Los Dispute Boards en el ámbito de los contratos administrativos de infraestructura pública. Principales alcances, análisis comparado y enfoque de su regulación en el ordenamiento peruano
| Autor | Diego Fernando García Vizcarra |
| Cargo | Profesor de Contrataciones del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) |
| Páginas | 47-65 |
Los dispute boards en el ámbito de los contratos administrativos de infraestructura pública
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Revista
YACHAQ
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Los Dispute Boards en el ámbito de los contratos
administrativos de infraestructura pública:
principales alcances, análisis comparado y enfoque
de su regulación en el ordenamiento peruano
Dispute Boards in the eld of administrative public
infrastructure contracts: main scope, comparative analysis
and approach to its regulation in the Peruvian Legal System
Diego Fernando García Vizcarra[*]
Resumen: Los mecanismos que rigen al contrato público y que lo distinguen como tal
deben garantizar su carácter instrumental, permitiendo su continuidad en aras de ase-
gurar la consecución de su objeto y, con ello, la obtención del resultado esperado. Ello
no es ajeno a los mecanismos de solución de controversias que resulten aplicables, en
particular en los contratos de obras e infraestructura pública, por cuanto las controver-
sias pueden paralizar su ejecución y ocasionar, con ello, tanto costo económico como
en costo social. Así, recogiendo la experiencia de la práctica constructiva internacional,
diversos ordenamientos jurídicos en nuestra región, incluido el ordenamiento peruano,
han encontrado en los Dispute Boards o Juntas de Resolución de Disputas (JRD) un
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*
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Profesor de Contrataciones del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC). Máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha
(España). Especialista en Gestión de Contratos Públicos por el Instituto para la Gestión Pública de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA). Especialista en Arbitraje Nacional e Internacional por la Universidad del
Pacíco. Ha sido Asesor de la Presidencia Ejecutiva y de la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE); así como, asesor en arbitraje de la Gerencia de Promoción de la
Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Gerente de Adquisiciones de Bienes Estratégi-
cos del CEABE del Seguro Social de Salud, Director Ejecutivo de Logística del Instituto Nacional de Salud,
entre otros cargos. Fue Secretario Técnico de la Comisión Legislativa constituida para la implementación
de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N.° 1071 que norma el arbitraje. Árbitro y consultor.
Contacto: pcdedgar@upc.edu.pe
Revista de Derecho YACHAQ N.º 14
Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho (CIED)
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
ISSN: 2707-1197 (en línea)
ISSN: 1817-597X (impresa)
Fecha de recepción: 23/06/22
Fecha de aceptación: 06/09/22
[pp. 47-65]
Diego Fernando García Vizcarra
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I. INTRODUCCIÓN
Referirnos al «cierre de brechas» como
nalidad del rol estatal en el desarrollo social
y económico de un país supone reconocer la
necesidad intrínseca del Estado de contar con
las herramientas e instrumentos que permitan
alcanzar tal n. El enfoque de brechas estruc-
turales asociadas al desarrollo contempla la
posibilidad de medir e identicar, en función de
indicadores cualitativos y cuantitativos, los obs-
táculos y limitaciones en las estructuras eco-
nómicas, sociales y ambientales que pueden
frenar el desarrollo sostenible del país (Gaudin
y Pareyon, 2020). Así, se pueden identicar
brechas estructurales sectoriales, como son
las existentes en el ámbito de la salud, la edu-
cación o el transporte, las cuales pueden estar
asociadas a indicadores más especícos como
son, por ejemplo, las brechas de calidad en el
servicio, las brechas remunerativas, las brechas
de capacidades o las brechas de infraestructura.
Sobre este último punto, si bien el rol ge-
neral de todo Estado está relacionado a la ges-
tión de las necesidades de infraestructura en
el ámbito nacional, sea a través de la adminis-
tración directa de obras públicas o mediante la
promoción de la ejecución indirecta de obras
que permitan el cierre de brechas, los están-
dares de competitividad globales aplicados
para el desarrollo (Perrot y Sánchez, 2011),
como los establecidos por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), imponen cada vez una mayor
exigencia respecto a infraestructuras no solo
indispensables para el desarrollo de los sec-
tores esenciales del país, sino también sobre
aquellas previstas como necesarias para aco-
tar las brechas de desarrollo entre naciones
y, con ello, poder generar —en términos de la
globalización económica— verdaderas con-
diciones para la integración. En ese contexto,
los Estados no solo se enfrentan a brechas de
infraestructura internas sino también a brechas
generadas por los estándares internacionales
reconocidos para el desarrollo global, siendo
necesario que aquellos factores contingentes
que puedan comprometer la eciencia y eca-
cia en la ejecución y gestión integral de una
obra o infraestructura pública sean adecuada-
mente mitigados.
En el Perú, de acuerdo al Instituto Perua-
no de Economía (IPE), se estima una brecha
de infraestructura a largo plazo ascendente a
110 mil millones de dólares, equivalente al 54
esquema idóneo y especial para la solución de las controversias derivadas de la ejecu-
ción de obras públicas, cuyos principales elementos distintivos y su regulación tanto en
el derecho comparado como nacional, serán desarrollados en el presente artículo.
Palabras claves: Dispute Boards, Junta de Resolución de Disputas, obras e infraestruc-
tura pública, contratos estandarizados, contratación pública.
Abstract: The mechanisms that govern the public contract and that distinguish it as such
must guarantee its instrumental nature, allowing its continuity to ensure the achievement
of its object and, with it, the achievement of the expected result. This is not unrelated to
the dispute settlement mechanisms that are applicable, particularly in public infrastruc-
ture contracts since disputes can paralyze their execution and thus cause both econom-
ic and social costs. Thus, collecting the experience of international construction practice,
various legal systems in our region, including the Peruvian legal system, have found in
the Dispute Boards or «Juntas de Resolución de Disputas» (JRD) an ideal and special
scheme for the solution of disputes arising of the execution of public works, whose main
distinctive elements, and their regulation both at the comparative and national law, will
be developed in this article.
Keywords: Dispute Adjudication Board, Dispute Resolution Board, public infrastructure,
standardized contracts, public procurement.
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