Rol de las instituciones financieras internacionales en el sector energético: Análisis de casos en Argentina
| Autor | María Martha Di Paola |
| Cargo | Economista ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales - FARN |
| Páginas | 175-195 |
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Rol de las instituciones internacionales en el
sector energético: análisis de casos en Argentina*/**
MARÍA MARTHA DI PAOLA
Economista ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN
* E
Mott denominado “Política Energética e inversiones de las instituciones
financieras internacionales en Argentina” desarrollado por FARN en
resumida de este artículo fue publicada en el Informe Anual de FARN en
el 2013. El mismo puede encontrase disponible en:
informe2013>.
**
RESUMEN: El objetivo del presente artículo es desarrollar un análisis de las políticas
de acceso a la información y de evaluación ambiental social estratégica de las instituciones
financieras internacionales (IFIs) en Argentina, con la finalidad de observar el rol de dichas
políticas en la determinación y ejecución de los proyectos. Asimismo, el valor agregado de
este trabajo consiste en el monitoreo de carteras de proyectos de inversión para el sector
energético que diversas instituciones financieras internacionales están llevando adelante
actualmente en Argentina, comprendiendo distintas variables como las herramientas de eva-
luación de riesgos y políticas de país respecto de la temática. Vale aclarar que este trabajo se
lleva a cabo en un contexto de suma complejidad en lo que se refiere a la situación del sistema
energético en Argentina. Se elaboraron los indicadores que se utilizarán para la comparación
transversal de los estudios de caso seleccionados para el monitoreo de situaciones ex ante y
ex post de los proyectos. Del análisis de los mismos se concluye en destacar la importancia
que tiene la participación ciudadana en los proyectos, aunque ha sido una herramienta poco
o incorrectamente utilizada.
Palabras claves: Energía / Inversiones / Instituciones financieras internacionales / In-
dicadores / Participación pública
Title: Role of international financial institutions in the energy sector: case studies in
Argentina
María Martha Di Paola
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ABSTRACT: The aim of this paper is to develop a policy analysis of access to information and social
strategic environmental assessment of the international financial institutions (IFIs) in Argentina, in order to
observe the role of these policies in the determination and implementation of projects. Also, the added value
of this work consists in monitoring investment portfolios for the energy sector that international financial
institutions are pursuing currently in Argentina, comprising different variables such as risk assessment
tools and country policies regarding the subject. It is worth mentioning that this work takes place in a
context of extreme complexity in regard to the situation of the energy system in Argentina. Indicators were
developed to be used for cross-comparison of the case studies selected for monitoring situations ex ante
and ex post project. From their analysis concludes in highlighting the importance of citizen participation
in the project, although it has been a tool bit or incorrectly used.
Keywords: Energy / Investments / International Financial Institutions / Indicators / Public participation
Rol de las instituciones internacionales en el sector energético
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I. INTRODUCCIÓN
A partir del 2005, el desafío para el sector energético argentino fue en el
mejoramiento de la seguridad del suministro energético, ya que el crecimiento
económico en conjunto con la falta de inversiones, derivó en problemas de abas-
tecimiento. Esta crisis marca un cambio fundamental en la política energética
de Argentina, orientándose más a la demanda y tomando en cuenta la eficiencia
como un instrumento clave para resolver los problemas de suministro. En este
contexto, las estrategias de las instituciones financieras internacionales (IFIs)
adquieren mayor relevancia en relación con sus inversiones para el sector ener-
gético impactando, también, de un modo particular sobre el modelo de desarrollo
(ILSA, 2010, p. 16).
En 2011 se habían aprobado créditos internacionales para nuestro país por
un monto cercano a los 2.400 millones de dólares, con un financiamiento en
contrapartida por el gobierno nacional de 600 millones de dólares. (El Inversor
Energético & Minero, 2011) Con el Banco para el Desarrollo de América La-
tina (conocido previamente con la Corporación Andina de Fomento, CAF) se
destinarían unos 1.400 millones de dólares en préstamos con varios destinos, a
destacar la inversión en energía nuclear. Asimismo, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en su estrategia país 2012-2015 estipuló aprobaciones anuales
por 1.360 millones de dólares, correspondiendo en un 61% a proyectos dirigidos
a promover el crecimiento y la competitividad, dentro de lo que se enmarca el
sector energético. Por su parte, el Banco Mundial estimó una remesa de 2.223
millones de dólares para 2011, en lo que atañe al sector energético, en particular
se estiman fondos por 600 millones de dólares.
Ante este flujo de inversiones por parte de organismos internacionales, el
objetivo del artículo es generar un análisis novedoso sobre la actualidad y las
tendencias en cuanto a las políticas de inversión de las instituciones financieras
internacionales (IFIs) y el plan energético nacional de Argentina, tomando en
cuenta los principios fundamentales de sustentabilidad ambiental, transparencia
y participación pública.
Para ello se han seleccionado casos paradigmáticos de inversión en grandes
obras energéticas, sobre los que se aplicaron indicadores elaborados especialmente
para el presente estudio como valor agregado para el monitoreo de carteras de
proyectos de inversión para el sector energético. Los mismos incluyen distintas
variables como: las herramientas de evaluación de riesgos y políticas de país res-
pecto de la temática, entre otras, en materia de energía nuclear e hidroeléctrica.
El presente trabajo muestra inicialmente un análisis del sector energético
argentino, a modo de presentación de la coyuntura en la cual se inserta el mismo.
