08 019-2002-DP - Recomiendan la restitución de coronel PNP al escalafón de oficiales en situación de actividad .
| Fecha de disposición | 25 Junio 2002 |
| Fecha de publicación | 25 Junio 2002 |
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NORMAS LEGALES
Lima, martes 25 de junio de 2002
De conformidad con lo previsto en el Artículo 7º de la
Ley Nº 27594 y el inciso "L" del Artículo 8º de la Ley
Nº 27657;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida, a partir de la fe-
cha de la presente Resolución, la designación de la doc-
tora PAULINA FABIOLA ASCUE RAMÍREZ, al cargo de
Director General de la Dirección Regional de Salud Apu-
rímac, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud
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Designan Director General de la Direc-
ción Regional de Salud Apurímac
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1036-2002-SA/DM
Lima, 21 de junio del 2002
De conformidad con lo previsto en el Artículo 3º de la
Ley Nº 27594 y el Artículo 77º del Decreto Supremo Nº
005-90-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha de la
presente Resolución, en el cargo de Director General de
la Dirección Regional de Salud Apurímac, al doctor DAN-
TE FLORIÁN GUERRA SOTO.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Recomiendan la restitución de coronel
PNP al escalafón de oficiales en situa-
ción de actividad
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 019-2002-DP
24 de junio de 2002
VISTO:
El Expediente Nº 8300-2001 que contiene la queja pre-
sentada por la Coronel PNP Magda Collantes Maguiña
contra el Ministerio del Interior, por haber sido ilegalmen-
te destituida, por haberse bloqueado administrativamen-
te su cuenta de ahorros del Banco de la Nación y por
haberse retirado los fondos de dicha cuenta por oficiales
de la Policía Nacional del Perú sin orden judicial.
Antecedentes:
Primero.- La acciones de garantía presentadas por
la Defensoría del Pueblo contra la Ley Nº 26960 y con-
tra el Decreto Supremo Nº 006-98-IN.
Mediante Ley Nº 26960, de 29 de mayo de 1998, fue-
ron declaradas nulas y sin efecto legal las resoluciones
que otorgaron grados de oficial y suboficial al personal
de la ex Sanidad de la PNP. Dicha ley fue reglamentada
mediante Decreto Supremo Nº 006-98-IN.
Las normas indicadas establecieron asimismo que
quienes no aceptaran su traslado a la condición de civi-
les serían demandadas por el Ministerio del Interior para
exigirles la devolución de las remuneraciones, gratifica-
ciones, bonificaciones, escolaridad, etc., que hubieran
cobrado mientras ostentaron el grado de oficiales.
Magda Collantes Maguiña fue despojada de su grado
de coronel en aplicación de la ley y del reglamento indi-
cados.
Por Resolución Defensorial Nº 041-98-DP, de 7 de
agosto de 1998, el Defensor del Pueblo recomendó al
Congreso de la República la revisión de la Ley Nº 26960
y al Poder Ejecutivo la derogación de su reglamento, por
vulnerar los Artículos 2º inciso 2), 10º, 103º, 139º inciso
13), 174º y la primera disposición final y transitoria de la
Constitución.
Al no acogerse las citadas recomendaciones, con fe-
cha 21 de agosto de 1998, la Defensora Adjunta para los
Derechos de la Mujer presentó una acción popular ante
el Poder Judicial contra el mencionado reglamento. El Mi-
nisterio del Interior fue parte en el referido proceso judi-
cial.
Por su parte, producida la reposición de los magistra-
dos del Tribunal Constitucional, con fecha 28 de noviem-
bre de 2000, el Defensor del Pueblo presentó una acción
de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 26960.
Por Resolución de fecha 15 de junio de 1999, notifica-
da el 16 de enero de 2001, la Corte Suprema de la Repú-
blica declaró inconstitucionales los Artículos 3º, 5º y 8º
del Decreto Supremo Nº 006-98-IN. Mediante Resolución
aclaratoria de 4 de abril de 2001, la Corte Suprema afir-
mó que la declaración de inconstitucionalidad de los Ar-
tículos 3º, 5º y 8º del Decreto Supremo Nº 006-98-IN im-
plicaba la inaplicación del citado decreto en cuanto se
pretendiera dejar sin efecto legal las resoluciones supre-
mas, ministeriales o directorales que otorgaron grados
de oficiales de servicios y de subalternos en la Sanidad
de las Fuerzas Policiales.
Mediante Sentencia de 9 de mayo de 2001, el Tribu-
nal Constitucional declaró fundada la acción de inconsti-
tucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo
contra la Ley Nº 26960, por violar, entre otros, el Artículo
174º de la Constitución.
Por Resolución Defensorial Nº 024-2001, de 11 de ju-
nio de 2001, el Defensor del Pueblo dictó una segunda
resolución defensorial, recomendando que el Ministro del
Interior adoptara las medidas necesarias para que el Pro-
curador Público se desistiera de las acciones judiciales
iniciadas contra las afectadas por la Ley Nº 26960 y su
reglamento.
El 22 de junio de 2001 el Defensor del Pueblo remitió
una copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de
9 de mayo de 2001, al entonces Ministro del Interior,
General PNP ® Antonio Ketín Vidal Herrera.
Segundo.- La acción de amparo presentada por la
Coronel PNP Magda Collantes Maguiña ante el incons-
titucional retiro del grado de oficial
Sin perjuicio de las acciones de garantía presentadas
por la Defensoría del Pueblo, la Coronel PNP Magda Co-
llantes Maguiña presentó una acción de amparo contra
el inconstitucional despojo de su grado de coronel.
De esta forma, mediante Resolución de fecha 9 de
marzo de 2000 (Expediente Nº 1181-99-AA/TC), el Tribu-
nal Constitucional declaró fundada la acción de amparo
presentada por Magda Collantes, ordenando que el Mi-
nisterio del Interior restituyera:
“a la citada demandante al escalafón de oficiales de
la Sanidad de la Policía Nacional del Perú en el grado de
coronel, respetándose sus derechos y beneficios que en
tal condición le pudieran corresponder”.
Tercero.- La expedición de la Resolución Ministe-
rial Nº 0918-2001-IN/0103
Mediante Resolución Ministerial Nº 0918-2001-IN/
0103, de 27 de julio de 2001, el Ministerio del Interior
resolvió restituir los grados, derechos y beneficios al per-
sonal afectado por la Ley Nº 26960.
Había transcurrido más de un año desde que el Tribu-
nal Constitucional ordenó reincorporar a Magda Collan-
tes Maguiña al escalafón de oficiales de la Policía Nacio-
nal del Perú, sin que aquel mandato hubiera sido cumpli-
do. Por otro lado, a la fecha de publicación de la Resolu-
ción Ministerial Nº 0918-2001-IN/0103, habían transcu-
rrido más de seis meses de notificada al Ministerio del
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