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Expropiaciones: agilizar o reformular

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Por Gonzalo TORRICOAunque ayer estuvo en la agenda del pleno, finalmente no se debatió la derogación del Decreto Legislativo (D.Leg.) 1333, que crea el Proyecto Especial de Acceso a los Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP). Sin embargo, dada la coincidencia entre Fuerza Popular y el Frente Amplio para derogar la norma, la suerte parece estar echada para esta agencia, que buscaba agilizar proyectos que hoy se encuentran trabados por no encontrar un acceso oportuno a terrenos que son necesarios para su ejecución. Para ello, se ejercerían las competencias establecidas en la Ley de Adquisiciones y Expropiaciones.El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó en la exposición de motivos del D.Leg. 1333 que los proyectos priorizados que enfrentan retrasos por problemas de predios representan una inversión total de US$6.250 millones. ?Eso es un tercio de lo que el Poder Ejecutivo se había propuesto como prioridad [en su plan de estímulo económico por US$18 mil millones] y es un monto nada desdeñable?, sostiene Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Además, el MEF ha manifestado que expropiar un predio fuera de Lima implica un procedimiento de 83 pasos que tarda un aproximado de 739 días.?Consulta previa?La propuesta de derogación proviene de la Comisión de Constitución del Congreso. Fue impulsada inicialmente por la bancada del Frente Amplio, a la que se sumó el fujimorismo.El grupo de trabajo parlamentario decidió por mayoría que el D.Leg. excedía las facultades delegadas al Ejecutivo, pues podría afectar los derechos constitucionales a la propiedad y la posesión de los pueblos indígenas u originarios al no contemplar el mecanismo de la consulta previa.Sin embargo, Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), sostiene que esta norma no ha modificado estos derechos. En su opinión, podría modificarse para excluir de sus alcances a estas comunidades y que ?quede claramente establecido que no están en peligro?. ?Esa sería la forma de quitar este ingrediente político y sacar adelante el D.Leg., que en los demás aspectos es imprescindible?, añadió. ?No se genera un régimen distinto [de expropiaciones], solo crea un ejecutor especializado [el APIP]?, sostiene Raúl Ravina, socio del estudio CMS Grau.El experto añade que este marco legal se aplica en armonía con las demás normas vigentes, por lo que la figura de la consulta previa ya se entiende aplicable...

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