30 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Avances y desafíos de la protección de refugiados en Latinoamérica
| Autor | Eva Demant |
| Páginas | 131-140 |
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La Declaración de Cartagena sobre Refugiados adoptada en el año 1984 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia constituye uno de los principales aportes de Latinoamérica al desarrollo de la protección internacional de refugiados en nuestra región. La declaración se destaca por ser un instrumento que ha sabido reflejar la generosa tradición de asilo que caracteriza a la región, y por reconocer como un elemento trascendental para el desarrollo de la protección de refugiados la convergencia y complementariedad del derecho internacional de refugiados con el derecho inter-nacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos1.
Acuñada al calor de las grandes crisis de refugiados que a comienzos de la década de 1980 afectaban el istmo de Centroamérica2, la Declaración de Cartagena sentó importantes precedentes y una guía de los principios y criterios que debía orientar la protección internacional de los refugiados en nuestro continente. La reafirmación
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del Principio de No Devolución —Non refoulement— incluida la prohibición del rechazo en frontera, como piedra fundamental del régimen internacional de protección de refugiados, el acceso a procedimientos de asilo que aseguren el respeto por las normas del debido proceso, la reafirmación del carácter humanitario, pacífico y apolítico del asilo, así como la importancia de medidas para salvaguardar la seguridad de los refugiados alojados en campamentos próximos a las fronteras, constituyen algunos de sus principales aportes.
La Declaración de Cartagena también fue innovadora en señalar la importancia de que los Estados adopten leyes nacionales de protección a los refugiados y en incorporar una concepción amplia de la noción de protección de refugiados que no se agote en la protección contra la devolución y la provisión de documentación, sino que también asuma como parte integral de esa tarea asegurar su acceso a derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la salvaguarda de su dignidad y sus posibilidades de integración local, tales como la salud, la educación y el trabajo o alternativas para la generación de medios de subsistencia.
Un aporte fundamental de la Declaración de Cartagena ha radicado también en la consagración de la definición regional del término refugiado que complementa la definición prevista en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y que reconoce la necesidad de extender el alcance de la protección internacional a «las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público».
Asimismo, la Declaración de Cartagena extendió su preocupación por la situación de las personas que afrontaban situaciones de desplazamiento forzado en Latinoamérica más allá de la situación específica de los refugiados al referir también a la importancia de que los Estados de la región desarrollen medidas de protección y asistencia dirigidas a abordar la situación de las personas internamente desplazadas.
A pesar de constituir un instrumento de carácter no vinculante para los Estados por tratarse de una declaración, su enfoque innovador y el amplio reconocimiento que le han otorgado a este instrumento regional los Estados de la región han convertido a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 en una guía fundamental para el diseño y la evaluación de las políticas regionales en materia de protección de refugiados. La conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración a celebrase en el año 2014 se plantea nuevamente como una oportunidad propicia para la evaluación de los avances alcanzados en materia de protección de refugiados a nivel de la región, así como de los desafíos del desplazamiento forzado de cara a la próxima década.
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En 1984, al momento de ser adoptada la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, muchos Estados de la región todavía se resistían a aplicar las normas universales sobre refugiados y pretendían seguir lidiando con las situaciones de desplazamiento forzado mediante la aplicación de las normas regionales sobre asilo territorial y diplomático que se habían desarrollado en la región desde finales de siglo XIX y que habían cristalizado a partir de 1889 en diversos instrumentos regionales de carácter vinculante para los Estados. Tal como señala Esponda, los países de América Latina, que desde la década de 1930 habían sido pioneros en la promoción del reconocimiento positivo del asilo a nivel internacional, adoptarían una actitud distante en todo el proceso que conduce a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su posterior aplicación3.
Esta realidad determinará que uno de los primeros señalamientos incluidos en la Declaración de Cartagena sea un llamamiento a que los Estados de la región reconozcan que muchos de los problemas jurídicos y humanitarios que habían surgido en ese ámbito en respuesta a las situaciones de refugiados, requerían ser abordados teniendo en consideración la necesaria coordinación y armonización entre los sistemas universales, regionales y los esfuerzos nacionales. La Declaración de Cartagena hará un llamamiento para que aquellos Estados que a la fecha no lo hubieran hecho, avancen en los trámites constitucionales para asegurar su adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. La adopción de leyes y mecanismos nacionales para la aplicación de las disposiciones de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 será otro de los temas centrales de la Declaración de Cartagena.
Los cambios operados en la dinámica del desplazamiento forzado en Latinoamérica como consecuencia del exilio que sufrirían miles de personas que huirían de las políticas sistemáticas de violación a los derechos humanos implantadas por las dictaduras cívico-militares del Cono Sur, y la crisis en Centroamérica de refugiados, que implicará el desplazamiento masivo de personas como consecuencia de los conflictos inter-nos y la violencia generalizada que afectarían a varios países de esta región, pondrán en evidencia las limitaciones del régimen latinoamericano de asilo para responder a las necesidades de protección y asistencia de los nuevos desplazados y contribuirán a la recepción del derecho internacional de refugiados en la región.
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Ahora bien, a punto de conmemorarse un nuevo aniversario de la Declaración de Cartagena resulta necesario destacar que la región registra importantes avances en la consagración y fortalec (pp. 395-396) imiento del marco legal de protección de refugiados que no se ha limitado a la adhesión de los Estados a los instrumentos universales sobre protección de refugiados y que ha dado lugar a la consolidación de marcos nacionales de...
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