Ley Nº 30490. Ley de la Persona Adulta Mayor

La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación.

Entiéndese por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce rectoría sobre la promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor y en el marco de sus competencias y de la normatividad vigente, se encarga de normar, promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar, fiscalizar, sancionar, registrar información, monitorear y realizar las evaluaciones de las políticas, planes, programas y servicios a favor de ella, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas, privadas y la sociedad civil, que brindan las facilidades del caso.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de su rectoría, puede suscribir convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas a fin de lograr beneficios en favor de los derechos de la persona adulta mayor.

La presente ley se aplica teniendo en cuenta los siguientes enfoques: de derechos humanos, género, intergeneracional e intercultural, que son desarrollados y establecidos en el reglamento de la presente ley, de acuerdo a la normatividad vigente.

5.1 La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a:

1. Una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable.

2. La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa.

3. La igualdad de oportunidades.

4. Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, de acuerdo a sus necesidades.

5. Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad.

6. Una vida sin ningún tipo de violencia.

7. Acceder a programas de educación y capacitación.

8. Participar activamente en las esferas social, laboral, económica, cultural y política del país.

9. Atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos públicos y privados.

10. Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice.

11. Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual.

12. Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su vida.

13. Atención integral en salud y participar del proceso de atención de su salud por parte del personal de salud, a través de una escucha activa, proactiva y empática, que le permita expresar sus necesidades e inquietudes.

14. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada de su libertad.

ñ) Acceso a la justicia.

5.2 El Estado dispone las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor en situaciones de riesgo, incluidas las situaciones de emergencia humanitaria y desastres, para lo cual adopta las acciones necesarias para la atención específica de sus necesidades, de manera prioritaria, en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación de situaciones de emergencia o desastres naturales.

El Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y la persona adulta mayor son los ejes fundamentales para el desarrollo de las acciones de promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor, especialmente de las acciones de prevención del maltrato y promoción del buen trato.

7.1 El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de la persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio, en el referido orden de prelación, tienen el deber de:

1. Velar por su integridad física, mental y emocional.

2. Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, recreación y seguridad.

3. Visitarlo periódicamente.

4. Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades.

7.2 Las personas integrantes de la familia deben procurar que la persona adulta mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad.

El Estado establece, promueve y ejecuta las medidas administrativas, legislativas, jurisdiccionales y de cualquier otra índole, necesarias para promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, con especial atención de aquella que se encuentra en situación de riesgo.

Los servicios prestados por entidades públicas o privadas que se brindan a favor de la persona adulta mayor, están orientados a promover su autonomía e independencia con el fin de mejorar su calidad de vida y preservar su salud.

Los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) son espacios creados por los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para la participación e integración social, económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas o privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la promoción y protección de sus derechos.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la creación de centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) por los gobiernos locales.

11.1 Las funciones que cumplen los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) son:

1. Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado.

2. Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.

3. Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con especial énfasis en la labor de alfabetización.

4. Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores.

5. Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos.

6. Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y de cualquier otra índole.

7. Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana informada.

8. Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de decisión.

9. Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores.

10. Implementar salvaguardias destinadas a asegurar que la actuación de los apoyos para las personas adultas mayores para el cobro de pensiones o devolución de aportes económicos del FONAVI respete su voluntad y preferencias; así como supervisar que el dinero procedente del cobro de las pensiones o devolución de dinero del FONAVI, sea utilizado en su beneficio, conforme a lo establecido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

11. Otras que señale el reglamento de la presente ley.»

    11.2 Los gobiernos locales informan anualmente, bajo responsabilidad, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el funcionamiento de los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM). Esta información se remite cada 30 de enero, con respecto al año inmediato anterior.

Para la promoción e implementación de políticas, funciones y servicios relativos a la persona adulta mayor, los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, pueden suscribir convenios, alianzas estratégicas, entre otros documentos, con organizaciones e instituciones de naturaleza pública y privada.

Los centros de atención para personas adultas mayores son espacios públicos o privados acreditados por el Estado donde se prestan servicios de atención integral e integrada o básica especializada dirigidos a las personas adultas mayores, de acuerdo a sus necesidades de cuidado.

Los centros de atención para personas adultas mayores pueden ser:

1. Centro de atención residencial. Ofrece servicios de atención integral a la persona adulta mayor autovalente o dependiente. Puede ser gerontológico, geriátrico o mixto.

2. Centro de atención de día. Ofrece servicios dirigidos a la persona adulta mayor en situación de autovalencia, fragilidad o dependencia (leve y moderada) en el transcurso del día, manteniendo un horario establecido por el centro.