A continuación se menciona el procedimiento para la elaboración de indicadores,
María Martha Di Paola
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que posteriormente se aplicarán cada uno de los casos seleccionados de inver-
siones en proyectos de energía de IFIs y la aplicación de los correspondientes
indicadores.1
II. ANÁLISIS DE COYUNTURA
El incremento de consumo energético asociado al crecimiento económico
de los últimos años se basó en energía barata proveniente del petróleo crudo y
del gas natural, ambos consumos subsidiados por el Estado Nacional.
El aumento de la demanda de energía eléctrica, tanto industrial como
residencial, implica elevar al máximo posible la capacidad de oferta y stock de
energía en Argentina. Esto genera la necesidad de cubrir esos faltantes2 (sobre
todo lo referido al gas) mediante proyectos de inversión como la construcción de
gasoductos o medidas poco sustentables (financieras y ambientalmente) como
la importación de gas de Bolivia, de gas licuado de petróleo de Venezuela y la
utilización buques regasificadores provenientes de Qatar3.
Además, Argentina ha comenzado a explorar gas natural no convencional.
Estas actividades han resultado en una menor seguridad energética para Argentina,
así como mayores riesgos ambientales. A fines de 2012, se anunció un acuerdo
entre Yaciminetos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la empresa petrolera estadouni-
dense Chevron para realizar 100 pozos en busca de shale gas en el yacimiento
de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén4.
Por otra parte, el Gobierno Nacional sigue sin presentar el Plan Energético
para los próximos 20 años (hasta 2030), prometido para comienzos del año 2011
sin contar, además, con participación efectiva de la sociedad civil5. Según datos
extra oficiales, el mismo prevé incorporar 27 GW al año 2025 de fuente hidráu-
1
Naciones Unidas de Río de Janeiro, Río +20, en el Foro de Emprendedorismo Social
2
disminución.
3
licitatoria en tal compra y cuestionando la sustentabilidad ambiental y económica de
tal adquisición. Los mismos se encuentran disponibles en:
archives/12212>
4 La empresa Chevron ha sido embargada en Argentina en agosto de 2012 por una suma
cercana a los 19.000 millones de dólares debido a un fallo de la justicia ecuatoriana en
5 FARN ha pedido información a la Secretaría de Energía de la Nación respecto al estado
y la accesibilidad al presente plan, tanto en 2011 como en 2012. Tanto los pedidos como
Rol de las instituciones internacionales en el sector energético
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lica, nuclear y renovable. Es por ello que en este contexto, cobra importancia la
necesidad de exigir al Gobierno Nacional que abra la discusión del Plan Energé-
tico a mecanismos genuinos de participación ciudadana, en los cuales desde los
distintos ámbitos, sectores y grupos vulnerables pueda ejercerse el acceso a la
información y a la participación para el logro de un Plan Energético Sustentable
y por ende, una matriz energética limpia.
Asimismo, en mayo del presente año se sancionó la Ley Nº 26.741 donde
se establece la nacionalización de YPF, una de las principales empresas petroleras
del país. Esta norma estableció la expropiación del 51% de las acciones clase D
de Repsol (en total poseía 57%, por lo que todavía retiene un 6%) para que el
Estado pase a tener el control de la principal petrolera del país. Estas acciones
se repartieron al Poder Ejecutivo Nacional (26,04%) y a las provincias produc-
toras (24,99%), que a su vez firmarán un pacto de sindicación por 50 años para
votar siempre juntas y asegurar el control estatal. La ley también contempla la
expropiación, en los mismos términos, de YPF Gas, otra firma que estaba en
manos de Repsol. El precio de la indemnización a Repsol lo fijará el Tribunal
de Tasaciones de la Nación6. Dicha medida muestra una clara tendencia de la
política energética nacional basada en favorecer la producción de hidrocarburos
frente a las energías renovables. Dicha medida, a su vez, ha tenido impactos en el
comercio internacional de nuestro país, ya que a modo de represalia el gobierno
español cerró la entrada del biodiesel nacional, siendo este el principal destino
comercial del biocombustible derivado de la soja. Sin embargo, vale aclarar que
dicha medida fue derogada antes de fin de año.
A modo de resumen, se pueden indicar como los principales problemas del
sector energético:
• Pérdidadeautoabastecimientoenergético:Reduccióndelasreservasde
petróleo y gas y por tanto, de su producción, junto con un incremento de
la demanda energética.
• Altadependenciadeloscombustiblesfósiles,bajoniveldeeficienciaenergé-
tica que derivan en dificultades de abastecimiento en los picos de consumo.
las respuestas de la institución se encuentran disponibles en:
ar/newsite/archives/11578> y
6
millones de dólares. Vale aclarar que Repsol todavía no ha recibido una compensación
María Martha Di Paola
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• Desafíosrespectoalrégimentarifario:Lasleyesqueregulanelsectorno
se cumplen por una prórroga que ya lleva 10 años de la Ley de Emergencia
Pública sancionada en 2002, generando una coyuntura de incertidumbre.
• Ausenciadeundebateabiertoytransparenteconvisióndelargoplazoentre
el sector público, privado y sociedad civil, donde muchas de las instituciones
encargadas de la regulación del sector carecen de transparencia.
• Inconvenientespresupuestariosocasionadosporlossubsidiosylossobre
costos energéticos, así como problemas en la balanza comercial energética
por las crecientes importaciones e insuficientes ingresos en las empresas
energéticas que afectan su funcionamiento operativo y la inversión en am-
pliación de la capacidad instalada.
III. GENERACIÓN DE INDICADORES
Frente a la coyuntura presentada con anterioridad resulta primordial el aná-
lisis de inversiones provenientes desde las IFIs en el sector energético nacional,
tanto en generación como en distribución eléctrica, ya sea de fuentes energéticas
renovables así como también no renovables7.
