fraude acto juridico jurisprudencia

Se vulnera el derecho a probar al no admitir medios probatorios, ya sea extemporáneamente o de oficio, adecuadamente actuados, y que estos sean valorados racionalmente y con la motivación debida, con el fin de estructurar correctamente la premisa fáctica del caso; configurándose así, la invocada afectación del derecho a la prueba, prevista en el artículo 197 del código procesal civil, que incide...

Fin ilícito: la diligencia ordinaria mínima impone al comprador el deber de verificar el estado actual del bien que adquiere y principalmente quién o quiénes detentan la posesión del mismo y a título de qué lo ocupan, pues en aplicación de lo que dispone el artículo 912 del código civil, al poseedor de un bien se le reputa propietario mientras no se demuestre lo contrario. concluyendo en este...

Los efectos del despido nulo se constriñen, de acuerdo a los artículos 34, tercer párrafo, y 40 del texto único ordenado del decreto legislativo n° 728, ley de productividad y competitividad laboral, a la restitución del trabajo o, de ser el caso, a la indemnización establecida en el artículo 38 de la citada ley, al pago de las remuneraciones devengadas y pago de compensación por tiempo de...

"la estructura del negocio jurídico se configura de la siguiente manera: a) los elementos que son los componentes indispensables para que los sujetos celebren el acto jurídico y que son comunes a todo acto jurídico: la manifestación de voluntad y la causa; b) los presupuestos que se definen como los antecedentes o términos de referencia, es decir todo aquello que es necesario para la...

Tal como lo establece el artículo 195 del código civil en su último párrafo; corresponde la carga de probar al deudor y tercero adquiriente la inexistencia del perjuicio o la existencia de otros bienes suficientes para garantizar la satisfacción del crédito, no apreciándose que la parte demandada haya cumplido con acreditar dicho extremo a efectos de desestimar la pretensión del demandante.

Del análisis de la sentencia cuestionada se advierte una exposición lógica, razonada y suficiente de los criterios fácticos y jurídicos en mérito de los cuales la sala civil superior resolvió la controversia; asimismo, se observa que se ha efectuado una adecuada subsunción de los hechos en las normas jurídicas pertinentes; siendo ello así, no se advierte que se haya transgredido el principio del...

Existiendo en autos copias de un proceso de ofrecimiento de pago y consignación; debe el órgano jurisdiccional tener a la vista estos actuados antes de emitir pronunciamiento.

Para la procedencia de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se requiere que el acto alegado como viciado haya provenido de una conducta procesal fraudulenta o colusiva que afecte el derecho al debido proceso de una de las partes, y que haya sido determinante para la expedición de la sentencia.

A. el delito de estelionato presenta sus propios elementos típicos, que no necesariamente coincidirán con todo el iter defraudatorio establecido para el delito de estafa, pues se trata de un supuesto especial de la defraudación. B. el sujeto pasivo es, en principio, el comprador del bien que participó en la celebración del contrato de compraventa, a quien se le ocultó la ajenidad del bien. no...

El principio de la irretroactividad de las normas es uno de los fundamentos de la seguridad jurídica, en virtud del cual se establece que ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones expresamente referidas en los artículos 103 y 109 de la constitución política del perú.

Se respeta el derecho a un debido proceso, cuando se efectivizan los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable en el desarrollo de todo proceso judicial; siendo uno de ellos, el respeto al derecho de prueba que tienen las partes durante el proceso, ofrecidas, admitidas, actuadas y valoradas en la etapa correspondiente.

Para que se produzca el despido fraudulento, no basta la sola imputación de los hechos, sino que debe respetarse el principio de tipicidad.

Resulta necesario distinguir que el artículo trescientos ochenta y cuatro del código penal identifica dos modalidades delictivas diferentes, entre las cuales no hay una relación de tipo básico a tipo derivado calificado. esto es, la norma legal no criminaliza una forma simple y una agravada de colusión sino dos delitos autónomos y operativamente diferentes.

Sumilla: las instancias de mérito no han considerado que en aplicación del artículo 1993 del código civil, concordante con el inciso 3 del artículo 1996 de la norma en comento, debe interpretarse que el cómputo del plazo de prescripción se interrumpe con la interposición de la demanda; por lo que no es razonable que se tome en cuenta como interrupción del plazo prescriptorio el momento en que se...

Deber de garante en los delitos de trata de personas por la forma de comisión del delito de trata de personas, no se puede hablar de la existencia de un deber de garante del tratante sobre la víctima, a excepción de los supuestos previstos en los numerales 2 y 5 del primer párrafo del artículo 153-a del código penal, donde sí se configura un deber de garante, por la existencia de un rol de...

La ley del impuesto general a las ventas, su reglamento y la ley del impuesto a la renta regulan específicamente el tratamiento tributario de la venta de bienes; empero, la operación financiera del leaseback no constituye una compraventa per se ni un arrendamiento financiero propiamente dicho -o celebrados de forma separada-, sino la concurrencia de ambas operaciones. en el caso concreto, el...

Sumilla: es fundado el recurso de casación debido a que la sentencia de vista incurrió en los supuestos de motivación insuficiente y aparente, respectivamente, porque al determinar los hechos no evaluaron los argumentos esgrimidos por una de las partes y porque el pronunciamiento sobre uno de los agravios se sustentó en fundamentos que no le daban respuesta.

En cuando al delito de falsificación y uso de documento público falso, ha operado la prescripción de la acción penal, definida como una causa de extinción de la responsabilidad criminal que opera limitando el ejercicio del ius puniendi del estado como consecuencia del transcurrir del tiempo, es decir extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del...

1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...