3. Centro de atención de noche. Ofrece servicios básicos de alojamiento nocturno, alimentación y vestido, dirigidos a la persona adulta mayor autovalente.

4. Centro de atención temporal. Ofrece servicios básicos de alojamiento, alimentación y vestido, dirigidos a la persona adulta mayor, autovalente o dependiente, durante situaciones de emergencia, articulando las atenciones médicas que sean necesarias.

5. Otros que establezca el reglamento.

14.1 Los centros de atención para personas adultas mayores públicos o privados que cuenten con licencia de funcionamiento solicitan su acreditación en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, antes del inicio de sus actividades.

14.2 Ningún centro de atención para personas adultas mayores funciona sin la acreditación respectiva y ninguna dependencia del Estado deriva a personas adultas mayores a los centros de atención no acreditados, bajo responsabilidad.

14.3 Para la acreditación respectiva, los centros de atención para personas adultas mayores privados, garantizan la reserva de espacios para personas adultas mayores en situación de riesgo por abandono que tengan una medida de protección temporal de urgencia emitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La cantidad de espacios y los requisitos se establecen en el Reglamento.

14.4 Los centros de atención temporal para personas adultas mayores no requieren ser acreditados, pero se encuentran sujetos a los lineamientos, supervisión y fiscalización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables supervisa y fiscaliza los centros de atención para personas adultas mayores públicos o privados, en forma directa o en coordinación con instituciones públicas o privadas.

La regulación de las características mínimas de los centros de atención para personas adultas mayores, la tercerización de determinados servicios, los requisitos para su funcionamiento, así como el procedimiento para la acreditación, la supervisión y fiscalización, son regulados en el reglamento de la presente Ley y en los protocolos respectivos.

Los gobiernos regionales, en el marco de sus competencias, tienen a su cargo los siguientes registros:

1. El registro de organizaciones de personas adultas mayores de su jurisdicción.

2. El registro de instituciones que desarrollan programas, proyectos y otras actividades, a favor de las personas adultas mayores en su jurisdicción.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a su cargo el registro nacional que consolida la información remitida por los gobiernos regionales.

Los gobiernos regionales informan, bajo responsabilidad, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre los registros a que hace referencia el artículo 17 de la presente ley. Dicha información debe remitirse semestralmente cada quince de julio y quince de enero, respectivamente.

La persona adulta mayor tiene derecho a la atención integral en salud, siendo población prioritaria respecto de dicha atención. Corresponde al sector salud promover servicios diferenciados para la persona adulta mayor en los establecimientos de salud para su atención integral, considerando sus necesidades específicas.

El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales realizan, en forma coordinada, intervenciones dirigidas a prevenir, promover, atender y rehabilitar la salud de la persona adulta mayor.

El Ministerio de Salud y Essalud son los encargados de promover servicios diferenciados para la población adulta mayor que padezca enfermedades que afectan su salud.

El Estado promueve una cultura previsional con la finalidad de que la persona adulta mayor acceda en forma progresiva a la seguridad social y pensiones, en el marco de lo establecido en los diversos regímenes previsionales.

Asimismo, promueve oportunidades de empleo y autoempleo productivo y formal, que coadyuven a mejorar los ingresos y consecuentemente mejorar la calidad de vida de la persona adulta mayor.

El Estado promueve el acceso, permanencia y la calidad de la educación de la persona adulta mayor, así como su participación en los programas existentes para compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, incorpora contenidos sobre envejecimiento y vejez en los planes de estudio de la Educación Básica, según corresponda, en especial sobre los temas de estilos de vida saludable y cultura previsional.

Las universidades e institutos de Educación Superior impulsan la educación e investigación de la temática de personas adultas mayores.

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, diseña, promueve y ejecuta políticas, planes, programas, proyectos, servicios e intervenciones dirigidos a la participación de la persona adulta mayor en actividades turísticas, artísticas, culturales, recreativas, de esparcimiento y deportivas.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la participación y organización de las personas adultas mayores a nivel nacional.

El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales conforman espacios para abordar la temática de las personas adultas mayores, pudiendo constituir para tal fin comisiones multisectoriales, consejos regionales y mesas de trabajo, respectivamente, integradas por representantes del Estado.

Las organizaciones de personas adultas mayores pueden participar en los espacios que fomenten la toma de decisiones, en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo regional o local concertado, en el presupuesto participativo, en el concejo de coordinación regional y local, entre otros, cuando se traten asuntos relacionados con sus derechos, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Para la participación de las organizaciones de personas adultas mayores en los espacios de toma de decisión se requiere que estas estén acreditadas a nivel local, regional o nacional, según corresponda.

