Los orígenes de la ponderación
| Autor | T. Alexander Aleinikoff |
| Páginas | 31-55 |
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Los orígenes de la ponderación
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Los orígenes de la ponderación
La ponderación ni se le acerca en antigüedad a la Constitución. Como método explícito de interpretación
constitucional apareció primero en las opiniones mayoritarias de finales de la década de 1930 y a comienzos de la década de 194033. Ningún juez explicó por qué tal metodología era la forma
33 Antes existieron algunas alusiones a la ponderación. Ver, por ejemplo, Missouri ex rel. Hurwitz v. North, 271 U.S. 40, 42 (1926) (“se cumple con el debido proceso al revocar la licencia médica cuando el doctor haya sido notificado debidamente y si había tenido la oportunidad de ser escuchado y de presentar sus demandas o su defensa, se haya cumplido con la naturaleza del procedimiento y con los tipos de derechos que podrían haber sido afectados por el mismo”); Carroll v. United States, 267 U.S. 132, 149 (1925) (“La Cuarta Enmienda debe ser interpretada a la luz de lo que se consideraba como un cateo y embargo irrazonable, cuando éste fue llevado a cabo de forma que se preserven tanto los intereses públicos como los intereses y derechos de los ciudadanos particulares”); Hudson County Water Co. v. McCarter, 209 U.S. 349, 355 (1908) (Holmes,
J.) (“Todos los derechos están limitados por el conjunto de principios que subyacen a las políticas, distintos a aquellos sobre los que el derecho está fundado y que se volvieron lo suficientemente fuer-
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apropiada de construcción constitucional ni tampoco pretendió estar haciendo algo novedoso o controversial. A pesar de esto, la ponderación constituyó una ruptura importante con el pasado, en respuesta al colapso del conceptualismo y formalismo34del siglo XIX y a medio siglo de cambio intelectual y social. Sobre la base de la obra de Holmes, James, Dewey, Pound, Cardozo y los realistas jurídicos* y en defensa de los principios del pragmatismo, el instrumentalismo y la ciencia, la ponderación constituyó un intento de la judicatura por demostrar que era capaz de desplegar una jurisprudencia mecánica sin rechazar la noción de Derecho.
2.1. Un pasado sin ponderación
Las grandes opiniones constitucionales del siglo XIX y comienzos del siglo XX no emplearon la ponderación como un método de argumentación constitucional o justificación. Marshall no falló a favor del Banco en McCulloch v. Maryland35
porque la carga del impuesto estatal superara al interés del Estado en la tributación36. El argumento de Webster en Gibbons
v. Ogden37fue convincente no porque demostrara que el interés
tes como para seguir en pie en determinado momento”); Lawton v. Steele, 152 U.S. 133 (1894) (valor de los costos del proceso judicial considerados al dictaminar que la destrucción sumaria de las redes de pesca no violan el debido proceso).
34 He adoptado la definición de formalismo de Thomas Grey: “Las teorías jurídicas que resaltan la importancia del razonamiento racionalmente no controversial de las decisiones judiciales, sea debido a normas particulares o principios muy abstractos”, GREY, “Langdell’s Orthodoxy”, 45 U. Pitt. L. Rev. 1, 9 (1983).
35 17 U.S. (4 wheat.) 316 (1819).
36 Ciertamente, Marshall expresamente resaltó que los juicios ad hoc eran inapropiados. Ídem, en la p. 430.
37 22 U.S. (9 wheat.) 1 (1824).
N. del T.: El realismo jurídico es una familia de teorías sobre la naturaleza del Derecho desarrolladas en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos. El principio esencial del realismo jurídico es que toda ley, al ser hecha por seres humanos, está sujeto a debilidades humanas e imperfecciones.
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del gobierno nacional sobrepasaba al interés de los Estados en la regulación del comercio interestatal. Tampoco los compradores de bienes raíces en Fletcher v. Peck38 tenían derecho a mantener su propiedad porque, puesto en la balanza, el interés en la seguridad de las transacciones aventajara al interés que tenía el Estado de Georgia en repeler la legislación corrupta.
Es cierto que algunos jueces antiguos como Marshall, Story y Taney reconocieron grandes conflictos de intereses: el gobierno federal frente al Estado, lo público frente a lo privado, el ejecutivo frente al legislativo, el libre frente al esclavo. Sin embargo, ellos solucionaron estas disputas de forma categórica39.
Las opiniones de la Corte Suprema generalmente reconocían las diferencias de tipo pero no de grado40. La facultad de gravar con impuestos era la facultad de destruir; los Estados podían ejercitar el poder de policía pero no regular el comercio; las legislaturas podían desvirtuar los remedios contractuales pero no las obligaciones.
La doctrina constitucional del siglo XIX no fue construida en el vacío. La Corte estaba muy al tanto de los intereses en juego y el impacto de sus decisiones. En el caso Charles River Bridge Case41, por ejemplo, tanto la mayoría42y los votos discordantes43se refirieron abiertamente al impacto de la interpretación
38 10 U.S. (6 Cranch) 87 (1810).
