Resolucion de Contraloria Nº 166-2021-CG. Aprueban el "Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional

La sanción tiene como finalidades:

1. Orientar la conducta de los funcionarios y servidores públicos, para el efectivo y estricto cumplimiento de sus deberes funcionales.

2. Prevenir comportamientos que atentan contra el cumplimiento de la normativa que regula la gestión pública.

3. Asegurar que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las disposiciones infringidas.

4. Cumplir con su carácter punitivo, en el marco de un modelo de regulación responsiva de identificación y determinación de responsabilidades que, en el procedimiento sancionador, considera la aplicación de mecanismos que permiten no iniciarlo, asegurar que éste, cuando deba iniciarse, responda a un perjuicio real y concreto, así como, incentivar y reconocer la cooperación y actuaciones positivas del administrado, y, en último caso, cuando correspondan, asegurar que las sanciones sean estrictamente proporcionales, considerando las circunstancias de cada caso concreto, cumpliendo con sus finalidades de manera oportuna.

5. Proteger los intereses del Estado.

7.1 Los funcionarios o servidores públicos que incurren en infracción son sancionados con inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de un (1) año hasta cinco (5) años en caso de infracción muy grave, y no menor de sesenta (60) días calendario ni mayor de un (1) año en caso de infracción grave, conforme a la escala establecida en el artículo 47 de la Ley, así como a los criterios de graduación establecidos en la Ley y especificados en el presente Reglamento.

7.2. La sanción de inhabilitación impide la realización de actividades que representen el ejercicio de la función pública, por parte del administrado sancionado. Así también, supone el impedimento para obtener un nuevo cargo, empleo, comisión de carácter público, celebrar contratos administrativos de servicios o contratos de cualquier naturaleza para el ejercicio de función pública en las entidades, bajo cualquier modalidad, durante la eficacia de la sanción.

7.3 La sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública mayor a seis (6) meses, genera además la pérdida de la capacidad legal del servidor sancionado y la consecuente extinción del vínculo jurídico de cualquier naturaleza que pudiera mantener el administrado sancionado con una entidad, para la prestación de función pública, a partir de la fecha de eficacia de la sanción. Si la sanción de inhabilitación impuesta es menor o igual a seis (6) meses, ésta también genera la pérdida de capacidad legal, por lo que la entidad aplica las medidas en el ámbito de su competencia en el marco de lo previsto en el numeral 15.3 del presente Reglamento.

Los órganos del procedimiento sancionador toman en cuenta la conducta procedimental seguida por el administrado, su representante o su abogado, a fin de disponer las medidas que resulten aplicables para reprimir o corregir la vulneración del principio de conducta procedimental, en particular cuando:

1. Se interpone un recurso de apelación o se promueve algún pedido o procedimiento de competencia de la Contraloría, con evidente carencia de fundamento jurídico.

2. Se tienen indicios del empleo indebido de los mecanismos regulados en el procedimiento sancionador con la intención de dilatar su desarrollo o resolución final, así como de obstaculizar la ejecución de las medidas impuestas.

3. Se presenta ante cualquier órgano del procedimiento sancionador, información falsa, inexacta o que no pueda ser empleada como medio de prueba, sin menoscabo de las acciones legales que correspondan.

4. Se incumplan los plazos establecidos para la actuación de los medios de prueba a cargo del administrado o se excedan los tiempos concedidos para la realización de las diligencias programadas, salvo cuando esto se encuentre justificado y autorizado por el órgano a cargo del procedimiento sancionador.

5. Se agreda física o verbalmente al personal que conforma los órganos del procedimiento sancionador, con ocasión del desempeño de sus funciones.

9.1 La sanción a imponer al administrado, es resultado de la graduación que se realiza después de determinada la existencia o comisión de la infracción. La graduación forma parte del pronunciamiento del Órgano Instructor, de la resolución del procedimiento sancionador emitida por el Órgano Sancionador y de la resolución correspondiente del TSRA, en los casos en que se proponga, imponga, confirme o modifique la sanción, respectivamente.

9.2 La graduación de la sanción considera la aplicación de las agravantes específicas establecidas en las infracciones, conjuntamente con las circunstancias agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas, así como, las circunstancias agravantes y atenuantes genéricas, señaladas en el presente Reglamento.

10.1 Para la graduación de la sanción se consideran las siguientes circunstancias:

1. La reincidencia en la comisión de la infracción, según lo señalado en el presente Reglamento.

2. La concurrencia de infracciones, acorde a las disposiciones que rigen el concurso en el presente Reglamento.

3. Las condiciones atenuantes de la responsabilidad administrativa funcional.

4. El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción.

5. La gravedad de la infracción cometida, considerando el daño que su comisión le genera al interés público, entendido desde el bien jurídico protegido.

6. El perjuicio causado o efecto dañino producido por la comisión de la infracción, entendidos desde el resultado perjudicial que configura la infracción.

7. La reiteración en la comisión de la infracción, según lo señalado en el presente Reglamento.

8. La existencia de intencionalidad en la comisión de la infracción.

9. Las condiciones eximentes de responsabilidad parcialmente configuradas, cuando aquellas hubieran sido postuladas por el administrado.

10. Las circunstancias de la comisión de la infracción.

11. El grado de participación en el hecho imputado.

12. Los resultados definitivos en sede administrativa del procedimiento sancionador iniciado en la entidad, según lo señalado en el numeral 5.4, cuando estos suponen sanción para el administrado.

    10.2 En el numeral 10.1:

9. Son circunstancias agravantes cualificadas las señaladas en los literales a) y b).

   ii) Son circunstancias atenuantes privilegiadas las indicadas en el literal c), que son desarrolladas en el artículo 13.

   iii) Son circunstancias agravantes genéricas las enunciadas en los literales d), e), f), g) y h),

   iv) Es circunstancia atenuante genérica la señalada en el literal i), la cual se desarrolla en el artículo 12.

22. Las circunstancias señaladas en los literales j) y k), pueden ser agravantes o atenuantes genéricas, en función a si son favorables porque reducen el grado de reproche o desfavorables porque lo aumentan; o, que respondan a la posición de dominio o dependencia que asumió el administrado en los hechos que configuran la infracción, respectivamente.

    vi) La circunstancia indicada en el literal l), es tomada en cuenta para establecer la sanción que aún es necesario imponer, considerando aquella que le hubiera sido previamente impuesta al administrado.

    10.3 Las circunstancias agravantes o atenuantes solo se aplican para la graduación de la sanción cuando puedan establecerse a partir de los elementos de argumentación y acreditación que formen parte del procedimiento sancionador. En ningún caso las referidas circunstancias pueden ser consideradas para la graduación de la sanción cuando estas correspondan a elementos conformantes del tipo infractor, ni pueden emplearse en más de una ocasión para la graduación de la sanción.

11.1 La reiteración se configura por la comisión de sucesivas infracciones, sin tener la condición previa de sancionado, determinada en uno o más procedimientos sancionadores. Esta circunstancia, de ser advertida, es aplicada al momento de graduar la sanción.

11.2 La reincidencia se configura por la comisión de una nueva infracción, luego de haber sido sancionado por responsabilidad administrativa funcional debido a la comisión de la misma o diferente infracción. La reincidencia genera que la graduación de la sanción debe efectuarse en el tercio superior de la escala correspondiente a la infracción que se hubiera cometido.

Para establecer la reincidencia se toma en cuenta la nueva infracción que se cometa, desde que la sanción queda firme o causa estado, hasta los tres (3) años de cumplida la misma, con independencia de su rehabilitación.

12.1 Son condiciones eximentes de responsabilidad administrativa funcional por la comisión de infracción, las siguientes:

1. La incapacidad mental que afecte la aptitud para entender los alcances de la conducta, debidamente comprobada por la autoridad competente.

2. El caso fortuito o la fuerza mayor, debidamente comprobados.

3. La actuación en cumplimiento de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada, o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.

4. La ausencia de una consecuencia perjudicial para los intereses del Estado.

5. La actuación funcional que asegura el cumplimiento de las finalidades de una operación, proceso o actividad de la entidad, en la medida que dichas finalidades sean legítimas y compatibles con el marco legal, que los beneficios resultantes sean mayores a los perjuicios generados, y que el funcionario o servidor público no haya generado beneficios indebidos para sí o para terceros.

6. El error invencible inducido por la Administración o por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal.

7. La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones, siempre que el funcionario o servidor público hubiera expresado su oposición por escrito u otro medio que permita verificar su recepción por el destinatario.

8. La actuación funcional en caso de catástrofe, desastres naturales o inducidos, estado de emergencia o emergencia sanitaria declarados por la autoridad competente, cuando los intereses de vida, integridad, seguridad, salud, alimentación, orden público o patrimonio, hubieran requerido acciones inmediatas e indispensables para evitar su inminente afectación o superar los efectos adversos generados.

12.2 Las condiciones eximentes son planteadas por el administrado, a quien corresponde la carga de la prueba. Si la condición eximente alegada se configura parcialmente y no resulta suficiente para eliminar la responsabilidad por la comisión de la infracción imputada, dicha circunstancia se toma en cuenta como circunstancia atenuante genérica para la graduación de la sanción a imponerse.

13.1 Son condiciones atenuantes de responsabilidad administrativa funcional por la comisión de infracción, las siguientes:

1. La subsanación voluntaria, por el administrado, del acto u omisión imputado como infracción, o la reparación del perjuicio económico atribuido con la infracción, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento sancionador.

2. La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados a la vida, integridad, salud, u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes, desastres naturales o inducidos, estado de emergencia o emergencia sanitaria declarados por la autoridad competente, se hubieran adoptado acciones inmediatas para evitar su inminente afectación o superar los efectos adversos generados.

3. El reconocimiento de la infracción imputada, de forma expresa, en la presentación de los descargos.

4. La condición de denunciante de quien ha sido autor o copartícipe en los hechos que configuran la infracción, siempre que la denuncia hubiera sido calificada, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.

5. La colaboración oportuna y pertinente en el procedimiento sancionador por medio del aporte de documentación o información que permita o coadyuve a establecer y acreditar la infracción cometida por los demás administrados comprendidos en dicho procedimiento sancionador.

