Los delitos del estallido social y el rol de la Defensoría Penal Pública en Chile en 2019
| Autor | Javiera Farías, José Manuel Fernández, Tomás Pascual, Hugo Rojas |
| Cargo | Ayudante de investigación en el Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia/Director del Departamento de Derecho Penal y Profesor de Derecho Penal en la Universidad Alberto Hurtado (Chile), e investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia/Director de la División de Derechos Humanos del ... |
| Páginas | 79-114 |
* Esta investigación fue financiada por el Programa Iniciativa Científica Milenio de la Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), en el marco de las actividades del Instituto
Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (Instituto VioDemos, Proyecto ANID
ICS2019_025). Los autores agradecen los valiosos comentarios de Alejandra Luneke, Pilar
Larroulet, evaluadores pares y participantes en el Seminario Interno VioDemos 2022 (Reñaca,
15-16 de diciembre de 2022).
** Ayudante de investigación en el Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia.
Máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de
Barcelona (España); y doctoranda en Derecho y Ciencia Política por la misma casa de estudios.
Código ORCID: 0000-0001-6434-2892. Correo electrónico: jfariape29@alumnes.ub.edu
*** Director del Departamento de Derecho Penal y Profesor de Derecho Penal en la Universidad
Alberto Hurtado (Chile), e investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y
Democracia. Máster en Derecho por la Universidad de Toronto (Canadá) y doctor en Derecho por
la Universidad de Glasgow (Escocia).
Código ORCID: 0000-0001-7046-3420. Correo electrónico: jmfernandez@uahurtado.cl
**** Director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y profesor
adjunto de Litigación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Universidad
Alberto Hurtado. Abogado por la Universidad de Chile (Chile) y máster en Derecho por la London
School of Economics and Political Science (Inglaterra).
Código ORCID: 0000-0002-9384-694X. Correo electrónico: topascual@uahurtado.cl
***** Director del Departamento de Ciencias del Derecho y profesor de Sociología del Derecho y
Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado. Investigador del Instituto Milenio de
Investigación sobre Violencia y Democracia. Doctor en Sociología por la Universidad de Oxford
(Inglaterra); doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de
Salamanca (España); máster en Derecho, Antropología y Sociedad por la London School of
Political Science (Inglaterra); y máster en Gerencia y Políticas Públicas por la Universidad Adolfo
Ibáñez (Chile).
Código ORCID: 0000-0003-3852-454X. Correo electrónico: hurojas@uahurtado.cl
https://doi.org/10.18800/derechopucp.202301.003
Los delitos del estallido social y el rol de la
Defensoría Penal Pública en Chile en 2019*
Social Unrest Crimes and the Role of the Public Criminal
Defense in Chile in 2019
JAVIERA FARÍAS**
Instituto VioDemos (Chile) / Universidad de Barcelona (España)
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ***
Universidad Alberto Hurtado / Instituto VioDemos (Chile)
TOMÁS PASCUAL****
Universidad Alberto Hurtado (Chile)
HUGO ROJAS*****
Universidad Alberto Hurtado / Instituto VioDemos (Chile)
Resumen: La Constitución y el Código Procesal Penal, además de los tratados
internacionales ratificados por Chile, obligan al Estado a ofrecer asistencia
jurídica gratuita a quienes lo requieran, lo cual es especialmente relevante en
el ámbito penal. Con ocasión de la revuelta o el estallido social ocurrido
en Chile entre el último trimestre de 2019 y comienzos de 2020, la Defensoría
Penal Pública adoptó un conjunto de medidas para ofrecer defensa jurídica a
quienes eran detenidos o formalizados por los órganos de persecución penal.
