Presentación.
| Autor | Eguiguren Praeli, Francisco Jos |
Dentro de poco concluirá su mandato el régimen democrático que fue elegido tras la caída del gobierno autoritario de Fujimori y del gobierno de transición encabezado por el Presidente Valentín Paniagua. Han sido años de necesario esfuerzo por realizar la reconstrucción de la institucionalidad democrática y constitucional, que no han estado exentos de sucesivas crisis y escándalos políticos. Después de la experiencia fujimorista, la opinión pública y la sociedad peruana han estado, justificadamente, muy alertas para no permitir la reiteración de actos de corrupción en el manejo del Estado o de abuso en el ejercicio del poder gubernamental.
Si bien es lamentable que el balance de estos años de reconstrucción institucional siga mostrando una democracia aún débil e insuficiente, así como un profundo cuestionamiento y escepticismo popular frente a la gestión de la "clase política", en el período también se han producido algunos avances muy importantes y destacables en el ámbito constitucional. Y ello a pesar que la anunciada, e indispensable, reforma constitucional integral, para dejar de la lado la Carta de 1993, no haya sido finalmente realizada por el Congreso, a pesar que el Tribunal Constitucional confirmó la validez del procedimiento de reforma establecido.
No obstante, resulta muy positivo que el Tribunal Constitucional, tras la reincorporación en el año 2000 de los tres magistrados arbitrariamente destituidos por el Congreso dominado por el fujimorismo y su ulterior recomposición con la elección de otros distinguidos juristas, haya adquirido un papel preponderante en los ámbitos jurídico y político del país. Gracias a su trabajo y resoluciones, el TC se ha ganado el respeto y la consideración social como supremo intérprete de la Constitución. Al margen que algunas de sus sentencias puedan haber generado controversia en ciertos sectores sociales afectados por las mismas, creemos que actualmente existe consenso en reconocer que contamos con un Tribunal Constitucional muy legitimado y conciente de su rol como garante de la protección de los derechos fundamentales y de la constitucionalidad, sensible a los problemas sociales y políticos del país, presto a resolver los conflictos sometidos a su competencia.
Debe destacarse también la elaboración y entrada en vigencia en nuestro país del Código Procesal Constitucional, el primero en América Latina, aprobado mediante la Ley No. 28237, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo de 2004, cuya vigencia se inició el 1 de diciembre de 2004. Cabe resaltar que el proyecto que dio lugar a este Código, el mismo que fue aprobado con mínimas modificaciones por el Congreso, fue elaborado a iniciativa de los profesores Domingo García Belaunde, Samuel Abad Yupanqui, Jorge Danós Ordóñez, Francisco Eguiguren Praeli, Juan Monroy Gálvez y Arsenio Oré Guardia; todos ellos profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se trata, pues, de un aporte surgido desde la propia comunidad académica y jurídica nacional, que sistematiza en un solo cuerpo orgánico los principios y la regulación del conjunto de los procesos constitucionales, incorporando sustantivas innovaciones frente a la normativa pre existente y recogiendo los aportes desarrollados por la...
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