ediinsa, sunarp y la municipalidad distrital de chorrillos. en consecuencia, le impusieron seis años de pena privativa de libertad, noventa días-multa, y, el pago de