El Estado, a través de los tres niveles de gobierno, garantiza el derecho a entornos físicos inclusivos, seguros, accesibles, funcionales y adaptables a las necesidades de la persona adulta mayor, que le procure una vida saludable.

Las entidades públicas y privadas facilitan el acceso y desplazamiento de la persona adulta mayor autovalente, dependiente y frágil, adecuando sus instalaciones, considerando la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan su libre tránsito o desplazamiento, con autonomía, independencia, disfrute y control del espacio, de conformidad con las disposiciones vigentes.

El Estado, a través de los organismos competentes, emite las normas que permitan el acceso de la persona adulta mayor, en igualdad de condiciones que las demás personas, a los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible.

Las entidades públicas y privadas fortalecen las capacidades de sus recursos humanos en materia de accesibilidad universal para la persona adulta mayor.

25.1 El Estado, en sus tres niveles de gobierno, a través de sus órganos competentes, brinda protección social a la persona adulta mayor que se encuentre en las siguientes situaciones de riesgo:

1. Pobreza o pobreza extrema.

2. Dependencia.

3. Fragilidad.

4. Víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono, la cual es atendida en función a lo regulado en la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

5. Víctimas de violencia social o institucional, sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono sea en calle, centros de salud, establecimientos penitenciarios u otra circunstancia.

25.2 El Reglamento desarrolla los supuestos a través de los cuales se configuran las situaciones de riesgo.

26.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de sus competencias, dicta medidas de protección temporal a favor de la persona adulta mayor que se encuentre en las situaciones de riesgo señaladas en el numeral 25.1 del artículo 25; así como medidas de protección temporal de urgencia en los supuestos de abandono establecidos en los literales d) y e) del numeral 25.1 del artículo 25 cuando se produzcan en situaciones de emergencia sanitaria. Cuando en los demás supuestos se incremente el riesgo, también pueden dictarse medidas de protección temporal de urgencia.

26.2 Las medidas de protección temporal y las medidas de protección temporal de urgencia son de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas o privadas o particulares obligados al cumplimiento de las medidas dispuestas. El servicio de dictado de medidas de protección temporal para personas adultas mayores en situación de riesgo a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es un servicio esencial durante situaciones de emergencia.

26.3 Para el cumplimiento de lo señalado en los numerales precedentes, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables puede solicitar, en el marco de las funciones y obligaciones establecidas en la presente Ley y sus normas respectivas, el apoyo o la actuación de las siguientes entidades, de acuerdo a sus competencias:

1. Policía Nacional del Perú.

2. Ministerio Público.

3. Poder Judicial.

4. Ministerio de Salud.

5. Seguro Social de Salud-ESSALUD.

6. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

7. Otras entidades pertinentes.

26.4 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los casos que correspondan solicita al órgano competente del Poder Judicial la emisión de una medida de protección definitiva, para lo cual remite el expediente administrativo con todos los actuados. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables articula con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el otorgamiento de la asistencia legal según corresponda.

26.5 Todas las entidades públicas y privadas y su personal, tienen el deber de colaborar y brindar atención preferente a las personas adultas mayores y a la autoridad administrativa encargada de la evaluación y dictado de medidas de protección temporal y las medidas de protección temporal de urgencia a su favor.

26.6 La autoridad administrativa encargada de la evaluación y dictado de medidas de protección temporal y medidas de protección temporal de urgencia, a favor de las personas adultas mayores en situación de riesgo, para el ejercicio de sus funciones, está facultada ante toda autoridad administrativa, jurisdiccional, Ministerio Público o Policía Nacional del Perú, a solicitar la información necesaria, incluidos datos personales sensibles, con motivo de los procedimientos a su cargo relativos a personas adultas mayores. Este acceso y tratamiento de datos no requiere consentimiento del titular, ante lo cual la autoridad requirente asume la responsabilidad de su tratamiento, seguridad, confidencialidad y finalidad para la cual fue solicitada, conforme a la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

26-A.1. Toda persona que tenga conocimiento de personas adultas mayores en situación de abandono comunica este hecho a la Policía Nacional del Perú.

26-A.2 La Policía Nacional del Perú, en los casos del numeral precedente, o en el desempeño de sus funciones, en las acciones de patrullaje, vigilancia u operativos dispuestos, encuentra a una persona adulta mayor en situación de abandono, la identifica y realizar la búsqueda inmediata de sus redes familiares de acuerdo a la información brindada por la misma persona o los resultados que arroje la búsqueda en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En caso la Policía Nacional del Perú identifique a los familiares de la persona adulta mayor, les exhorta a cumplir con su deber de asistencia familiar e informarles sobre las posibles responsabilidades penales ante el incumplimiento. En el caso que no se logre identificar a la persona adulta mayor o no existan redes familiares, la Policía Nacional del Perú comunica tal situación al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que realice las evaluaciones correspondientes para el dictado de la medida de protección.