13.2 Las condiciones señaladas en el numeral 13.1 son circunstancias atenuantes privilegiadas para la graduación de la sanción y son planteadas por el administrado, a quien corresponde la carga de la prueba.

13.3 Las condiciones señaladas en los literales a), c) y d) del numeral 13.1 son mecanismos de derecho premial que deben dar lugar a graduar la sanción en el tercio inferior de la escala que corresponde a la infracción cometida. Asimismo, la condición indicada en el literal c) del numeral 13.1, genera la conclusión anticipada del procedimiento sancionador, conforme al artículo 97 del presente Reglamento.

14.1 Si un mismo hecho configura más de una infracción, se produce un concurso ideal, en que se impone la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. La gravedad de la infracción está determinada en la Ley.

14.2 Cuando concurran varios hechos que deban considerarse como infracciones independientes sujetas a sanción, se produce un concurso real, en que se suman las sanciones que se establezcan para cada una de ellas, hasta un máximo de cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

15.1 Las sanciones firmes o que causen estado, son de cumplimiento obligatorio y ejecutividad inmediata para los administrados sancionados, siendo eficaces desde ese momento, no estando condicionadas a la ejecución o adopción de ninguna medida complementaria o accesoria por parte de la entidad o autoridad alguna.

15.2 El cumplimiento de la sanción que se establece en días, se computa en días calendarios consecutivos desde el día siguiente de vencido el plazo para impugnar la sanción impuesta por el Órgano Sancionador, o desde el día en que se notifica al administrado la resolución del TSRA. En el caso de la sanción establecida en meses o años, su duración se computa en días calendario, a razón de trescientos sesentaicinco (365) días por año y treinta (30) días por mes. Asimismo, en caso la sanción comprenda una combinación de años, meses o días, la duración de la misma es la suma de la sanción establecida en días calendario con el resultado de la conversión a días de los años y meses establecidos.

15.3 La resolución firme o que causa estado que impone sanción es comunicada por el Órgano Sancionador o por el TSRA, según quien la hubiera emitido, al Titular de la entidad en que se cometió la infracción, estando esta última obligada y siempre que el administrado sancionado esté prestando servicios en la misma entidad, a implementar las acciones en el ámbito de su competencia, a consecuencia de la sanción impuesta. Estas acciones comprenden la consecuente extinción del vínculo jurídico que la entidad mantenga con el administrado sancionado, cuando la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública es superior a seis (6) meses de duración. Si la sanción de inhabilitación es menor o igual a seis (6) meses, la entidad adopta las acciones de personal que correspondan, incluyendo la suspensión perfecta de labores o del servicio prestado, o la conclusión de la designación en un puesto de confianza, conforme a los términos previstos para la aplicación de dichas acciones.

En todos los casos, la entidad implementa las medidas para asegurar la entrega de cargo y la continuidad de sus funciones. Estas medidas en ningún caso pueden comprender una evaluación sobre la procedencia o improcedencia de la sanción impuesta por la Contraloría, ni una dilación a su cumplimiento, así como, tampoco pueden suponer la continuidad del administrado sancionado en el ejercicio de función pública en ninguna entidad.

15.4 En caso la sanción recaiga en administrados que han dejado de prestar servicios en la entidad en que cometieron la infracción, pero que, al momento de su eficacia, estuvieran prestando servicios en otra entidad, a esta última se comunica también la sanción, estando la entidad en la obligación de implementar las acciones señaladas en el numeral precedente. Esta comunicación es efectuada por el órgano que, estando a cargo del procedimiento sancionador, toma conocimiento de la entidad en que está prestando servicios el administrado sancionado.

15.5 En caso el expediente se encuentre archivado en el ámbito de la Subgerencia de Gestión Documentaria o de quien haga sus veces, la comunicación señalada en el numeral precedente le corresponde a la OGPAS, cuando tome conocimiento de la entidad en que está prestando servicios el administrado sancionado.

15.6 Las acciones señaladas en los numerales 15.3 y 15.4 son implementadas por las entidades en un plazo máximo de quince (15) días hábiles desde que se le comunica la sanción, bajo responsabilidad de su Titular. La demora en la referida implementación no impide la eficacia de la sanción, ni habilita la realización de función pública alguna, conforme a lo señalado en el numeral 15.1. Los funcionarios o servidores públicos encargados de implementar las referidas acciones, asumen responsabilidad por el retraso o demora injustificada y el perjuicio generado a la entidad o al Estado.

15.7 La suspensión de los efectos de la sanción por decisión judicial expresa, también suspende el cómputo de duración de la sanción desde el momento en que dicha decisión surte efectos como resultado de su notificación a la Contraloría, debiéndose reanudar conforme a los resultados del proceso judicial o cuando se agoten los efectos de la disposición que hubiera originado dicha suspensión.

15.8 En caso el administrado sancionado esté ocupando un cargo de elección por votación popular al momento en que la sanción queda firme o causa estado, dicha sanción tiene eficacia desde que el administrado cesa en el referido cargo. El diferimiento de la eficacia de la sanción impuesta, en este caso, no es impedimento para que la Contraloría difunda la misma, conforme al numeral 16.4 del artículo 16 del presente Reglamento.

16.1 La sanción por responsabilidad administrativa funcional impuesta por la Contraloría, que hubiera quedado firme o causado estado, se inscribe en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que haga sus veces. Para tal fin, el Órgano Sancionador o el TSRA, según corresponda, informarán de esta condición a la OGPAS, quien realizará la inscripción de la sanción y, para ello, obtendrá la información registrada en el Sistema de Gestión e-PAS. La referida Oficina también registra la resolución judicial que dispone una medida cautelar o que la deja sin efecto, así como, la decisión que dispone la nulidad, revocación o modificación de la sanción impuesta, u otras que incidan sobre la eficacia o cumplimiento de la sanción. Para esto, en el caso de las disposiciones judiciales, la Procuraduría Pública de la Contraloría debe remitir copia de la correspondiente resolución y su respectiva notificación.

16.3 La OGPAS comunica al OCI correspondiente la inscripción de la sanción firme o que hubiera causado estado para que éste efectúe el seguimiento y reporte de cumplimiento.

16.4 La Contraloría publica en su portal institucional, la relación actualizada de administrados con sanción firme o que ha causado estado. Esta publicación es gestionada a través de los mecanismos correspondientes por la OGPAS y comprende las sanciones vigentes, teniendo la finalidad de coadyuvar con su cumplimiento. Igualmente, se difunde la sanción impuesta al administrado que ocupa un cargo de elección por votación popular, señalando esta última circunstancia cuando se tenga conocimiento de la misma e indicando que la eficacia de la sanción se encuentra diferida, de acuerdo al numeral 15.8 del artículo 15 del presente Reglamento.

16.5 La OGPAS administra la información sobre el cumplimiento de las sanciones por responsabilidad administrativa funcional.

17.1 Las resoluciones que ponen término al procedimiento sancionador señaladas en los incisos 1, 2 y 4 del numeral 120.1 del artículo 120 del presente Reglamento, se publican en el portal institucional de la Contraloría. La publicación de las resoluciones emitidas por la primera instancia está a cargo de la OGPAS; correspondiendo al TSRA la publicación de las resoluciones emitidas por las Salas, cuando corresponda.

17.2 La finalidad de la publicación señalada en el numeral 17.1, es contribuir con la predictibilidad de las decisiones, orientar la conducta de los funcionarios o servidores públicos, y proporcionar criterios resolutivos y de interpretación a los órganos del Sistema en materia de responsabilidad administrativa funcional.

18.1 El administrado sancionado por responsabilidad administrativa funcional queda automáticamente rehabilitado con el cumplimiento de la sanción, sin que sea necesaria declaración alguna.

18.2 La rehabilitación de la sanción impuesta en el procedimiento sancionador deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta por responsabilidad administrativa funcional, sin menoscabo que la misma pueda ser apreciada por los órganos del procedimiento sancionador para establecer la reincidencia.

18.3 La rehabilitación no produce el efecto de reponer en la función, cargo o comisión de la que hubiera sido privado el administrado como consecuencia de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

La OGPAS es la unidad orgánica de la Contraloría encargada de dirigir la planificación e implementación de las acciones relacionadas con la potestad sancionadora, proponer su marco normativo y supervisar la gestión administrativa de los órganos de la primera instancia. Tiene a su cargo la gestión del aseguramiento del cumplimiento de las sanciones y la promoción de la predictibilidad en las decisiones de la primera instancia, sin perjuicio de la independencia y autonomía técnica del Órgano Instructor y del Órgano Sancionador. Las funciones específicas se desarrollan en el Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría.

22.1 El Órgano Instructor es el encargado de conducir la fase instructiva en la primera instancia del procedimiento sancionador, efectuando las actuaciones conducentes a determinar la existencia o no de infracción por responsabilidad administrativa funcional, en los hechos remitidos al procedimiento sancionador. El Órgano Instructor posee independencia y autonomía técnica en sus actuaciones.

22.2 La constitución, número, ubicación geográfica y oportunidad de funcionamiento de los Órganos Instructores, es aprobada por Resolución de Contraloría.

22.3 El Órgano Instructor tiene las siguientes funciones específicas:

1. Conducir y desarrollar integralmente la fase instructiva del procedimiento sancionador, incluyendo las actuaciones anteriores al inicio y las posteriores a dicha fase, señaladas en el presente Reglamento.

2. Recibir y revisar el Informe, programar la fase instructiva y evaluar la procedencia de iniciar el procedimiento sancionador en base a los hechos remitidos al mismo y con estricta observancia al contenido del Informe.

3. Declarar la inadmisibilidad, improcedencia o excepción al inicio del procedimiento sancionador, en los casos que corresponda.

4. Iniciar el procedimiento sancionador cuando concurran indicios reveladores de la existencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional, emitiendo la resolución y comunicando los cargos correspondientes, así como recibir los descargos presentados, estableciendo, en su caso, la aplicación del mecanismo de conclusión anticipada.

