fuentes del derecho procesal del trabajo

Sumilla: cuando los procesos versen sobre reposición de un trabajador sin vínculo laboral vigente en una entidad de la administración pública, se deberá resolver el caso sobre los criterios establecidos en el precedente constitucional n° 05057-2013-pa/tc y las casaciones laborales nos. 11169-2014-la libertad, 8347-2014-del santa y 4336-2015-ica.

• Códigos

Cuando la controversia verse sobre reparos formulados por la administración tributaria principalmente sustentados en cuestiones de valoración probatoria, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis exhaustivo del caso y una valoración conjunta de todos los medios probatorios que coadyuven a la resolución de la cuestión litigiosa. en esa misma línea y en virtud de la naturaleza de plena...

• Diario Oficial El Peruano

Los derechos de libertad de empresa y libertad contractual, así como el principio por el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, no son absolutos y tienen como límites otros derechos de rango constitucional como el derecho fundamental a la salud y la dignidad de la persona humana.

Los contratos modales por inicio o incremento de actividad no solo pueden celebrarse por una nueva actividad, sino también por la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, debiendo establecerse la causa objetiva de forma clara y precisa, a fin de que se justifique la contratación temporal, en atención a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 57° del texto únic

A efectos de garantizar la debida motivación de las resoluciones judiciales, deberá declararse nula la sentencia impugnada a fin de renovarse el acto y emitirse un nuevo pronunciamiento por un órgano colegiado distinto, que procure el respeto de las garantías constitucionales de carácter material y procesal. asimismo, de ser necesario, se deberán desarrollar las diligencias que se consideren...

Para que se pueda gozar del beneficio de indemnización por despido arbitrario por cese colectivo, la parte afectada tiene que demostrar encontrarse inscrito en la relación de trabajadores cesados irregularmente; por lo que no resulta válido que una persona pretenda que se extienda los efectos de un proceso judicial, donde aquel no ha sido parte de dicho proceso".

Se vulnera el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a probar al haber quedado acreditado que la recurrente no fue integrada, previa y oportunamente a la expedición de la sentencia, ya que por su condición resulta imprescindible que se le incorpore como litisconsorte necesario y se le conceda la oportunidad de contestar la demanda y ejerza todos los derechos procesales que le...

Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...

Sumilla: en el presente caso, se advierte que la sala superior ha actuado conforme a lo dispuesto en el artículo 139 inciso 5 de la constitución política del perú, concordante con el artículo 50 inciso 6 del código procesal civil, al no verificarse vulneración al principio de motivación de las resoluciones judiciales, pues la sentencia recurrida contiene las razones de hecho y de derecho que...

Sumilla. para efectos de establecer el carácter remunerativo de un concepto otorgado a favor del trabajador, corresponde aplicar el principio de primacía de la realidad, para identificar si dicho concepto ha sido otorgado en forma mensual, sucesiva, periódica, regular y bajo libre disponibilidad.

El querellado no aceptó su responsabilidad por el delito de difamación agravada, tal como lo sostuvo la defensa. en realidad, solo manifestó que las expresiones que vertió en diversas fechas a través de dos medios de comunicación, eran de su autoría. luego, al analizar la actividad probatoria, se determinó que dichas expresiones se emitieron al amparo del ejercicio legítimo de sus derechos de...

El querellado no aceptó su responsabilidad por el delito de difamación agravada, tal como lo sostuvo la defensa. en realidad, solo manifestó que las expresiones que vertió en diversas fechas a través de dos medios de comunicación, eran de su autoría. luego, al analizar la actividad probatoria, se determinó que dichas expresiones se emitieron al amparo del ejercicio legítimo de sus derechos de...

• Manual de Derecho Procesal Constitucional

Sumilla. el tribunal constitucional, en el expediente número cero dos mil novecientos ochenta y nueve-dos mil doce-pa/tc, ha establecido criterios para evaluar la legitimidad constitucional del mantenimiento de la medida de incautación de los bienes en el marco de un proceso penal respecto de un tercero o de un afectado ajeno al mismo. así, en los casos en los que se encuentra objetivamente...

• Diario Oficial El Peruano

Los convenios suscritos en el año 1994 por la entidad demandada vulneran el artículo 44° del decreto legislativo n.° 276, pues en dicho acuerdo se establecieron incrementos remunerativos, además dichos convenios no cuentan con la aprobación de la comisión técnica a que hace referencia el artículo 26° del decreto supremo n.° 003-892 .

El colegiado superior ha efectuado una valoración conjunta y razonada de las pruebas actuadas en sede administrativa, así como de los argumentos formulados por las partes, tras lo cual ha emitido pronunciamiento sobre el gasto no deducible por concepto de campamento y escuela fiscalizada en los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, en aplicación del artículo 206 del texto único ordenado de...

El consumo de las aguas subterráneas tiene como contraprestación el pago obligatorio e incondicional de una tarifa económica, según se desprende de lo previsto en el artículo 37° de la constitución política del perú de 1933, el artículo 118° de la constitución política de 1979, y el artículo 66° de la constitución política de 1993, normas constitucionales que regulaban los recursos naturales bajo