Licencia Social, Desarrollo Sostenible: Nuevo Rol del Estado en la Actividad Minera
| Autor | Xennia Forno Castro Pozo - Alicia Abanto Cabanillas - Gabriela Jáuregui Morán - Cecilia Gonzáles Guerra - Manuel Pulgar-Vidal Otárola - Luis Carlos Rodrigo Prado - Luis Romero Elmore |
| Páginas | 158-175 |
158
Mesa
Redonda
Licencia
Social,
Desarrollo
Sostenible:
Nuevo
Rol
del
Estado
en
la
Actividad
Minera
La presente Mesa Redonda
se
realizó
el26
de
octubre
de20 7 O en el
Auditorio
Armando
Zolezzi
Móller
de
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del
Perú,
fue ilustremente presentada
por
el
Dr.
Antonio
Peña Jumpa, especialista en Conflictos Socio Ambientales y Pueblos Indígenas y Profesor de la
Pontificia Universidad Católica del
Perú. Asimismo,
contó
con la
participación
de los siguientes panelistas:
Dra.
Xennia
Forno
Castro
Pozo
Pro!Csora
de
la
PUCP
y Socia del Estudio Rubio, Leguía y Nonn& Asociados
Dra.
Alicia Abanto
Cabanillas
del Programa
de
Pueblos
Indígen
de
la
Deknsoría
del Pueblo
Dra.
Gabriela Jáuregui Morán
Asociada Senior del Estudio Muiíiz, Runírez, Pérez-'Taim;m & O laya Abogados
Dra.
Cecilia
Gonzáles
Guerra
Socia del Estudio
Grau
Abogados
Dr.
Manuel Pulgar-Vida! Otálora
Profesor
de
la
PUCP
y Director
de
la Sociedad
Pemana
de
Derecho
Ambiental
Dr.
Luis
Carlos
Rodrigo
Prado
Profesor
de
la
PUCP
y Socio del Estudio Rodrigo,
Flí
& Medr;mo
Presentación
Antonio Peña Jumpa
¿Qué
es
una licencia social?
¿Es
necesaria una
licencia social para
la
exploración y explotación de
los recursos naturales?
¿Están
las
empresas privadas,
como
las
instituciones del Estado, comprometidas
en contar con esta licencia social en nuestro
país?
¿Cuánto
tiempo
debe durar esta licencia social?
Esas
Dr.
Luis
Romero
El
more
Jefe
de
Relaciones
Commút
de
MINSUR
S.A.
son algunas de
las
preguntas que aparecen
en
una
primera revisión del tema.
Los
numerosos conflictos socio ambientales que
vivimos actualmente
en
nuestro
país
son
una muestra
de
la
importancia del sentidodeteneresta licencia
social.
Así,
empresas privadas (normalmente trasnacionales)
cumplen procedimientos administrativos
para
conseguir
la
licencia de exploración y explotación de
recursos
naturales.
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
Gabriela
Jáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vidal
/Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
En
estos procedimientos, consiguen una cierta
relación con
la
población afectada, a través de
talleres o reuniones públicas; pero,
al
cabo de un
tiempo,
se
suscita
el
conflicto.
La
población afectada,
normalmente identificada con comunidades rurales
en
los Andes y
la
Amazonía, reclama y muchas veces
se
opone a
las
actividades económicas de exploración
y explotación.
Su
medio de vida,
su
hábitat, resulta
afectado y entonces están dispuestos a defender con
su
vida dicho hábitat.
¿Hasta
qué
punto
ese
conflicto tiene
su
causa en
la
licencia administrativa otorgada y
no
en una licencia
social?
¿Hasta
qué
punto
nuestras autoridades
y los empresarios
se
han puesto a pensar en
la
importancia de una licencia social para
el
manejo de
los recursos naturales?
El
tema, ciertamente,
está
relacionado con
la
consulta previa y
la
participación de
la
población
en
estos
procedimientos y en
la
propia exploración y
explotación del recurso natural.
Al
respecto, hay normas
internacionales y nuestra propia Constitución aplicables.
Pero,
entonces,
se
suma
la
poca voluntad,
los
intereses
políticos,
los
intereses económicos como prioritarios.
Nos
olvidamos de
los
intereses de
la
población.
¿Hasta
qué punto
el
Derecho, como especialidad,
está
quizá involucrado con dicho problema?
Creo
que mucho.
El
Derecho
es
el
medio
utilizado para
producir estos conflictos. Entonces,
es
claro que
también puede ser
el
medio para resolverlos.
¿Son
necesarias nuevas normas
al
respecto? Honestamente
tengo que decir que no. Existen suficientes normas
nacionales e internacionales para resolver estos
conflictos socio-ambientales. Ante todo, creo, hay
un problema de aplicación de
las
normas,
por
parte
de
los
operadores del Derecho, y un problema de
desconfianza y desconocimiento de
la
población para
promover
esa
aplicación.
Finalmente, puede afirmarse que temas como
el
presente
son
los
que enriquecen
el
Derecho y ayudan a
reconstruir nuestro
país.
De
ahí
el
agradecimiento
para
los
organizadores del evento. No
basta
mirar
el
Derecho
y
la
realidad peruana, hay que ir
más
allá,
hay que mirar
qué
está
ocurriendo
en
nuestros
países
vecinos y
en
los
países
del norte. Bolivia y Ecuador
son
contextos
semejantes a tener en cuenta. También hay que mirar
los
contextos diferentes como Chile, Argentina y
Brasil.
Pero,
todavía hay que ir
más
allá.
¿Cómo
son
regulados
y resueltos
esos
problemas
en
Estados
Unidos, Canadá
y
en
Europa?
Sólo
para
acercar
unas
ideas adicionales,
debo describir brevemente
la
realidad de Canadá.
Éste
es
el
país
con
los
grandes recursos naturales del norte.
He
tenido
la
oportunidad de visitar recientemente
la
provincia de Alberta,
sus
dos grandes ciudades y dos
de
sus
first nations o nacionalidades originarias que
viven hoy
en
reservas.
Una
de
los
Gris,
famosos en
todo
Canadá,
y otra de
los
Black
Foot que tienen un nombre
originario diferente.
Ellos
no viven en paz absoluta (estoy hablando de
los
gobiernos y
los
first nations).
Ellos
tienen muchos
problemas también, pero no tienen
los
conflictos que
tenemos aquí.
Para
dar algunas referencias puedo decir
que una ciudad de
Canadá,
con un millón de habitantes,
tiene una economía mucho
más
dinámica que Lima y
probablemente que
todo
el
Perú.
Pero,
además,
para
ellos,
sus
first nations tienen
el
derecho de explotar
los
recursos naturales que yacen sobre
sus
territorios.
Tienen un representante en
el
directorio del órgano
que propone
la
política y ejecuta
la
entrega y control de
licencias sobre
la
exploración y explotación de recursos
naturales. ¿Podremos desarrollar una experiencia
semejante en nuestro
país?
1.
Durante la época colonial, el descubrimiento
de un yacimiento minero precedía la fundación
de una ciudad. Un claro ejemplo
de
esto
es
la
ciudad
de
Potosí, instaurada en 1545, luego del
descubrimiento de Cerro
Rico.
Marcando
el
final
de
la Guerra del Pacífico, le siguió una etapa de
reconstrucción nacional que tuvo como una de
sus
fuentes económicas, el desarrollo y el progreso
de
la Minería, llegando a representar un
52%
en
1977 en el comercio de exportación. A través de
su
recorrido por la historia peruana,
la
minería
ha demostrado ser una actividad generadora de
riqueza, íntimamente ligada al trabajo humano,
principalmente proveniente de
las
comunidades
colindantes que
se
dedicaban, entre otras
actividades, a la agricultura y
al
pastoreo.
Es
de esta interrelación entre la actividad minera
y
las
comunidades, que surge la noción de
Licencia Social. Teniendo en cuenta esta idea:
¿Cuáles
son
los
principales conflictos que enfrentan
las
comunidades y
el
inversionista ante
el
eventual
emprendimiento de
un
Proyecto Minero?
¿Cuáles
son
las
principales
causas
de frustración de
las
relaciones comunitarias
en
relación
al
desarrollo de
un
proyecto en minería
y,
por tanto, de
la
viabilidad
del
mismo?
¿Qué
tan efectivo y cuán desarrollado
está
el
Procedimiento de Participación Ciudadana
en
el
sub-sector minero tanto para viabilizar
un
proyecto como para impartir conformidad
al
interior de
las
comunidades
aledañas?
¿Es
suficiente
la
Consulta
Previa?
Cecilia
Gonzáles Guerra
En
realidad, cuando hablamos del inicio de
los
conflictos en
la
mayoría de
los
proyectos
(en
la
etapa de
excavación), me atrevería
ha
afirmar que
los
principales
conflictos que enfrentamos
son
los
referidos
al
acceso
a
la
tierra, a
la
incertidumbre respecto del uso del recurso
hídrico y
al
manejo de expectativas.
Junto a estos problemas
es
importante mencionar
que, adicionalmente, también encontramos
los
temas
del
acceso
a
los
beneficios. Dichos temas han ido
159
160
1 Minería, Hidrocarburos y Medio Ambiente 1
tomando importancia aunque, originalmente, nosotros
como abogados pensábamos
que
ellos solo tomarían
relevancia en una etapa de explotación,
sin
embargo
no
es
así.
Ahora, sobre
las
principales
causas
de
la
frustración en
los proyectos considero que,
al
margen de un tema
legal,
estas
causas
estarían constituidas
por
dos temas:
(i) un manejo de expectativas
de
lo que puede significar
el
proyecto versus
las
necesidades y
(ii)
las
posibilidades
de des:-rrollo.
En
cuanto
al
tema
de
participación ciudadana,
particularmente, creo que
el
mismo para
el
sector
minero
es
uno de lo más completos a nivel nacional y
la
implementación que
ha
recibido, hasta
la
fecha (no con
las
miras a dar un derecho
de
veto a
la
comunidad)
ha
cumplido
la
función.
Finalmente, respecto a
la
tendencia o
la
necesidad de
implementar ahora normas para establecer los temas
de consulta previa y
la
aprobación -inclusive a partir
del proyecto del Decreto Supremo del Ministerio de
Energía
y Minas, Proyecto
de
Reglamento
de
Consulta
a los Pueblos Indígenas para
las
Actividades Minero
Energéticas, -debo decir
que
considero que
es
bastante prematuro, pues el tratamiento
de
las
normas
me parece previo y tendremos que definir
las
categorías
como son.
Xennia Forno Castro Pozo
Yo
quisiera contestar
las
dos primeras preguntas en
una sola respuesta, pues creo que están íntimamente
vinculados tanto los principales conflictos que
se
presentan en determinadas zonas ante
la
presentación
de un proyecto minero y
las
causas
de
su
frustración.
Particularmente, yo siento que los conflictos
se
exacerban por
la
percepción de lo que
ha
sido
la
actividad minera en
el
país
(los pasivos ambientales y
la
contaminación),
así
como
de
una leyenda negra que
persigue a
la
actividad
la
cual, evidentemente, parte de
un hecho verdadero.
Durante muchos años
la
actividad minera
se
desarrolló
sin
un marco regulatorio ambiental. Muchas de
las
operaciones generaban un impacto negativo en
el
entorno, toda vez que no existían parámetros, estándares
ni instrumentos exigidos legalmente que procuren
la
mitigación.
Es
a partir de
la
década de los noventa
que con
la
legislación ambiental
se
van estructurando
nuevas formas de desarrollo
de
la
actividad minera
en concordancia con los estándares ambientales y de
desarrollo sostenible.
Sin
embargo, lastimosamente,
debo decir que
la
percepción sigue siendo
la
misma.
Por ejemplo: en Cajamarca decir"minería"
es
una mala
palabra,
la
sola
mención
ya
exacerba los ánimos.
Además,
¿qué
la
causa?
En
mi opinión,
la
debilidad del
Estado. Considero que un Estado ausente- no me refiero
solo a Lima sino en general -exacerba también los
conflictos que hay entre los inversionistas mineros y
su
área
de
influencia; porque necesidades hay muchísimas
en
las
áreas
donde hay un proyecto minero, pues donde
llega
la
minería
casi
no
ha
llegado nadie, no han llegado
los caminos,
las
escuelas,
los hospitales.
La
minería, por lo general,
se
desarrolla en zonas
ubicadas a más de 3,800 msnm, encontrándose lejos
de los principales corredores o centros económicos,
siendo los niveles de pobreza
muy
elevados y
la
institucionalidad gubernamental sumamente débil.
Es
ahí donde llega una empresa minera, encontrándose
con una gran cantidad de demandas y expectativas
insatisfechas.
En
ese
contexto,
es
evidente que
el
desempeño y actuación de los inversionistas mineros
tiene una valla
muy
alta que sortear, a efectos de no
generar conflictos y emprender
su
proyecto.
Para
concluir, en concordancia con lo que acabo de
mencionar, considero que
el
Estado no tiene capacidad
de ordenar
las
cosas,
por ende, lo que
se
puede percibir
es
temor.
El
Estado no quiere hacer
el
papel que
le
toca,
es
decir, ordenar
las
cosas,
otorgar a cada quien
en
su
rol.
La
debilidad institucional del Estado termina
siendo
al
final del
día
una de
las
principales
causas
de
la
ineficiente gestión de los conflictos sociales.