5. Comunicar, con el inicio del procedimiento, el impedimento de las entidades para iniciar procedimiento para el deslinde de responsabilidad por los hechos y personas comprendidas en el procedimiento sancionador; u ordenar el cese de dicho impedimento cuando se declare la improcedencia de iniciar el procedimiento sancionador o se haya aplicado la excepción al inicio, remitiendo copia de dicha comunicación sobre el cese del impedimento al OCI de la entidad o, en su defecto, a quien emitió el Informe, para el seguimiento correspondiente.

6. Disponer la actuación de los medios de prueba necesarios para la comprobación de los hechos y valorarlos debidamente en la oportunidad que corresponda; pudiendo disponer la realización de prueba de oficio, en caso fuera estrictamente necesaria.

7. Ponderar los argumentos de cargo y descargo, conjuntamente con las pruebas que los sustentan, para señalar la existencia o inexistencia de la infracción imputada.

8. Emitir pronunciamiento señalando la existencia o inexistencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional, proponiendo la imposición de sanción y remitiéndolo al Órgano Sancionador; así como, emitir resolución declarando la inexistencia de infracción y disponiendo el archivo del expediente. En caso de reevaluación del pronunciamiento, evalúa los argumentos de la devolución y adopta las acciones necesarias, elaborando un nuevo pronunciamiento o ratificando su contenido según corresponda.

9. Proponer al Órgano Sancionador la expedición de la resolución que disponga la medida preventiva de separación de cargo.

10. Comunicar a la unidad orgánica que elaboró el Informe, la resolución que advierta hechos remitidos al procedimiento sancionador no sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría, a efecto que esta adopte las acciones para el deslinde de responsabilidades, según corresponda.

11. Evaluar de oficio la prescripción de la potestad sancionadora para decidir el inicio del procedimiento sancionador o declararla de oficio o a pedido de parte, en el momento establecido, después de iniciado el procedimiento sancionador, disponiendo en este caso el archivo del expediente.

12. Evaluar y declarar de oficio o a petición de parte, en el momento establecido, la caducidad del procedimiento sancionador, evaluando el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, en caso la potestad sancionadora no hubiera prescrito.

13. Evaluar y resolver, a pedido de parte, o de oficio cuando tenga conocimiento de ello, en el momento establecido, la conclusión del procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado, disponiendo el archivo del expediente.

14. Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas jurídicas o naturales que correspondan, la información, documentación u opiniones que sean necesarias para la resolución de los asuntos materia de su competencia. La información debe ser remitida en un plazo máximo de siete (7) días hábiles de recibida la solicitud, bajo responsabilidad.

15. Poner en conocimiento de los colegios profesionales e instancias competentes, los casos de ejercicio ilegal o indebido de la profesión, así como las actuaciones contrarias a la ética y al principio de conducta procedimental de los participantes del procedimiento sancionador.

16. Usar el Sistema de Gestión e-PAS para la tramitación, gestión y operación del procedimiento sancionador, lo que incluye la realización de las actuaciones a su cargo y el registro de la información que se requiera.

17. Atender los pedidos de copia del expediente o de acceso a la información contenida en el mismo, formulados por autoridades, entidades, administrados o personas, cuando el expediente se encuentre a su cargo, encauzando la respuesta a través de las unidades orgánicas competentes.

18. Cautelar el cumplimiento de los plazos legales de la fase instructiva.

19. Modificar los hechos y la infracción imputada o variar la agravante específica imputada, siempre que se otorgue al administrado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

20. Brindar al administrado las facilidades para la revisión del expediente, otorgando, a costo del interesado, copias simples o autenticadas de las partes del expediente que sean solicitadas, cuando corresponda, y según las disposiciones que emita la Contraloría.

21. Resguardar la información secreta, reservada o confidencial que se encuentre en su poder.

22. Contribuir con la predictibilidad en las decisiones de la primera instancia, mediante la identificación de los criterios resolutivos o de interpretación que emita el Órgano Instructor, de conformidad con las disposiciones emitidas en la materia.

23. Las demás que le asigne la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y las disposiciones que emita la Contraloría.

    22.4 El Órgano Instructor da cumplimiento a los procesos, lineamientos y documentos normativos establecidos o aprobados para el desarrollo del procedimiento sancionador, y a los precedentes administrativos de observancia obligatoria.

23.1 El Órgano Sancionador es el encargado de conducir la fase sancionadora en la primera instancia del procedimiento sancionador y tiene a su cargo la decisión sobre la imposición de sanción por la comisión de infracción por responsabilidad administrativa funcional, o la declaración de no ha lugar a su imposición, con base en el pronunciamiento que señala la existencia de infracción, remitido por el Órgano Instructor. El Órgano Sancionador posee independencia y autonomía técnica en sus actuaciones.

23.2 La constitución, número, ubicación geográfica y oportunidad de funcionamiento de los Órganos Sancionadores, es aprobada por Resolución de Contraloría.

23.3 El Órgano Sancionador tiene las siguientes funciones específicas:

1. Conducir y desarrollar integralmente la fase sancionadora del procedimiento sancionador, incluyendo las actuaciones anteriores y posteriores a la misma, señaladas en el presente Reglamento.

2. Evaluar el pronunciamiento que señala la existencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional remitido por el Órgano Instructor, disponiendo la realización de prueba de oficio, en caso fuera estrictamente necesaria.

3. Estimar la suficiencia del pronunciamiento, poniendo a consideración del Órgano Instructor su revisión, sólo por defectos en los actos procesales que no puedan ser subsanados en la fase sancionadora.

4. Emitir resolución motivada imponiendo la sanción que corresponda o declarando no ha lugar a su imposición, sobre la base del pronunciamiento que señala la existencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional remitido por el Órgano Instructor, considerando, en su caso, la valoración de la prueba de oficio que se hubiera actuado, así como, la aplicación de los mecanismos de derecho premial que correspondan.

5. Calificar los recursos de apelación, concediéndolos o declarándolos inadmisibles o improcedentes, con excepción del recurso de queja por no concesión del recurso de apelación.

6. Declarar consentidas las sanciones que no hayan sido impugnadas dentro del plazo establecido, disponiendo el archivo del expediente. Esta declaración no tiene carácter constitutivo.

7. Expedir, en los casos que corresponda, la resolución que dispone la medida preventiva de separación del cargo, propuesta por el Órgano Instructor.

8. Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte la prescripción de la potestad sancionadora, en el momento establecido del procedimiento sancionador, disponiendo el archivo del expediente.

9. Evaluar y declarar, de oficio o a pedido de parte, la caducidad del procedimiento sancionador, en el momento establecido, disponiendo la devolución del expediente, para evaluar el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, en caso la potestad sancionadora no hubiera prescrito.

10. Evaluar y resolver, a pedido de parte, o de oficio cuando tenga conocimiento de ello, en el momento establecido, la conclusión del procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado, disponiendo el archivo del expediente.

11. Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o jurídicas, información, documentación u opiniones que se consideren necesarias para la resolución de los asuntos materia de su competencia. La información debe ser remitida en un plazo máximo de siete (7) días hábiles de recibida la solicitud, bajo responsabilidad.

12. Poner en conocimiento de los colegios profesionales e instancias competentes, los casos de ejercicio ilegal o indebido de la profesión, así como las actuaciones contrarías a la ética y al principio de conducta procedimental de los participantes del procedimiento sancionador.

13. Usar el Sistema de Gestión e-PAS para la tramitación, gestión y operación del procedimiento sancionador, lo que incluye la realización de las actuaciones a su cargo y el registro de la información que se requiera.

14. Atender los pedidos de copia del expediente o de acceso a la información contenida en el mismo, formulados por autoridades, entidades, administrados o personas, cuando el expediente se encuentre a su cargo, encauzando la respuesta a través de las unidades orgánicas competentes.

15. Cautelar el cumplimiento de los plazos legales de la fase sancionadora.

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17. Brindar al administrado las facilidades para la revisión del expediente, otorgando, a costo del interesado, copias simples o autenticadas de las partes del expediente que sean solicitadas, cuando corresponda y según las disposiciones que emita la Contraloría.

18. Resguardar la información secreta, reservada o confidencial que se encuentre en su poder.

19. Contribuir con la predictibilidad en las decisiones de la primera instancia, mediante la identificación de los criterios resolutivos o de interpretación que emita el Órgano Sancionador, de conformidad con las disposiciones emitidas en la materia.

20. Las demás que le asigne la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y las disposiciones que emita la Contraloría.

    23.4 El Órgano Sancionador da cumplimiento a los procesos, lineamientos y documentos normativos establecidos o aprobados para el desarrollo del procedimiento sancionador, y a los precedentes administrativos de observancia obligatoria.

83.1 La segunda instancia está a cargo del TSRA y comprende desde la notificación del decreto de avocamiento de la Sala al conocimiento del recurso de apelación o del recurso de queja por su no concesión, hasta la emisión de la resolución que causa estado en el procedimiento sancionador.

83.2. El plazo legal para que el TSRA resuelva el recurso de apelación es de hasta cincuenta (50) días hábiles en el procedimiento complejo y de veinticinco (25) días hábiles para el procedimiento sumario, contados desde el día siguiente a la notificación del avocamiento, pudiendo ser prorrogado por la Sala, únicamente, cuando los vocales emitan votos en discordia o singulares, para la actuación de prueba nueva, prueba de oficio, en caso se reprograme la diligencia para el uso de la palabra y, cuando el administrado comunique el resultado definitivo del procedimiento iniciado en las entidades a las que se refiere el numeral 5.4 del artículo 5 del presente Reglamento.

La decisión de prórroga es comunicada al administrado antes del vencimiento del plazo ordinario. La referida prórroga puede ser hasta por diez (10) días hábiles.

83.3 Los escritos presentados, alegatos o pedidos diferentes al recurso de apelación contra la resolución que impone sanción o al recurso de queja por la no concesión del mismo serán evaluados, de contener prueba nueva o circunstancias sobrevinientes que impidan la continuidad del procedimiento sancionador o de las comunicaciones señaladas en el numeral 5.4 del artículo 5 del presente Reglamento, sin que ello de lugar a retraso en la emisión de la resolución que causa estado en el procedimiento sancionador.

