Responsabilidad social y política ambiental: complementariedades y retos
| Autor | Manuel Pulgar-Vidal |
| Cargo | Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de los cursos de Derecho Ambiental, y Gestión y Manejo de los Recursos Naturales. Es director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. |
| Páginas | 217-229 |
Responsabilidad social y política ambiental:
complementariedades y retos
m an u el p u lG a r- v iD al *
suma rio: i. más allá Del simple cump limie nto De la ley.– ii. las herra-
mien tas Del Desarr ollo soste nible. – iii. una acción voluntar ia.– iv.
ente nDien Do el entor no y promov ienDo la partici pación.– v. la res-
pons abili DaD so cial como p rácti ca in clusiva. – vi. co nclusi ones.
Cuando uno reflexiona sobre la existencia o no de una política ambien-
tal en un país como el Perú, puede plantear dos aproximaciones. La polí-
tica existe porque ha sido expresamente aprobada mediante un decreto
supremo1 y tiene un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de las
personas, al garantizar la existencia de ecosistemas saludables, viables
y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, me-
diante la prevención, la protección y la recuperación del ambiente y de
sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, de una manera responsable, congruente con el
respeto de los derechos fundamentales de la persona.
Otros podrían señalar que el Perú cuenta con ciertos elementos que
permitirían plantear una política ambiental en construcción, porque
esta no deriva de textos escritos y aprobados oficialmente, sino de un
conjunto de elementos sin cuya articulación no hay propuesta política o
legal que pueda hacerse cumplir.
De manera personal, a lo largo de los años he creído que los elementos
básicos para pensar en la existencia de una política ambiental en el país
son (a) regulaciones, bajo la forma de leyes, normas reglamentarias y
otras normas complementarias, elaboradas sobre la base de información
técnica y científica sólida, y en el pleno conocimiento de una realidad
geográfica compleja y de una realidad social que nos reconoce como país
pluri y multicultural; (b) institucionalidad con capacidad para gestionar
las regulaciones, generar su cumplimiento y facilitar su entendimiento.
En lo ambiental, ello demanda la organización de la institucionalidad en
la lógica de un sistema funcional, que articule a los distintos órganos que
ejercen determinadas funciones y que deben regirse por las directrices
y los lineamientos de un ente rector; (c) mecanismos que aseguren la
participación ciudadana en sus tres vías: acceso a la información, opor-
tuna y a costo real, acceso al proceso y acceso a la justicia, que reclama
reconocer el principio de patrocinio de intereses difusos, la existencia de
* Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de los cursos de Derecho
Ambiental, y Gestión y Manejo de los Recursos Naturales. Es director ejecutivo de la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental.
1 La Política Nacional del Ambiente fue aprobada por el decreto supremo 012-2009-MINAM del 22 de
mayo de 2009. issn : 0251-342 0
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