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Filtros de Reactiva se endurecen

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Por FRANCO BALZA TASSARA C.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el último domingo la Resolución Ministerial 181-2020, que modifica el reglamento operativo del programa Reactiva Perú.De esta manera, el MEF estableció cambios en la elegibilidad de las empresas que puedan aplicar a esa iniciativa.La norma mantiene el criterio de que no se podrán entregar créditos a las empresas que se encuentren comprendidas en el ámbito de la Ley 30737, la cual asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos.Adicionalmente, se establece que no accederán a créditos de Reactiva Perú las personas jurídicas comprendidas bajo el ámbito de la disposición complementaria final de la Ley 30737, que está referida a incentivos a la colaboración eficaz.Están impedidas también todas aquellas personas o entes jurídicos que estén sometidos a procesos por delitos de corrupción y conexos o cuyos representantes, debidamente acreditados ante la entidad del sistema financiero (ESF), estén siendo investigados por dichos delitos.Respecto a esta última modificación, Pierino Stucchi, socio senior del estudio Muñiz, señala que es inconstitucional, ya que excluye a las personas naturales o jurídicas por el solo hecho de encontrarse investigadas. De acuerdo con la legislación peruana, explica el abogado, se debe presumir la inocencia de la persona mientras no haya una sentencia que demuestre lo contrario.?Rol de Cofide?La norma indica que la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) está facultada, directa o indirectamente, para solicitar información y realizar visitas de revisión de archivos a fin de velar por la correcta aplicación de Reactiva Perú y la cartera de créditos.Asimismo, se autoriza a Cofide a implementar un sistema de atención de denuncias relacionadas con cualquier incumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del programa.Se establece, además, que Cofide coordine e implemente un mecanismo de colaboración que permita solicitar al Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría Pública u otro órgano competente el acceso a las bases de datos de personas, naturales o jurídicas, que estén siendo sometidas a procesos penales por actos de corrupción y delitos conexos.Alfredo Thorne, exministro de Economía...

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