Delito contra la integridad sexual

La prueba de cargo actuada en juicio oral genera solvencia suficiente para determinar la responsabilidad penal del acusado.

Sumilla. el supuesto de hecho que bajo el proceso de subsunción se encuadra la premisa mayor o normativa del artículo 173. 1 del código penal, que sancionó al acusado con la pena de cadena perpetua y que esta al individualizarse, se ubicó en el piso mínimo de 35 años de pena privativa de la libertad. luego, se aplicó el 1/7 por beneficio procesal al haberse sometido a la conclusión anticipada en...

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Robo con muerte subsecuente y motivación especial en la determinación de la penaa. el robo es un delito autónomo, común, de resultado, de daño y pluriofensivo, esto es, tiene una estructura típica propia, puede ser cometido por cualquier persona, implica un resultado material producto de la acción violenta o amenazante del agente y afecta bienes jurídicos de distinta naturaleza al estrictamente...

La sala de apelaciones, debió valorar bajo las normas procesales y los principios de deliberación que la ley le permite y a los lineamientos de los acuerdos plenarios citados en la presente resolución, todas las pruebas actuadas válidamente, sin embargo fundamentó su decisión sin la debida concordancia, con un razonamiento lógico y coherente, con lo cual contravino un análisis libre de...

La finalidad de la disposición normativa contenida en el artículo 242, inciso 1, literal d), del código procesal penal, que da la calidad de prueba anticipada a las entrevistas en cámara gesell, está orientada a evitar la revictimización; así, materializa la especial tutela de los menores de edad.

En el caso materia de examen, las pruebas que fueron incorporadas en el curso del proceso determinan la materialidad y responsabilidad de los procesados por el delito de disturbios; en cuanto al delito de arrebato de arma oficial, se aprecia que la sala superior no motivó debidamente dicho extremo ni analizó las pruebas por lo que deberá declararse nula en dicho extremo.

Al no existir material probatorio que desvirtúe la presunción de inocencia del procesado, se le debe absolver, conforme con el artículo dos, inciso veinticuatro, apartado e) de la constitución política del estado.

1. en la fecha en que se llevaron a cabo las actas de entrevista única no estaba vigente la ley 30364, de veintitrés de noviembre de dos mil quince (artículo 19); y, menos, el decreto legislativo 1386, de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que modificó la primera disposición. tampoco lo estaba el decreto legislativo 1307, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que modificó el...

Las declaraciones incriminatorias de las víctimas, dentro de los estándares mínimamente razonables, tienen entidad suficiente para ser consideradas como pruebas válidas de cargo y la virtualidad para enervar la presunción de inocencia del imputado; por lo tanto, al cumplirse con las garantías de certeza que establece el acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116, la declaración de responsabilidad penal...

La emisión de un informe pericial resulta trascendente para determinar la relevancia de la conducta y en su caso el tipo penal aplicable, siendo atendible el agravio expresado, omisión que se suscitó, pese a haber sido requerido en su oportunidad por el médico legista en el certificado médico legal n.° 001119-pf-hc. Ante ello, se aprecia que la sala superior, en este extremo, incurrió en una...

Dado que la resolución materia de consulta no cumple con identificar de manera clara y precisa el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención por parte de la norma cuestionada; nodesarrollando, asimismo ningún tipo de interpretación a efectos de agotar la posible compatibilidad con la constitución política del estado; sino por el contrario, al basarse únicamente en argumentos...

El agraviado ha sido coherente y persistente a lo largo de las distintas declaraciones que brindó en el proceso, no se advierten ánimos de odio y venganza hacia el acusado que motiven su incriminación, más allá del natural sentimiento como víctima frente a su agresor. existen corroboraciones periféricas tales como las declaraciones de los hermanos, padre y madre del agraviado, las cuales desde...

Robo agravadosumilla: los cosentenciados, han sindicado al encausado ccahuana araujo; no obstante, no han sido uniformes, ni coherentes, en relación a su participación. tampoco, existe corroboración periférica, conforme a las exigencias establecidas en el acuerdo plenario n.°02-2005/cj-116. por consiguiente, nos encontramos, ante una duda razonable que, como regla de juicio, impide concluir que...

A. la violencia contra la mujer constituye una grave afectación a los derechos fundamentales y es una expresión proterva de las conductas discriminatorias que afectan a la sociedad peruana y, en particular, a la mujer. ante esto, el estado formuló e implementó medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, como la ley n. O 30364. en tanto que el poder judicial estableció, a...

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Es verdad que la menor no ha sido persistente en su declaración. pero la retractación en el juicio oral no tiene base justificativa alguna, ni explicación razonable (además, ni siquiera proporcionó el nombre completo del llamado zenón, ni datos que permitan contextualizar su intervención). desde un primer momento la agraviada quiso apartarse de la denuncia formulada por su tía, aunque...

El principio de proporcionalidad permea a la prisión preventiva, su prolongación y adecuación. al restringir el derecho de la libertad personal, “más allá que debe acordarse para situaciones importantes y graves —requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la estricta: la prisión preventiva debe ser imprescindible para conseguir el fin perseguido, adecuada para evitar el periculum...

La resolución consultada contiene argumentos en forma genérica que van orientadas al control abstracto de la norma legal, lo cual no se encuentra en el supuesto previsto en el segundo párrafodel artículo 138 de la constitución política del estado y del artículo 14 de la ley orgánica del poder judicial, que autoriza la revisión judicial de las leyes para el caso concreto, que es objeto de decisión

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