26-A.3. Cuando la persona adulta mayor en situación de abandono requiera exámenes médicos para ingresar a un Centro de Atención Residencial, especialmente en situaciones de emergencia, se realizan las pericias correspondientes en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, tales como el certificado de lesiones, psicosomático, y de biología forense. En caso el Centro de Atención Residencial considere que se requieren exámenes adicionales por algún criterio objetivo relacionado con el estado de salud de la persona adulta mayor, el Ministerio de Salud, ESSALUD, Sanidad de la Fuerzas Armadas y Policiales, están obligados a realizar los exámenes médicos, incluyendo los exámenes de salud mental, según corresponda, pudiendo ser atendida mediante el servicio de emergencia.

26-A.4. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o el Poder Judicial, según corresponda, realiza todas las acciones necesarias para que, antes de dictar la medida de protección temporal de ingreso a un Centro de Atención Residencial, la persona adulta mayor sea acogida por su familia o redes de apoyo social. La medida de ingreso en un Centro de Atención Residencial es excepcional, y se dicta solo cuando la persona adulta mayor no tiene referentes familiares o se ponga en peligro su integridad.

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, fomenta el buen trato a favor de la persona adulta mayor a través de acciones dirigidas a promover y proteger sus derechos fundamentales, priorizando el respeto por su dignidad, independencia, autonomía, cuidado y no discriminación.

También se entiende por buen trato hacia la persona adulta mayor la ausencia de violencia física, psicológica, sexual, económica, abandono, negligencia, estructural e institucional.

Se considera violencia contra la persona adulta mayor cualquier conducta única o repetida, sea por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza o que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza.

Los tipos de violencia contra la persona adulta mayor son:

1. Violencia física.

2. Violencia sexual.

3. Violencia psicológica.

4. Violencia patrimonial o económica.

5. Violencia a través de todo tipo de abandono, ya sea en la calle, en el hogar, en centros de salud, en establecimientos penitenciarios o en cualquier otra situación o circunstancia que precise el reglamento.

Los tipos de violencia a que se hace referencia se regulan en el reglamento de la presente ley.

Las instituciones públicas y privadas brindan atención prioritaria y de calidad en los servicios y en las solicitudes presentadas por la persona adulta mayor, para lo cual deben emitir las normas internas o protocolos de atención correspondientes.

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve una imagen positiva del envejecimiento, reconociendo públicamente a la persona adulta mayor, así como a las instituciones públicas y privadas destacadas por sus actividades desarrolladas a favor de este grupo poblacional.

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve intervenciones intergeneracionales que permitan a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores compartir conocimientos, habilidades y experiencias de manera que se genere una conciencia de respeto y apoyo mutuo.

33.1 Las fechas conmemorativas a nivel nacional en relación con la persona adulta mayor son las siguientes:

1. 15 de junio: Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Adultas Mayores.

2. 26 de agosto: Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

3. 1 de octubre: Día Internacional de las Personas de Edad.

33.2 Las entidades públicas y privadas incorporan en su calendario institucional las fechas conmemorativas, con la finalidad de promover la imagen positiva, revalorar y reconocer los derechos de la persona adulta mayor.

La Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para el ejercicio y cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en la presente ley, cuenta con potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en calidad de primera instancia administrativa.

La Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se constituye en la segunda y última instancia administrativa.

Constituyen infracciones administrativas pasibles de sanción, las conductas que infrinjan los preceptos de la presente ley, de su reglamento y de las demás normas conexas.

Las infracciones administrativas, así como su graduación, se establecen en el reglamento de la presente ley. Se clasifican en infracciones leves, graves y muy graves.

Al calificar la infracción, la autoridad competente tiene en cuenta la gravedad de la misma, con criterio de proporcionalidad.

Sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que hubiera lugar, los infractores son pasibles de las siguientes sanciones administrativas, según corresponda:

1. Amonestación escrita.

2. Multa que va desde una unidad impositiva tributaria (UIT) hasta diez unidades impositivas tributarias (UIT) vigentes al momento de expedición de la sanción.

3. Suspensión desde tres hasta ciento ochenta días calendario de funcionamiento del centro de atención.

4. Cancelación de la acreditación otorgada a los centros de atención.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa anualmente ante el Pleno del Congreso de la República sobre el cumplimiento de la presente ley, para lo cual los sectores correspondientes del Gobierno Nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales remiten la información necesaria, oportunamente.