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Prólogo

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Vincent
AutorCésar Landa Arroyo
Páginas15-19

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En poco más de dos siglos, el Perú ha tenido trece constituciones, aunque su vida constitucional ha sido muy precaria, debido a que el control del poder y la protección de los derechos ciudadanos no han sido respetados históricamente. Estas sucesivas constituciones han expresado un déficit de constitucionalismo, debido a la falta de lealtad constitucional de las élites —políticas, militares, económicas y mediáticas— con la ciudadanía; en la medida que, hasta la fecha, se sirven de la Constitución para satisfacer sus intereses particulares en desmedro de las grandes mayorías.

En el Perú, como en todo Estado de Derecho, la Constitución y el constitucionalismo deben ir en consonancia con los valores democráticos, dado que la Constitución es la norma suprema que debe garantizar la voluntad del poder constituyente para proteger a los más vulnerables frente al poder, pero esta ha sido siempre una tarea pendiente.

Constitucionalización del Derecho Constitucional

Desde la transición democrática del año 2000 se ha hecho de la Constitución, Derecho Constitucional exigible por los ciudadanos. Esto se debe a su estrecha conexión con la evolución democrática de la política hacia las organizaciones sociales, la transformación de la sociedad hacia una visión pluralista de la misma y la apertura de la economía hacía los emprendedores, aunque no siempre de forma igualitaria o de manera pacífica.

Este proceso de constitucionalización de la política, la sociedad y la economía ha tenido diferentes velocidades e intensidades. Así, desde la transición democrática la mayoría parlamentaria ha sido conformada por el partido opositor al presidente electo. Ello ha contribuido al debate de una pluralidad de posturas democráticas sobre el control del Ejecutivo, que permitió el balance de poderes, así como, la alternancia en el poder presidencial.

Sin embargo, a partir de las elecciones políticas del 2016, la oposición parlamentaria postuló un modelo de democracia iliberal expresado, por un lado, por el bloqueo legislativo de las políticas en derechos del presidente de turno —Kuczynski, Vizcarra y Castillo—, y, por otro lado, por estar dirigida a controlar indirectamente al Poder Judicial y el Ministerio Público, así como al Tribunal Constitucional mediante la designación de sus nuevos magistrados o buscando la remoción de los titulares independientes de los organismos electorales.

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La mayoría parlamentaria se compone de una diversidad de fuerzas antiliberales en materia de derechos fundamentales y contrarias a los valores pluralistas y tolerantes de toda...

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