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El artículo 203 de la ley del procedimiento administrativo general, establece que la revocación consiste en la potestad excepcional que la ley le confiere a la administración para de manera directa, de oficio y mediante un nuevo acto administrativo, modificar, reformar o sustituir -total o parcialmente- o simplemente extinguir los efectos jurídicos futuros de un acto administrativo generado...

Con respecto al derecho a la propiedad, el artículo 2° numeral 16 de la constitución política del estado, establece que &na, "ites de ley. a nadie puede privarse de su propiedad s&esidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. hay acción ante el poder judicial para contestar el valor de la propiedad...

El inicio del cómputo del plazo de prescripción de la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria (aduanera) y aplicar sanciones exigiendo el pago de éstas, no se dan de forma simultánea sino en dos momentos diferenciados; es decir, se realiza de forma secuencial.

Este supremo tribunal no está facultado a extralimitarse de la congruencia procesal seguida en sede judicial; por lo que, se considera que la validez del acta de conciliación no le otorga el suficiente valor probatorio que alega la recurrente. por el contrario, se colige que la sala superior, analizó debidamente el caso concreto y el acta de conciliación, puesto que, en primer lugar, no...

La prueba debe ser valorada en su integridad, de manera conjunta y razonada, acorde a la naturaleza de la litis; hacer lo contrario constituye afectación al debido proceso, específicamente a la adecuada motivación y valoración de los medios probatorios.

Motivación: se debe entender que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, una de cuya expresiones es el principio de congruencia, exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes y los hechos del proceso y lo resuelto por el juez; lo que implica que los jueces se encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a...

Otorgamiento de escritura pública. el juez puede analizar la validez y la eficacia del negocio jurídico cuyo otorgamiento de escritura pública se pretende, no solo porque no se trata de un mero trámite, sino porque se deben cautelar los efectos y consecuencias jurídicas que de ello se puedan derivar para las partes, así como también con relación a la posible afectación de derechos de terceros....

El colegiado superior al resolver no solo consideró lo expuesto por la demandante y una de las co-demandadas, en sus respectivos escritos y el silencio de la declarada rebelde, quien no desvirtuó los argumentos alegados por la accionante ni por su codemandada, sino que analizó y valoró todo el caudal probatorio, para finalmente decidir que el contrato de compra venta inmobiliaria celebrado entre...

El artículo 3. 1. 1. C. Iii del decreto supremo n° 001-2015-em exige como requisito para la aprobación de una concesión de beneficio minero en terreno superficial inscrito a nombre de una comunidad campesina, la presentación de una autorización para el uso del terreno superficial comunitario otorgado por la junta directiva y no por la asamblea general; por lo tanto, se evidencia que esta...

El proceso de mejor derecho de propiedad es en realidad una acción declarativa de dominio, mediante el cual se busca que el órgano jurisdiccional mediante una sentencia declarativa señale que la propiedad es exclusiva de una persona determinada; y, ante la existencia de dos o más títulos de propiedad sobre un mismo bien, se deben compulsar los mismos para resolver la incertidumbre jurídica.

"el debido proceso es una haz de derechos, uno de cuyos componentes es el principio de la unidad de la prueba, contenido en la norma del artículo 197 del código procesal civil, conforme al cual la actividad probatoria en el proceso debe desenvolverse mediante una mecánica de confrontación y constatación de los elementos probatorios incorporados al proceso, con el objeto de obtener la más...

No constituye exigencia legal para demandar desalojo, que el actor haya estado en posesión inmediata del bien, como tampoco corresponde analizar la validez de un documento que no ha sido presentado como título posesorio de las partes.

De acuerdo con la ley del impuesto a la renta y su reglamento, la duración limitada o no de un activo intangible está definida por ley o por su propia naturaleza. por tanto, en remisión a las normas sectoriales ?esto es, la ley general de pesca y su reglamento? que regulan que los permisos de pesca tienen un plazo de vigencia determinado, se colige que califican como activos intangibles de...

Si bien la norma prevé que la fianza debe constar por escrito bajo sanción de nulidad, dejando a voluntad de las partes su contenido por ser un contrato de garantía personal y puede incluso constar en un formato especial, sin embargo no obliga a la entidad bancaria a emitirlas en iguales formatos indicando el lugar de requerimiento de pago, en la forma y modo prevista para todas.

En materia de responsabilidad civil cuando no obren medios probatorios suficientes para determinar el resarcimiento del daño en su monto preciso, el quantum indemnizatorio deberá ser fijado por el juez de forma equitativa, de conformidad con el artículo 1332 del código civil.

En consideración al principio de reserva de ley y a lo desarrollado en el título preliminar del código tributario que prohíbe conceder exoneraciones a través de interpretaciones, debe advertir esta sala suprema que no existe disposición normativa que exima al contribuyente del pago del interés moratorio. asimismo, desde de una argumentación consecuencialista, esta sala suprema debe asumir que una

La prueba debe ser valorada en su integridad, de manera conjunta y razonada, acorde a la naturaleza de la litis y en aras de lograr los fines del proceso; hacer lo contrario constituye afectación al debido proceso, específicamente a la adecuada motivación y valoración de los medios probatorios.

Conforme lo establecido en el artículo 2014 del código civil, la buena fe del tercero adquiriente se presume, iuris tantum, es decir se admite prueba en contrario; por consiguiente, en el caso de autos quien debe acreditar la falta de buena fe en la inscripción registral de la adquisición del inmueble en conflicto por parte del actor, es la demandada.

• Diario Oficial El Peruano

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La hipoteca dictada a favor de una entidad del sistema financiero no puede caducar al amparo de la ley número 26639, en tanto dicha caducidad le es inaplicable por disposición expresa de la ley número 26702

Al no haberse pronunciado sobre lo que es objeto de la demanda se evidencia una falencia motivacional, aspecto que no ha sido absuelto a efectos de dar respuesta idónea y suficiente a las partes procesales, así como la norma que resulta aplicable a los hechos establecidos a efectos que pueda viabilizarse la obtención de los fines del proceso que recoge el artículo iii del título preliminar del...