84.1 El TSRA al ejercer su competencia en la resolución de los recursos de apelación, considera los siguientes criterios:

1. Cuando considere que el acto impugnado se ajusta a los hechos considerados probados y al ordenamiento jurídico, declara infundado el recurso de apelación y confirma la resolución impugnada.

2. Cuando de los hechos, fundamentos y medios de prueba evaluados, considere que la infracción sancionada no se ha cometido, debido a que sus elementos no se han configurado o no están debidamente acreditados, o cuando considere que la sanción impuesta no ha sido adecuadamente graduada, declara fundado en todo o en parte el recurso de apelación, revocando el acto impugnado o lo modifica en aquello que corresponda.

3. Cuando verifique la existencia de actos dictados por órgano incompetente, o que contravengan el ordenamiento jurídico o los precedentes administrativos de observancia obligatoria emitidos por el TSRA, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, o adolezca de modo irremediable de fundamentación razonable, declara la nulidad de los mismos. Sin menoscabo de lo antes señalado, resolverá sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En caso contrario, dispone la nulidad del procedimiento retrotrayendo el mismo hasta el acto procesal anterior a la ocurrencia del vicio de nulidad, devolviéndolo al órgano correspondiente para la continuación del procedimiento sancionador.

4. Otros que establezca el TSRA.

84.2 La resolución que resuelve el recurso de apelación, declarándolo fundado, infundado o declarando la nulidad, es notificada al administrado conforme a lo previsto en el presente Reglamento, lo que agota la vía administrativa y causa estado, salvo que se disponga que el procedimiento sancionador se retrotraiga hasta el acto procesal anterior a la ocurrencia del vicio de nulidad.

84.3 No procede la presentación ante el TSRA de pedidos de nulidad, por parte de los administrados, contra las resoluciones emitidas por las Salas del TSRA que hayan causado estado, ni contra las sanciones impuestas en primera instancia que hubieran quedado firmes o contra cualquier acto o disposición que se hubiera emitido de forma posterior al término del procedimiento sancionador. En estos casos, el TSRA declara de plano la improcedencia de los pedidos presentados.

85.1 La potestad sancionadora prescribe a los cuatro (4) años, contados desde el día en que la infracción se comete, si es una infracción instantánea, o desde el día en que cesa, si es una infracción continuada o permanente.

85.2 La prescripción es declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier instancia o fase del procedimiento sancionador. En caso sea alegada por el administrado, se resuelve en la oportunidad establecida, sin necesidad de prueba o actuación adicional, por la mera constatación del plazo cumplido.

85.3 El cómputo del plazo de prescripción se suspende con la notificación al administrado de la resolución que dispone el inicio del procedimiento sancionador, y se reanuda pasados los veinticinco (25) días hábiles de inactividad procesal durante el desarrollo de la correspondiente fase o instancia, por causas atribuibles al órgano a cargo del procedimiento sancionador, siempre que éstas se produzcan luego de vencido el plazo legal correspondiente a cada fase o instancia, y son invocadas en vía de defensa. En todo caso, a los cuarentaicinco (45) días hábiles de vencido el plazo legal de cada fase o instancia, sin que estas hubieran culminado, se reanuda indefectiblemente el cómputo del plazo de prescripción, lo que se aprecia de oficio o a pedido de parte.

85.4 La suspensión del procedimiento sancionador por decisión judicial expresa, que genera se suspendan los plazos del mismo, mantiene la suspensión del cómputo del plazo de prescripción e impide la reanudación de dicho cómputo por inactividad procesal o por vencimiento del plazo legal, respecto de los administrados a quienes alcance dicha decisión, desde el momento en que ésta es oficialmente comunicada por el Poder Judicial a los órganos del procedimiento sancionador.

Igualmente, el cómputo del plazo de prescripción se suspende, se mantiene suspendido y/o no puede reanudarse en los casos establecidos en la Ley, en el numeral 5.8 del artículo 5 y en el numeral 60.3 del artículo 60 del presente Reglamento y la normativa supletoria.

86.1 El procedimiento sancionador no puede exceder el plazo de dos (2) años, contado desde el día siguiente de la notificación de su inicio al administrado, transcurrido el cual, se entiende concluido. En caso el inicio del procedimiento sancionador se haya notificado a dos (2) o más administrados, la caducidad se cuenta conforme a las disposiciones del numeral 64.4 del artículo 64 del presente Reglamento.

86.2 La caducidad es declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier instancia o fase del procedimiento sancionador. Si es alegada por el administrado, se resuelve en la oportunidad establecida, sin necesidad de prueba o actuación adicional, a partir de la mera constatación del plazo cumplido.

86.3 La conclusión del procedimiento sancionador por caducidad da lugar al inicio de un nuevo procedimiento, siempre que la potestad sancionadora no hubiera prescrito.

86.4 La suspensión del procedimiento sancionador por decisión judicial expresa genera la suspensión del cómputo del plazo de caducidad, respecto de los administrados a quienes alcance dicha decisión, desde el día en ésta es oficialmente comunicada por el Poder Judicial a los órganos del procedimiento sancionador.

Igualmente, el cómputo del plazo de caducidad se suspende en los casos establecidos en la Ley, en el numeral 5.8 del artículo 5 y en el numeral 60.3 del artículo 60 del presente Reglamento y la normativa supletoria.

87.1 El pedido para la declaración de prescripción y los pedidos de caducidad o de conclusión del procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado, se pueden presentar en una sola ocasión en cada fase o instancia.

87.2 Los referidos pedidos son evaluados por el Órgano Instructor en el pronunciamiento, procediendo a su resolución y declarando, según corresponda, la prescripción, caducidad y/o disponiendo la conclusión del procedimiento sancionador, en caso los mismos sean fundados. El Órgano Sancionador resuelve los pedidos de prescripción, caducidad o de conclusión del procedimiento sancionador, que se hubieran presentado durante la fase sancionadora, conjuntamente con la resolución del procedimiento sancionador.

Por su parte, el TSRA resuelve los pedidos de prescripción, caducidad o conclusión del procedimiento, conjuntamente con el recurso de apelación contra la resolución de sanción impuesta por el Órgano Sancionador.

La resolución de estos pedidos se notifica al administrado de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento.

87.3 La denegatoria en primera instancia de los pedidos señalados en el numeral precedente, solo es impugnable conjuntamente con la apelación de la sanción y es resuelta de acuerdo al procedimiento establecido para ésta. La denegatoria de dichos pedidos por el TSRA, es inimpugnable en la vía administrativa, procediendo la acción contencioso administrativa conjuntamente con la impugnación de la resolución que pone fin al procedimiento sancionador.

88.1 El administrado puede formular queja en cualquier fase o instancia del procedimiento sancionador, por los defectos de tramitación que supongan paralización, infracción de los plazos legales u omisión de los trámites establecidos en la Ley y el presente Reglamento, que pueden y deben ser subsanados antes de la resolución del procedimiento sancionador, en la fase o instancia respectiva. La presentación de la queja por defecto de tramitación no suspende la tramitación del procedimiento sancionador y su resolución es inimpugnable.

88.2 La queja por defecto de tramitación no procede contra los actos o actuaciones que pueden ser materia de apelación o que tengan una vía idónea para su impugnación.

89.1 La queja por defecto de tramitación formulada contra el Órgano Instructor o el Órgano Sancionador se presenta directamente ante el TSRA, cumpliendo con los requisitos establecidos para los escritos señalados en el artículo 117 del presente Reglamento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige.

89.2 La queja por defecto de tramitación formulada contra una Sala del TSRA, con los mismos requisitos señalados en el numeral 89.1, se presenta ante el Presidente del TSRA y es resuelta por una Sala distinta a la quejada, en ausencia de la cual, resuelve el Contralor General de la República.

89.3 La queja por defecto de tramitación es resuelta en un plazo de diez (10) días hábiles, contado desde el día siguiente de su presentación, aplicando, en lo demás, el procedimiento señalado en la LPAG para la queja por defectos de tramitación. Esta resolución se notifica al administrado conforme a lo previsto en el presente Reglamento.

89.4 En caso se declare fundada la queja por defectos de tramitación, la Sala del TSRA o el Contralor General de la República, que emite la resolución, dispone las medidas necesarias para la corrección del procedimiento, estableciendo en la misma resolución las acciones pertinentes para el deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar, cuando se adviertan indicios de su configuración.

90.1 La medida preventiva comprende la separación del cargo del administrado mientras dure el procedimiento sancionador; no constituye sanción administrativa, no configura un acto de hostilidad, no impide continuar con el procedimiento sancionador, ni produce indefensión.

90.2 La entidad una vez que le es notificada la medida preventiva, debe iniciar de manera inmediata la implementación de las acciones en el ámbito de su competencia que correspondan a consecuencia de la referida medida. En ningún caso la medida preventiva es una limitante para que la entidad, acorde a su competencia y marco legal aplicable, pueda disponer las acciones de gestión que estime pertinentes.

La propuesta y disposición de la medida preventiva se fundamenta en los siguientes criterios concurrentes:

1. La gravedad del hecho imputado como infracción, entendida desde el bien jurídico protegido o el resultado perjudicial que ha sido imputado.

2. La participación relevante del administrado en la generación del hecho imputado.

3. El riesgo para el correcto ejercicio de la función pública que representa la permanencia del administrado en el cargo, considerando, entre otros, el nivel de este último y la relación de cercanía o similitud de los hechos imputados con las funciones asignadas al administrado en dicho cargo.

92.1 El Órgano Instructor puede proponer ante el Órgano Sancionador la medida preventiva desde la emisión de la resolución de inicio del procedimiento sancionador hasta la emisión del pronunciamiento sobre la existencia de infracción, motivándola en los criterios señalados en el artículo 91 del presente Reglamento, haciendo referencia a los documentos del expediente que fundamentan su propuesta.

92.2 La medida preventiva es tramitada sin suspensión del desarrollo ni de los plazos del procedimiento sancionador.

92.3 Excepcionalmente, el Órgano Instructor puede efectuar las actuaciones previas que resulten necesarias para fines de proponer la medida preventiva.

