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Una situación límite

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Vincent

El Tribunal Constitucional (TC) ha pasado a tomar las riendas del manejo de la crisis que enfrenta a los poderes del Estado. En lo inmediato, deberá resolver si una sala de la Corte Superior de Justicia de Lima desacató una de sus sentencias al detener el trámite de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Aunque el Congreso está habilitado para ello, el Poder Judicial examinará, durante la suspensión, una alegada violación de derechos. En otro proceso, el TC definirá los límites de la JNJ para controlar los cambios de funcionarios realizados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. A estas alturas, ya importa menos el sentido de los veredictos que el hecho de que las principales controversias se aproximan a un desenlace. El conflicto se desborda como un huaico. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, continúa haciendo activismo en contra de una disposición del TC que es cosa juzgada: la de que ninguna autoridad está libre de control. El fiscal José Domingo Pérez ha desafiado a la jerarquía del Ministerio Público con graves acusaciones contra su jefa. Tan delicadas que tras una investigación debiera ocurrir una de dos cosas: o se va ella o se va él.Por un lado, el tema de la JNJ bajó de temperatura porque los arrestos para destituir a todos sus miembros chocaron con la imposibilidad de obtener una mayoría de dos tercios de parlamentarios adherentes. Quizá la habría para remover a uno o dos. La atención, entonces, se ha trasladado al TC, que resolverá la exigencia de la JNJ de quedar fuera del control político del Congreso por su condición de organismo autónomo. En su medida cautelar, la Tercera Sala Constitucional no acogió ?podría hacerlo al resolver el fondo? esta pretensión. Acogió más bien el argumento referido a la falta de tipicidad de las acusaciones que podría afectar el debido proceso. Sobre esto último, la discusión está abierta. La defensa de los investigados aduce que la ausencia de parámetros para determinar una falta grave vicia todo el procedimiento. Los acusadores sostienen que la valoración está dada por los 87 votos que permiten una destitución.En el espacio público, sin embargo, sigue en pie la tesis de que es ilegal toda investigación a los miembros de la JNJ. Y esto no solo es sostenido por analistas. La semana pasada, el presidente del JNE declaró a un diario que los organismos constitucionalmente autónomos no pueden ser controlados por el...

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