DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
| Fecha de disposición | 26 Abril 2018 |
| Fecha de publicación | 26 Abril 2018 |
PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
2018-2021
ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CAN ANTICORRUPCIÓN: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
CCL: Cámara de Comercio de Lima
CGR: Contraloría General de la República
CNM: Consejo Nacional de la Magistratura
CONFIEP: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit de la Cooperación Alemana.
G20: Grupo de los Veinte
INA: Iniciativa Nacional Anticorrupción
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
LA/FT: Lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.
MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM: Ministerio del Ambiente
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
CULTURA: Ministerio de Cultura
MINDEF: Ministerio de Defensa
MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MINEDU: Ministerio de Educación
MINEM: Ministerio de Energía y Minas
MININTER: Ministerio del Interior
MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
PRODUCE: Ministerio de Producción
RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
MINSA: Ministerio de Salud
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
VIVIENDA: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
MP-FN: Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
ONA: Oficina Nacional Anticorrupción
OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
PPEDC: Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción
PJ: Poder Judicial
PNP: Policía Nacional del Perú
PROÉTICA: Capítulo peruano de Transparencia Internacional
SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil
SGP: Secretaría de Gestión Pública
SNI: Sociedad Nacional de Industrias
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN
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MARCO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DEL PLAN
2.1. Metodología de elaboración del plan
2.2. Procedimiento de clasificación y priorización de acciones
2.3. Acciones priorizadas en el plan
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES DEL PLAN
3.1. Acciones del Plan
3.2. Acciones, Indicadores, Metas y Responsables
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
4.1. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Iniciativas anticorrupción y énfasis conceptual
Tabla 2: Documentos anticorrupción considerados para la elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción
Tabla 3: Articulación de enfoques, ejes y objetivos específicos
Tabla 4: Etapas, procedimientos y resultados del proceso de elaboración de acciones
Tabla 5: Áreas prioritarias, tipos de acciones, importancia, temporalidad
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Organización de la secuencia lógica de elaboración del plan
Ilustración 2: Tipos de medición por niveles de articulación en la lucha contra la corrupción
PRESENTACIÓN
Sin necesidad de acudir a estadísticas ni encuestas, todos los ciudadanos peruanos sabemos que la corrupción es uno de los principales problemas en el país si acaso no el principal. Lo vemos y lo vivimos todos los días de una u otra manera a través de los medios de comunicación que dan cuenta de la compra de voluntades políticas, de acuerdos para beneficiar ilegítimamente intereses particulares y de decisiones que no se fundamentan en el interés general sino en el interés de unos pocos. Pero también vivimos la corrupción cuando somos víctimas de un mal servidor público que exige algún pago o beneficio irregular para permitirnos acceder a servicios públicos básicos que por derecho nos corresponden como la salud y la educación.
Todas estas prácticas cuestionables que denominamos gran corrupción, mediana corrupción y pequeña corrupción, si bien tienen manifestaciones y características distintas, así como abordajes distintos, todas ellas son expresión del mismo problema que tiene como raíz la falta de valores, la débil institucionalidad, falta de meritocracia y la injerencia política en la administración pública.
Para entender el problema y plantear alternativas concretas de solución en nuestro país, desde el 2001, se han desarrollado espacios gubernamentales orientados a generar sinergias y definir acciones anticorrupción, los cuales, por diversos motivos, no lograron consolidarse en el tiempo. En la misma línea, en ese mismo período se adoptaron distintas medidas anticorrupción que -siendo necesarias como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Gestión de Intereses, Ley de Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, y Ley de Reforma del Servicio Civil, entre otras- no han tenido el impacto estructural y de largo plazo que esperábamos. Por el contrario, hemos corroborado en estos dos últimos años que la corrupción no sólo se ha mantenido presente, sino que cada vez más presenta evidencias de estar preocupantemente enraizada en los distintos segmentos y niveles de nuestra sociedad.
En este contexto, con no poca frecuencia los peruanos nos sentimos indignados y buscamos alternativas y respuestas inmediatas que nos permitan revertir las consecuencias nefastas que la corrupción genera en términos de institucionalidad, gobernabilidad, crecimiento económico y desarrollo. El problema, sin embargo, es que las respuestas inmediatas y sin planificación apelan erróneamente a la focalización de estrategias de represión, descuidando la prevención. Por esa razón, la lucha contra la corrupción en nuestro país se ha concentrado principalmente en desarrollar medidas que enfatizan el enfoque punitivo buscando la sanción y la reparación del daño con posterioridad a la comisión de un acto de corrupción.
Al respecto, si bien el enfoque punitivo es necesario, este constituye una perspectiva limitada, parcial e insuficiente que parte de la no comprensión de la corrupción como un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que requiere principalmente de medidas estructurales orientadas no sólo a construir una sólida gestión pública basada en valores, transparencia, rendición de cuentas y meritocracia, sino también de reformas institucionales conducentes a revertir los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género en la sociedad.
En línea con esta finalidad, resulta necesario e impostergable reconocer que la corrupción no es un fenómeno neutro y que, por el contrario, impacta de manera diferenciada a los miembros de una sociedad según, precisamente, los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género propiciando la profundización de esquemas de desigualdad y abuso de poder.
De ahí que debe interiorizarse que para el combate de la corrupción no existe una sola fórmula o única respuesta, ni una entidad que pueda afrontar sola este flagelo. Por el contrario, se requiere de una estrategia que articule al mismo tiempo acciones de prevención, detección, investigación y sanción, diferenciando los distintos niveles de corrupción que existen y la manera diferenciada de su impacto, así como de una estrategia de participación conjunta y articulada de las entidades y la sociedad en su conjunto.
Precisamente, es ese enfoque complementario, integral y articulador el que se plantea en el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, el cual, toma como punto de partida la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción aprobada mediante Decreto Supremo 092-2017-PCM, y se erige sobre las recomendaciones del Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, del Informe de la OCDE sobre Integridad en el Perú y sobre el Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas. Este Plan también recoge la voz de ciudadanos, expertos, académicos y servidores públicos comprometidos con un Estado diferente y para cuyo desarrollo, se contó con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. En ese sentido, el Plan que se presenta no sólo constituye un documento que tiene consenso y validez, sino, sobre todo, un documento que marca un camino que todos debemos seguir y cuidar.
Como Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Presidente del Poder Judicial, me permito instar a todos los peruanos a estar atentos y vigilantes respecto de lo que pasa en nuestro país y de la actuación de nuestros gobernantes y autoridades, y a ejercer nuestro derecho y deber de denuncia frente a irregularidades y al no cumplimiento de las medidas que recoge el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021.
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
Abril 2018
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INTRODUCCIÓN
La Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, de fecha 14 de septiembre de 2017, establece en su Segunda Disposición Complementaria Final que “La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en un plazo máximo de cincuenta (50) días hábiles, en el marco de sus funciones, elaborará una propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción que presentará al Poder Ejecutivo, que permita la articulación y coordinación entre entidades para la implementación de la política”1.
En función a dicho mandato, la Comisión del Alto Nivel Anticorrupción, apoyada en la asesoría técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, dio inicio al proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, teniendo en perspectiva, principalmente, la necesidad de dar respuesta a los condicionantes y al contexto en el que la falta de integridad y la corrupción viene afectando al país en los últimos años.
En virtud de ello, la CAN Anticorrupción estableció dos líneas de acción prioritarias para el desarrollo de la nueva estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción. La primera de estas se relaciona a...
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