El objetivo de identificar los indicadores es lograr una sistematización de los
casos para una posterior comparación ya sea a nivel nacional como internacional,
ya que mediante la generación de indicadores cuantitativos se obtendrán señales
de progreso cualitativas de los proyectos.
Con este fin se seleccionaron 5 estudios de caso, los cuales se analizaron
a través de indicadores que facilitan la comparación transversal de los mismos.
Los indicadores son el eje que define la recopilación de los datos necesarios para
efectuar el seguimiento de la ejecución del proyecto y su posterior evaluación.
Los mismos fueron especificados con cuidado y precisión. La cantidad de indi-
cadores fue el mínimo necesario para poder asegurar veracidad de los mismos
pero también que permitiera validar su eficacia gestionaria. (BID 1997) Los
indicadores buscan evaluar la medición de resultados de las inversiones, sus
impactos y finalmente sus productos. (BID, 2002).
Los mismos se han elaborado en función del análisis de bibliografía eco-
nómica, normas jurídicas y obligaciones de participación, como así también en
base a la experiencia de los equipos de FARN y M’Bigua, de modo tal de replicar
7 Se consideran fuentes renovables las mencionadas en el artículo 4 de la Ley 26.190 de
Fomento de Energías Renovables: “son las fuentes de energía renovables no fósiles
proyectos de centrales hidroeléctricas sólo aquellos que generen hasta 30 megavatios.
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indicadores que han resultado exitosos en el monitoreo de situaciones ex ante y ex
post de otros proyectos8. Entre la bibliografía analizada se destacan documentos
del BID (BID, 1997), (BID, 2002) y de autores especializados en el tema (Miran-
da Miranda, 2005, p. 453) sobre evaluación financiera, económica y ambiental.
Los indicadores serán una herramienta útil para la evaluación de los pro-
yectos de manera particular, y de ese modo, obtener una aproximación al rol de
la institución financiera en cuanto a su política energética en nuestro país.
Los indicadores seleccionados fueron divididos en tres grandes grupos:
económico- social, ambiental y participación, tal como se indica en la tabla a
continuación:
Tabla 1: Indicadores del trabajo
Grupo de
indicadores
Indicador Observador
Económico – social Costo Evolución de los costos de la obra
Cumplimiento temporal Cumplimiento de los plazos establecidos a la rma
del contrato
Cobertura Beneciarios del proyecto
Ambiental Deforestación Impacto en los ecosistemas boscosos de la obra,
como una aproximación al impacto sobre los
servicios ecosistémicos
Calidad de aire Impacto en el aire en la zona de establecimiento de
la obra y zonas aledañas
Calidad de agua Impacto en el agua en la zona de establecimiento
de la obra y zonas aledañas
Participación Participación en el
presupuesto
Participación en elaboración, aprobación e
implementación del presupuesto
Herramientas estratégicas Implementación de herramientas estratégicas
Herramientas de
participación
Existencia de mecanismos de participación social
Los indicadores económicos tienen por objetivo analizar la ejecución
presupuestaria, si fue acorde a lo establecido inicialmente para observar si se
realizaron ulteriores desvíos de fondos y si hubo un adecuado cumplimiento de
los plazos estipulados. Asimismo, este grupo incluye un análisis de la cantidad de
beneficiarios, medida que reconoce el impacto final del producto de la inversión.
8 Los mismos se encuentran disponibles en la web de FARN, a los cuales se puede acceder
mediante el siguiente vínculo: <
>
María Martha Di Paola
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Los indicadores ambientales tienen como meta examinar la influencia so-
bre los recursos naturales de la obra financiada por las instituciones. Por ello se
toma en cuenta la deforestación, como una aproximación al impacto sobre la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como también la calidad de agua y
aire. En el indicador calidad de aire, también se incorporaron variables como los
campos electromagnéticos. Asimismo en los mismos se evalúa el cumplimiento
de la normativa ambiental. (Di Paola, 2006, pp. 25-46)
Por último el grupo de indicadores de participación plantea un relevamiento
de las herramientas de participación ciudadana, acceso a la información y eva-
luación que incluyen las IFIs en sus salvaguardas, su aplicación y sus dificultades
en cada caso específico.
Para un mayor dinamismo del estudio y la comparación de casos, se ha atri-
buido a cada uno de los indicadores (en función del nivel de información obtenida
y su análisis) los colores de un semáforo que indican el grado de cumplimiento
individual. Es decir, el color rojo se atribuye en caso de que por lo menos algún
indicador en cada uno de los grupos no se logre valores de aceptación. El amarillo
se alcanza cuando los indicadores fueron cumplidos de manera parcial o se carece
de información para cumplimentar su análisis. Finalmente el verde, indica que
se han cumplimentado lo pautado inicialmente por el análisis de la institución y
su impacto se enmarcar en tal estudio. Una vez que los datos obtenidos por caso
de estudio se vuelcan en un cuadro resumen, se realiza un promedio de colores
para establecer finalmente su color particular.
3.1 Estudio de casos
La selección de casos estuvo basada en varios aspectos. El primero de ellos
fue la participación de alguna de las IFIs presentes en el país en la financiación de
la obra, tratando de garantizar la mayor diversidad de IFIs posibles. El segundo
de ellos, fue la importancia de la obra para el sector energético de país, así se
tuvieron en cuenta tanto proyectos de transmisión eléctrica como de generación
de energía. Por último, respecto a las obras de generación se buscó incorporar la
mayor modalidad, teniendo en cuenta no sólo aquellas energías de alto impacto
ambiental (como grandes represas o nuclear) su encuadre dentro de una política
nacional de energías renovables (como por ejemplo, solar).En síntesis, a través
de los estudios de caso se buscó abarcar la mayor variabilidad de situaciones
posibles, de modo tal de un análisis pormenorizado de las inversiones energéticas
de las IFIs a nivel nacional.