93.1 El Órgano Sancionador resuelve, mediante resolución motivada, la propuesta de medida preventiva formulada por el Órgano Instructor, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida.

93.2 La medida preventiva caduca de pleno derecho cuando queda firme la resolución que pone término al procedimiento sancionador en la vía administrativa o cuando se emite una resolución que causa estado. Asimismo, la medida preventiva también caduca de pleno derecho cuando hubiera transcurrido el plazo legal establecido para cada fase o instancia, sin la emisión del pronunciamiento o la resolución correspondiente.

La resolución que dispone la medida preventiva es notificada al administrado por el Órgano Sancionador, y comunicada a la entidad a que pertenece el administrado, la cual en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles debe ejecutar lo dispuesto, bajo responsabilidad del Titular, comunicando las medidas adoptadas al Órgano Sancionador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su completa implementación, sin dilación alguna.

95.1 La resolución que establece la medida preventiva es de obligatorio cumplimiento por el administrado y la entidad correspondiente, bajo responsabilidad, conforme al plazo establecido para su ejecución en el artículo 94 del presente Reglamento. El cumplimiento de la medida preventiva es materia sujeta a control por parte del Sistema.

95.2 La entidad debe implementar las acciones en el ámbito de su competencia que correspondan a consecuencia de la medida preventiva, las cuales, en ningún caso pueden comprender la evaluación de la procedencia o aplicación de la medida preventiva o la asignación de trabajos o labores afines a la materia con que se relacionan los hechos imputados en el procedimiento sancionador, ni con el ejercicio del control gubernamental o disposición de recursos públicos.

95.3 En caso la medida preventiva recaiga en un administrado que ha dejado de prestar servicios en la entidad en que cometió el hecho infractor, pero estuviere prestando servicios en otra entidad, corresponde al Titular de esta última disponer o adoptar las medidas necesarias para asegurar la ejecución de la medida preventiva dispuesta, bajo responsabilidad.

La medida preventiva puede ser apelada ante el Órgano Sancionador, conjuntamente y como parte del recurso de apelación contra la resolución de sanción y es resuelta de acuerdo al procedimiento establecido para dicho recurso. La apelación de la medida preventiva se sustenta en una interpretación diferente de los elementos que fueron tomados en cuenta para su aplicación o en una cuestión de puro derecho.

97.1 La conclusión anticipada del procedimiento sancionador solo procede cuando el administrado reconoce la comisión de todas las infracciones imputadas, de forma expresa, en la presentación de sus descargos, siendo aplicable lo dispuesto en el literal c) del numeral 13.1 del artículo 13 del presente Reglamento.

97.2 En caso el administrado solo reconociera algunas de las infracciones imputadas, dicho reconocimiento no genera la conclusión anticipada, sin menoscabo de su condición de atenuante para la graduación de la sanción.

98.1 El Órgano Instructor, luego de la presentación del último descargo, emite pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes y sin abrir actuación probatoria, respecto del administrado que hubiera reconocido la comisión de todas las infracciones imputadas en su escrito de descargos.

98.2 El Órgano Sancionador, inmediatamente de recibido el pronunciamiento, programa con prioridad la fase sancionadora y lo asigna para evaluación, sin avocamiento ni comunicación del pronunciamiento, emitiendo resolución dentro de los cinco (5) días de asignado.

98.3 El trámite de la conclusión anticipada, no suspende la continuidad ni incide en los plazos del procedimiento sancionador en relación a los demás administrados comprendidos en el mismo.

98.4 En la medida que fuera necesario para el trámite de la conclusión anticipada, se procede a la desacumulación del expediente, a efectos de asegurar la oportuna emisión del pronunciamiento y resolución en relación al administrado que ha reconocido la totalidad de las infracciones imputadas.

99.1 Para fines del procedimiento sancionador, el expediente comprende la secuencia ordenada de actuaciones, documentos e información relacionada al procedimiento sancionador, incluyendo las acciones efectuadas antes de su inicio. El expediente se constituye, gestiona y conserva, bajo la forma y conforme a las disposiciones que rigen al expediente electrónico, por medio del Sistema de Gestión e-PAS.

99.2 El expediente se constituye con el registro del Informe por el Órgano Instructor. La constitución del expediente comprende la asignación de la codificación única y correlativa que genera el Sistema de Gestión e-PAS, el cual lo identifica durante las diferentes fases e instancias del procedimiento sancionador y que también permite su identificación para efectos del intercambio de información entre entidades o partes interesadas, o para la atención de pedidos de cargo del administrado. La desacumulación o la tramitación separada de los hechos remitidos al procedimiento sancionador, genera la apertura de un expediente adicional, al que se le asigna una codificación que permita vincularlo con el expediente de origen.

99.3 Los documentos del expediente se ordenan y numeran correlativamente. La corrección del indicado orden y numeración solo es procedente por autorización expresa del Jefe del Órgano Instructor, Jefe del Órgano Sancionador o del Presidente de la Sala del TSRA, según la fase o instancia que corresponda.

100.1 Los órganos del procedimiento sancionador, son responsables por la actualización e integridad del expediente que se gestiona a través del Sistema de Gestión e-PAS, durante la fase o instancia a su cargo, o hasta que es archivado, para lo cual, revisan los documentos recibidos y verifican que la documentación se encuentre completa, antes de su incorporación al expediente.

100.2 La gestión del archivo del expediente, luego de culminado el procedimiento sancionador, le corresponde al órgano del procedimiento sancionador que emite la última disposición de archivo. El archivo del expediente se efectúa en el Sistema de Gestión e-PAS de acuerdo al procedimiento aprobado o aplicable para el procedimiento sancionador, en coordinación con la Subgerencia de Gestión Documentaria, o la unidad orgánica que haga sus veces.

101.1 El administrado, su representante o su abogado tienen derecho de acceso al expediente en todo momento del procedimiento sancionador. Cualquiera de ellos puede examinar su contenido por medio del Sistema de Gestión e-PAS, tomar nota de su contenido, guardar registro de la información de manera manuscrita o por medio de mecanismos de digitalización u otros tecnológicos, y solicitar las copias que requiera, previo pago del costo de su reproducción.

101.2 En los casos en que, por tratarse de información confidencial, reservada o secreta, no es posible proporcionar copia al administrado o guardar registro de la información por medio de mecanismos de digitalización o con el uso de teléfonos celulares u otros tecnológicos, aquel puede tomar conocimiento de su contenido a través del acceso directo al expediente, respecto de lo estrictamente necesario para el ejercicio de su derecho de defensa.

La notificación consiste en la puesta en conocimiento al administrado de un acto administrativo emitido en el marco del procedimiento sancionador. A partir de la notificación se produce la eficacia del acto administrativo. El conocimiento directo del acto administrativo, por parte del administrado o su representante, producirán los mismos efectos que la notificación, en cuyo caso ésta se entenderá dispensada, conforme al artículo 110 del presente Reglamento.

La notificación en el procedimiento sancionador se realiza obligatoriamente de manera electrónica y solo excepcionalmente por medio de las demás modalidades señaladas en el presente Reglamento y acorde a lo establecido en la normativa que rige la notificación electrónica en el Sistema.

103.1 La notificación es la consecuencia de un conjunto de actividades que tienen como propósito hacer de conocimiento del administrado los actos administrativos emitidos por los órganos a cargo del procedimiento sancionador.

103.2 Las formalidades de la notificación se rigen por lo señalado en el presente Reglamento, requiriendo de su cumplimiento para constituir la presunción de conocimiento del acto administrativo por parte del administrado.

La notificación que efectúa la Contraloría en el marco del procedimiento sancionador se realiza a través de las siguientes modalidades, en orden de prelación:

1. Notificación electrónica obligatoria en la casilla electrónica activa asignada por la Contraloría.

2. Notificación personal en el domicilio físico del administrado, excepcionalmente y conforme a lo señalado en el numeral 107.3 del artículo 107 y el artículo 115 del presente Reglamento.

3. Mediante publicación en el diario oficial El Peruano, en una sola ocasión, cuando la notificación personal no pueda realizarse por los supuestos establecidos en el presente Reglamento.

La notificación personal en el domicilio físico del administrado de los actos emitidos por los órganos del procedimiento sancionador, diferentes a la notificación electrónica señalada en el inciso primero del artículo 104 del presente Reglamento, se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente que son emitidos o dispuestos, más el término de la distancia, según el Cuadro General de Términos de la Distancia aprobado por el Poder Judicial. Excepcionalmente, puede excederse dicho plazo cuando hubiera circunstancias que dificulten o impidan el acceso al domicilio físico del administrado, debiendo el órgano encargado del procedimiento sancionador, mediante decreto, dejar constancia en el expediente de lo ocurrido, una vez realizada la notificación.

106.1 La cédula de notificación es el documento a través del cual se deja constancia de la notificación efectuada. La cédula se elabora en forma clara y sin abreviaturas, conforme al formato y empleando el mecanismo establecido por la Contraloría, debiendo constar en el expediente el cargo de recepción. Mediante una misma cédula se pueden notificar más de un acto administrativo o actuación.

106.2 Para su diligenciamiento en el caso de la notificación personal en el domicilió físico del administrado, la cédula de notificación debe emitirse por duplicado, por cada administrado a notificar, debiendo constar en el expediente una de las copias debidamente completada, como cargo de notificación.

En el caso de la notificación electrónica, el diligenciamiento de la cédula se rige por las disposiciones que, para dicha modalidad de notificación, emite la Contraloría.

106.3 La cédula de notificación debe contener los siguientes requisitos:

1. Número de la cédula de notificación y fecha de emisión.

2. Número del expediente.

3. Nombre(s) y apellidos completos del destinatario.

4. Casilla electrónica del destinatario, o su domicilio físico cuando, excepcionalmente, la notificación no es electrónica.

5. Identificación del acto que se notifica.

6. Documento que se notifica firmado digitalmente, o copia del acto que se notifica cuando la notificación no es electrónica.