Manuel
Pulgar-Vidal
Otálora
La
respuesta a
la
primera pregunta
la
plantearé
en
función de algunos ternas de interés.
Primero, considero que
la
licencia social
se
vincula a
la
historia
de
la
minería; historia que en
el
Perú
es
de antigua
data.
Se
hace minería desde
la
época prehispánica.
En
la
etapa de
la
colonia,
la
minería
se
sustentó en prácticas
abusivas y hasta esclavistas, teniendo en
la
"mita"
la
mayor expresión de esta situación.
En
la
República,
la
cosa
no cambió
al
n considerarse comportamientos
ambientales o sociales, como parte de
la
práctica
de una operación minera,
cosa
que
se
empieza a
dar recién en
las
últimas 3 décadas. Tenemos pocos
años tratando de generar buenos comportamientos
ambientales y sociales. Reconozco que
el
sector hace
sus
mayores esfuerzos no obstante necesita un proceso
de maduración; pero no debemos dejar de lado que
esto
es
la
historia.
Por
otro lado, como segundo punto,
la
licencia social
no
es
un procedimiento administrativo,
es
una filosofía
de operaciones y
es
interesante compararla con
la
licencia ambiental.
La
licencia ambiental
es
un proceso
que, naturalmente, equivale a un procedimiento
de
evaluación del impacto ambiental
que
es
administrativo;
en cambio;
la
licencia social, no.
Así,
tenemos que
para
que alguien revoque
la
licencia ambiental tendría que
revocar un procedimiento administrativo o una decisión
ambiental; hecho
que
no podría ocurrir con
la
licencia
social, porque deriva de una relación humana: del
operador con una comunidad. Como dijo
el
provincial
jesuita Alberto Cruzado: "cualquier presencia foránea
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
Gabriela
Jáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vidal
1
Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
genera
estrés
social':
Esto
es
una
cosa
natural sobre
la
cual hay que manejarnos.
Una
tercera idea que quisiera puntualizar
es
que
la
licencia social no necesariamente
está
aparejada
al
procedimiento minero.
Por
ejemplo: quien accede a
una
concesión minera
vía
petitorio no necesariamente
cuenta previamente con una licencia
social.
El
problema, entonces,
es
cómo
se
puede mejorar
ello.
Será
de vital
importancia
discutirlo
porque
también
genera
temor
en una
comunidad
el
que
alguien tenga un
título
válido
aunque
no
haya
hecho una consulta previa.
Ahora, con respecto a
la
participación vinculada a
la
licencia
social,
creo que
el
sector
Energía
y Minas tiene
el
mejor reglamento de participación ciudadana
en
comparación
al
resto de
los
sectores, pero no obstante
ello no lo
ha
aprovechado. "No
le
ha
sacado
el
jugo"
a
ese
reglamento, pues hay muchos elementos del
mismo que no
se
están utilizando necesariamente y
mucha de
la
responsabilidad de
ese
reglamento
es
del
Estado:
desde charlas informativas, incluso previas
al
otorgamiento de derechos, que, según ·tengo
entendido, muy pocas
veces
el
gobierno nacional o
los
gobiernos regionales, han realizado,
hasta
mecanismos
tales como monitoreo participativo o financiamiento
privado
para
la
participación.
Finalmente,
la
licencia social
está
vinculada
más
a
los
impactos indirectos que a
los
impactos directos porque
todos sabemos que
los
impactos directos de
la
minería
están vinculados a tres temas:
(i)
Tamaño y manejo
de
la
operación,
(ii)
características del mineral (iii)
procesamiento del mineral, y (iii)
área
geográfica.
Pero
por
su
lado,
los
impactos indirectos pueden generar
una fractura
social
y,
al
final,
es
por ello que
la
gente
demanda consentimiento informado previo.
Gabriela Jáuregui Morán
El
problema
es
de sensibilización respecto a
la
percepción que tiene
la
sociedad por
las
inversiones
mineras.
Creo
que
ya
todos tenemos conocimiento
de que
la
minería
ha
sido un tema muy cuestionado
durante muchos
años;
sin
embargo,
para
mí,
el
tema
es
más
sensible.
Considero que
el
tema de
la
comunicación
ha
sido
bastante pobre
para
poder darse a conocer
los
proyectos mineros, a pesar de que
se
han
promulgado
algunos dispositivos legales que bastante regulan
la
minería
en
nuestro
país
Creo
que
la
comunicación no
ha
llegado a alcanzar
su
máximo propósito
para
lograr sensibilizar
el
tema de
la
licencia
social.
La
minería como tal,
si
bien
ha
sido muy
cuestionada durante
años,
en
esta
época debe tener
una llegada
más
profunda a
la
población que circunda
el
área
donde
se
va
a desarrollar
el
proyecto minero.
Al
respecto, debo mencionar que
este
objetivo
se
puede lograr, a través de diferentes maneras; como,
por ejemplo: cuando un proyecto minero
va
a ingresar
a una zona,
el
inversionista debe reconocer y respetar
todas
las
costumbres -incluyendo
el
lenguaje,
la
cultura-.
Esta
sensibilización, de
la
actividad minera con
relación a
las
costumbres de
las
comunidades con
las
que
se
relaciona
crea
un nexo que
es
muy importante.
Toda
la
actividad minera debería concientizarse en
ese sentido.
Por
otro lado,
los
mineros muchas
veces
hablan
en
términos muy técnicos, por ello, no tenemos
la
llegada
a
estas
comunidades y
eso
imposibilita
el
hecho de que
las
comunidades comprendan cuál
es
el
desarrollo de
un proyecto. No siempre tenemos
la
facilidad, desde
el
punto de vista minero, de poder tener
esa
llegada.
El
gran cambio tendría que darse paulatinamente y
desde lo
más
simple, como puede
ser
enviar a alguien
a dialogar con ellos
en
su
propio idioma, reconocer
cuáles son
sus
costumbres, reconocer cuál
es
la
manera,
la
idiosincrasia,
en
que están pensando
estas
comunidades y llegar a concretizar quizás
el
proyecto
desde
la
perspectiva de ellos mismos.
Finalmente, quisiera terminar diciendo que
todo
se
reduce a que nosotros podemos estar conscientes de
que un proyecto minero
es
factible, pero
esa
convicción
debemos trasladarla a
las
comunidades vecinas y
transmitirles que
va
a representar un bienestar
para
esa
comunidad, que
el
proyecto minero
les
va
a brindar
un beneficio económico que representará una mejor
calidad de vida.
Alicia
Abanto Cabanillas
Con
relación a
los
conflictos socio ambientales, quisiera
señalar
-a
manera de síntesis-que una de
las
principales
causas
es
el
temor a
la
contaminación que sienten
las
poblaciones aledañas respecto de
los
proyectos
de inversión.
Así,
es
común que
las
comunidades
campesinas y nativas, por ejemplo, expresen un rechazo
frecuente a
la
posibilidad de que
se
puedan afectar
las
tierras, bosques, agua u otros recursos de
su
entorno.
Un
segundo aspecto que también caracteriza a estos
conflictos
es
que
en
la
mayoría de
los
casos
están
vinculados a una preocupación o expectativa de
los
actores frente a una posible redistribución de
los
recursos naturales existentes y modificación de
la
forma
en
la
que acceden a ellos
(agua,
tierra u otros)
y,
obviamente, y
al
tipo de
uso
que tienen
los
involucrados
sobre estos
recursos.
Asimismo,
en
estos
casos
de debe tener
en
cuenta
dos niveles de
análisis.
El
aspecto subjetivo,
es
decir,
el
de
la
percepción de
los
actores sobre
su
capacidad
de
acceso
y uso de
los
recursos;
por ejemplo: a
veces
se
puede presumir que existe muy poca agua
en
una
determinada zona
sin
que ello
sea
real;
y,
el
aspecto
161
162
1 Minería, Hidrocarburos y Medio Ambiente 1
objetivo,
es
decir
la
situación
real
de
los
recursos; por
ejemplo:
se
puede pensar que
el
agua cristalina está
limpia pero en realidad podría estar contaminada.
Un
tercer aspecto
es
que en
la
mayoría de conflictos
existe tensión respecto
al
acceso y participación de
los beneficios derivados del aprovechamiento de
los recursos naturales. Ahí observamos situaciones
conflictivas alrededor de
las
demandas laborales,
distribución del canon, tipos de inversión de los
recursos públicos o privados en
las
áreas
de impacto del
proyecto, entre otros.
De
otro lado, respecto del manejo de los conflictos
sociales observamos que
la
gestión del Estado aún
es
incipiente en materia de prevención de los conflictos y
en
el
manejo de los mismos.
Por
ejemplo,
la
gestión social
requiere un mayor desarrollo regulatorio y generación
de capacidades para fortalecer
las
capacidades para
el
diálogo Asimismo, mejorar los estudios de impacto
social y
su
fiscalización
es
fundamental.
Al respecto, en
el
2005 y 2006,
la
Defensoría del
Pueblo realizó una supervisión y detectamos
que
en el sector
de
Energía y Minas
no
se
supervisaba y
fiscalizaba adecuadamente, el respeto del derecho
de
propiedad en
Luis
Carlos
Rodrigo Prado
Lo
cierto
es
que, desde mi punto de vista,
se
confunden
las
cosas
de entrada. Primero,
la
Constitución establece
que los recursos naturales
son
patrimonio de
la
Nación,
y
la
Nación somos todos,
las
comunidades indígenas
de
las
zonas donde
se
encuentran los proyectos y
las
personas que están
más
lejanas a
esos
lugares, y todos
nosotros.
En
consecuencia, igual como cualquier otro
bien,
se
debe buscar
la
manera de hacer un uso eficiente
de
ese
bien o de
ese
recurso
para
la
mayor cantidad de
gente posible.
Imaginemos que en Lima
las
personas que iban a
ser
expropiadas para
la
construcción de
la
Vía
Expresa
fueran
las
que tuvieran que decidir
si
efectivamente
se
puede o no llevar a cabo
esa
obra. Evidentemente
las
personas que pueden verse directamente afectadas
por
un hecho externo van a
ser
normalmente contrarias a
que
eso
ocurra y
es
absolutamente normal, pero creo
que en algunas situaciones
las
necesidades o
el
interés
público de
la
Nación debe estar un poco
por
encima del
interés privado aun cuando
ese
interés privado
sea
de
comunidades a los que todos debemos que respetar.
El
origen de estos conflictos parte de un pasado
muy
negativo y que, además,
es
históricamente explicable,
pues ocurrió en todas partes.
En
Estados Unidos,
por
ejemplo, en
la
época de colonización del oeste y en
la
época de
la
Fiebre del Oro,
la
gente
se
mataba. Hoy
evidentemente
eso
casi
no ocurre.
Así
también, en
Canadá
ha
habido matanzas por temas de recursos
naturales hace no
muy
poco
tiempo
y
eso
es
lo que
llevó a que
la
Corte Suprema canadiense a obligar
se
realice una consulta previa, a pesar de que
Canadá
no
ha
suscrito
el
Convenio 169 de
la
OIT.
Por
ello, considero que
la
idea
es
que debemos respetar
a
las
comunidades, respetar
sus
tradiciones culturales,
su
visión del mundo, pero tenemos que integrar
eso
a
las
necesidades del
país,
pues
el
Perú
sin
actividad
minera no
es
viable.
Más
del 60% de nuestra economía
depende de
la
minería. Entonces, tenemos que
ser
realistas: ¿cómo hacemos para que esto funcione?
Yo
creo que hay ejemplos que realmente permiten
creer que esto posible. Hoy tuve un almuerzo con
el
Presidente de Antamina quien explicó los beneficios
que
se
han derivado del fondo minero Antamina
para
poblaciones de Áncash y realmente
es
impresionante.
Para
terminar, simplemente quiero señalar que
el
concepto de licencia social
es
equivocado porque
licencia lo entendemos todos
en
el
término de
procedimiento administrativo, de aprobación expresa y
revocable justamente de algo Creo que no deberíamos
hablar de licencia social sino de relaciona miento
social,
convivencia social.
Por
otro lado, me parece que hay una gran confusión
también porque nuestro sistema de participación
ciudadana
es
el
mejor no solo en comparación con otras
áreas
dentro de nuestro
país
sino que
es
sumamente
desarrollado con respecto a cualquier
país
del mundo.
Confundir esto que
es
una obligación de
las
empresas
de relacionarse con
su
entorno con
la
consulta
previa que
el
Convenio
N°
169 de
la
OIT
establece, no
interrelacionarlos adecuadamente, puede
ser
un grave
problema para nuestro
país.
Luis
Romero Elmore
Yo
trabajo en minería. Llevo más
de
15
años en
este tema, caminando en el Perú desde
el
lado de
las
empresas y
si
algo
encuentro
de diferencia de
lo
que
se
ha
opinado
es
que
acá
el
tema principal
es
la
confianza. Y eso
es
lo
que
no
existe en
el
Perú
hoy
día; y
no
existe
porque
el Estado no ayuda a crear
confianza, no está
ahí.
Por
este
motivo, entre dos particulares
con
intereses
contrapuestos, obviamente, siempre
va
a primar
la
desconfianza
si
es
que no
hay
un mediador que garantice
justicia
en
la
relación.
Ahora
¿esa
es
la
historia del
Perú?
No.
Esa
es
la
historia de
los
últimos
15
o
20
años.