Rol de las instituciones internacionales en el sector energético
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Los resultados para cada uno de los casos se presentan a continuación9:
3.1.1 Electroducto Norte Grande
La extensión de la red nacional de transmisión eléctrica es
considerada indispensable para ampliar la disponibilidad eléctrica
y reducir riesgos de cortes de electricidad en las provincias del
Norte Grande. Dicha región tiene una población de 8 millones
de habitantes (20 % del país), genera el 10% del producto bruto
interno y 7% del total de exportaciones del país. Sus indicadores
sociales muestran elevados índices de mortalidad infantil, analfa-
betismo, pobreza e indigencia, por encima del promedio nacional.
El Electroducto de Norte Grande, con una inversión de
1.594 millones de dólares, está conformado por 1.220 km. de
líneas de extra alta tensión. Su objetivo es superar los problemas de aislamiento
eléctrico en la región por falta de líneas de una capacidad aceptable y acorde al
potencial de generación eléctrica.
El tendido se proyectó hace más de 20 años, pero recién se pudo licitar a
mediados de 2006, cuando el BID concedió un crédito especial para financiar
hasta el 80% de la obra.
La elaboración de indicadores se realizó mediante análisis de información
contenida en la página web del BID, sitios de organismos locales y entrevistas.
Tras el análisis de indicadores se evidenciaron inconvenientes en la ins-
trumentación de las herramientas de participación ciudadana, principalmente
vinculadas a la traza del electroducto tanto por afectación de áreas protegidas
como por comunidades locales.
3.1.2 Complejo Hidroeléctrico Garabí – Panambí10
El Complejo Hidroeléctrico es un mega-complejo de represamiento que
Brasil y Argentina proyectan ubicar sobre el río Uruguay, el segundo en impor-
tancia en la Cuenca del Plata después del río Paraná.
En el año 2003, se impulsa el proyecto llamado Garabí XXI, el cual contempla
la construcción de dos represas, la original de Garabí a cota de 74 metros, con
una potencia instalada de 900MW y Santa María en cota original de 94 metros,
ambas con embalse de unas 20.000 hectáreas, una potencia instalada de 900MW
9
ver el anexo I que contiene un cuadro resumen.
10
del presente indicador.
María Martha Di Paola
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y una producción de energía media anual de 3800GWh/año cada una. A partir
de este nuevo proyecto el área de inundación en Argentina se reduciría en un
60%, pasando de las 40.000 hectáreas iniciales a unas 15.000
hectáreas.
La represa Garabí, se sitúa en la zona de los saltos de Ga-
rabí, provincia de Corrientes, cercana a la ciudad de Garruchos
y prevé ocupar e inundar vastas áreas que comprenden no solo
la provincia de Corrientes, sino también parte de Misiones (Ar-
gentina) y el estado de Rio Grande do Sul (Brasil). El segundo
cierre, Roncador, se instalaría en la zona cercana a la ciudad de
Santa María, Provincia de Misiones.
El complejo hidroeléctrico prevé una inversión de 4.800
millones de dólares aportados por los gobiernos de Argentina y Brasil, así como
también el BID. La obra comenzaría en 2016 para tener plena operatividad hacia
fines del 2020.
Tras el análisis de información local, entrevistas e información recabada de
organismos oficiales se evidencia un difícil acceso a la información económica
y conflictos en torno al impacto ambiental de la obra. Asimismo, se destaca una
escasa o nula participación ciudadana en el proceso.
3.1.3 Electroducto Comahue-Cuyo
El 28 de noviembre de 2006 la CAF aprobó un préstamo
para Argentina destinado a financiar parcialmente el proyecto
“Interconexión Eléctrica Comahue-Cuyo”. El proyecto consiste
en 708 km. de líneas eléctricas de alta tensión.
Con la concreción de la línea Comahue-Cuyo, por ejem-
plo, Mendoza se asegura una doble alimentación del servicio
eléctrico ya que, previamente, solo se transportaba electricidad
a Mendoza desde Córdoba, a través de la línea Centro-Cuyo. La
construcción permite evacuar más energía hacia todo Cuyo y, a
través de Mendoza, hacia San Luis, Córdoba y todo el centro del
país. Asimismo, la obra beneficia el transporte de energía desde
las centrales hidroeléctricas El Chocón, Piedra Del Aguila, Planicie Banderita,
Chihuido y la central termoeléctrica Loma de la Lata.
El presupuesto oficial del proyecto supera los 500 millones de dólares. La
financiación provendrá en mayor parte del Banco de Desarrollo para América
Latina (antes también conocida como la Corporación Andina de Fomento, CAF)
con un aporte de 200 millones de dólares, y en menor medida del Tesoro Nacional,
el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y el gobierno de Mendoza.
Rol de las instituciones internacionales en el sector energético
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Se han finalizado los indicadores, a través de información analizada de las
páginas web de la IFI en cuestión, así como el Ministerio de Economía de la
Nación y entrevistas a nivel local.
Los resultados indican que las mayores limitantes están dadas por la dila-
ción en los plazos de ejecución, gastos que excedieron a los presupuestados y la
afectación por parte de la traza en áreas protegidas y reservas naturales. Asimis-
mo, se pudo observar que el nivel de conflictividad social no tuvo la magnitud
del Electroducto Norte Grande, ya que su traza no afectó de la misma manera
a poblaciones locales.