7. Indicación del órgano que emite el acto que se notifica y firma de su representante.

8. Nombre, documento nacional de identidad y firma de la persona con la que se realiza la diligencia de notificación, especificando - en caso corresponda - su vinculación con el destinatario.

9. Fecha y hora en que se efectúa la notificación.

10. Adicionalmente y en caso resulte necesario, la cédula de notificación puede ser complementada dejándose constancia de algún hecho u observación relevante presentados durante la diligencia de notificación, así como con la descripción de los datos o características que identifiquen el lugar del domicilio en que se efectúa la notificación.

106.4 Los requisitos señalados en los literales h) y j) del numeral 106.2, son aplicables solo para la notificación personal en el domicilio físico del administrado, cuando ésta corresponda ser efectuada, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

107.1 Se entiende por casilla electrónica al domicilio digital que la Contraloría asigna para la recepción de notificaciones electrónicas y/o comunicaciones.

107.2 La casilla electrónica se asigna, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Contraloría y es de uso obligatorio por las entidades, funcionarios y servidores públicos y administrados comprendidos en el procedimiento sancionador o para las personas relacionadas con el mismo.

107.3 Excepcionalmente, procede la notificación personal cuando el administrado no cuente con casilla electrónica activa, conforme al siguiente procedimiento:

1. El Órgano Instructor notifica la resolución de inicio del procedimiento sancionador conforme a las reglas de la notificación personal en el domicilio físico del administrado. En caso advierta que corresponde el uso obligatorio de la notificación electrónica, procede a la creación y activación de la casilla electrónica por asignación obligatoria, de acuerdo a lo establecido en la normativa que rige la notificación electrónica en el Sistema.

   Asimismo, en caso contrario, cuando advierta que, de acuerdo a la referida normativa, procede la notificación personal excepcional, en el pliego de cargos el Órgano Instructor señala que excepcionalmente el administrado puede consignar un domicilio físico para el diligenciamiento de las posteriores notificaciones.

2. La notificación personal en el domicilio físico del administrado se mantiene hasta la activación de la casilla electrónica.

   107.4 En caso el administrado, en cualquier momento del procedimiento sancionador, designe un abogado para su patrocinio y además desee señalar un domicilio procesal, este último solo puede estar constituido por la casilla electrónica activa de la persona designada como abogado patrocinante, de acuerdo a lo señalado en la normativa que rige la notificación electrónica en el Sistema.

108.1 Se entenderá como domicilio físico para efectos de la notificación personal, en caso no estuviese apersonado el administrado, aquel indicado en el Documento Nacional de Identidad - D.N.I. vigente al inicio del procedimiento sancionador. Si el domicilio consignado en el Documento Nacional de Identidad no es específico, se recurre al domicilio físico señalado en el Informe.

108.2 Al apersonarse al procedimiento sancionador, el administrado debe señalar su casilla electrónica activa; o, excepcionalmente, consignar su domicilio físico de acuerdo a lo señalado en el numeral 107.3 del artículo 107 del presente Reglamento. En los casos excepcionales en que proceda la notificación personal, el señalamiento del domicilio físico debe ser específico y comprender, en su caso, la precisa descripción del inmueble en los casos de regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común, así como la referencia de su ubicación.

108.3 Cuando, en su caso, el administrado hubiera señalado simultáneamente más de un domicilio físico, para efectos de la notificación se considera el denominado como domicilio procesal o el señalado expresamente para tal efecto. En caso contrario, su domicilio será cualquiera de los consignados.

108.4 Si el domicilio físico al que se le debe notificar se encontrase en el extranjero, la notificación se realiza a través del representante diplomático del Perú en el país de residencia.

108.5 En los casos en que el domicilio físico se ubique en edificios, condominios o cualquier otro inmueble de acceso restringido, la notificación se realiza con la persona encargada de regular la entrada. Asimismo, cuando no se encuentre dicho encargado, o este se niegue a recibir la notificación, se continúa con la diligencia de acuerdo a las previsiones aplicables del régimen de la notificación personal, considerando para dicho efecto, la dirección del inmueble de acceso restringido, o el buzón correspondiente al administrado.

108.6 Todo cambio del domicilio físico, incluyendo su actualización en el Documento Nacional de Identidad - D.N.I., debe ser informado por el administrado a los órganos correspondientes del procedimiento sancionador y será efectivo desde la presentación del escrito correspondiente por parte de aquel.

109.1 En caso de comprobarse que la notificación se ha realizado sin la formalidad y requisitos previstos, el órgano a cargo del procedimiento sancionador que dispuso la notificación ordena que ésta se vuelva a efectuar de manera inmediata, sin perjuicio para el administrado.

109.2 La notificación defectuosa por omisión de requisitos de contenido se considera válidamente efectuada desde la fecha en que el administrado manifieste haberla recibido. Asimismo, se entiende como válida la notificación defectuosa, cuando el administrado proceda de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del acto notificado, o, no obstante carecer de uno o más requisitos formales se puede demostrar que aquella, ha cumplido su finalidad.

110.1 Se dispensa la notificación personal en el domicilio físico del administrado, cuando el administrado o su representante, tome conocimiento directo del acto que se debe comunicar, con ocasión de la lectura del expediente que realice en las instalaciones del órgano a cargo del procedimiento sancionador.

En este supuesto, se entrega copia del acto administrativo correspondiente, dejándose constancia en el expediente de la fecha y hora en que se realizó la lectura y entrega del documento señalado, consignándose los nombres, apellidos, firma y huella digital del administrado o representante con quien se efectuó dicha entrega.

110.2 Se entiende también dispensada la referida notificación personal de los actos o actuaciones que hubieran sido emitidos o dispuestos en presencia del administrado o su representante, siempre que esto último conste en acta que lo acredite.

El procedimiento de notificación es autónomo y distinto al acto administrativo que se notifica y como tal, cualquier defecto en aquel, no afecta la validez del acto notificado.

112.1 La comunicación a la entidad y terceros participantes, de los actos y actuaciones administrativas emanadas del procedimiento sancionador, se efectúa a través de la casilla electrónica, en los casos en que esta se encuentre activa, o, en su defecto, por cualquier medio que asegure su conocimiento y permita acreditar su recepción.

112.2 La comunicación a los administrados de las actuaciones que no sean actos administrativos, se rige por el procedimiento de la notificación.

112.3 Las citaciones para la comparecencia personal se rigen por el procedimiento de notificación.

La Subgerencia de Gestión Documentaria o la unidad orgánica que haga sus veces, prioriza la ejecución y supervisión de las actividades referidas a las notificaciones y comunicaciones físicas, electrónicas y digitales a nivel nacional, que se requieren en el procedimiento sancionador. En el caso de la notificación personal en el domicilio físico del administrado, su ejecución se efectúa de acuerdo al procedimiento de notificación previsto en el presente Reglamento.

114.1 La notificación electrónica es la modalidad principal de notificación en el procedimiento sancionador y se rige por la normativa correspondiente en el ámbito del Sistema.

La notificación personal en el domicilio físico del administrado procede, excepcionalmente, de acuerdo al numeral 2 del artículo 104 del presente Reglamento y se rige por los siguientes criterios:

1. La notificación personal se realiza en el domicilio físico del administrado mediante cédula de notificación elaborada conforme a las características establecidas en el presente Reglamento. El formato modelo de la indicada cédula es aprobado por la OGPAS.

2. La notificación personal se entenderá con el administrado o su representante legal. En caso no se encuentre cualquiera de los señalados, la notificación se realiza con la persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio.

3. Para establecer el domicilio físico en que debe efectuarse la notificación se usan los criterios establecidos en el presente Reglamento.

4. La notificación personal comprende la entrega de la cédula de notificación y copia del acto administrativo, dejándose constancia en la copia de la cédula de notificación del nombre(s) y apellidos, la firma, el número del documento nacional de identidad de quien recibe los documentos que se notifican, y su vinculación con el administrado, en caso no ser éste; así como de la fecha y hora de la diligencia. Efectuada la notificación, la copia de la cédula de notificación debidamente completada debe ser devuelta al órgano emisor, al día siguiente de realizada dicha diligencia, más el término de la distancia.

5. En caso no se encuentre al administrado o persona mayor de edad con quien pueda efectuarse la notificación, se deja constancia de dicha situación en un acta levantada conforme al formato modelo aprobado por la OGPAS, señalando la situación que corresponda; y se deja un aviso bajo puerta, indicando el número del expediente, el destinatario de la notificación, el acto materia de notificación, la indicación referida a la imposibilidad de entregar la notificación y la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación, la cual no puede exceder de cinco (5) días hábiles.

   El formato modelo para la elaboración del aviso de notificación es aprobado por la OGPAS. En estos casos, una copia del acta es anexada al expediente.

   En caso no se efectúe la notificación en la nueva fecha, por no encontrarse persona mayor de edad con la cual llevar a cabo la diligencia, se levanta un acta, conforme al formato modelo aprobado por la OGPAS, expresando dicha situación, la cual se deja debajo de la puerta, conjuntamente con la cédula de notificación y el correspondiente acto administrativo, teniéndose al administrado por bien notificado. Efectuada la notificación, una copia del acta y de la cédula de notificación son devueltas al órgano emisor, al día siguiente de realizada dicha diligencia, más el término de la distancia y se anexan en el expediente.

6. En caso de negativa del administrado o de la persona mayor de edad con quien pueda efectuarse la notificación, a identificarse, firmar o recibir la cédula de notificación y/o el acto notificado, se procede a la notificación bajo puerta, conforme al procedimiento señalado en el tercer párrafo del literal e).

7. Para los casos de notificación bajo puerta, señalados en los literales e) y f), el acta deberá especificar las características del domicilio físico o lugar donde se ha efectuado la notificación, procurando efectuar una descripción precisa de la diligencia, considerando las condiciones o dificultades encontradas, señalando, entre otros, los números de suministros de servicios, características del inmueble o entorno, su ubicación, o, adjuntando una fotografía, en caso sea posible.

8. Si la dirección del domicilio físico del administrado es inexistente, dicha situación se hará constar en un acta conforme a las especificaciones contenidas en el formato modelo aprobado por la GPAS, la misma que es remitida, conjuntamente con la cédula de notificación sin notificar al órgano emisor correspondiente al día siguiente de realizada dicha diligencia, más el término de la distancia, para su incorporación al expediente.