39 Ver KENNEDY, “Toward an Historical Understanding of Legal Consciousness: The Case of Classical Legal Thought in America, 1850-1940”, 3 Res. L. & Soc. 3, 8 (1980).
40 Ver, por ejemplo, Graves vs. New York ex rel. Knox, 277 U.S. 218, 223
(1928) (Holmes, J., opinión discordante) (mismo año).
41 36 U.S. (11 Pet.) 420 (1837).
42 Ídem, en las pp. 552-53.
43 Ídem, en la p. 608 (Story, J., opinión discordante); ver también The
Slaughter House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36, 78 (1872) (en el que se menciona que una interpretación general de la Décimo Cuarta Enmienda cambiaría radicalmente las relaciones de poder entre los gobiernos federales y estatales); Prigg v. Pennsylvania, 41 U.S. (16 Pet.) 539, 623-24 (1842) (en el que se menciona el poder exclusivo del Congreso para implementar las leyes sobre esclavos fugitivos como una forma de evitar conflictos interestatales).
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de la Corte de la Contract Clause* en relación con el progreso y la innovación tecnológica. No obstante, ninguna de ellas tuvo en consideración los “pesos” de los intereses particulares y públicos.
Dada la influencia de la ponderación en el análisis constitucional moderno, es preciso hacer el esfuerzo de no interpretar o entender las decisiones primigenias desde la perspectiva actual. A pesar de todo esto, si se presta especial atención al lenguaje de la Corte queda claro que su método de justificación, e incluso su misma forma de expresarse sobre el Derecho Constitucional, no usa la terminología de la ponderación44.
Esto se hace evidente en una opinión que es generalmente vista como el progenitor del enfoque moderno de la ponderación en el área de la Dormant Commerce Clause, Cooley v. Board of Waderns45. En Cooley la Corte consideró si Pennsylvania podía exigir que los barcos que entraran al puerto de Filadelfia contaran con pilotos locales abordo. Estas reglas sobre los pilotos claramente estaban relacionadas con el comercio interestatal y los demandantes buscaron que se invalidaran estas reglas por considerar que violaban el poder exclusivo del Congreso para regular el comercio entre los Estados. La Corte estuvo en
44 Así, no estoy de acuerdo con Kenneth Karst cuando dice que el caso Willson v. The Blackbird Greek Marsh Co., 27 U.S. (2 Pet.) 245 (1829), es un ejemplo de ponderación. Ver KARST, “Legislative Facts in Constitutional Litigation”, 1960 Sup. Ct. Rev. 75, 78, v.14. Sin duda, hoy entendemos que éste fue un caso de ponderación, cualquier interpretación justa de la opinión de Marshall dejaría en claro que él justificó su conclusión en términos categóricos: desaguar un pantano para que se construya un dique fue un ejercicio del “poder de policía” y no una regulación del comercio. 27 U.S. en la p. 252. Yo considero que Laurence Tribe comete el mismo error en su descripción de los códigos sobre la Contract Clause de mediados de siglo XIX. TRIBE, L., American Constitutional Law & 9-6, en la p. 467 (1978) (en el que afirma que la Corte Suprema usó un estándar de “razonabilidad” para decidir tales casos).
45 53 U.S. (12 How.) 299 (1851).
* N. del T.: se puede interpretar como Cláusula del Contrato.
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desacuerdo: “Sea que las materias del (poder de legislar sobre temas comerciales) tengan naturaleza nacional o admitan sólo un sistema uniforme o un plan de regulación, puede decirse justamente que es de tal naturaleza que exige legislación exclusiva del Congreso”46. En otras áreas, sin embargo, en las que la regulación local “puede cubrir las necesidades locales de navegación”, la regulación estatal de comercio interestatal está permitida47. Con este análisis se declaró la constitucionalidad de la norma de Pennsylvania.
Cooley es ciertamente una opinión instrumental. La Corte reconoció que el comercio interestatal “se extiende extensamente” y que permitir que sólo el Congreso lo regule no sería muy útil a una nación tan grande como los Estados Unidos de América48. En este caso, la Corte estaba convencida de “la aptitud superior y conveniencia y en especial de la absoluta necesidad de contar con sistemas diferentes de regulación derivados del conocimiento y la experiencia local y que fuesen conformes con las necesidades locales49”. Sin embargo, Cooley no fue una opinión en la que se empleó la ponderación. La Corte no pretendió contrapesar el interés estatal con la carga sobre el comercio interestatal. La solución fue categórica. La mencionada regulación no era “de tal naturaleza” que demandase una regla uniforme establecida por el Congreso50.
La bête noire* del Derecho Constitucional moderno, el caso Lochner v. New York51, exhibe un modo similar de razonamien-
46 Ídem, en la p. 319.
47 Ídem.
48 Ídem.
49 Ídem, en la p. 320.
50 Ídem; ver también HENKIN, supra nota 28, en la p. 1038 (La doctrina
Cooley no implicó...
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