3.1.4 Central Nuclear Embalse (CNE)
La CNE se encuentra situada en la costa sur del Embalse
del Río Tercero, provincia de Córdoba, a aproximadamente
100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Es la segunda planta
generadora de energía eléctrica a partir de la fisión nuclear que
empezó a funcionar en el país. Su construcción comenzó en
1974 y fue inaugurada el 3 de mayo de 1983. Fue construida
por un consorcio ítalo-canadiense, integrado por las empresas
AtomicEnergy of Canada Ltd. (AECL) e Italimpiante S.P.A.
(IT). En la obra participaron la Comisión Nacional de Energía
Atómica (Argentina) y empresas argentinas del sector privado.
Al momento de su diseño, la vida útil de la CNE se deter-
minó 30 años de operación a un factor de carga del 80%. La planta ha operado
desde el año 1983 con un factor de carga promedio de 85%, lo cual implicó que
su vida útil finalizó en el 2011.
La energía generada aporta a: Noroeste Argentino, Cuyo, Centro, Gran Bue-
nos Aires-Litoral. En Argentina, en el año 2006 Atucha I y Embalse juntas, con
sólo el 4,5% de la potencia instalada, produjeron el 7% de la energía consumida
en el país, lo que equivale a 1.100 millones de metros cúbicos de gas por año.
La CAF aprobó en marzo de 2010 una línea crediticia para Argentina por
240 millones de dólares para la extensión de la vida útil de la Central Nuclear
Embalse. El acuerdo es con Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) para la re-
potenciación de cuatro generadores de vapor de la central nuclear Embalse, de
700 MW de potencia. La obra extenderá por 30 años la vida útil de la central y
demandará alrededor de tres años de trabajo continuo, para lo cual se requerirán
480 mil horas-hombre.
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Un hecho importante es que se trata del primer crédito que un organismo
multilateral otorga a un país para este tipo de inversiones y en materia de energía
nuclear.11
La extensión de la vida útil es un nuevo proyecto, y cómo tal, debe presentar
una evaluación de impacto ambiental que no está disponible. La información del
financiamiento otorgado por CAF es poco clara. En este caso se han presentado
(junto a Greenpeace), pedidos de informes en la Comisión de Energía Nuclear,
la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Secretaría de Energía, NA-SA y la Secretaría
de Ambiente de la Provincia de Córdoba12.
3.1.5 Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)
Su objetivo principal es abastecer de electricidad (mediante
concesionarios privados) a un significativo número de perso-
nas que viven en hogares rurales, y a aproximadamente 6.000
servicios públicos de todo tipo (escuelas, salas de emergencia
médica, destacamentos policiales, etc.) que se encuentran fuera
del alcance de los centros de distribución de energía.
El proyecto es implementado en las provincias que celebra-
ron un acuerdo de participación con la Secretaría de Energía de la
Nación: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Buenos Aires, Santiago
del Estero, Chaco, Chubut, Corrientes, Catamarca, Misiones, Río
Negro, Neuquén, San Juan, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe,
Formosa, Entre Ríos, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La inversión total estimada del PERMER, según la Secretaría de Energía13,
es de aproximadamente 58 millones de dólares constituyéndose en uno de los
proyectos de mayor envergadura de este tipo en el mundo. El 70% del mismo
será financiado por la Secretaría de Energía a través de un préstamo del BM y
la donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el 4% por el
Ministerio de Educación para la electrificación de escuelas rurales, el 9% con
fondos provinciales (provenientes fundamentalmente del Fondo Nacional de la
Energía) y el 17% restante por el sector privado: concesionarios y usuarios.
Para este indicador, se han realizado entrevistas con representantes de la
institución financiera en cuestión, además de análisis de la información disponible
11 >
12 Los pedidos presentados y las respuestas se encuentran disponibles en:
farn.org.ar/newsite/archives/13870>
13
html>
Rol de las instituciones internacionales en el sector energético
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en sitios webs vinculados al proyecto como Secretaría de Energía y Secretaría
de Ambiente.
Debido a su larga extensión (comenzó en 1999) el proyecto actual no se
condice con las proyecciones del contrato original y además, existe un deficitario
acceso a la información (desactualizada).
En temas económicos, se terminó gastando más de lo previsto y los plazos
de ejecución fueron extendidos varias veces. El acceso a la información es muy
precario ante la ausencia de documentos y los disponibles están en su mayoría
en inglés. También tiene problemas relacionados con la capacitación y difusión
del proyecto.
IV. PRIMEROS RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS
A través del proyecto analizó el impacto y la importancia que tienen las in-
versiones de IFIs en distintos eslabones de la cadena energética a nivel nacional.
Tanto en la distribución como en la generación y en fuentes renovables como en
otras consideradas de mayor conflictividad, como la nuclear.
La mayor dificultad se vinculó al acceso a la información. En algunos casos,
la información disponible no se encontraba actualizada, y en otros casos, no era
posible acceder a la misma, ya sea por su ausencia o por dificultades técnicas.
La falta de información afectó a los tres grupos de indicadores.
Respecto al tema ambiental, algunos proyectos han sido más conflictivos que
otros, principalmente debido al tipo de generación de energía así como también
por la afectación del tendido eléctrico a ciertas localidades.
Además, vinculando los indicadores ambientales y los de participación, se
evidenció un análisis acotado de la incidencia sobre los recursos naturales en las
evaluaciones de impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de la transmisión
eléctrica, el análisis de los campos electromagnéticos no se incluía.
Las principales lecciones aprendidas son las fallas asociadas a los procesos
de participación en la mayoría de los proyectos, ya sea por ausencia de los pro-
cesos o una mala implementación de las políticas de participación pública. En
algunos casos, se han identificado que los procesos de audiencias se notificaron
por medios de comunicación de escaso acceso en las zonas afectadas.