9. En caso se haya agotado el procedimiento de notificación personal sin que ésta haya podido realizarse por desconocerse o ser inexistente el domicilio físico o este se encuentre en el extranjero sin que el administrado haya dejado representante legal, pese al requerimiento efectuado por el Consulado respectivo, se procede a la notificación mediante publicación en el diario oficial El Peruano, señalada en el artículo 116 del presente Reglamento.

116.1 La notificación mediante publicación en el diario oficial El Peruano, procede sólo cuando se haya agotado el procedimiento de notificación personal en el domicilio físico del administrado, establecido en el artículo 115 del presente Reglamento. La referida publicación se efectúa en una sola ocasión y se publica accesoriamente en la misma fecha en el portal institucional de la Contraloría, permaneciendo publicada en el mismo, hasta la conclusión del procedimiento sancionador. La notificación mediante publicación en el diario oficial El Peruano, tiene efectos a los cinco (5) días hábiles de efectuada la publicación y comprende el contenido señalado en el numeral 116.2. Sin embargo, la publicación que también se realiza en el portal institucional de la Contraloría, comprende la cédula de notificación y el íntegro del documento a notificar.

116.2 Los actos notificados mediante publicación en el diario oficial El Peruano, deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Consignar el texto íntegro de la declaración o decisión que conforma el acto, incluyendo una transcripción sumaria de su motivación. En el caso del acto de inicio del procedimiento sancionador, la transcripción sumaria de la motivación comprenderá los elementos principales del pliego de cargos indispensables para cautelar el derecho de defensa.

2. La identificación del expediente en el cual se expidió el acto notificado, considerando, entre otros, el número del expediente, nombres y apellidos del destinatario.

3. El nombre del órgano y funcionario que emitió el acto administrativo.

4. La fecha de vigencia del acto notificado, incluyendo, si fuera el caso, la mención al agotamiento de la vía administrativa.

5. La indicación de los recursos que proceden contra el acto administrativo notificado, de ser el caso, señalando el órgano competente ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos.

6. Cualquier información que pueda ser importante para la protección de los intereses y derechos de terceros, cuando la publicación se encuentre dirigida a los mismos.

7. La referencia a que en el portal institucional de la Contraloría está publicada la cédula y el documento notificado, en forma íntegra.

117.1 En el procedimiento sancionador los pedidos y comunicaciones formulados por el administrado se efectúan por medio de escritos, los que deben comprender como mínimo:

1. El número del expediente, tratándose de procedimientos iniciados.

2. La indicación del órgano al cual se encuentra dirigida la petición o comunicación.

3. El (los) nombre(s) y apellidos completos, tipo y número de documento de identidad. En caso de representación, con el primer escrito se presenta el poder vigente y copia del documento de identidad del apoderado, lo que debe ser actualizado en caso de variación. La representación solo podrá ser asignada por el administrado, siendo esta facultad indelegable.

4. La casilla electrónica; o, excepcionalmente, el domicilio físico, cuando proceda el empleo de la notificación personal, conforme a lo señalado en el numeral 107.3 del artículo 107 del presente Reglamento.

5. La expresión concreta de lo pedido, incluyendo los fundamentos de hecho y derecho.

6. El lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

7. La relación de los documentos y anexos que acompaña.

117.2 En caso de incumplimiento de los indicados requisitos y siempre que dicha situación imposibilite la atención del escrito presentado, a juicio del órgano del procedimiento que corresponda, éste en un solo acto y por única vez, otorga al administrado un plazo máximo de dos (2) días hábiles para subsanar las omisiones observadas. Si, al vencimiento del plazo concedido, el administrado no subsana las omisiones señaladas, se declara su inadmisibilidad en el momento establecido en el presente Reglamento, sin menoscabo de su incorporación al expediente.

Las resoluciones emitidas por los órganos del procedimiento sancionador contienen la decisión sobre el asunto materia de su competencia, cumpliendo con los requisitos establecidos para cada caso e instancia. En general, las resoluciones contienen como mínimo lo siguiente:

1. Lugar, fecha y número de la resolución.

2. Expediente, sumilla de la decisión e identificación del órgano emisor.

3. Identificación del administrado, debiendo consignar su(s) nombre(s) y apellidos completos, y el tipo y número de documento de identidad.

4. Los antecedentes relevantes de la resolución, expresados de manera concisa, salvo el caso de resoluciones de mero trámite.

5. La motivación de la decisión, en proporción al contenido y conforme al ordenamiento vigente, señalando los hechos y la fundamentación jurídica, salvo el caso de resoluciones de mero trámite.

6. La decisión y las disposiciones a que hubiera lugar, señalando de manera clara y precisa lo que se ordena cumplir y el plazo otorgado para tal efecto, cuando corresponda.

7. El órgano encargado de su emisión.

8. La firma del Jefe del Órgano Instructor, Jefe del Órgano Sancionador o del Presidente o vocales de las Salas del TSRA, según corresponda al órgano emisor.

119.1 Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución, el administrado puede solicitar por única vez al órgano del procedimiento sancionador que la emitió, la aclaración de algún extremo impreciso, oscuro o dudoso expresado en la resolución, debiendo resolverse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

119.2 Las resoluciones pueden ser aclaradas de oficio hasta los cinco (5) días hábiles siguientes a su emisión.

119.3 La aclaración no altera el sentido de la decisión o disposiciones adoptadas. En caso el administrado solicite la aclaración de la resolución que impone sanción, la presentación de su solicitud no suspende el plazo para interponer el recurso de apelación. De ser aclarada la resolución de sanción, el plazo para la presentación de la apelación se cuenta desde la notificación de la aclaración.

119.4 A pedido de parte o de oficio, en cualquier momento, se puede efectuar la rectificación del error material en que hubiera incurrido la resolución. La resolución que dispone la rectificación de dicho error es irrecurrible, y no acarrea la nulidad del acto administrativo rectificado.

119.5 Las resoluciones pueden ser integradas por los órganos que las emitieron, cuando hubieran omitido pronunciarse sobre alguna materia principal o accesoria, en cuyo caso, se disponen las medidas que correspondan en cautela del interés del administrado. La integración de oficio se efectúa dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su emisión. Si la integración es pedida por el administrado, este la debe solicitar dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación de la resolución, debiendo resolverse su pedido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de su pedido.

En caso el administrado pida la integración de la resolución que impone sanción, la presentación de su pedido no suspende el plazo para interponer el recurso de apelación. De ser integrada la resolución de sanción, el plazo para la presentación de la apelación se cuenta desde la notificación de la integración.

119.6 Los órganos del procedimiento sancionador, de manera motivada y durante la fase o instancia a su cargo, pueden dejar sin efecto lo dispuesto en los decretos o actos de administración interna que hubieran emitido, señalados en el artículo 121 del presente Reglamento. Dicha decisión se notifica o comunica a los administrados o entidades, cuando corresponda. Esta facultad se ejerce únicamente de oficio.

119.7 El pronunciamiento emitido por el Órgano Instructor, puede ser aclarado, rectificado, integrado o dejado sin efecto, únicamente de oficio, conforme a las disposiciones establecidas en el presente artículo, en lo que fuera aplicable.

120.1 El procedimiento sancionador, respecto del administrado, termina con la emisión de las siguientes resoluciones:

1. La resolución que declara la inexistencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional, emitida por el Órgano Instructor.

2. La resolución firme que impone sanción o declara no ha lugar a su imposición, emitida por el Órgano Sancionador. La resolución es firme cuando no ha sido apelada por el administrado dentro del plazo previsto en el presente Reglamento.

3. La resolución firme que declara la improcedencia o la inadmisibilidad de la apelación, emitida por el Órgano Sancionador.

4. La resolución que revoca, confirma o modifica lo resuelto en primera instancia, emitida por el TSRA, que agota la vía administrativa y causa estado. La resolución que causa estado contiene una decisión definitiva en sede administrativa.

5. La resolución que declara la caducidad, emitida por los órganos del procedimiento sancionador.

6. La resolución que declara la imposibilidad jurídica de continuar el procedimiento sancionador, emitida por los órganos del procedimiento sancionador como resultado de, entre otros supuestos, la prescripción, la muerte del administrado, la calificación de la conducta como constitutiva de responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora, y la desaparición de la norma legal que estableció la infracción.

   120.2 La resolución del TSRA es inimpugnable en el ámbito administrativo, procediendo contra aquellas únicamente la acción contencioso administrativa de conformidad al artículo 148 de la Constitución Política del Perú y conforme a la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.

   120.3 La resolución que pone término al procedimiento sancionador es notificada al administrado y comunicada a la(s) entidad(es) correspondiente(s), y publicada en el portal institucional de la Contraloría, en los casos previstos en el presente Reglamento.

121.1 La resolución de mero trámite en el procedimiento sancionador adopta el nombre de decreto y se usa para el impulso del procedimiento sancionador y es diferente a la resolución definitiva adoptada en las fases o instancias o que se pronuncia de manera final por cualquier pedido formulado ante los órganos del procedimiento sancionador. La resolución de mero trámite es inimpugnable.

121.2 El acto de administración interna contenido en la resolución definitiva o resolución de mero trámite, al no ser acto administrativo por estar orientado a la eficacia y eficiencia de la potestad sancionadora o al cumplimiento de sus finalidades, no es impugnable en el procedimiento sancionador, y no puede ser revisado de oficio en instancia de apelación cuando su efecto sea posterior o esté fuera del procedimiento sancionador.

Los medios de prueba tienen por finalidad acreditar los hechos respecto a la comisión o no de infracciones por responsabilidad administrativa funcional, fundamentando la decisión de los órganos del procedimiento sancionador.

123.1 Los medios de prueba se ofrecen en el escrito de presentación de descargos y deben ser pertinentes, conducentes, suficientes, lícitos y oportunos.

