Presentacion.
| Autor | Eguiguren Praeli, Francisco Jos |
Al cumplirse los dos primeros años de gestión del gobierno del presidente Alan García, el tema de la sustitución de la Constitución de 1993 o de su reforma total o parcial, ha permanecido sin ningún avance tangible, a pesar de que el asunto fue objeto de planteamientos concretos coincidentes de diversos grupos políticos durante la pasada campaña electoral. El escaso respaldo que ha tenido y aún tiene la propuesta de convocatoria a una asamblea constituyente, para que esta elabore una nueva Carta Política, determina que el debate crucial quede centrado en si restituir la Constitución de 1979, sometiéndola a algunas reformas de actualización, o realizar reformas parciales a la Carta de 1993. Sin embargo, subsiste en las distintas agrupaciones del Congreso la falta de voluntad política para arribar a los acuerdos que permitan, al menos, realizar algunas reformas constitucionales puntuales y urgentes. Un nuevo intento para consensuar voluntades y lograr los votos requeridos para aprobar algunas reformas, ha vuelto a fracasar en el Congreso.
La orientación excesivamente neoliberal del Régimen Económico de la Constitución de 1993, impropia del carácter social del Estado y de la economía social de mercado que proclama esta misma Carta, resulta también incapaz de brindar herramientas útiles, al margen de la acción del mercado, para afrontar eventuales situaciones de crisis o emergencia económica, como las vislumbradas recientemente, o para atender justificadas demandas y necesidades de los sectores más pobres de la población. Sin embargo el gobierno aprista, a pesar de la discrepancia de muchos de sus parlamentarios y militantes, prefiere coincidir con sectores políticos conservadores en la necesidad de evitar cualquier revisión de dicho régimen económico, pues estima que ello podría afectar a los inversionistas privados. Por ello ha dejado de lado su postura electoral inicial de restituir la Constitución de 1979, motivando como reacción de otros sectores políticos parlamentarios de oposición la negativa a concertar cualquier acuerdo que permita alguna reforma puntual de la Carta de 1993, condicionándolo al retorno a la Constitución de 1979.
Estas posiciones enfrentadas y tajantes han creado una polarización política que bloquea o ha hecho difícil cualquier acuerdo, impidiendo incluso aprobar algunas reformas constitucionales específicas, como la referida a los capítulos del sistema de Justicia y sus órganos, a pesar de tener urgencia y de gozar de amplio consenso en la opinión pública. Tampoco ha habido mayor interés en retomar temas como la discusión sobre el retorno a la bicameralidad parlamentaria, el carácter obligatorio o facultativo del derecho de sufragio, la eliminación de la anacrónica irrenunciabilidad del mandato parlamentario, revisar el excesivamente restrictivo régimen de la responsabilidad penal y constitucional del...
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