En este sentido, se estima que es necesario superar la asimetría social
mediante el enfoque de derechos e institucionalidad. Se debe exigir una mayor
participación ciudadana en los procesos de obras que, además de beneficiar a
la población facilitando el acceso a un flujo de energía en una época de crisis de
abastecimiento, tienen un impacto en el ambiente y en la economía a nivel local.
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Es significativo destacar que en un proceso de crisis energética, como la
que atraviesa actualmente Argentina, son importantes las inversiones en el sector
energético. Sin embargo, tener en cuenta el impacto de estas inversiones en las
poblaciones locales y en los recursos naturales es de importancia ya que no sólo
se debería asegurar el abastecimiento eléctrico sino también disminuir los impac-
tos negativos de nuevas obras de generación y transmisión, ya que es primordial
realizar un balance entre los beneficios positivos y los impactos negativos de
estos nuevos impactos. En muchas ocasiones, las poblaciones más afectadas no
perciben los beneficios de tales emprendimientos, los cuales tienen como destino
abastecer a los grandes conglomerados urbanos.
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Rol de las instituciones internacionales en el sector energético
- 189 -
Anexo I: Detalle de los indicadores
Indicador I. Electroducto
Norte Grande
II. Garabí - Pa-
nambí
III. ElectroductoCo-
mahue - Cuyo
IV. Central Nuclear Embalse V. Programa Energía Renovable
en Mercados Rurales (PERMER)
Costos Existe una diferen-
cia de 11% entre el
monto desembol-
sado y lo informado
en los planes de
adquisición, indi-
cando un faltante
de información
respecto a los gas-
tos estipulados y
adquisiciones rea-
lizadas.
Los siguien-
tes indicadores
se encuentran
contemplados
dentro de los
Términos de Re-
ferencia para los
Estudios Am-
bientales del
Aprovechamien-
to Hidroeléctrico
Garabí-Panambí
relevados para
nales de 2012.
El proyecto ha
presentado un ex-
ceso en los gastos
presupuestados de
un 70%, asociado
primordialmente al
aplazamiento de la
puesta en marcha
de las obras que di-
luyeron los valores
presupuestados por
efecto de la inación
de costos.
Se ha firmado el contrato por
240 millones de dólares con la
CAF, sin embargo, no se han
encontrado datos acerca de los
desembolsos. Ello puede deberse
a que según el contrato, previo al
primer desembolso del préstamo
se debe presentar a la CAF un
informe del proyecto que incluye
el Costo del Proyecto y fuentes
de financiamiento así como el
cronograma de ejecución.
Bajo el contrato original, existe
una diferencia entre el monto es-
timado en el plan de adquisiciones
y lo efectivamente gastado. Lo
mismo ocurre bajo el financia-
miento adicional: en el plan de
adquisiciones.
Cumplimien-
to temporal
Si bien la rma del
contrato se ha dila-
tado un mes, según
datos oficiales el
programa se habría
cumplido según los
plazos estipulados.
Identifica demoras
que no permitieron
que el proyecto se
nalizara a tiempo.
Se estima que el préstamo tiene
un plazo de 18 años con un pe-
ríodo de gracia de 4 años a partir
de la suscripción del contrato
(27/07/2010). Sin embargo, ante
la falta de realización del primer
desembolso los plazos ya se han
modicado.
El Programa no se está ejecu-
tando de acuerdo a los plazos
estipulados
Cobertura No se cuenta con
datos por parte del
BID donde se esti-
pulen de manera
exante los benefi-
ciarios.
Se atenderá a mayor
cantidad de usuarios
que los previstos
en un comienzo. Es
importante aclarar
también, que el cre-
cimiento de usuarios
está dado por el cre-
cimiento poblacional
en el ejido urbano.
3.5 millones de usuarios de
electricidad y 2.700 puestos de
trabajo directos e indirectos.
En el año 1999, se calcularon que
70.000 hogares de bajos ingresos
situados en áreas rurales dispersas
de ocho diferentes provincias se
verían beneciados por la imple-
mentación del Programa.
María Martha Di Paola
- 190 -
Indicadores económicos- sociales
Indicadores ambientales
Indicador I. Electroducto Norte
Grande
II. Garabí - Panambí III. ElectroductoCo-
mahue - Cuyo
IV. Central Nuclear Embalse V. Progra-
ma Energía
Renovable en
Mercados Rura-
les (PERMER)
Deforestación Se han deforestado al
menos 12.000 hectáreas.
No existen sobre la tra-
za del proyecto áreas
protegidas o zonas re-
conocidas como áreas
reproductoras de fauna
silvestre, salvo el área
Ramsar de Humedales
Chaco se dispone a 400
metros de la LEAT en su
punto más cercano.
Garabí: inundará
74.000 has de zonas de
relevancia ecológica,
4,4% del área costera
del Río Uruguay y el
82% de la superficie
de la Reserva Privada
de Santa Rosa.
Panambi: afectan
aproximadamente a
19.000 hectáreas de
vegetación nativa y
94has en reservas.
Si se estima que a
lo largo de toda la
extensión se han defo-
restado como mínimo
360 hectáreas. Este es
un cálculo aproximado
ya que no se presentó
tal información en la
evaluación de impac-
to ambiental. La línea
además atraviesa a lo
largo la Reserva Natural
Sierra Pintada. En el
noroeste de La Pampa
se afectó a la Reserva
Natural La Humada.
No aplica. No se han iden-
tificado posibles
impactos.
Calidad de aire Impactos de baja mag-
nitud. Controversias por
campos magnéticos.
