modelo denuncia penal robo

No haber nulidadsumilla. la condena se sustenta en prueba de cargo fiable, plural y suficiente para concluir razonablemente en la imposición de la respectiva sanción penal. la presunción constitucional de inocencia ha sido enervada.

Principio acusatorioteniendo en cuenta los alcances del principio acusatorio, esto es, si el representante del ministerio público no formula acusación, más allá de invocar el control jerárquico, le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al fiscal que acuse y, menos aún, asumir un rol activo en la acusación

La sindicación del agraviado julio césar ramos huamán no superó las garantías de certeza del acuerdo plenario n.º 2-2005/cj-116. asimismo, no se advierten defectos en la motivación de la sentencia, por lo que se desestiman los agravios de la fiscal superior, ya que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia que como derecho fundamental le asistía al procesado. por ello, se confirma la...

La responsabilidad penal del recurrente se encuentra plenamente acreditada con las pruebas acopiadas durante el proceso y, al haberse absuelto sus agravios, corresponde confirmar la sentencia condenatoria en su contra.

Delito de robo agravado: indiciossumilla. en el presente caso, se determinó la responsabilidad del encausado con los indicios de presencia y participación, mala justificación. asimismo, se le encontró en posesión de los objetos producto del delito. las justificaciones que da respecto a que dichos objetos eran de un pasajero que le tomó la carrera no tienen respaldo alguno, y su finalidad solo...

La uniformidad, coherencia y persistencia de la incriminación efectuada por el agraviado, aunadas a su comprobación mediante pruebas de cargo, determinaron la validez de la imputación fiscal contra el encausado

La carencia de cualquier falta de precisión en la imputación corresponde a una deficiencia, mas no a su inexistencia, la cual puede ser subsanada por el representante del ministerio público a petición del juez, con las herramientas procesales que contempla el código procesal penal, por lo que la excepción de improcedencia de acción promovida no puede ser estimada.

Sumilla. los argumentos presentados fueron limitados a la revaluación de circunstancias orientadas a la responsabilidad del encausado, al reexamen de prueba y determinación de hechos, por lo que no corresponden ser dilucidados mediante esta vía. el tribunal de casación no es una tercera instancia ordinaria ni una segunda oportunidad de apelación.

En el caso materia de examen, las pruebas incorporadas en el curso del proceso, en el que se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, otorgan convicción y certeza a este supremo colegiado respecto a la responsabilidad de los procesados.

Actividad probatoriasumilla. la actividad probatoria es suficiente cuando las pruebas están referidas al hecho criminal que se le imputó al encausado, las que deben ser incriminatorias.

Luego de valorarse los elementos de prueba actuados y absuelto los agravios de los recurrentes, se logró desvirtuar la presunción de inocencia que los acogía, por lo que corresponde declarar no haber nulidad en la condena de la sentencia recurrida.

Suficiencia probatorialas diligencias policiales efectuadas en flagrancia delictiva no requieren la presencia del ministerio público para ser autentificadas, y tienen el valor de prueba preconstituida.

Se ha acreditado la comisión del delito de tentativa de robo con agravantes por parte de los impugnantes, en sus calidades de autor y cómplice primario. La declaración inicial de la agraviada ha sido corroborada con el caudal probatorio actuado durante el juicio, por lo que la sentencia que declara su responsabilidad debe confirmarse.

Suficiencia probatoriasumilla. cuando las pruebas de cargo obrantes en un determinado proceso penal tengan entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia, debe establecerse responsabilidad penal contra el encausado sometido a dicho proceso.

El fiscal supremo en lo penal consideró que la absolución decretada por la sala penal superior se encuentra justificada al no haberse actuado prueba de cargo suficiente. este supremo tribunal no advierte afectación al debido proceso en sus diversas manifestaciones, motivo por el cual, en mérito al principio institucional de jerarquía, corresponde dejar subsistente la sentencia impugnada.

El fiscal supremo en lo penal consideró que la absolución decretada por la sala penal superior se encuentra justificada al no haberse actuado prueba de cargo suficiente. este supremo tribunal no advierte afectación al debido proceso en sus diversas manifestaciones, motivo por el cual, en mérito al principio institucional de jerarquía, corresponde dejar subsistente la sentencia impugnada.

Las declaraciones de los agraviados se ajustan a los requisitos del acuerdo plenario nº 02 - 2005/ cj - 116, por lo que tienen entidad para condenar a uno de los acusados. de otro lado, existen suficientes indicios para declarar la autoría del coacusado, conforme a la ejecutoria suprema recaída en el recurso de nulidad nº 1912-2015 -vinculante a mérito del acuerdo plenario nº 1-2006/esv-22-. por...

Sumilla. las declaraciones de los agraviados mario gutiérrez salinas y persida elizabeth vega vásquez, además de cumplir con las exigencias de legalidad, cumplen con los requisitos establecidos en el acuerdo plenario número dos-dos mil cinco/cj-ciento dieciséis para enervar la presunción de inocencia de los procesados.

Con las pruebas actuadas y valoradas a lo largo del proceso, se logró acreditar fehacientemente la responsabilidad del encausado en los hechos imputados de robo agravado, pues actuó dolosamente con sus coencausados y en horas de la noche, con el fin de sustraer bienes ajenos del dominio de la víctima, para obtener un provecho económico, por lo que se ha logrado desvirtuar su derecho a la...

La actuación probatoria desplegada permitió establecer la materialidad del delito y la responsabilidad del agente penal, la sentencia desarrolló de manera debida los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten sustentar la condena penal impuesta, fundamentos que revisten entidad suficiente para enervar la presunción constitucional de inocencia que ostenta.