¿Existía
en
los
años
40 o
50
este
nivel de problemas
sociales
en
el
Perú
alrededor de
la
minería?
En
algunos
casos,
no.
¿Existía
injusticia?
Sí,
en
casi
todos,
seguro,
pero nadie andaba
reclamando
esos
derechos
en
esa
época.
¿Qué
pasaba hace 200
años?
Los
ingenieros y los
mineros vivían en los pueblo con
sus
familias. No había
mayor diferencia entre
el
pueblo y
la
mina. Todos vivían
ahí. A nadie
le
interesaba, en Lima, hacerse ingeniero
minero porque significaba
irse
a vivir a
la
puna a 4000
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
GabrielaJáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vida!
1
Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
m.s.n.m.
Esa
gente
era
del pueblo,
esa
gente
era
de
provincia y
esa
gente vivía en
la
comunidad y sufría
la
contaminación igual que cualquier otro.
La
confianza
existía aunque no
se
respetasen muchos derechos.
A partir
de
los años 90, con
el
ingreso
de
las
transnacionales, el
cambio
mundial
del
reconocimiento
de
derechos empieza con los
sistemas
de
trabajo. Sendero Luminoso, para
comenzar, sacó a todas
las
familias de los mineros
de
las
minas.
Se
convirtió
en un
campamento
cerrado.
Ahí tiene inicio
el
tema del trabajo: 90
por
7;
100
por
7;
90 o 100 días
de
trabajo
por
7
de
descanso.
¿Qué
creen
que
hace alguien 90 días en una mina y le dan
permiso13 días para ir a
la
calle, a
tomar
todo
lo
que
pueda
y-
de
pronto-
cruzarse con una chica bonita,
cortejarla, etc. Ahí hay un problema.
Ya
nació un
conflicto.
¿La
confianza existe?
Ya
no existe
porque
ya
no
vive ahí. Viene de afuera.
¿El
Estado está? No
está.
¿La
Corte está?,
¿el
ministerio
va?
Jamás
ha
ido.
Ahí
se
rompe
la
confianza
¿y
quién
la
debe
crear?
El
Estado no
está
y no
va
a
estar,
por lo menos de lo que
se
escucha, por muchos años
más.
Para
finalizar, sobre
el
proceso de Consulta
Previa
considero que
es
muy
bueno, pero debe de conocerse
la
industria.
Lo
que sucede
es
que no puedo legislar
sobre chocolates
si
no conozco
la
industria de los
chocolates.
Por
ello,
para
empezar a legislar, hay que
tener conocimiento de
la
materia.
Por
ejemplo, este proyecto arranca desde
la
etapa de
la
exploración porque, para comenzar,
es
un proceso
secreto.
Yo
no voy a avisar dónde voy a ir a explorar
porque podrían ganarme en
el
registro, me concesionan
el
área
o me gana otro porque lo denuncia antes que
yo.
Si
yo
sé
dónde hay un yacimiento fabuloso como
el
de
Las
Bambas o Antamina
¿qué
hago sentado
acá?
¿por
qué no voy a denunciar yo primero?
Cecilia Gonzáles Guerra
Valdría
la
pena enfocarnos en
la
propuesta legislativa,
en
la
propuesta a nivel de Decreto Supremo del
Ministerio para entender
el
tema de Consulta
Previa.
Creo
que como operadores del derecho, como gente
interesada en
la
industria,
es
un tema que debemos
discutirlo entendiendo
el
sentido de
la
industria,
entendiendo
el
momento
económico que estamos
viviendo y pensando que, en realidad, quien tenga que
legislar
va
a tener que entender aquello.
Quiero terminar solamente con una idea. Con una
Consulta
Previa
que implique
la
aprobación previa
antes del otorgamiento de una concesión, lo único
que vamos a conseguir
es
no poder titularlos, lo que
significaría que hubo un cambio en
el
sistema;
y,
lo otro
es
que
la
consulta previa para
el
permiso
es
algo que lo
tendrán que pensar mejor porque de alguna manera
ya
contamos con
ese
mecanismo.
Xennia Forno Castro Pozo
Yo
tengo
una percepción
totalmente
distinta a
la
que
ha
explicado
el
Dr.
Romero. Tengo más
de
30
años
trabajando
en temas mineros y recuerdo
que
un
ingeniero
con
quien
yo trabajaba en
el
Ministerio
de
Energía y Minas me decía
que
cuando él estaba
años atrás en una operación minera,
la
única
diversión
que
existía, a diferencia
de
ahora, eran
las
enfermeras y
las
maestras.
Yo
no siento, con mis años de experiencia, que
la
relación comunidad -empresa
se
haya malogrado
a partir del
90.
Al
contrario, creo que
la
conciencia de
la
licencia social,
la
conciencia de
la
necesidad por
el
hecho de llevar una buena relación con
el
entorno,
ha
hecho que muchas costumbres cambien. A ellos
se
suma
el
hecho de que muchos de los financiamientos
a los principales proyectos mineros otorgados por
tres de los bancos multilaterales
más
influyentes en
la
región -Banco Mundial,
el
Banco Interamericano de
Desarrollo y
la
Corporación Andina de Fomento -
se
encontraban sujetos a
la
implementación de marcos de
desarrollo para
las
operaciones, a
las
cuales financiaron,
buscando
la
mitigación de
la
degradación ambiental,
el
inadecuado manejo de recursos naturales,
así
como de
impactos negativos sobre
las
poblaciones involucradas.
El
cambio
es
notorio.
Por
ejemplo,
el
campo de
golf
en
Cerro de
Paseo
era
para
los
funcionarios de
la
empresa,
ahora
¿a
quién
se
le ocurre hacer un campo de
golf
para
que no entren todos?
Es
decir,
sí
hemos cambiado
y,
en
eso,
hemos cambiado para bien.
Sí
hay integración.
Existe
un tema de percepción. Todavía hay mucho por
hacer,
efectivamente.
Pero
yo siento, basándome en
lo que he visto y lo que veo, que hemos mejorado y
se
sigue en
ese
camino.
Manuel
Pulgar-Vidal Otálora
Yo
también creo que lo que
pasa
en
el
Perú
con
los
conflictos entre operaciones y comunidades
es
parte de
un aprendizaje.
Estoy
convencido que este aprendizaje
alrededor de una dinámica que
es
conflictiva, nos
va
a llevar a mejorar
las
relaciones y alcanzar paz social;
aunque costará trabajo. Interesante lo que menciona
Luis
Carlos porque yo coincido con
él
jurídicamente,
pero no sociológicamente. Porque
es
muy distinto
la
manera cómo
ha
operado
el
acceso a
los
recursos
naturales en
el
Ande -donde básicamente
es
minería
-que
en Lima.
Nos
guste o no,
es
claro que
la
propiedad rural
ha
sido
considerada históricamente una propiedad de segunda
categoría.
La
propiedad urbana, en cambio, tiene
muchos mecanismos de defensa
para
ser
protegida.
El
mejor ejemplo
se
dio cuando
se
publicó
hace
6 o 7
años,
en
una primera plana, que había yacimientos mineros
en
La
Molina
y;
a
la
semana,
se
dictó
la
Ley
que prohibía
las
concesiones en
las
zonas
urbanas.
Eso,
por ejemplo, no
pasa
con
la
comunidad ubicada a
más
de 3000 m.s.n.m.
163
164
1 Minería, Hidrocarburos y Medio Ambiente 1
En
consecuencia,
lo
que tenemos que buscar
son
mecanismos que nos permitan compatibilizar
actividades, porque
el
gran problema del
país,
en
relación con
los
recursos
naturales, esquees un territorio
rico en
recursos;
un territorio con mucho potencial
para
diversas actividades pero que no tiene mecanismos
suficientes
para
compatibilizar. Entonces, tenemos
el
dilema
¿minería
o
un
propietario que eventualmente
tiene
unas
pasturas empobrecidas, pero que
hace
una
actividad ganadera?
Entonces,
¿por
qué menospreciar
una actividad
en
beneficio de
la
otra?
Pero
esa
es
sólo
una de
las
formas posibles de superposición.
Es
decir
minería y propietarios.
Hay
muchas otras. Recordemos
que
en
el
territorio hay bosques, hay
recursos
genéticos,
hay
pesca,
hay muchas otras
cosas
sobre
las
que hay
que buscar compatibilidades.
En
eso,
soy
un
convencido. No hemos aprendido y
nos
falta mucho por desarrollar
para
que realmente
podamos ver cómo
se
pueden realizar
esas
actividades
en
conjunto.
Ese
es
un
tema que
sí
tiene que ver con
los
abogados y con
el
desarrollo del marco normativo y
en
eso
tenemos que trabajar por
el
Perú.
Gabriela Jáuregui Morán
Tomando
en
cuenta
la
intervención de
la
Dra.
Gonzáles,
creo que
este
es
el
momento
en
el
cual,
la
Consulta
Previa
toma relevancia y podemos poner nuestro
granito de
arena,
haciendo llegar
los
aportes
al
proyecto
que
ha
sido elaborado por
los
representantes del
Ministerio de
Energía
y Minas,
el
cual
ha
sido colgado
en
su
página web y
estará
10
días
allí
para
hacer
los
aportes pertinentes y quizás podremos establecer
algunas fórmulas. Como lo menciona
la
Dra.
Gonzáles
si
lo dejamos como
está
va
a existir, probablemente,
una desnaturalización de todo
el
procedimiento de
otorgamiento de títulos, porque de todas maneras
va
a
haber una Consulta
Previa
en
el
trámite mismo.
Pueden haber algunas fórmulas que podríamos
plantear.
Por
ejemplo, antes del otorgamiento del título
tendría que facilitarse
la
presentación de
un
estudio
de impacto ambiental de control.
Sin
embargo, puede
haber otro sector que diga
¿para
qué yo voy a gastar
tanto dinero cuando aún no tengo
un
título firme?,
pero igual, aún cuando
se
tiene un título firme y
se
lleve a cabo un estudio de impacto ambiental,
eso
no
garantiza
el
desarrollo de un proyecto minero tal y
como ocurrió
en
el
caso
de
Tía
María.
Entonces,
lo que tendríamos que pensar
es
elaborar un
planteamiento reflejado
en
nuestros aportes
acerca
de
este
proyecto que
está
en
la
página web del Ministerio.
Pero
no podemos quedarnos con
los
brazos
cruzados,
simplemente criticándolo
sin
brindar dicho aporte.
Alicia
Abanto Cabanillas
Yo
quisiera retomar una palabra que
ya
ha
sido
mencionada: confianza.
Creo
que no solo debemos
demandarle
al
Estado
que genere confianza, sino que
el
reto de todas
las
personas que estamos vinculadas
de alguna manera con
las
poblaciones culturalmente
diferentes, como
los
pueblos indígenas,
nos
preguntemos y reflexionemos
si
estamos recreando
confianza a
la
hora de abordar estos temas.
Afirmo esto porque desde
el
año
2005
cuando
la
Defensoría del Pueblo empezó a trabajar
el
derecho
a
la
Consulta de
los
pueblos indígenas, nos hemos
encontrado con mucha resistencia de funcionarios y
servidores públicos y de distintos tipos de profesionales
del sector público y privado.
Yo
creo que aún existen
muchos prejuicios de porqué dar
más
derechos a
los
grupos excluidos.
Se
alega además
-con
tono
de justificación- que
los
pueblos indígenas no están
identificados.
Sin
embargo, no
es
admisible que
habiendo pasado
casi
quince
años
de vigencia del
Convenio
169
de
la
OIT
no tengamos una idea
clara
de
quienes
son
dichos pueblos y
cuáles
son
sus
derechos.
Es
perceptible un alto grado de desconfianza respecto
de
los
derechos que demandan
los
pueblos indígenas.
Desconfianza que
se
basa
en
la
recreación de prejuicios
-que
tal
vez
no nos damos cuenta que tenemos y que
tal
vez
responde a un determinado tipo de educación
-es
decir de un
sesgo
a
la
hora de entender
las
cosas.
A lo que me refiero, entonces,
es
que tenemos que
tener mayor apertura
para
analizar
las
demandas de
los
pueblos indígenas y darnos cuenta de que existen
diferencias culturales, asimetrías de poder, derechos
vigentes incumplidos.
Por
ejemplo,
la
Consulta,
es
un
derecho que
el
Perú
ha
ratificado
hace
15
años,
cuyo
cumplimiento
está
pendiente; y ahora que
el
Tribunal
Constitucional
ha
dado una orden
al
Ministerio de
Energía
y Minas
éste
ha
abierto
el
debate sobre
una
reglamentación especial
para
el
tema lo
cual
debió
hacerse
hace
mucho tiempo.
Luis
Carlos
Rodrigo Prado
Coincido con Manuel
en
que estamos
en
un
proceso
correcto.
Se
ha
avanzado
mucho
más en los
últimos
1 O años
que
lo
que
hemos avanzado en
100 años; y eso suele
ocurrir
en estos procesos.
Lo
que
a
mí
me
preocupa
más bien
es
cambiar
la
dirección
de
este proceso. Personalmente, creo
que
no
cabe
que
nadie
tenga
derechos
de
veto
y
eso
es
a lo
que
apuntaba
con
la
situación de
por
qué,
comparativamente
con lo
que
podía
ocurrir
con
la
Vía
Expresa, las
comunidades
de
cualquier
lugar
no
deberían
poder
decidir
si
es
que
el
proyecto
se
lleva a cabo o no.