Los siguientes indica-
dores se encuentran
contemplados dentro
de los Términos de
Referencia para los
Estudios Ambientales
del Aprovechamiento
Hidroeléctrico Garabí-
Panambí relevados
para nales de 2012.
Todas las actividades
zonales fueron afec-
tadas temporalmente
por la construcción de
las torres y el tendido
de las líneas, por un
incremento en el trans-
porte, generación de
ruidos, residuos, etc.
En el contrato con la CAF se hace
mención en la cláusula octava, la
necesidad de una mejora continua
en sus programas de monitoreo
radiológico ambiental, radiológico
ocupacional y ambiental conven-
cional. Asimismo, se establece un
plan de gestión ambiental, que
establece adaptarse a las norma-
tivas del país. No se hace mención
a campos electromagnéticos ni
emisiones de tritio ni plutonio.
No se han iden-
tificado posibles
impactos.
Calidad del agua Existe una eventual
afectación del agua
superficial está asocia-
da a contingencias no
previsibles durante la
construcción cuyo riesgo.
No se han iden-
tificado posibles
impactos.
Rol de las instituciones internacionales en el sector energético
- 191 -
III. Indicadores de participación
Indicador I. Electroducto
Norte Grande
II. Garabí - Panambí III. ElectroductoComahue -
Cuyo
IV. Central Nuclear
Embalse
V. Programa Energía
Renovable en Merca-
dos Rurales (PERMER)
Mecanismos para
la participación de
ONGs y ciudadanos
en el presupuesto
No existen datos
respecto a una
convocatoria
para la parti-
cipación en el
presupuesto.
Inexistencia de
mecanismos de par-
ticipación ciudadana
para la intervención
de la sociedad civil en
la elaboración de los
términos de referencia
de EIA, EAE, y escena-
rios presupuestarios
integrales.
No existieron mecanismos
para la participación ciudada-
na en el presupuesto.
Sin implementación. No existen datos
respecto a una con-
vocatoria para la
participación en el
presupuesto.
Implementación de
herramientas estra-
tégicas
i) Evaluación de Im-
pacto Ambiental.
ii) Evaluación Am-
biental Estratégica.
iii) Ordenamiento
Ambiental del Terri-
torio.
Desde el BID se
ha realizado EIA,
sin embargo hay
denuncias por
violación al OAT
en al menos dos
provincias, Salta
y Chaco.
i) No se han iniciado los
estudios a diciembre
2011.
ii) Incluida en los Térmi-
nos de Referencia de la
Licitación referenciada
precedentemente.
iii) Se solicitó en enero
de 2012 a Misiones y
Corrientes informe so-
bre los impacto de las
represas en el proceso
y establecimiento ins-
titucional del OAT del
bosque nativo.
i) Se ha realizado una Evalua-
ción de Impacto Ambiental*
sin embargo, en la misma
no se analizan los impactos
sinérgicos con aquellas obras
de infraestructura construidas
con anterioridad (gasoduc-
tos, líneas eléctricas, rutas,
etc.), por lo que el análisis es
acotado.
ii) No se ha encontrado dis-
ponible públicamente una
evaluación ambiental estraté-
gica para este proyecto.
iii) Se incluyó en la evalua-
ción de impacto ambiental
las distintas alternativas de
trazado**. Sin embargo, se
afectaron zonas pertenecien-
tes a Reservas Naturales.
En la cláusula novena del
contrato se menciona
que cuando exista un
cambio significativo en
las características del pro-
yecto o en el ambiental
natural o social del área
de influencia de la CNE
que puedan generar nue-
vos riesgos y/o impactos
ambientales y sociales no
previstos, el Ministerio de
Planicación debe com-
prometerse a controlar,
mitigar y/o compensar
dichos riesgos e impac-
tos de manera que se
preserve la integridad de
la comunidad y los ecosis-
temas involucrados.
i) Su obligatoriedad
está prevista en casos
de miniredes y es un
requisito recién incor-
porado en el Marco
Para el Manejo Am-
biental y Social. No se
construyeron minire-
des
María Martha Di Paola
- 192 -
Indicador I. Electroducto
Norte Grande
II. Garabí - Panambí III. ElectroductoComahue -
Cuyo
IV. Central Nuclear
Embalse
V. Programa Energía
Renovable en Merca-
dos Rurales (PERMER)
Mecanismos de par-
ticipación social
i) Elaboración partici-
pada de normas
ii) Audiencia pública.
iii) Consejos u órga-
nos consultivos.
Existieron
reuniones de
consulta. La
crítica es a la
difusión de la
convocatoria de
las mismas.
i) Sin existencia.
ii) Conforme crono-
grama de la EBISA se
realizará, aún sin fecha
publicada.
iii) Sin existencia.
i) En las audiencias públicas se
ha establecido la participación
de distintos sectores de la
comunidad para el trazado
de la línea.
ii) Se realizaron con el n de
analizar el otorgamiento del
Certicado de Conveniencia y
Necesidad Pública.
iii) No se han establecido órga-
nos consultivos.
Diversos reclamos de
instituciones del tercer
sector reflejan la falta
de mecanismos de par-
ticipación ciudadana tal
como de información
hasta ahora.
Los PPI* se están lle-
vando a cabo en todas
las provincias en las
que resulta aplicable
la medida. Durante el
ejercicio 2010 se llevó
a cabo el PPI en Neu-
quén y se acordó con
el BM usar éste como
modelo para el resto
de las provincias. A la
fecha, se efectuó el
proceso de consultas
en todas las provincias
correspondientes y se
encuentran en elabo-
ración los documentos
pertinentes, a excep-
ción de Tucumán.
