Proceso Contencioso Administrativo peruano: evolución, balance y perspectivas

AutorEloy Espinosa-Saldaña Barrera
CargoCatedrático de Pre y Post Grado en las universidades Pontificia Católica del Perú
Páginas11-20
Proceso Contencioso Administrativo peruano:
evolución, balance y perspectivas
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera
11Círculo de Derecho Administrativo
I. Anotaciones preliminares
Hoy ya nadie duda que las Administraciones
Públicas, aquel conjunto de instituciones (organismos
y órganos), pautas de actuación y personas cuya
labor es en principio asegurar que se cumplan los
fines que motivan la existencia de cada Estado en
particular, en aras de defender el interés general,
ejercen importantes cuotas de poder, incidiendo
decisivamente en la configuración de la vida social,
política, económica o jurídica de su entorno. Y
como suele pasar en estos casos, siempre está
presente el riesgo de que dichas Administraciones no
actúen conforme a derecho y vulnere los derechos
fundamentales de algunos ciudadanos.
Se apuesta entonces, primero, por una
autocomposición de los conflictos que pudiesen
surgir, habilitándose el espacio de los recursos
administrativos. Ahora bien, y frente a la
posibilidad de no estar conforme con lo resuelto
por la máxima instancia competente para conocer
la situación controvertida, los administrados tienen
abierta la posibilidad de buscar resolver estas
Proceso Contencioso Administrativo peruano:
evolución, balance y perspectivas
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera*
SUMILLA
El presente artículo trata sobre el Proceso Contencioso Administrativo visto desde una perspectiva
moderna, con el fin de lograr de manera eficiente y eficaz atender los requerimientos ciudadanos al
dar mayor protección a sus derechos. Sin embargo, existen deficiencias que originarán controversias
competenciales en sede Contenciosa Administrativa. Por otro lado, el Tribunal Constitucional
buscará, a través de una serie de precedentes, incidir en los términos de su relación con el Poder
Judicial peruano, ya sea aumentando su margen de actuación revisora de lo incluido en diferentes
resoluciones judiciales, o reconduciendo el trámite de algunas pretensiones abordadas mediante
procesos constitucionales, con el fin de que estos sean tratados por medios procesales donde el
Proceso Contencioso Administrativo adquiere una relevancia singular. Finalmente, se analizará el
Decreto Legislativo N° 1067 con el fin de observar si esta normativa proporciona una eficiente
respuesta a los importantes requerimientos entonces existentes.
situaciones en sede judicial, supuestamente el
escenario más imparcial y garantista para ver estos
temas. Se plantea así la pertinencia, por no decir la
necesidad, de contar con un Proceso Contencioso
Administrativo como medio eficiente y eficaz para
atender este tipo de requerimientos.
Justamente en esta lógica de mayor eficacia es que
pronto comienza a considerarse como insuficiente la
idea de un Contencioso Administrativo de nulidad,
concebido como un mero mecanismo de control
de la actuación de la Administración mediante la
cual no se busca ni se permite el reconocimiento
de situaciones jurídicas individualizadas sino,
más bien únicamente, la anulación (más no
la reforma) del acto impugnado. Y es que ello
estaba muy lejos de atender los requerimientos de
un Estado Constitucional cada vez más proclive
a la judicialización de la actividad estatal, no
circunscribiéndose solamente a asegurar la
limitación de poder, sino básicamente intentando
de esa manera preservar la supremacía de la
Constitución y la plena vigencia de los derechos
fundamentales.
* Catedrático de Pre y Post Grado en las universidades Pontificia Católica del Perú, Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, de
Piura e Inca Garcilaso de la Vega. Profesor Principal y ex Director General de la Academia de la Magistratura. Profesor Visitante
o Invitado de diversas universidades europeas, latinoamericanas o peruanas. Integrante de, entre otras instituciones, las mesas
directivas de las Asociaciones Peruanas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Procesal, así como de la
del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

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