No me cabe
duda
de
que
para
que
un
proyecto
se
pueda llevar
adelante
debe
tener
el
apoyo
de
las
comunidades
cercanas y para eso
se
necesita
crear confianza.
El
gran tema,
definitivamente,
es
la
desconfianza
que
hay en el Perú; y
no
solo
de
las
comunidades
hacia las empresas,
de
las empresas
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
Gabriela
Jáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vidal
1
Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
hacia el Estado,
del
Estado hacia las empresas,
de
las
comunidades
hacia el Estado, etc.
En
general,
hay mucha desconfianza.
Lo
anterior encuentra
su
razón de
ser
en que,
lamentablemente, somos un
país
desconfiado porque
tenemos una historia que nos
ha
llevado a
eso.
En
todo
caso,
creo que este proceso
es
el adecuado; y por eso
es
que me preocupa. Yendo a lo que decía Cecilia, que
se
introduzca
la
idea de una Consulta Previa con un sesgo
claro
de
frenar los proyectos.
En
los
casos
en
los
que los
proyectos han ido adelante bien, los beneficios han sido
muchos.
Para
mí, Anta mina
es
un ejemplo emblemático
de
eso;
y eso
es
a lo que tenemos que apuntar, a que
esto ocurra en todas los lugares
donde
se
quieren
desarrollar proyectos, y creo que eso
es
posible.
Para
cerrar estas ideas, lo que no podemos hacer
es
establecer una consulta a cargo del Estado antes de que
se
otorgue cada concesión-que
se
otorgan miles
al
año
-que
el
Estado
no
va
a poder realizar jamás y; con ello,
frenar lo que está permitiendo que el
país
entre en un
dinamismo de desarrollo que
va
a beneficiar sobre
todo
a
las
zonas más rurales del
país.
Luis
Romero Elmore
El
tema de
la
confianza
es
la
clave de
todo
este asunto,
a mí
modo
de ver y parece que
al
de algunos más
también. No necesariamente tiene que existir un
sistema justo para que haya confianza.
Los
derechos han avanzado y han
evolucionado
a lo
largo
de
la
historia
de
la
humanidad.
Derechos
que
hoy
día tenemos, en el Siglo
XIX
yen
el Siglo
XVI,
no
se
tenían. Pero
la
confianza existía hace 5000
mil
años,
se
los aseguro.
En
el círculo social
de
delincuentes,
también
hay confianza: Al Capone tenía
gente
de
su
confianza y
gente
que
confiaba en él.
La
confianza existía antes en
el
Perú
y
se
ha perdido.
La
confianza en
la
combi-
que te atropella-
no
es
la
misma
confianza que yo tenía a
la
hora de ir
al
colegio en bus
en los años
80.
Se
ha
perdido
la
confianza y hay que
recuperarla.
El
Estado no está generando confianza y
se
nos está encargando, a nosotros
los
privados, generar
confianza y ahí lo que juega una mala pasada
es
venir
con costumbres antiguas que
se
combaten dentro de
la
propia minería, costumbres de violación de derechos,
de no respetar
al
prójimo, de
no
respetar a
la
mujer,
de no dar
su
lugar a
las
minorías. Entonces, construir
confianza desde
la
minería
es
un tema para el privado,
que el Estado no ayude
es
un problema.
Concluyo con una reflexión:
¿a
la
empresa minera qué
la
obliga a contratar antropólogos, comunicadores,
psicólogos y
todo
lo demás?
Lo
tenemos que hacer
porque alguien no está haciendo
su
trabajo.
2.
En
nuestros días, la lógica
de
la globalización
trae
consigo
gran
competencia económica con
el
movimiento
de
grandes flujos
de
riqueza, y así
la incursión en nuevas actividades extractivas
y productivas en las
que
el ser humano, sobre
todo
en las actividades señaladas,
entra
en
contacto con
su
medio
ambiente.
El
desarrollo
y la evolución
de
la sociedad internacional
es
consensualmente
innegable,
pero
ante
ello
se
contrapone
la idea del Desarrollo Sostenible,
que
busca no solo el
efectivo
desarrollo
de
la
tecnología sino
de
otros instrumentos para
obtener
riqueza con el
objetivo
de
mejorar
el
estándar
de
vida
de
la sociedad a nivel social,
económico y
ambiental.
Ante esta disyuntiva planteada,
¿Existen
similitudes en
los
proyectos
de
las
empresas
mineras sobre
las
políticas a implementar, a fin
de
ofrecer y garantizar
un
Desarrollo Sostenible
eficiente?
¿Cuáles
creen que serían
las
directrices
que
los
agentes públicos
(a
través de
sus
distintas
competencias) deberían tomar en cuenta en
aras de establecer políticas medioambientales
congruentes
con
el desarrollo sostenible?
¿Cuál
es
el
estatus del Perú en relación a
los
Compromisos
Internacionales Ambientales y
Sociales?
Cecilia
Gonzáles Guerra
Creo que el tema del desarrollo sostenible
es
un tema
complicado desde el
punto
de vista de
los
negocios
de
las
compañías mineras.
Las
compañías mineras han
aprendido a enfrentar los temas ambientales. Desde el
año 90 hasta
la
fecha
se
ha
hecho muchísimo. Creo que
el tema ambiental, a pesar de todas
las
discrepancias,
termina siendo un tema técnico y un tema de postura.
En
el tema del desarrollo sostenible, hoy en día, tenemos
en realidad tres niveles
de
análisis:
tenemos
el
tema
del
manejo
del
conflicto
inmediato;
el
tema
de
cómo
me
relaciono con
la
comunidad,
relación que,
hoy
por
hoy,
ya
lo
pongo
en mis estudios; y un nivel de
análisis
mayor
y
mucho
más
complejo
es
el tema del
desarrollo en
sí
mismo.
¿Hasta
qué
punto
cada uno de estos tres niveles
merece un especialista distinto?
¿y
hasta qué punto
las
compañías mineras y
el
Estado también?.
En
realidad,
hasta ahora lo que viene haciendo el Ministerio,
por lo menos a nivel de energía y minas,
es
atacar
fundamentalmente el tema del manejo de conflictos
- a una manera
muy
tímida pero lo hace-.
Le
deja a
la
compañía, lógicamente, el tema de relacionamiento
comunitario; pero, el tema del desarrollo sostenible
es
una cuestión que aún creo que nos falta analizar.
Sí
es
cierto que
las
compañías mineras, todas, de alguna
manera tratan de incorporar a
sus
programas (unas con
mayor o mejor voluntad que otras) programas que
se
denominan "Programa de Apoyo Social'; pero
no
es
suficiente. Creo que hablar de desarrollo como tal
es
un
asunto y un término muchísimo mayor.
165
166
1 Minería, Hidrocarburos y Medio Ambiente 1
Xennia Forno Castro Pozo
Entiendo que
el
desarrollo sostenible
es
un concepto
que
ha
quedado internalizado no solamente a nivel
de empresa. Muchos organismos internacionales,
inclusive de financiamiento de proyectos, también
tienen internalizado
_ztg_unos
conceptos que
se
vinculan directamente con
el
desarrollo sostenible.
Entonces,
creo que
en
ese
sentido hay coincidencia
en
un concepto macro importante de lo que puede
ser
el
desarrollo sostenible y de
las
acciones que corresponde
implementar, tanto por
el
Estado
como por
los
lugares
mineros
para
que este concepto
se
convierta en
una realidad.
Es
algo que entiendo pertenece a una
corriente implementada que corresponde a
la
vocación
de
cada
empresa con
los
organismos internacionales y
con
el
propio
Estado.
Muchos organismos de crédito, ahora, tienen una
política o trasladan a todos
sus
clientes
estas
políticas
para
que
sean
implementadas como parte de
las
acciones que
se
deben hacer
para
acceder a un crédito
para
entrar a un programa. Igual
las
empresas, pues
muchas de
las
empresas que operan actualmente
en
el
Perú
tienen políticas a nivel mundial de conceptos de
desarrollo sostenible.
Al
respecto,
es
válido resaltarquefueron
las
ocho Normas
de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y
Social
del
IFC,
vigentes desde
el
año 2006,
las
que generaron
altos estándares
en
el
desarrollo de
las
operaciones de
industrias extractivas.
Así,
por ejemplo,
la
Norma de
Desempeño 7 establece que
las
empresas que accedan
al
financiamiento de dicha entidad, deben fomentar
la
negociación de buena
fe
con
los
Pueblos Indígenas y
su
participación informada
en
proyectos que vayan a
ubicarse
en
sus
tierras o ámbito de influencia.
Asimismo, gremios internacionales como
el
Consejo
Internacional de Minería y Metales
(ICMM
por
su
sigla
en
inglés), que agrupa a empresas como Anglo
American, Barrick,
BHP
Billiton, Newmont, Xstrata,
entre otras, comprometió
en
mayo del 2003 a
sus
miembros corporativos a implementar 1 O Principios de
Desarrollo Sustentable, uno de
los
cuales
está
referido
a efectuar mecanismos de información, comunicación
y participación que
sean
efectivos, transparentes y
verificables independientemente.
Entonces, yo
sí
creo que
el
Perú
está,
en
buena
medida, conectado con
las
políticas internacionales
del concepto de desarrollo sostenible,
se
busca
la
aplicación de estándares que permitan una relación
continua con
las
comunidades afectadas, tan pronto
como
sea
posible,
en
la
planificación del proyecto
y durante toda
la
vida del mismo, facilitando
su
participación informada
en
asuntos que
las
afectan
de manera directa, tales como medidas propuestas
para mitigación,
la
distribución de los beneficios y
oportunidades desarrollo y temas de ejecución.
Sin
embargo,
¿cuál
es
el
rol
de
Estado?
Allí
sí
es
donde
yo no estoy tan convencida que estemos
en
el
camino
internacional porque lo que percibo
es
que
al
Estado
lo que
le
interesa
es
que
el
conflicto no
le
llegue, que
el
problema no
se
lo trasladen a
él,
que no
se
vea
con
el
desagradable papel de cumplir con
su
función.
Entonces,
es
evidente que existe un problema que
requiere
ser
resuelto con autoridad,
el
mensaje que
ustedes van a recibir de
la
autoridad
es
"mira, arregla
tu problema solo. A mí solo me traes un resultado.
Yo
tengo mi norma, puedo
revisar,
tengo mi oficina de
desarrollo sostenible, puedo mirar presupuesto.
Ese
es
el
papel que me interesa':
Pero,
el
papel de mediador,
componedor de situaciones o de poner orden.
Eso
es
lo
que yo percibo como un tema aún por implementarse.
Manuel
Pulgar-Vidal
Otálora
Hace
muchos
años,
se
dudaba sobre
si
podía hablarse
de minería y sostenibilidad.
Creo
esa
es
actualmente
una discusión bizantina porque creo que una actividad
económica como
la
minería
sí
puede aportar
al
desarrollo sostenible. Y un ejercicio muy interesante
que tiene unos siete u ocho años
es
el
proceso que
se
desarrolló como parte del proyecto "Minería, Minerales
y Desarrollo Sostenible" que
se
hizo a nivel global y
en
muchos
países
de América del
Sur
donde identificaron
como uno de
los
temas
claves
el
cuánto puede aportar
la
minería a
la
sostenibilidad.
Un
tema prioritario implementado por
este
reporte
fue
el
de capacidad de gestión.
Es
interesante que
la
capacidad de gestión tiene que estar
en
todo; y cuando
hablamos de capacidad de gestión
nos
referimos a una
capacidad de gestión institucional y normativa.
En
minería,
la
gestión institucional
está
en
manos
del gobierno nacional, o gobierno central, que
se
ha
venido fortaleciendo progresivamente
para
esta
tarea.
Lo
mismo no
ha
ocurrido con
los
otros niveles.
Es
decir
el
nivel regional y local.
Yo
estoy convencido
que
los
gobiernos regionales no
son
anti mineros por
naturaleza sino que lo
son
porque cuentan con
una
capacidad limitadísima de ejercer competencias
en
relación a una actividad que representa
en
muchos
casos
el
principal agente económico de
su
jurisdicción.
A nivel normativo, creo que,
si
bien
el
sector dio
muestras de avanzar significativamente, algunos de
sus
avances han quedado obsoletos.
El
reglamento
ambiental minero de
1993,
por ejemplo,
ha
quedado
obsoleto y requiere una urgente modificación.
Esta
capacidad de gestión debe estar también presente
en
los
operadores y
las
comunidades.
Los
ciudadanos
deben participar utilizando
los
espacios de participación
que
nos
provee
el
Estado,
las
normas, o
los
espacios
que a
veces
no son formales pero muy efectivos.
Los
ciudadanos peruanos estamos poco acostumbrados a
la
participación, pues
la
exigimos y muchas
veces
no
la
utilizamos.
Pocos
participamos
en
los
presupuestos
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
GabrielaJáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vidal
1
Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
participativos, el cual
es
un elemento fundamental en
la
asignación de recursos.
No necesitamos piscinas en Echarate. Necesitamos
mecanismos de desarrollo local a largo plazo. Y en ello
hay que considerar que
el
canon
es
un mecanismo
de financiamiento que asegura
el
corto plazo y que
requiere reevaluarse para asegurar
el
desarrollo a largo
plazo.
