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A un siglo de las ocho horas

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Vincent

Por Historiador y profesor de la PUCP

El 15 de enero de 1919, el gobierno de José Pardo emitió un decreto en el que fijó en ocho horas la duración de la jornada laboral en el país. La medida se dictó en el marco de una huelga de trabajadores impulsada por la recién creada Federación Obrera Local de Lima. Esta se había iniciado en el mes de diciembre en la industria textil y de panificación, extendiéndose a otras ciudades y sectores, como los de las curtiembres, la industria gráfica y el transporte urbano, al punto que, para el 13 de enero, la paralización en Lima era absoluta. La organización de los trabajadores fue impulsada por dirigentes obreros como Nicolás Gutarra, Delfín Lévano, Arturo Sabroso y Carlos del Barzo, y jóvenes intelectuales movidos por las ideas del socialismo europeo, como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui y César Falcón.La medida dictada por el que sería el último gobierno civilista de nuestra historia extendió para todos una concesión que antes había sido dada para los trabajadores del puerto del Callao (en 1913) y para las mujeres y los niños (en 1918). La segunda década del siglo XX pareció caracterizarse por las conquistas laborales, puesto que en 1911 se había dictado una ley de accidentes de trabajo que responsabilizaba a los empresarios por los accidentes que los trabajadores sufrieran durante su jornada, que de ordinario es mencionada como la primera en América Latina.Antes de la ley de las ocho horas, la jornada laboral habitual era de sol a sol, aunque dejando siempre una pausa para las comidas y descansos (a veces, incluso, para un rápido oficio religioso), que resultaban en una jornada efectiva de nueve a diez horas. La medida trajo así una mejora para los trabajadores, puesto que la hora, o hasta dos, que ahora ganaban podía ser dedicada a su descanso o educación.Hasta hace poco, dichas leyes fueron enfocadas por los estudiosos como conquistas de la clase obrera obtenidas en virtud de su organización y de su lucha. Más recientemente, investigaciones como las de David Parker y Paulo Drinot tienden a apreciarlas como iniciativas gubernamentales y de las élites para imprimir un barniz modernizador a la nación y enrumbarla hacia una economía industrial. Para lo primero, era necesario dotarla de una legislación social ?avanzada?, en sintonía con el escenario europeo, y para lo segundo era importante incluir a los trabajadores urbanos en el soporte social que daba legitimidad al Estado y al...

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