123.2 Los medios de prueba aportados u ofrecidos por los administrados con posterioridad a sus descargos, se rigen por lo dispuesto en los numerales 71.4, 76.1 y 83.3 del presente Reglamento, salvo que de estimarlo pertinente los órganos del procedimiento sancionador decidan incorporarlos al mismo, como prueba de oficio.

123.3 La prueba nueva aportada u ofrecida como tal, con posterioridad a la presentación de descargos, cuya naturaleza sobreviniente a los mismos se encuentre debidamente acreditada a juicio de los órganos del procedimiento sancionador, es incorporada y actuada conforme a su mérito.

123.4 En caso la unidad orgánica que elaboró el Informe, antes del inicio del procedimiento sancionador, tome conocimiento de nueva evidencia sobre los hechos remitidos al procedimiento sancionador, la comunican al Órgano Instructor para su incorporación al expediente y en su caso, al iniciar al procedimiento sancionador, se pone a disposición del administrado conjuntamente con el Informe. Cuando se hubiera iniciado el procedimiento sancionador, la nueva evidencia puede ser considerada para fines de su incorporación como prueba de oficio.

124.1 En la fase instructiva, luego de concluido el plazo de presentación de descargos, el Órgano Instructor, bajo el criterio de concentración procesal, evalúa en un solo momento si los medios probatorios ofrecidos y aportados son pertinentes, conducentes, suficientes, lícitos y oportunos, en cuyo caso, dispone las actuaciones que correspondan.

124.2 Los medios probatorios se entienden automáticamente admitidos, sin que sea necesario comunicación expresa. El rechazo de los medios probatorios consta de manera motivada en el informe de pronunciamiento o en la resolución del procedimiento sancionador, pudiendo el administrado cuestionar dicha decisión en la oportunidad prevista para las apelaciones en el numeral 78.3 del artículo 78 del presente Reglamento.

125.1 Los órganos del procedimiento sancionador pueden disponer la actuación de las pruebas de oficio que resulten necesarias para la emisión del pronunciamiento, la resolución del procedimiento sancionador en primera instancia o resolución de la apelación, según fuera el caso.

125.2 En la fase sancionadora y segunda instancia, la prueba de oficio debe ser estrictamente necesaria y no incidir de manera significativa en la duración del procedimiento sancionador.

Las pruebas deben considerarse en su conjunto, conforme al criterio de libre valoración y sana crítica. El órgano del procedimiento sancionador que valore la prueba, expresa en el pronunciamiento o resolución correspondiente la valoración de la prueba que considere esencial y determinante para la decisión.

127.1 El Informe, es el insumo básico del procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría. Los Informes pueden ser complementados durante el desarrollo del procedimiento sancionador, por otros medios probatorios que resulten idóneos a criterio de los órganos del procedimiento sancionador, conforme a lo señalado en el presente Reglamento.

127.2 El Informe es medio de prueba para fines del inicio del procedimiento sancionador y no requiere actuación y basta su puesta a disposición del administrado para que sea incorporado al procedimiento. La información que contiene se presume cierta para acreditar los hechos remitidos al procedimiento sancionador y que responde a la verdad de los hechos que se afirman, salvo prueba en contrario.

127.3 En ausencia de prueba adicional, el Informe posee la capacidad y virtualidad de enervar la presunción de inocencia o presunción de licitud en la actuación del administrado, para fundamentar una sanción.

128.1. El uso de la palabra en primera instancia se realiza, solamente, ante el Órgano Sancionador. El administrado puede solicitar el uso de la palabra dentro de los tres (3) días hábiles de notificado el avocamiento y comunicado el pronunciamiento, debiendo indicar en su pedido si requiere que el mismo se realice de forma presencial o virtual. En caso el administrado no señale la forma, se entenderá que será de manera virtual. Si la solicitud es presentada fuera del plazo señalado, es considerada improcedente.

128.2 El administrado puede solicitar el uso de la palabra ante el TSRA dentro de los tres (3) días hábiles de notificado el avocamiento, debiendo señalar si requiere que el uso de la palabra se realice de forma presencial o virtual. En caso el administrado no señale la forma, se entenderá que será de manera virtual. Si la solicitud no es presentada en el plazo establecido, se le considera improcedente.

128.3 La Sala del TSRA o el Órgano Sancionador, señalan el día y hora para la realización de la audiencia de uso de la palabra, definiendo si la misma se realizará de manera presencial o por medio virtuales, así como, indicando el tiempo concedido al administrado y demás elementos necesarios para su realización, lo que se comunica el administrado. El contenido de esta comunicación es inimpugnable. En ningún caso el administrado puede solicitar ni causar el aplazamiento de la audiencia de uso de la palabra. El tiempo que se concede para el uso de la palabra es aquel que, de manera razonable y atendiendo a las características del caso, le permita al administrado, su representante o abogados, exponer todo aquello que conviene a su defensa, a criterio de la Sala del TSRA o del Órgano Sancionador.

128.4 La audiencia de uso de la palabra se efectúa en acto público, de forma presencial o por medios virtuales. Excepcionalmente, a petición de parte o de oficio, atendiendo a las particularidades del caso, la Sala del TSRA o el Órgano Sancionador, pueden decidir en resolución fundamentada que la misma se realice en privado, con la sola asistencia de los administrados o sus representantes o abogados. Esta decisión es inimpugnable.

128.5 En la audiencia de uso de la palabra, el administrado debe absolver las preguntas y precisiones que le puedan formular o requerir los vocales de la Sala o el Jefe del Órgano Sancionador.

128.6 La Sala del TSRA o el Órgano Sancionador, pueden disponer la participación en la audiencia de uso de la palabra del personal de los órganos del Sistema o de cualquier tercero que, a su juicio, deba ser citado para ser escuchado en la audiencia, señalando el tiempo para su intervención.

128.7 Las audiencias son grabadas y archivadas en soporte informático, y se integran al expediente.

128.8 En las audiencias los vocales de la Sala y el Jefe del Órgano Sancionador, portan la insignia correspondiente, que consta de una cinta y una medalla institucional otorgada por la Contraloría.

128.9 El uso de la palabra constituye un medio de prueba y se rige, en lo que corresponda, por lo señalado en el presente Reglamento.

La determinación de la comisión de infracción por responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría, toma en cuenta los pronunciamientos vinculantes emitidos por los órganos rectores de los sistemas administrativos o funcionales, en el ámbito de su competencia y materia de su especialidad, siempre que aquellos se encuentren referidos o sean de aplicación a los hechos remitidos al procedimiento sancionador.

En caso el Órgano Instructor aprecie que los hechos remitidos al mismo no están sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría debido a que no suponen la comisión de infracción por responsabilidad administrativa funcional, comunica dicha circunstancia a la unidad orgánica que elaboró el Informe, a efectos que ésta adopte las acciones que correspondan para el deslinde de dicha responsabilidad.

El personal de los órganos del procedimiento sancionador, incluyendo a los vocales del TSRA, deben abstenerse de participar en la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Cuando sean cónyuges, convivientes, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

2. Cuando hubieran tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento sancionador, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto adelantando opinión, salvo la rectificación de errores o aclaraciones.

3. Cuando personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel.

4. Cuando tuvieren amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento sancionador.

5. Cuando tuvieren o hubiesen tenido en los últimos doce (12) meses, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. No se aplica esta causal, en los casos de contratos para la prestación de servicios públicos o, que versen sobre operaciones que normalmente realice el administrado-persona jurídica con terceros y, siempre que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros consumidores o usuarios.

Para el trámite y resolución de la abstención se tiene en cuenta lo siguiente:

1. El pedido de abstención se presenta por escrito y debidamente fundamentado dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al conocimiento de la causal de abstención.

2. El pedido de abstención formulado por el Jefe del Órgano Instructor o Jefe del Órgano Sancionador, es planteado ante el Gerente de la GPAS o quien haga sus veces, quien resuelve el pedido.

3. El pedido de abstención formulado por el personal del Órgano Instructor y Órgano Sancionador, se presenta ante el Jefe del respectivo órgano, quien resuelve el pedido.

4. Para los vocales del TSRA, el pedido de abstención se presenta ante el Presidente de su respectiva Sala o a la Sala Plena, según se trate de uno de los vocales o del Presidente del TSRA, respectivamente, para su puesta a consideración de los restantes vocales, quienes la aprueban o desestiman. El vocal que plantea la abstención no participa en su resolución.

5. Para el caso del personal del TSRA, el pedido de abstención es presentado ante el Presidente del TSRA, quien resuelve el pedido, salvo en el caso del personal asignado a las Salas, quienes presentan su pedido de abstención ante el Presidente de la Sala correspondiente, para su resolución por la misma Sala.

6. Los administrados pueden poner en conocimiento de los órganos del procedimiento sancionador, mediante escrito debidamente fundamentado, la existencia de alguna de las causales de abstención previstas en el presente Reglamento, estando su tramitación regida, en lo que corresponda, por lo señalado en los numerales precedentes.

7. Las causales de abstención, por limitar el ejercicio de la competencia, deben ser interpretadas de manera restringida y concedidas en la medida que no impidan la tramitación y resolución del procedimiento sancionador.

8. La aprobación o disposición de abstención supone la inmediata adopción de las medidas que permitan asegurar la continuidad en el funcionamiento de los órganos del procedimiento sancionador. En el caso de los Vocales de una Sala, la aprobación de abstención comprende la inmediata convocatoria a un vocal de otra Sala para iniciar o continuar la tramitación y resolución del procedimiento. Asimismo, cuando la abstención es del Presidente de la Sala, la Presidencia es asumida por el vocal más antiguo.

El personal de los órganos del procedimiento sancionador, incluyendo a los Vocales del TSRA, pueden excusarse por decoro del conocimiento de los procedimientos sancionadores, debido a alguna circunstancia debidamente justificada, diferente a las causales de abstención, que pueda afectar su imparcialidad, perturbar el desempeño de su función o menoscabar la confiabilidad del procedimiento sancionador. La excusa es tramitada y resuelta conforme a las normas que rigen los pedidos de abstención. Si la excusa es procedente, se autoriza el apartamiento del caso y se adoptan las acciones necesarias para asegurar la continuidad en el funcionamiento de los órganos del procedimiento sancionador.