Pensar
en cuanto podemos dejar para el futuro
o pensar como hacen en el vecino del
sur,
en
donde
se
destina 35% para investigación. Necesitamos
ese
tipo
de mecanismos,
no
nos damos cuenta de en qué
están utilizando
el
dinero de nuestras universidades
públicas y
si
ello
les
dará sostenibilidad en
el
tiempo
a
la
institución y a los resultados de
las
investigaciones que
debieran estar realizándose con
esos
recursos.
Regalías
e impuestos
es
otro tema que
es
importante
trabajar.
El
tema de minería y conservación y el tema de
territorio comunal.
Este
es
un trabajo participativo de
operadores mineros.
Gabriela Jáuregui Morán
Yo
recuerdo, hace muchos años cuando
el
tema de
desarrollo sostenible asustaba un poco a los empresarios
y a pesar de ello, de alguna manera, en minería
ya
se
venía desarrollando;
se
empezaron a dar unas normas,
un poco pobres en
ese
entonces, pero que de alguna
manera contribuyeron
al
desarrollo del tema.
El
hecho
de tener algún beneficio tanto para los empresarios
mineros como
las
localidades
donde
se
llevaban a cabo
los
proyectos; convencían y lograban que el empresario
se
concientizara con
el
tema ambiental.
El
desarrollo sostenible
ha
tenido muchísimas críticas
en
relación a
la
intervención del Estado, pero nosotros
debemos de pensar también en que el Estado,
si
bien
es
cierto, reconoce que
la
actividad minera tiene un
avance preponderante y que nos
saca
adelante en estos
días,
no tiene tampoco los recursos. Muchas personas
que estuvimos prestando servicios para
el
Estado
pudimos comprobar que
no
se
tiene
la
apropiada
facilidad para llevar a cabo
la
función estatal,
no
vamos
al
ritmo del desarrollo de
la
inversión privada.
Este
es
un
tema que hay que tenerlo en consideración.
De
todas
maneras,
el
impulso privado hay que mantenerlo, pero
también hay que ver que el Estado tenga
ese
apoyo
para que pueda avanzar de
la
misma manera como
se
está
desarrollando
la
economía en nuestro
país.
El
desarrollo sostenible no lo estamos entendiendo
bien. Quizás tanto desde el
punto
de vista del
inversionista privado -de
la
forma como lleva a cabo
su
proyecto minero- como desde el
punto
de vista de
aquella región o aquella localidad que
se
debería ver
beneficiada con
ese
desarrollo sostenible,
la
manera de
percibir el desarrollo sostenible varía enormemente.
Hay
tres puntos de vista diferentes, uno proviene del
inversionista privado,
el
otro del Estado y el tercero de
la
Comunidad que está ubicada en
la
zona del proyecto
minero. Muchas veces
no
son coincidentes, lo que lleva
a pensar que no están avanzando
al
mismo ritmo como
deberían, a fin de lograr
el
objetivo común que
es
el
desarrollo del proyecto minero.
Alicia
Abanto Cabanillas
Quisiera
articular
la
idea del
enfoque
de derechos
y el
enfoque
de desarrollo sostenible. Creo
que
no
se
pueden
desligar, pues
se
tiene
que
garantizar
los derechos para
que
se
pueda hacer posible el
desarrollo sostenible.
En
este
punto
debo
recordar que diversos derechos
de
las
comunidades campesinas y nativas han sido
históricamente desatendidos por
el
Estado. Entonces,
ello genera realmente muchas dificultades para hablar
de desarrollo sostenible, por ejemplo en
el
tema del
derecho de propiedad, en
donde
hemos hecho una
investigación y en
los
últimos S años sólo
se
ha
titulado
a siete comunidades nativas en
todo
el
país.
Si
bien
es
cierto,
la
mayoría de comunidades están
tituladas (derecho de propiedad comunal)
sin
embargo
falta titular aproximadamente a 1,250 comunidades en
todo
el
país,
entonces ¿cómo
es
posible que una de
los objetivos del Estado
sea
apoyar
la
mayor cantidad
de proyectos mineros posibles pero
se
descuide
la
titulación de
las
comunidades? Entonces, para entender
el desarrollo sostenible
se
debe tener en cuenta
las
cuestiones básicas del respeto de
los
principales
derechos de
las
poblaciones involucradas.
Otro aspecto que quiero señalar en relación a este tema
es
que
se
ha
biaba hace un rato de participación. Creo que
es
importante tomar en cuenta que existe u
na
capacidad
incipiente de diálogo por parte de
los
actores. Entonces
hay que invertir mucho en generar capacidades en ellos;
y,
por eso recuerdo que hace dos o tres años, cuando
se
me planteó
el
proyecto
de
participación ciudadana
en minería,
se
debatió en
esa
época
la
necesidad de
garantizar mecanismos de financiamiento para
la
parte más débil
(las
comunidades).
Sin
embargo, en
su
momento
se
consideró que los fideicomisos sociales
para
la
participación ciudadana
no
eran necesarios y
entonces, actualmente,
se
mantienen
las
asimetrías en
las
negociaciones y ello genera mayores dificultades y
menor calidad de
los
procesos de participación.
Luis
Carlos
Rodrigo
Prado
El
concepto de desarrollo sostenible hay que vincularlo
con
la
creación de oportunidades para
la
mejoría de
la
calidad de vida de
las
personas a largo plazo. Creo que
en
ese
aspecto
las
empresas mineras vienen haciendo
bastante más que en los últimos cinco o siete años de lo
que el Estado
ha
hecho.
El
aporte minero,
el
aporte voluntario,
el
programa de
solidaridad con
el
pueblo.
Este
es
su
quinto
año con
167
168
1 Minería, Hidrocarburos y Medio Ambiente 1
un monto total aproximado de 1600 o 1800 millones
de
soles.
Estos programas
de
protección,
salud,
educación, capacitación,
que
han hecho las
empresas
ha
llevado
mucho
más desarrollo y
generación de
oportunidades
para
la
población
de
las zonas alejadas
que
cualquier
actividad
del Estado en los
últimos
50 años.
En
Antamina,
solamente con el
fondo
que
lleva
Antamina,
del
cual
se
han
invertido
cerca de 200
millones
de
soles,
se
ha
reducido
en
cuatro
años en un 9% el
índice de
desnutrición
periódica
en
la
zona.
Antamina
es
uno
de los
muchos
casos.
Sin
embargo, los miles
de
millones
de
dólares
que
se
ha
recibido
como
canon en los
distintos
lugares
por
los
gobiernos
regionales y locales
no
se
han
podido
utilizar
adecuadamente
para
esa
generación
de
desarrollo sostenible. Tenemos
la
oficina del Charat (el Charat
es
el
lugar
donde
se
origina
el gas
de
Camisea) en
donde
se
ha
gastado
300 o 400
millones
de
soles en un crisol con una
piscina
al
lado
de
personas
que
no
tienen
agua
potable
ni desagüe, que tienen que utilizar baños
en zonas realmente sin ninguna salubridad.
Eso
es
un crimen.
Eso
es
lo que
está
ocurriendo.
Yo
sí
creo
en
lo que
está
haciendo
la
empresa minera
en
general.
Hay
excepciones. Lamentablemente
hay
muchos
casos
en
donde esto no ocurre, pero tenemos muchos
ejemplos de que
la
empresa minera está llevando
realmente desarrollo sostenible a lugares
donde
verdaderamente
se
necesita, creando
oportunidades, capacitación, educación, salud en
las
zonas que antes no tenían
esa
posibilidad.
No hay que mirar
el
tema con un idealismo romántico
porque
las
comunidades por muy importantes que
sean
para
todos nosotros tienen también costumbres
que no
son
adecuadas: cocinan empleando cocinas
que generan mucha contaminación dentro de
sus
propias
casas,
entre otras.
Por
tanto, no
se
trata de
conservar todo a toda
costa,
sino que
se
trata de genera
oportunidades
para
la
mejoría de
la
calidad de vida a
largo
plazo.
Luis Romero Elmore
El
tema
es
que nosotros no somos sostenibles. O
sea
como sociedad nadie nos
ha
enseñado
eso,
nunca lo
hemos aprendido.
Yo
conozco
al
alcalde de Charat
(el
eterno alcalde de Charat).
Él
es
el
señor feudal. Allí
a veinte minutos de allí, me he paseado por todas
esas
comunidades,
las
conozco perfectamente bien
y
les
puedo asegurar que no
se
sienten peruanos
porque nadie
les
ha
enseñado
eso,
porque el
Perú
no
les
ha
llegado más que para causarles problemas.
Entonces,
no somos sostenibles como
país.
Este
no
es
un
tema
para
hablar de mineras,
es
un tema de
país.
¿Cómo
somos sostenibles?
Seguridad jurídica, número uno,
para
todos
los
costados,
para
el
ama
de
casa,
para
el
escolar -que no
lo atropelle
la
combi
-,
para
todo
el
mundo, seguridad
jurídica
para
las
empresas.
Segundo: educación.
La
educación no camina
en
este
país.
Somos
los
peores de América Latina. Entiendan
eso
todos: somos lo peores. Somos
los
peores
en
letras y
en
números, por
si
acaso.
Somos
los
peores
en
educación
porque somos
los
peores
en
nutrición.
Somos
los
peores
en
salubridad.
Si
no hay nutrición no hay educación,
el
cerebro no
se
desarrolla.
Si
no hay salubridad
lo
que
comen no
se
queda en
el
cuerpo,
se
va.
Entonces,
¿y
el
Estado
ha
construido
algo?
No,
nada.
¿Nosotros hemos hecho algo?
Poco.
Recién
estamos
viendo.
¿Cómo
puede
ser
que Anta mina
en
cuatro
años
mejore
9%?
O
sea,
el
que no
sabe
ese
tema no lo
va
a
entender.
9%
de desnutrición crónica
en
cuatros
años
es
un
record mundial.
¿Cómo
se
puede hacer
eso?
Pues,
seguro porque estaba el60%
¿y
quiénes
son
el60%?
El
60%
son
la
generación perdida de
todo
pueblo.
He
participado en
un
congreso en Chile de
la
Sociedad
de Chile
en
el
mes de Agosto.
Se
presentó
el
Presidente
de
la
Fundación
Chile.
¿Saben
lo que dijo?
Se
paró y
dijo: "hace 40 años
nos
propusimos como
país
ser
los
primeros en educación de América Latina y hoy
día
lo
podemos presentar como un logro.
Lo
hemos logrado.
Este
año,
por segundo año consecutivo, somos
los
mejores de América Latina
en
educación':
Cecilia Gonzáles Guerra
Para
hablar del tema de desarrollo, estoy de acuerdo
que necesitamos
más
presencia.
El
sector minero
ha
tomado una enorme responsabilidad y vamos a tener
que seguir trabajando
en
eso.
Poco
a poco, creo
que
vamos a salir hacia un mejorar
capital
humano
y los más difícil de conseguir
va
a
ser tratar
de
medir
esto en alguna manera más o
menos objetiva.
Soy
un poco
más
optimista. Honestamente, yo
sí
creo
que podemos tener instrumentos
en
los
cuales
más
o
menos lleguemos a
un
acuerdo.
Vamos
a desarrollar una
conciencia.
Creo
que éste
es
un
tema
para
trabajarlo
en
mucho tiempo; pero
la
responsabilidad de desarrollar y
llevar
el
tema de desarrollo sostenible -que no debe
ser
sólo del sector privado, corresponde
al
Estado.
Xennia Forno Castro Pozo
Quería insistir en un tema que dije y que han comentado
algunos de mis colegas respecto a
la
fortaleza de
las
instituciones.
Si
bien contar con
el
apoyo de
las
comunidades contribuye a
la
concreción de acuerdos
que permiten desarrollar
un
programa a mediano o
largo plazo
en
el
marco de lo que ellos tienen
en
sus
rutas productivas; en
la
realidad, muchas
veces
se
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
Gabriela
Jáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vidal
1
Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
evidencia una falencia de institucionalidad, dado que
terminado
el
periodo de
la
junta directiva,
la
nueva
simplemente desconoce lo que
la
directiva anterior
ha
hecho y tenemos que empezar de nuevo.
Eso,
evidentemente, no te permite
crear,
diseñar o
implementar a mediano o largo plazo; y lo mismo
pasa,
lamentablemente, con
las
autoridades de
los
gobiernos
locales y regionales. No tenemos que ir muy
lejos.
Deficiencia
en
educación que
se
va
sumando a
esta
lejanía,
al
centralismo que agobia
al
Perú,
que no permite
que
las
autoridades tengan también
las
herramientas
de formación
para
poder tomar decisiones a largo
plazo.
Es
decir, lo de
la
piscina
nos
puede indignar, pero
al
menos
nos
tiene que conmover. Qué criterio manejan
esas
autoridades que a
la
hora de priorizar eligen
la
piscina. O
sea,
para
ellos
la
piscina es"la piscina':
Entonces,
allí hay un tema, una tarea pendiente
que seguramente
los
titulares mineros están
comprometidos y muchas
veces
pasa
lo que comentaba
la
doctora: cuando uno llega a una comunidad, cuando
uno llega a un
área
a desarrollar un proyecto, lo primero
que tiene que hacer a lo largo de
la
comunidad
es
que
se
registren, que
se
inscriban incluso
sus
autoridades, y
también ayudar a delimitar
su
terreno e inscribirlo.
