actos de disposición del propio cuerpo

La indemnización para el cónyuge perjudicado tiene como fundamento la equidad y la solidaridad familiar, para resolver dicho tema no se orienta a establecer quien tuvo la culpa de la ruptura del vínculo matrimonial, sino que siendo lo transcendente velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado como consecuencia de la separación de hecho y establecer si corresponde fijar...

La obligatoriedad para incluir como parte procesal a la persona jurídica está regulada por ley. el legislador delimitó la incorporación del ente colectivo al proceso cuando este sea pasible de algunas de las consecuencias reguladas solo en los artículos ciento cuatro y ciento cinco del código penal; y no en el artículo ciento dos del mismo cuerpo legal. así lo precisa el artículo noventa del...

La pretensión de otorgamiento de escritura pública, consiste únicamente en determinar si en realidad existe la obligación de formalizar atribuida a la parte demandada, lo cual ya se ha acreditado en autos, al haberse probado la existencia del contrato de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, mutuo, constitución de hipoteca cuya formalización se pretende.

El reconocimiento es la declaración personal e irrevocable del deudor mediante el cual admite la existencia de una obligación que antecede al reconocimiento que practica. se trata de acto voluntario y personal que, fundamentalmente, sirve como medio de prueba de la obligación original e interrumpe el curso de la prescripción. que el reconocimiento sea obra &", supone que otra persona no...

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I. los plazos de prescripción de la acción penal tienen naturaleza material y, por tanto, su aplicación retroactiva solo es admisible si favorece al reo. distinta es la situación de los plazos de suspensión de los términos prescriptorios, cuyos preceptos tienen naturaleza procesal, por lo que es de aplicación el principio tempus regit actum. ii. la suspensión de los plazos de prescripción únicamen

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El supuesto de hecho del artículo 13 del texto único ordenado del proceso contencioso administrativo, consiste en que se impugne acto administrativo propio. el proceso contencioso de lesividad impone existencia de previa resolución motivada que indique el agravio de legalidad administrativa o interés público.

Conforme a lo establecido en el artículo 2012 del código civil, se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones; por tanto, en el presente caso, no resulta oponible el título de los demandados frente al título del demandante, pues, este último adquirió el bien de quien en el registro aparecía como propietario, y acto seguido lo

El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...

El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...

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Sumilla: el empleador en uso de su facultad del ius variandi puede modificar, entre otros, los elementos no esenciales de una relación laboral o aquellas condiciones accesorias a la relación laboral para el cabal desempeño de sus labores y en atención a las necesidades esenciales del centro laboral, los cuales deberán estar debidamente motivados y demostrados, en el marco del criterio de...

Debemos asumir que la sola presentación de una queja o demanda, que eventualmente puede ser generada por el propio trabajador para evitar su despido y con motivos diversos a los señalados por la disposición normativa, no resulta suficiente para acreditar esta causal.

Sumilla: si bien el empleador invocando el ius variandi puede modificar, entre otros, la categoría profesional de un trabajador, deberá motivar y demostrar la necesidad de la modificación efectuada conforme al criterio de razonabilidad. de lo contrario, se podría afectar el derecho a la dignidad, y por ello, se configuraría un acto de hostilidad equiparable al despido, de acuerdo con lo previsto...

Control de admisibilidadsumilla. el recurso de casación excepcional, previsto en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos veintisiete del código procesal penal, exige se consigne el tema de desarrollo jurisprudencial, así como los fundamentos adicionales o puntuales que justifiquen el desarrollo relacionado a su propuesta, conforme a lo dispuesto por el numeral tres del artículo...

Quien adquiere de buena fe, de quién tiene su derecho inscrito como de estado civil soltera figurando también así en su dni, conserva su derecho aun cuando la vendedora realmente era de estado civil casada, no prosperando el cuestionamiento a esta compraventa por parte del cónyuge, quién no intervino en la adquisición de este inmueble ni aparece en el registro de la propiedad inmueble. se...

El inciso 1 del artículo 1971 del código civil, ha establecido como uno de los supuestos de inexistencia de responsabilidad, el ejercicio regular de un derecho, considerado como un acto no antijurídico, más precisamente, un hecho dañoso justificado. como consecuencia de esto el sujeto que actúa dentro de los parámetros del derecho que ostenta, aun cuando cause un daño, no responde civilmente.

El artículo i del título preliminar del código civil, que constituye una norma materialmente constitucional, es aplicable en materia tributaria, al no oponerse ni desnaturalizar las reglas establecidas en la norma vi del título preliminar del código tributario. por tanto, en interpretación sistemática de las normas antes acotadas, cuya aplicación responde a lo previsto en la norma viii del título

I) no se actuó prueba de cargo suficiente, para destruir el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que ampara a la procesada eva lorena bracamonte fefer; ii) en el presente caso, no existen testigos directos sobre el presunto acuerdo delictivo entre la imputada bracamonte fefer y el sentenciado trujillo ospina. las declaraciones de los testigos de oídas o de referencia, en sí mismas,