* Planes para pueblos indígenas
- 193 -
Colaboraron en este número
María Elisa Carrión Narváez
Nacida en Quito, Ecuador, cursó sus estudios universitarios
en la Universidad Tecnológica Equinoccial, obteniendo con hono-
res el título de Ingeniera Agroforestal en 2004. En 2011, ingresó
a la Escuela de Posgrado en el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica en la Maestría de
Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad,
concluyendo su formación en diciembre de 2012, destacando
como una de los mejores egresados. Su carrera profesional se
ha orientado a entender la relación ambiente - sociedad, ha par-
ticipado en la coordinación de proyectos tanto a nivel nacional
como regional procurando siempre la integración de comunidades
rurales tanto indígenas como campesinas. Parte de su trabajo se
ha desarrollado en la región amazónica ecuatoriana.
Romana Coelho de Araujo
Maestra en Economía por la Universidad de Brasilia (UnB).
Técnica de lo Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil. Es
autora del libro Valoração Econômica do Dano Ambiental em
Inquérito Civil Público (Brasília: Editora ESMPU, 2011). Fue
profesora invitada para cursos en la Fundación Getulio Vargas
(FGV) e Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais (IBMEC).
Su direccione electrónico es rca0406@gmail.com
Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales
- 194 -
María Marta Di Paola
Es egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
con el título de grado de Licenciada en Economía y Administración Agraria. Ha
finalizado la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además
es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Administración de la Facultad de
Agronomía de la UBA. Ha participado de proyectos de investigación financiados
por organismos nacionales e internacionales como la FAO, la UICN, la Agencia
de Ciencia y Tecnología, entre otros. Actualmente se desempeña en la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales como economista ambiental.
Samuel Francke Campaña
Ingeniero Forestal Universidad de Chile (1980), Doctor Rer nat for Univer-
sidad de München, Alemania (1987), Coordinador Nacional FAO/PNUMA Plan
Nacional de Combate a la Desertificación (1990 – 1995), Director Programa
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de suelos y aguas
CONAF (1995 – 2013), Director Curso Internacional de Manejo Integral de
Cuencas Hidrográficas, Restauración Ambiental, Gestión integrada de Cuencas
Hidrográficas (1999 al 2012) AGCI /JICA / CONAF. Coordinador Nacional de
Gestión Territorial Integrada (2004 – 2010) CONAF /SUBDERE / MINISTE-
RIO INTERIOR, Coordinador Nacional REDLAC FAO (1995-2013). Autor
de más de 100 publicaciones y artículos científicos, técnicos y editoriales en el
ámbito de forestal, suelos y aguas, manejo de cuencas, medioambiente, restau-
ración ambiental, desertificación, ordenamiento y gestión territorial. Miembro
REDLADEFA Participante y Expositor Congresos Latinoamericanos de Santiago,
Aguas Calientes, Quito, Curitiba, San José, Lima.
Jorge Madeira Nogueira
Profesor de Economía Ambiental del Departamento de Economía de la
Universidad de Brasilia (UnB), Brasil. Doctor en Economía por la Universidad de
Londres, Inglaterra, y con posdoctorado por la Universidad de Cornell, Estados
Unidos. Publicó más de cien artículos científicos completos en periódicos especiali-
zados o en anales de congresos. Recibió distinciones en Brasil y en lo exterior por sus
actividades de investigaciones y de enseñanza. Su dirección de correo electrónico es
jmn0702@unb.br y su sitio personal es http://www.ceemaunb.com/jmn/
Tedi Pacheco Gómez
Ingeniero Forestal, Magister en Ciencias con Mención en Ecología y Desa-
rrollo Sostenido por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Candidato
Colaboraron en este número
- 195 -
a Doctor en Educación en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
Candidato a Doctor en Ecología en Atlantic International University. Profesor
Principal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana. Coordinador Técnico del Proyecto Manejo Integral y
Sostenido de Bosques del Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la
Cuenca del Río Putumayo.
Sofía Suárez
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se vinculó
al Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) hace seis años y actual-
mente se desempeña como asesora legal de la organización. Tiene experiencia
en herramientas de conservación privada; políticas y legislación relacionadas con
humedales; promoción de áreas protegidas municipales y legislación ambiental
en general.
Ricardo Verdum
Antropólogo, PhD. Investigador en el Centro de Pesquisa e Pós-Graduação
sobre as Américas de la Universidade de Brasília (Ceppac/UnB). Consultor en
temas socio ambientales, megaproyectos y pueblos indígenas en Latinoamérica
para instituciones públicas y de la sociedad civil. Secretario de la Comisión de
Asuntos Indígenas de la Associação Brasileira de Antropologia (CAI/ABA) e
integrante del GT Clacso Pluralismo Jurídico en Latinoamérica.
Roland Wiedmer
MSc in Responsibility and Business Practice from the School of Manage-
ment, University of Bath (UK) and an MA in International Relations from Uni-
versity of Geneva’s Graduate Institute. Founder of OneAdvisory, a consulting
company focused on finance, strategy and sustainability issues. He currently
leads the work of the World Resources Institute (WRI) on emerging actors in
development finance in Brazil. Before that, he advised a first-tier bank in the
Brazilian market on their sustainability strategy, provided training on the Equa-
tor Principles, and co-authored a study of Green Economy Initiatives in Brazil-
ian states, among others. From 2008 to 2011, he led Eco-Finanças at Amigos
da Terra-Amazônia Brasileira where he contributed to the revision of the IFC
Performance Standards, the Equator Principles, and the World Bank Social and
Environmental Safeguards. Prior experience in Europe includes research for a
socially responsible investment fund, general management consulting and man-
agement functions in a biotech company.
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