Lo
hace
el
titular minero y lo
más
probable
es
que
al
año
siguiente
se
trate de comunidades
en
las
que
todo
está
mal hecho porque
el
minero
es
un sinvergüenza y nos
ha
estafado a todos.
Entonces,
ahí hay una deficiencia y parte del
compromiso que tenemos a futuro
es
fortalecer
esas
instituciones y empezar por
la
educación y lograr que
realmente
el
descentralismo funcione.
Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Me sorprende a
veces
el
pesimismo.
Yo
he visto a gente
muy educada cuando vengo a dictar
clases
que
en
la
Costa
Verde,
con
sus
4 x 4 que conduce por donde
no debe.
Creo
que además de educación lo que
se
necesita
es
el
valor de
la
solidaridad.
La
solidaridad
es
fundamental y entiendo como sociedad
el
gran mérito
de Gastón Acurio con
la
gastronomía y
su
enfoque
inclusivo.
La
solidaridad
es
un valor que
está
atrás de no
solo
la
educación.
Tres
cosas
respecto a
la
sostenibilidad como ideas
importantes.
La
sostenibilidad choca con limitaciones.
Primera limitación:
la
disponibilidad de
recursos.
Uno
quiere
ser
sostenible pero
se
requiere de una inversión
que no todos pueden plantear. Hablo del aporte
voluntario.
Claro,
en
buena hora que exista, pero
son
pocas
las
empresas que pueden y hay regiones que no
tienen minería. Entonces ¿cómo podemos generar una
distribución
más
solidaria?
Segundo,
la
sostenibilidad colisiona siempre con
limitaciones de pobreza
y,
entonces, hay que usar
mecanismos inteligentes porque
la
sostenibilidad
es
a
largo plazo, mientras que
la
pobreza
es
a corto plazo.
Lo
que
se
hizo
en
su
momento con este aporte inicial
en
el
caso
de
Las
Bambas
fue muy beneficioso y
en
realidad
recogió una propuesta inteligente.
Y tercero: hay problemas con lo político porque
la
sostenibilidad no
da
réditos políticos y
los
alcaldes o
presidentes de
los
gobiernos regionales no pueden
poner una placa con
su
nombre
en
su
plan de
sostenibilidad. Entonces,
son
incapaces de desarrollar
el
plan de sostenibilidad de veinte años porque lo único
que
les
interesa
es
el
plan de cuatro.
Por
eso,
persiguen
obras de cemento que aunque inútiles, pueden ponerle
la
placa con
su
nombre.
Es
a partir de
la
base
de
estas
limitaciones que uno debe
pensar: ¿cómo puedo desde
la
solidaridad construir
una estrategia de largo
plazo?
Ese
es
el
gran reto.
Gabriela Jáuregui
Morán
Bueno,
yo
estoy
de
acuerdo
con
lo
de
la
educación
y
felicito
al
auditorio
que
la
noche
de
hoy
está
motivándonos
a estar acá y
quieren
escuchar
acerca de este
tema
porque
sé
que
ustedes,
como
generación
más
joven
que
nosotros, van a llevar
estas ideas y en el
futuro
van a
poder
mejorar
al
percibir
desde
otro
punto
de
vista estos temas,
y espero
que
este
tipo
de
reuniones
también
se
lleven a cabo en las provincias
donde
hace
mucha
falta
tener
acceso a
la
información
de
forma
directa
como
sí
sucede en Lima,
donde
se
van
organizando
estos
eventos
que
van
difundiendo
los temas sociales y a través
de
ellos
se
incluya
también
que
los
gobiernos
regionales
que
muchas
veces
no saben qué hacer con
los
recursos que tienen.
Entonces,
es
quizás un poco del tema de educación
que deberíamos desarrollar de manera más extensa.
Quizás no sabemos, o
no
hemos aprendido aún,
o a veces
no
hemos atendido ni desarrollado los
sistemas de gestión
que
son
muy
importantes
para
poder
establecer a
dónde
van los recursos
provenientes de
la
minería ni
se
han desarrollado
cuáles son
las
prioridades
al
utilizar estos recursos.
Primero
se
deben identificar
las
necesidades de los
pueblos, para luego cubrir
esas
necesidades.
Estos
son
temas muy sensibles y de alguna manera
es
necesario difundirlos no solo
en
Lima,
sino también
a lo largo del territorio peruano.
Es
preciso ver cómo
podemos hacer
para
que
esa
calidad de vida que tienen
todas
las
comunidades y que podrían mejorarse con
el
desarrollo de estos proyectos mineros pueda elevarse
y todos nosotros
nos
podamos sentir identificados con
ese
desarrollo.
Sí,
la
educación
es
básica.
Pero
creo que
ya
hemos
empezado. No creo que estemos tan atrasados.
No
creo
que
la
estemos ignorando.
169
170
1 Minería, Hidrocarburos y Medio Ambiente 1
Alicia
Abanto Cabanillas
Quisiera acotar dos puntos que tienen que ver con
la
intervención del Estado.
El
primero
es
el relativo
a
la
descentralización
porque
estos
últimos
años
se
han
ido
delegando
algunas
funciones
a los
gobiernos
regionales, lo cual
ya
se
mencionó
por
los otros ponentes. Me preocupa
que
no
se
está
desarrollando las suficientes capacidades en los
funcionarios y servidores
públicos
de
los niveles
sub nacionales
de
gobierno
y,
entonces,
es
un
proceso
que
en
términos
formales
se
cumple;
pero, en realidad,
la
parte
más
importante
que
son
las
capacidades
se
ha
descuidado
mucho.
Un
segundo
punto
es
que
me parece
que
la
descentralización está
generando
también
nuevos pretextos.
En
algunos casos,
argumentos
para
justificar
la
inacción.
El
otro
día escuchaba
cómo
frente
a un
problema
planteado
sobre
la
problemática
de
la
situación
de
la
pequeña
minería, una
autoridad
de
alto
rango del sector
energía y minas decía
"bueno,
el
tema
de
la
pequeña minería
es
un
tema
del
gobierno
regional'; ese
fue
el mensaje. Entonces,
me
pregunto
¿aquí hay Estados Federados o
es
un
Estado
Unitario
donde
es
el
Ministerio
de Energía
y Minas el
ente
rector
de
la
políticas nacionales?
Pues
somos un Estado
Unitario
y,
a pesar
de
que
estamos en un proceso de descentralización,
la
pequeña minería
tiene
que
tener
una
política
nacional en
la
que
los
gobiernos
regionales
tengan
que
aportar
a través del
cumplimiento
de
sus
funciones. Pero sin
política
nacional,
sin
plan
nacional,
sin
planificación
nacional,
sin
norte,
los
gobiernos
regionales
no
podrán
ser
eficientes
y
coherentes,
y sin
capacidades
generadas,
vamos
a
generar
una
serie
de
contradicciones
y
falta
de
sistematicidad
en la
gestión
pública.
Creo
que
los
conflictos
sociales son
lo
más
descentralizado
que
hay. Por
tanto
su
abordaje
requiere
de
una
política
nacional
con
un
adecuado
proceso
de
descentralización.
Luis Carlos
Rodrigo
Prado
Totalmente
de
acuerdo,
creo
que
el
fortalecimiento
de
las
capacidades
de
instituciones
minerarias
es
indispensable.
No
cabe
duda
de
cómo
es
posible
que
las
empresas
privadas
sean las
que
lleven
adelante
esta
estrategia
de
desarrollo.
Tiene
que
haber
una
participación
muy
importante
del
Estado
y,
de
nuevo,
creo
que
realmente
coincido
que
por
motivos
políticos
el Estado
no
diseña
estrategias
de
mediano
y
largo
plazo
para
lograr
estos
objetivos
como
convertirnos
en un
país
con
una educación sobresaliente.
Recuerdo
que
en
la
historia del Perú realmente
hay recursos disponibles, no sólo a nivel del
gobierno
central, sino a niveles descentralizados
que
se
están,
lamentablemente,
desvaneciendo.
Creo
que
eso
es,
desde luego, un crimen. No
podemos
perder
esa
oportunidad.
Ustedes son
la
élite
educativa de este país. Nosotros
tenemos
la
responsabilidad
de
pensar en una estrategia
de largo plazo
que
permita
a este
país
salir de
la
situación en
la
que
se
encuentra.
Yo
sí
soy optimista, soy
muy
optimista. Creo que
realmente estamos en
el
camino
correcto y
que
las
empresas, en este caso las mineras, han hecho
más en capacitación
de
autoridades
presidiendo
a
instituciones
en
sus
zonas de influencia.
En
consecuencia, lo
que
nos toca, creo yo,
es
entender
qué
cosas
se
están
haciendo
bien y
potenciarlas.
Debemos,
como
ciudadanos, exigirle al Estado
que
cumpla
su
función.
El
tema
de falta de
autoridad
por
temores
políticos,
por
esa
falta de
solidez
que
tenemos
es
terrible.
Tenemos
que
exigirlo
porque
es
el Estado el
único
que
puede
realmente
tomar
estas decisiones con
la
fuerza
que
posee.
Luis Romero Elmore
Bueno,
ya
para
entrar
al
tema
de
la
sostenibilidad.
¿Cómo hacemos? Claramente el
doctor
ha
dicho
que
tenemos
muchísimo
dinero. Tenemos 43
mil
millones
de dólares de reserva, Chile
tiene
25
mil
y
Colombia
26
mil
esta semana.
¿Cuál
es
la
moraleja? No sabemos gastar el dinero, no
sabemos. O
sea,
ustedes, nosotros, ellos, no
sabemos gastar el dinero. Nadie nos
ha
enseñado.
Una vez
me
presenté en
la
"Mesa de Concertación
de
Lucha
contra
la
Pobreza
de
Huancavelica".
En
aquel
entonces, estaba
la
universidad, el
gobierno
regional, los
gobiernos
provinciales,
seis chamanes, etc.
Yo
pregunté:
¿cuántos aquí
saben generar dinero?. Fuera
de
un par de
curas-
que
ya
saben-
los demás no sabían cómo.
Entonces,
si
te acostumbras a administrar recursos
limitados, no
vas
a aprender a generar más riqueza.
Eso
está claro. Vamos a ¿quiénes vamos a generar
riqueza?, ¿quiénes hemos generado estos 40 mil
millones
o estos 43
mil
millones
de
dólares?
Ahora,
es
más fácil
aprender
a gastar 40
mil
millones
que
deber
400
millones
o 40
millones
o
4
millones.
Hoy
en día necesitamos presencia del
Estado a nivel nacional y
si
se
requiere gastar 1 O
mil
millones
de
dólares en eso, igastémoslos!
¿A
quién
le
importa
que
se
gasten 1 O
mil
millones
de
40
mil
si
con eso
tenemos
todavía más
que
Chile y
podemos
generarnos un
mejor
país?
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
Gabriela
Jáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vidal
1
Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
3.
En
la actualidad,
podría
decirse
que
una
de
las principales innovaciones en
materia
ambiental,
es
la constitución del Organismo
de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental
-
OEFA,
instituido
de
acuerdo
como
organismo
público especializado -
OTE -adscrito al
Ministerio
de
Ambiente.
En
las
últimas
semanas,
se
han
venido
discutiendo los
ámbitos
de
su
competencia,
presentándose
opiniones
que
cuestionan la
relevancia
de
su
institución,
de
tal
manera,
que
es
importante
preguntarse,
¿Cuáles son
las atribuciones
de
la
OEFA?
¿Es
cierto, en los
hechos,
que
el OEFA
tenga
por
competencia
la -fiscalización
de
la
pequeña
minería,
la
minería
artesanal
y la
minería
informal,
según lo asegura el
Sr.
Walter
García
Arata,
Presidente Ejecutivo
de
la
OEFA?
¿Es
la
minería
un sector
debidamente
fiscalizado
por
el Estado? ¿Qué retos
tendrá
que
asumir
el Estado para los próximos años,
teniendo
en cuenta el
gran
crecimiento
económico
que
viene
experimentando
el Perú?
Luis Romero Elmore
Bueno, hace un rato hablamos
de
optimismo.
Pareciera
que
yo no soy
optimista.
Pero: ¿Vamos a
ir
al
mundial?
Lo
más seguro
es
que
no
vayamos.
Somos
optimistas
con
la
OEFA
pero
¿quién sabe
cuánto
personal
tiene
la
OEFA?,
¿y
fiscalizadores?,
¿cuántos fiscalizadores
ambientales
necesita
el Perú? Somos 25 regiones
incluyendo
Lima.
¿Tiene
que
contratar
electricidad,
minería
e hidrocarburos, tres sectores distintos?
Necesitamos 300 fiscalizadores
competentes,
capacitados, pero vamos a
tener
50, a lo
mucho,
a nivel nacional.
Lo
vamos a
destinar
a
perseguir
a las 1 O empresas más grandes
de
cada
uno
de
los sectores
porque
esas
siempre dan.
Esas
son
"el chancho ganador".
Algo
vamos a
encontrar
ahí
porque
cumplimos
nuestra cuota.
¿Y
la
minería
informal
quién
la
controla?,
¿y
a las pequeñas
quién
las controla? Nadie, o poca gente. Ahora
para el
tema
de
la
OEFA
...
yo
no
le
tengo
mucha
fe.
