DECRETO, Nº 01-2019-GRLL/GOB, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - Decreto Regional que aprueba como Política Regional, la presentación obligatoria de la declaración jurada de intereses por parte de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de La Libertad y de sus Unidades Ejecutoras-DECRETO-Nº 01-2019-GRLL/GOB

Fecha de disposición14 Junio 2019
Fecha de publicación14 Junio 2019

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley N° 28607, en su artículo 191° establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y en su artículo 192° inciso 1 dispone que los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto;

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la misma que establece como objetivo específico 5 instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la administración pública;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, estableciendo como parte de sus 69 acciones estratégicas, la necesidad de implementar en todo el aparato público la obligación de transparentar los intereses que tengan aquellos funcionarios y servidores públicos con capacidad de decisión y manejo de recursos y bienes públicos;

Que, en materia de corrupción, el Acuerdo Nacional: Consensos para enrumbar al Perú, en su Objetivo IV Estado eficiente, transparente y descentralizado, establece en su acápite 26 la siguiente política de Estado “Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas”;

Que mediante Resolución Suprema N° 258-2016-PCM, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Presidencial de Integridad, con el encargo específico de proponer medidas concretas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública, con la finalidad de fomentar la transparencia, y prevenir y sancionar la corrupción, siendo su primera propuesta aquella por la cual los altos funcionarios, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de confianza deberán presentar ante su entidad una Declaración Jurada de Intereses que contengan información relativa a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo;

Que, el Decreto Supremo N° 080-2018-PCM, de fecha 1 de agosto del 2018, dispone la presentación de la Declaración Jurada de Intereses de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuya finalidad es transparentar los vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales, entre otros, de los sujetos obligados que permita la construcción de una cultura de integridad y transparencia en el sector público;

Que, con fecha 15 de enero de 2018, se suscribió el Pacto Ético Anticorrupción entre el Gobernador Regional y los Consejeros Regionales (representantes de las 12 provincias de la Región La Libertad), con la finalidad de asumir compromisos e impulsar nuevas medidas que faciliten la lucha contra la corrupción;

Que, el Gobierno Regional de La Libertad, como persona jurídica de derecho público, tiene la voluntad política regional de carácter general de implementar lineamientos de combate contra el flagelo de la corrupción en virtud del Principio de Legalidad y, en tal sentido las autoridades y altos funcionarios están sujetos al deber de probidad, el cual involucra actuar con rectitud, honradez y honestidad en aras de satisfacer el interés general y desestimando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona, en concordancia, con los principios y valores éticos establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes que regulan la función pública;

Que, la Ley N° 27815Ley del Código de Ética de la Función Pública establece los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública, estableciendo el deber de la probidad, el cual implica actuar con...

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