Presentacion.
| Autor | Eguiguren Praeli, Francisco Jos |
La aparición del presente número de la revista Pensamiento Constitucional, publicación de la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se produce pocos meses después de que en el Perú se haya iniciado un nuevo Gobierno democráticamente electo, lo que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, recuperada con el régimen de transición que presidió Valentín Paniagua Corazao y continuada por el de Alejandro Toledo. Pero, a pesar de los años transcurridos, permanece en vigencia la Constitución de 1993, expresión del hegemonismo político autoritario del Gobierno de Alberto Fujimori, la que ha sufrido solo algunas reformas puntuales.
Sin embargo, también desde hace varios años, se ha seguido --y se sigue-- debatiendo en el Congreso y entre los grupos políticos qué hacer con la Carta de 1993. Es decir, se discute si someterla a un proceso de reforma total, siguiendo el procedimiento estatuido en dicha Constitución; si restituir la Constitución de 1979, derogada arbitraria y abruptamente por el golpe de Estado fujimorista, sometiéndola a una reforma de actualización; o si convocar a una asamblea constituyente para que elabore una nueva Constitución. A pesar de que el anterior Congreso optó por el primer camino, cuya validez fue corroborada por el Tribunal Constitucional en más de una sentencia, el significativo avance inicial en la elaboración del nuevo texto se vio luego interrumpido por la falta de consenso y de interés político de la mayoría de agrupaciones para seguir adelante. Nuevamente, en el actual Congreso, se ha vuelto sobre este mismo debate y, aunque se han propuesto algunas reformas parciales, sobre todo en el tema del sistema de justicia, siguen sin lograrse los acuerdos necesarios para salir de este entrampamiento político.
Cierto es que a la mayoría de ciudadanos y organizaciones sociales parece no importarle o urgirle demasiado la elaboración de una nueva Constitución, en parte porque ella, como no podría ser de otro modo, no está directamente vinculada con la solución de sus necesidades y apremios cotidianos. Cierto es también que, desde la comunidad jurídica y algunos sectores políticos, se insiste en la necesidad de dejar de lado la Carta de 1993, pues esta carece de legitimidad para servir como expresión del pacto politico que dé sustento al orden constitucional democrático que queremos construir y consolidar en nuestro país.
Por ello, en este número de nuestra...
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