Si
se
lo trasladan a los
gobiernos
regionales
supongo
que
eso mejorará.
Contrariamente
a lo
que
muchos piensan, considero
que
el
futuro
del
crecimiento
de este país está en las provincias
y no en Lima. Provincia las
tiene
más claras.
Las
provincias están
generando
planes
de
desarrollo
concertado
a nivel
de
comunidades.
Bueno, no
se
trata
de
que
le
tengamos
fe o no,
se
trata de: ¿tenemos los
jugadores
listos para
salir a
la
cancha o no?, ¿tenemos a
la
OEFA
o
no?, ¿Tenemos a OSINERGMIN o no?, ¿tenemos
fiscalizadores o
no
tenemos
fiscalizadores?
Yo
creo
que
no
los tenemos. Cuantas veces en Camisea
no nos llegaban a fiscalizar
porque
pedían
helicóptero.
¿Y
quién
pagaba el helicóptero?
Ustedes. "¡Ah!, mira,
justo
hay mal
tiempo.
No
puedes entrar. ¡Arreglen
todo
chicos!".
Luis Carlos Rodrigo Prado
Coincido
también
con el Dr. Romero. No
es
un
problema
de
si
es
el
Ministerio
de Energía y
Minas, OSINERGMIN o
la
OEFA.
Eso
es
totalmente
intrascendente.
Lo
que
se
requiere
es
gente
preparada,
que
efectivamente
fiscalice,
que
sancione a
quien
tenga
que
sancionar.
Es
como
la
SUNAT,
no
se
trata
de
fiscalizar a los mismos
siempre. Esto
no
va
generar
una
mejor
situación
ni del país ni
de
la
industria
ni de
la
sociedad.
Se
trata
de
"ampliar
la
base
tributaria"
(para hacer
la
analogía).
Realmente, en este país las principales 20
empresas mineras
probablemente
cumplan
con estándares
de
nivel
mundial
y eso no
es
lo
que
tenemos
que
perseguir. Ojalá
tuviéramos
Barrig,
Antamina,
Minsur, etc, en
todo
el país.
Lo
cierto
es
que, al
margen
de
la
institución
que
corresponda
de
acuerdo
al
criterio
político
del
momento,
hay
que
invertir
en
capacitación
de
la
gente
y eso
toma
tiempo.
A
la
SUNAT le
tomó
años
contar
con
gente
preparada
que
entienda
a cada una
de
las
industrias
que
va
fiscalizar. Entonces
lo
que
se
necesita
es
que
el Estado
invierta
en
la
capacitación
de
los
fiscalizadores,
de
los
administradores,
que
tenga
un
diseño
de
políticas
y una estrategia de
largo
plazo.
Yo
entiendo
que
la
modificación
de
la
fiscalización
del
Ministerio
de
Energía y Minas
a OSINERGMIN
tiene
un
sentido
político
porque
no
da
confianza
que
el
mismo
ente
promotor
sea
el
ente
fiscalizador. Pero
de
ahí pasar a
la
OEFA
es
secundario.
Lo
importante
es
capacitar a
la
gente,
invertir, y
darle
realmente resultados.
Yo
recuerdo hace
algunos
años
la
situación en
la
que
se
encontraba
Casapalca:
incumplimientos
laborales,
incumplimientos
ambientales, etc.
¿Al
final
qué
pasó?
Multas
por
100
mil
soles y sigue
operando
como
si
no
pasara nada. Entonces,
si
no separamos
la
paja del
trigo,
si
no
sancionamos
con
mano
dura y
combatimos
la
minería
informal
y
la
minería ilegal,
que
realmente
es
la
que
genera
una
contaminación
en muchísimas zonas del país,
esto no
va
mejorar
a nivel sociológico.
Gabriela Jáuregui
Morán
Yo
coincido
con los doctores.
Ha
sido un
poco
difícil
la
trayectoria
que
hemos
tenido
respecto
a
la
fiscalización,
pero
también
debemos
ponernos
a pensar
que
cuando
la
fiscalización
estaba a cargo del
Ministerio
de Energía y Minas
la
actividad
minera no era tan grande. Tampoco
teníamos tantas normas
muy
desarrolladas
respecto
al
tema
ambiental,
como
las
tenemos
171
172
1 Minería, Hidrocarburos y Medio Ambiente 1
ahora. Quizás, y lo
vuelvo
a decir, desde el Estado,
no estamos avanzando
de
la
misma manera
como
va
avanzando
el
tema
del
medio
ambiente.
No
vamos
desarrollando
al
mismo
ritmo
todo
esto. Y
ésta,
puede
ser una
de
las razones
por
las cuales
se
han
hecho
todos
estos
cambios
de pasar
de
OSINERGMIN a
la
OEFA.
Tratamos
de
encuadrar,
de
ponernos
al día,
de
sacar legislaciones, y
hemos
tratado
de
avanzar
pero
creo
que
todavía
estamos un
poco
perdidos.
Considero
que
OSINERGMIN
no
funcionó.
Tenía unos atrasos
muy
grandes,
no
veíamos resultados,
no
hubo
el
acceso esperado. Desfasados estos sistema
de
fiscalización,
tuvo
como
producto
la
confusión que
hizo que
se
cree
la
OEFA.
Esperemos
que
la
OEFA
sea
un
ente
que
ayude a
la
fiscalización y
que
se
pongan
en
práctica
las
funciones
que
se
le asignaron, para
lograr
el
objetivo
que
queremos;
lo cual
no
significa
que
esté
referido
a
que
las empresas sean fiscalizadas
y sean
multadas;
sino más
bien,
lo
que
queremos
es
que
el Estado
se
vea
vinculado,
que
haga un
seguimiento
paralelo
a
todas
las empresas
por
igual, no solo a
la
gran minería, sino
también
a las
pequeñas
mineras, o las artesanales y
promueva
el
desarrollo
de
la
minería
logrando
un
desarrollo
sostenible.
El
objetivo
es
que
la
OEFA
tenga
ese alcance y
paralelamente
que
las mismas
funciones
que
tiene
la
OEFA
se
vean
materializadas
con las
competencias
que
se
le
asignen a los Gobiernos Regionales.
Nuevamente
repito, no
es
la
intención
dar
estas
normas para sancionar a las empresas.
La
sanción
no
es
el
objetivo.
El
objetivo
es
ayudar
a
que
todas las empresas
tengan
un desarrollo y ese
desarrollo
se
vea reflejado en el bienestar
de
los
pueblos
conviviendo
con
la
actividad
minera.
Manuel
Pulgar-Vidal
Otálora
Yo
soy
miembro
del Consejo
Directivo
de
la
OEFA
y soy crítico de algunas
funciones
vinculadas a
la
OEFA.
Algunas precisiones:
La
OEFA
no
tiene
fiscalizadores
porque
desde hace años
funciona
con un
registro
de
fiscalización
bajo
terceros. No
fiscaliza tres sectores, fiscaliza solo
la
minería
porque
es
lo
único
que
se
le
ha
transferido;
y
no
fiscaliza
la
minería
ilegal
porque
a
alguna
"alma
brillante"
se
le
ocurrió
que
esto
debería
verlo
las
regiones, y las regiones
se
han
dado
cuenta
de
que
más
que
fiscalizar esto
es
un gran
negocio.
A
la
OEFA
hay
que
entenderla
en
función
de
3
situaciones
que
son claves. Primera
situación:
la
sectorialización
de
la
gestión
ambiental.
Esto está
reflejado
en
la
fiscalización,
obviamente,
porque
cuando
se
sectorializó
la
gestión
ambiental
en
el
año
1991, cada
sector
empezó
a
desarrollar
diferenciadamente
marcos
normativos.
La
minería
es
la
que
efectivamente
más lo hizo.
Industria
intentó
y ahí
se
bloqueó.
Otros sectores
hasta ahora
no
regulan. Entonces, a nivel
de
fiscalización, hay pocos sectores fiscalizados.
Es
terrible.
¿Por
qué
creen
que
ocurren
los
accidentes
en el
aeródromo
de
Nazca? Porque
a
alguna
otra
"persona
brillante"
se
le
ocurrió
dársela a
la
Municipalidad;
y
la
municipalidad
ve
un
gran
negocio
y
no
fiscaliza nada. Entonces
la
sectorialización
ha
generado
un gran
problema.
Segundo
punto:
la
OEFA
es
creada
como
un
organismo
de
fiscalización
del
MINAM,
pero
el
MINAM
se
crea
con
algo
de
debilidad
porque
la
sectorialización
no
ha
dejado
de
operar
y
se
resiste a
perder
competencias.
Y
la
tercera realidad
es
que
ni el MINAM ni
la
OEFA
-que
han
sido
creados después
de
las leyes
de
descentralización
y
de
gobiernos
regionales-
tienen
esquemas
de
descentralización.
Se
sabe
que
la
descentralización
requiere
una
delegación
expresa,
que
se
dio
en el
año
2001.
Como
la
OEFA
y el
MINAM
se
crearon en el 2008
debió
incorporarse
a
la
cómo
se
iba
a ejercer
la
función
de
fiscalizar; y eso, hasta ahora,
no
se
hace. Entonces
nadie
sabe
cómo
va
funcionar
la
fiscalización a
través
de
ellos.
Los
únicos
que
ya
solucionaron
el
problema
son los
arequipeños
que
crearon
ARMA
(Autoridad
Regional
de
Medio
Ambiente
de
Arequipa),
pero
esto
no
debiera
funcionar
así.
Respecto a las críticas
que
tengo
con el
OEFA:
Tiene una
función
inmensa: evaluación,
supervisión,
control
y fiscalización. Necesitamos
ponernos
de
acuerdo
como
sociedad
si
queremos
que
eventualmente
sea
inmensa.
Si
la
opción
fuera
que
no
se
organice
como
una
superintendencia,
entonces
hay
que
acotar.
Tampoco
creo
que
deba
ir
absorbiendo
a todos,
porque
si
no
¿para
qué
se
creó un sistema? Hay
que
ir
acotando
las
funciones.
La
supervisión
la
tiene
de
"primer
y
segundo
piso". Ahí hay que ver cuándo lo haces de segundo
piso y cuando lo haces de primer piso, porque
si
no
es
un sinsentido.
Se
fiscaliza
al
supervisor y
se
fiscaliza
al
administrado. Entonces, ¿cuándo
se
fiscaliza a
cada uno?,
es
algo
que
debemos
definir.
Además,
debemos
distinguir
al
buen
operador
del
mal
operador.
Hay
que
premiar
al
bueno
y
castigar
al malo. Y
se
generará un
mejor
entendimiento
con
la
minería
porque
nos
daremos
cuenta
de
que
hay
buenos
operadores
con los
que
se
puede
trabajar
y
algunos
con los
que
no
vale
la
pena y merecen ser sancionados.
Entonces, el
régimen
de
incentivos
es
algo
que
me
gustaría
ver
pronto
desarrollado.
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
Gabriela
Jáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vida!
1
Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
Ahora le han
encargado
a
la
OEFA
que
fiscalice al
gobierno
regional,
por
el
tema
de
Madre
de
Dios;
sin
embargo
está en un
decreto
de
urgencia y eso,
jurídicamente,
no
es
válido, eso
tendría
que
estar
en un ley orgánica.
El
gobierno
regional
se
va a
resistir. Queda claro
que
tenemos
que
resolver
todavía algunas cuestiones integrales.
Y lo
último
-y
miren
ustedes
qué
dificultad-:
Tenemos un sistema nacional
de
fiscalización
ambiental
con el
OEFA
como
ente
rector
y en
donde
el MINAM
es
parte
de
este. Pero a
su
vez
el
OEFA
es
un
ente
adscrito al MINAM. Entonces
la
relación queda confusa. Y
tenemos
una
autoridad
nacional del agua
que
fiscaliza el agua
que
es
parte
del sistema nacional y viceversa. Entonces,
¿quién manda a quién? Nadie sabe.
Hay cosas
que
debemos
mirar, discutir,
profundizar
y resolver. Porque
sí,
creo
que
tenemos
una ventaja: el
OEFA
es
nueva.
Es
nueva
y
tenemos
unas lecciones aprendidas
de
lo
que
hizo OSINERGMIN
como
fiscalización.
Utilicemos
esa
experiencia y
tratemos
de
fortalecer
el
OEFA.
Xennia Forno Castro Pozo
Me
aúno
al
comentario
que
se
hizo
anteriormente
en el
sentido
de
qué
importa
cómo
se
llame el
organismo. Mi
preocupación
es
¿qué fiscalizamos?
Recuerdo
cuando
la
fiscalización salió
de
Energía
y Minas para
ir
a OSINERGMIN.
El
día
que
salió
la
norma, una
entidad
de
última
instancia
administrativa
del
Ministerio
de Energía y Minas
puso en
la
puerta
todos
los
expedientes
y
llamó
al
OSINERGMIN: "ven
por
lo
que
es
tuyo". Así
de
fácil
es.
Una suerte
de
"apestado".
OSINERGMIN recibió el encargo y
por
una
actitud
prejuiciada con los mineros,
inició
la
fiscalización
de
una manera
absolutamente
pegada a
la
ley, pero en el
peor
de
los sentidos. Y me
voy
a
justificar: Agarran el "check
list"
de
la
lista
de
los reglamentos y marcan a
todo.
Nadie
que
haga bien las cosas
puede
escapar a los ojos
inquisidores del supervisor, siempre una pequeña
observación saltará a
su
mirada,
la
que
sea.
