ejecutorias sobre mejor derecho propiedad

Una de las garantías que forman parte del derecho al debido proceso, es el de la motivación escrita de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5), del artículo 139° de la constitución política del perú, que tiene como fin el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por los jueces, para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así puedan...

En los procesos de otorgamiento de escritura pública, la actividad jurisdiccional debe comprender el verificar si existe o no la obligación de la parte demandada de formalizar el otorgamiento de escritura pública; en ese sentido, si bien obra el documento privado de compraventa a formalizarse; sin embargo, existen indicios razonables que le restan fehaciencia en los términos redactados en el...

En los procesos interdictales corresponde al demandante probar la posesión fáctica actual sobre el bien al momento de suscitados los hechos, independientemente del título del cual deriva dicha posesión, así como el despojo sufrido; siendo que la sala superior ha expresado razones suficientes, sobre la base de la valoración de las pruebas, que la parte demandante no acreditó el real ejercicio de...

Será &mayor" aque"" aquella circunstancia que, por no poder ser prevista o evitada, imposibilita al administrado absolutamente para el cumplimiento de la obligación.

1. los tipos delictivos de conversión y transferencia, de un lado, y de ocultamiento y tenencia, de otro, incorporan categorías ya construidas desde la convención de viena contra el tráfico ilícito de drogas y reflejan etapas dinámicas y convencionales de su recorrido, desde la introductoria o prelavado y la de intercalación: conversión y transferencia, hasta la fase final de integración:...

Sumilla: en un procedimiento administrativo sancionador la actividad probatoria no solamente recae en el administrado, sino también en la administración, pues aquella, en uso de sus facultades puede actuar pruebas complementarias o de oficio a efectos de aclarar los hechos imputados a un administrado.

En el proceso seguido ante las instancias judiciales, el aspecto controvertido no es la objetividad en la determinación de la infracción por parte de la administración aduanera, la cual está establecida en el artículo 189 de la ley general de aduanas, sino que el aspecto relevante controvertido está referido a los vicios procesales en los que ha incurrido la administración aduanera y que han sido

En los procesos de otorgamiento de escritura pública, la actividad jurisdiccional debe comprender el verificar si existe o no la obligación de la parte demandada de formalizar el otorgamiento de escritura pública; en ese sentido, si bien obra el documento privado de compraventa a formalizarse; sin embargo, existen indicios razonables que le restan fehaciencia en los términos redactados en el...

Los gobiernos locales, en los asuntos relativos al otorgamiento de autorización para la instalación de una estación de base radioeléctrica, se encuentran obligados a observar las disposiciones contenidas en la ley n° 29022 y su reglamento, aprobado por decreto supremo n° 039-2007-mtc; absteniéndose de aplicar normas que se le opongan.

Sumilla: ®istrabilidad de una marca se encuentra relacionado con la figura del riesgo de confusión y de asociación, el que de acuerdo a los criterios señalados en reiterada jurisprudencia del tribunal andino, debe realizarse en forma sucesiva y no simultánea, en atención a que este no lo realiza el consumidor; analizándose también la totalidad de los elementos que integran el conjunto marcario,

• Yachaq: Revista de Derecho

La informalidad de los bienes inmuebles en nuestro país es alta, existen mecanismos para formalizar la propiedad, como es el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, la misma que puede tramitarse por vía judicial, notarial y administrativa. En este último caso, se puede realizar a través de un procedimiento especial tramitado ante las municipalidades provinciales, que tienen competencia...

Excepción de improcedencia de acción e interpretación de los artículos 197. 4 del código penal y 1409. 4 del código civil i. Sobre esta excepción, constituye línea jurisprudencial constante de este tribunal supremo, entre otras, la siguiente: * esta excepción permite analizar la correspondencia de los hechos relatados en la imputación fiscal -disposición fiscal de investigación preparatoria o...

Las pruebas citadas -analizadas individual y conjuntamente- y los argumentos expuestos son suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia de los sentenciados recurrentes félix pihuy cárdenas, wuilzon félix pihue palomino y clomilda carolina huaroc poma. no obstante, en cuanto al recurrente luis víctor paredes espinoza, conforme a los elementos del tipo de estafa genérica, no...

• Autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios

La adjudicación de un bien inmueble, realizado por parte de una asociación que tiene como fin de su creación, que sus asociados obtengan una vivienda, constituye una acto de transferencia de la propiedad; que podría ser vulnerada por el incumplimiento de sus estatutos o de la ley

Resolución de contrato: el artículo 1430 del código civil, que regula la figura de la cláusula resolutoria expresa o pacto comisorio, establece la posibilidad de dar fin al contrato cuando se conviene de manera expresa que el negocio jurídico se resuelve si una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. en esas circunstancias dicha norma es de...

El acto jurídico de compra venta, en el que el comprador tiene conocimiento que quien le vende no tenía facultades para hacerlo, no puede ampararse en el principio de buena fe registral, incurriendo así en la causal de fin ilícito.

Se vulnera el derecho a la motivación, cuando al expedir sentencia, los órganos jurisdiccionales no observan los principios lógicos del razonamiento en la valoración de la prueba entre ellos, el principio de razón suficiente.

El literal e) del numeral 24 del artículo 2 de la constitución política del perú reconoce la garantía fundamental de la presunción de inocencia, según la cual solo puede emitirse una sentencia condenatoria cuando el despliegue de una actividad probatoria suficiente y eficiente genere en el juzgador certeza plena de la responsabilidad penal del procesado.