A una
empresa minera OSINERGMIN
la
multó
porque
el
tubo
por
el
que
transportaba
algunos
de
los
hidrocarburos, de acuerdo con el
reglamento
de
los hidrocarburos, debía ser azul;
pero
de
acuerdo
con el
reglamento
minero,
debía ser verde.
Entonces, el
minero
lo tenía
pintado
de
verde,
pero
como
el
otro
reglamento
decía "azul"
la
Administración
lo
multó.
Así de absurda
termina
siendo
la
fiscalización.
En
otro
caso, más grave
aún, estuve de visita en una
operación
minera,
y mi
mente
traía a relación el
plano
que
conocía
de
memoria
y
trataba
de ubicar
todo
lo
que
veía.
De
repente, veo un
tajo
que
no
recordaba
en el plano.
El
ingeniero
que
me acompañaba
me
dijo
que
hace años
que
estaba ahí,
que
nosotros somos metálicos, pero ese
es
un
no-
metálico
y nosotros sacamos minerales
de
ahí y lo
vendemos. Entonces, yo aterrorizada le
pregunto:
¿cuántas fiscalizaciones han
advertido
esto?.
La
respuesta fue:
ninguna.
Ha
pasado el
Ministerio
y
OSINERGMIN, pero
como
no
es
eso lo
que
miran
-sino cosas
como
si
la
escalera
mide
3 cm. o 60-
ese "huecazo"
se
les había pasado a todos.
Creo
que
todo
lo
mencionado
ocurre
porque
el
sentido
de
fiscalización
es
mirar
con anteojeras,
eso
es
lo
que
está mal. Y no
importa
cómo
se
llame.
Lo
que
queremos
con
la
fiscalización
es
que
mejoren
las cosas. No
queremos
llenarnos de
multas.
Eso
me
parece absurdo.
La
fiscalización
es
para
contribuir
a
mejorar
una operación. Y
como
decía Luis Carlos, nuestros estándares son
elevados. Tenemos
muy
buenos reglamentos
vigentes
y además otros
propios
de
la
empresa.
Pero igual, seguro
se
van a
multar
por
temas
como
los dichos. Entonces, insisto a
que
la
OEFA
tenga
una perspectiva real
de
hacia a
dónde
apunta
la
fiscalización.
Cecilia Gonzáles Guerra
Ya
no
es
mucho
lo
que
pueda decir.
Lo
que
sí
interesa
es
la
calidad
de
la
fiscalización. A nivel
de
marco
normativo,
ya
tenemos
suficientes normas.
La
mediana
y pequeña minería están bastante
fiscalizadas.
Lo
que
hay
que
resaltar
es
que
es
un
tema
de
entrenamiento
y un
tema
de
aprendizaje
también
de
las empresas fiscalizadoras. Creo
que
el
éxito
de
la
industria
está en una
debida
fiscalización. No interesa el marco legal.
El
solo
hecho de saber
qué
tienen
una
entidad
que
las
va
fiscalizar de manera
periódica
y
que
va
a hacerlo
debidamente,
ayuda a
mejorar
sus
niveles de
cumplimiento.
Luis Romero Elmore
A manera
de
resumir lo hablado: falta
organización, falta educación. ¿Cómo
va
haber
fiscalización
si
no
hay
gente
preparada?
Les
tengo
una mala
noticia
en
torno
a
la
fiscalización:
El
sector
minero
en el Perú, según las estimaciones
de
los
últimos
cinco años,
va
crecer
entre
400 a
500%,
si
es
que
ingresan
todos
los capitales
que
tienen
que
ingresar. Esto no
implica
que
vaya a
crecer 500 veces
Antamina
o alguna otra similar.
Esto significa
que
se
van a
incrementar
empresas
medianas o grandes, buscando
contratar
administradores
y
todo
tipo
de
profesionales; y
el Perú
no
produce
los suficientes. Por
tanto,
los
van a sacar
de
aquellos lugares en
donde
estén
haciendo
el
mismo
trabajo
en
otro
sector. Así
las cosas,
se
va a
juntar
más
la
presión para el
Estado;
porque
si
el Estado no paga bien a
sus
profesionales, entonces, apenas haya
uno
bueno
que
destaque, le van a llover las ofertas
de
trabajo
173
174
1 Minería, Hidrocarburos y
Medio
Ambiente
1
y
las
empresas tratarán
de
llevárselo.
Esa
es
la
mala
noticia
para
la
institución,
y el país.
Hay países en
donde
se
privatiza hasta a
la
policía,
¿la
fiscalización
debe
ser privatizada? Bueno,
depende
de
qué
sectores. Pero a
mí
me parece
una
total
incoherencia fiscalizar desde un
privado
y
que
mañana pueda pasarse de
bando
sin
ningún
problema
porque
no creo
que
haya una ley
que
lo
prohíba.
¿Y
ese
debe
ser el fiscalizador? Hay
que
evaluar eso. Un fiscalizador estatal serio,
ducho
en
la
materia y bien
pagado
va
ser
mucho
más
efectivo
y
va
poder
desarrollar
mejor
su
trabajo.
Entonces el
tema
va
de
nuevo:
no
existe
institución
privada, estatal, ONG, o lo
que
sea,
que
funcione
sin personal y el personal
deber
ser capacitado.
Por ahí
va
el asunto.
Luis Carlos Rodrigo Prado
Bueno, yo creo que tenemos
también
algunas
buenas noticias. Creo que
la
OEFA
tiene una
oportunidad
muy
buena de enviar los mensajes
correctos. Creo
que
el Análisis Económico del
Derecho aporta una lección
muy
útil para demostrar
que
no
importa
tanto
las
normas en
sí
mismas sino
si
efectivamente
se
obtienen los resultados que
esas
normas buscan. Y eso hay que medirlo.
Yo
sí
creo que, lamentablemente, en el Perú
es
clarísimo
que
la
fiscalización no
ha
funcionado. Y no
ha
funcionado
porque
se
elige a
las
empresas formales
más grandes que cumplen con
la
mayoría de
las
normas y no con todas, en vez de concentrarse en
aquellas empresas en
donde
realmente hay mucha
mayor problemática ambiental.
Yo
no
digo
que
no
se
fiscalice a
las
empresas grandes, pero hay que
enviar los mensajes correctos.
Sí
creo
que
si
se
empieza a
mostrar
que
la
fiscalización
va
llegar a un
mayor
número
de
administrados
de una manera razonable,
la
OEFA
va
tener
la
oportunidad
de
mandar
los mensajes
correctos. Y creo
que
al final del día
todos
queremos
un
órgano
fiscalizador con
autoridad,
competente,
que
cumpla
su
función
porque
eso
es
lo
que
va
permitir
que
las empresas
que
hacen
las
cosas bien
puedan
trabajar
tranquilas
y llegar
a esos niveles
de
inversión
que
esperamos
todos
que
se
cumplan
para
beneficio
del país.
Gabriela Jáuregui
Morán
Creo que
tenemos
acá
algunos
retos
que
se
pueden
resumir en tres cosas: Tenemos
que
legitimar
a
la
autoridad
sectorial;
tenemos
que
hacer
que
la
OEFA
asuma todas las
funciones
que
se
le han
atribuido
y darle
esa
legitimidad.
De
igual
manera, podríamos pensar
que
la
capacitación,
la
calidad de profesionales
que
pueden
implementar
esta
legitimación
es
totalmente
importante.
Y,
tendremos
que
hacer
que
todo
el tema
ambiental
se
desarrolle y
se
eleven los estándares; para
que
de
alguna manera, a través
de
estos mecanismos,
se
respeten los derechos sociales. Resumiendo
estos tres puntos, el
futuro
es
bastante
promisorio.
Manuel
Pulgar-Vidal
Otálora
Ya
no
hay
mucho
más
que
agregar. Quizá solo
contar
una anécdota para
que
vean lo difícil
que
es
el
propio
Estado: Cuando OSINERGMIN
le
transfirió
a
la
OEFA
transfirió
expedientes-
sin
foliar-,
un
escritorio
sin silla, un
CPU
sin
monitor
y
dos fiscalizadores, ¡imagínense el Estado contra el
propio
Estado!,
terrible.
Quiero rescatar una cosa
que
dijo
Luis Carlos:
"Razonablemente': Creo
que
esa
es
una palabra
clave
que
usan los auditores. Y eso
es
bien
interesante
porque
puede
sonar a una verdad
de
perogrullo
pero
lo
que
están
diciendo
es
que
"puede
haber
miles
de
cositas pequeñas pero eso
no
es
lo
que
he
venido
a investigar". Pero,
llegado
a este
punto,
precisemos una primera cosa: ¿por
qué
el
funcionario
público
peruano
tiene
una
cultura
de
"tengo
que
encontrar
algo
malo"?
Eso
responde al hecho
que
probablemente
en el
Estado existe esta cultura.
Si
no
encuentro
algo
malo
no
he
hecho
bien
mi
trabajo. Entonces, los
funcionarios
públicos
salen a buscar
algo
malo. Y
para salvar
su
responsabilidad
encuentran
el
tubo
verde
cuando
debía de ser azul.
Entonces, hay
que
tratar
de
trabajar
en
la
OEFA
para
recoger el
concepto
"razonablemente".
Para
tratar
que
una fiscalización pueda
tener
"hallazgos" y
"observaciones".
Los
hallazgos son aquellas cosas
que
uno
puede
subsanar,
que
son cosas menores
que
no
te
alteran
significativamente
el tema
de
la
auditoría.
La
Administración
te
pedirá
que
trates
de
corregirlas y no
te
sancionará. Pero una
observación, en cambio,
sí
necesita un descargo,
requiere una serie
de
elementos.
Creo
que
hay
que
hacer
que
la
fiscalización
sea
lo mismo. Hay
que
tratar
de
traer
esto a el
OEFA.
El
sector
minero
está
aportando
y el sector
de
la
sociedad civil
también.
Una nueva visión a
la
de el
OEFA,
una
nueva mirada. Una
tranquilidad
al
funcionario
público.
Lo
que
necesitamos
es
aportarle
una
nueva mirada a
esa
actividad
de fiscalización, a
fin
de
que
sientan
la
tranquilidad
de
poder
hacer las
cosas y
responder
al
concepto
de razonabilidad.
Xennia Forno Castro Pozo
Quisiera
volver
brevemente
al
tema
de
la
minería ilegal.
Es
un
tema
pendiente
que
no
solamente
debe
ser
visto
como
una realidad
de
la
OEFA.
Considero
que
es
una tarea de muchos
organismos del Estado.
Es
el
propio
Ministerio
de
Energía y Minas el
que
debería
tomar
el liderazgo,
1
Xennia
Fomo
1
Alicia
Abanto
1
Gabriela
Jáuregui
1
Cecilia
Gonzáles/
Manuel
Pulgar-Vidal/
Luis
Rodrigo
1
Luis
Romero
1
en
la
medida
que
ha
quedado
evidenciado
que
las Direcciones Regionales no
cuentan
ni con el
personal ni con los
medios
suficientes para hacer
frente
a un
problema
tan
complicado.
Las
cifras son alarmantes; el año 2009
se
estimó
en 60,000 el
número
de familias
que
directamente
o
indirectamente
se
encontraban
involucradas en
la
minería artesanal e
informal;
en unos 100,000
la
cantidad
de
trabajadores
mineros
ejerciendo
directamente
la
actividad
y en 500,000 el
total
de
las
personas
directamente
o
indirectamente
dependientes
de
esta
actividad.
Asimismo, en
términos
de
producción
representarían más del
10% del
total
nacional
y,
solo en Madre
de
Dios,
se
vendría
extrayendo
oro
por
un
valor
aproximado
de 1,200
millones
de dólares al año.
Ello demuestra
que
en muchas zonas
es
este
tipo
de minería
la
que
genera
toda
una
dinámica
social y
económica
ajena
al
Estado,
por
lo cual,
debería ser un tema
prioritario
en
la
agenda. Hay
que
tomar
el
problema
de manera
multisectorial
y
encontrar
una solución,
dado
que
existen
extensas áreas
que
están siendo impactadas
de
manera
permanente
e irreversible.
Cecilia Gonzáles Guerra
El
tema
de
la
minería
informal
es
un tema
álgido
que
de
alguna manera lo van a
tener
que
enfrentar. Pero
otro
tema
que
tiene
que
ver con
la
fiscalización, para
que
sea
razonable,
va
ser
por
el
lado
de
quién
evalúe el
otorgamiento
de
los permisos. Con un mayor
número
de proyectos
en cola necesitamos los plazos, necesitamos
que
la
fiscalización
sea
rápida, pero
también
necesitamos
que
la
evaluación y el
otorgamiento
del permiso no
sea
un proceso eterno.
En
la
práctica lo que
puede
ocurrir, y
que
no
deber
ser
así,
es
que
los operadores
se
pueden
ver en
la
disyuntiva
de empezar o no.
Los
abogados le van
a
decir
que
no, pues no
tienen
el permiso,
pero
va
a llegar un
momento
en el
que
la
decisión no
va
ser legal, sino una decisión comercial. Entonces,
creo
que
las dos cosas van a
tener
que
ir
de
la
mano.
El
sistema
de
otorgamiento
de permisos
junto
con los plazos para
la
evaluación
lll'!l
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