En esta investigación se compara el comportamiento delictual en el país entre
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JAVIERA FARÍAS Y OTROS
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los años 2017 y 2021, y se identifican los delitos del estallido social. Se trata
de un conjunto de delitos cuyas frecuencias aumentaron considerablemente
en los meses convulsionados: a) robos en lugar no habitado, b) desórdenes
públicos, c) alteraciones al orden público, y d) atentados y amenazas contra
la autoridad. El volumen y las especificidades de los delitos del estallido
social pusieron a prueba a todo el sector justicia y, al hacerlo, posibilitaron
la generación de creencias sobre la legitimidad del sistema de justicia penal.
En contextos de disturbios sociales, el surgimiento de dichas creencias parece
especialmente importante porque puede incrementar la percepción de
injusticia, potenciando el malestar social que da origen a dichos disturbios. Por
ello, se explican las reacciones operativas desplegadas en la Defensoría para
asegurar servicios oportunos de defensa penal. También se destacan aquellas
buenas prácticas de la Defensoría que podrían robustecerse institucional
y normativamente para que el sector justicia esté mejor preparado para
enfrentar fenómenos criminológicos complejos o no habituales, como los
ocurridos durante el estallido social.
Palabras clave: Defensoría Penal Pública, defensa penal, estallido social,
delitos del estallido social, Chile
Abstract: The Constitution and the Code of Criminal Procedure, as well
as international treaties ratified by Chile, oblige the state to offer free legal
assistance to those who require it, which is especially relevant in the criminal
sphere. On the riots or social unrest that occurred in Chile in the last quarter
of 2019 and early 2020, the Public Criminal Defense Office adopted a set of
measures to offer legal defense to those who were detained or indicted by
the criminal prosecution bodies. This research compares crime behavior in the
country between 2017 and 2021 and identifies the social unrest crimes.
These are a group of crimes whose frequency increased considerably during
the turbulent months: 1) burglary, 2) public disorder, 3) disturbances to
public order, and 4) attacks and threats against authorities. The volume and
specificities of the social unrest crimes challenged the entire justice sector
and, in doing so, made it possible to generate beliefs about the legitimacy of
the criminal justice system. In contexts of social unrest, the generation of such
beliefs seems especially important, because they can increase perceptions of
injustice, enhancing the motivations that give rise to such unrest. Therefore,
the operational reactions deployed in the Public Criminal Defense Office to
ensure timely criminal defense services are explained. Good practices of the
Public Criminal Defense Office that could be strengthened institutionally and
normatively so that the justice sector is better prepared to face complex or
unusual criminological phenomena, such as those that occurred during the
social outburst, are also highlighted.
Keywords: Public Criminal Defense Office, criminal defense, riots, social
unrest crimes, Chile
CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN. II. METODOLOGÍA. III. ANTECEDENTES DE
CONTEXTO. IV. MARCO TEÓRICO. V. ANÁLISIS DE LOS DATOS. V.1. DATOS
GENERALES. V.2. DELITOS SELECCIONADOS. VI. DESAFÍOS E INNOVACIONES
EN LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. VI.1. CONTROLES DE DETENCIÓN.
JAVIERA FARÍAS Y OTROS
LOS DELITOS DEL
ESTALLIDO SOCIAL
Y EL ROL DE LA
DEFENSORÍA
PENAL PÚBLICA
EN CHILE EN 2019
SOCIAL UNREST
CRIMES AND THE
ROLE OF THE
PUBLIC CRIMINAL
DEFENSE IN CHILE
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VI.2. ATENCIÓN EN DESTACAMENTOS POLICIALES. VI.3. DERECHO A DEFENSA.
VI.4. MODELO DE DEFENSA PENAL PÚBLICA. VII. CONCLUSIONES.
I. INTRODUCCIÓN
En este documento se busca dar cuenta del rol que cumplió la Defensoría
Penal Pública (DPP) durante los meses del estallido social que se vivió
en Chile desde el 18 de octubre de 2019 hasta la declaración de estado
de excepción por la pandemia global causada por COVID-19 el 17 de
marzo de 20201. En esos cinco meses, aunque con mayor intensidad
durante los dos primeros, en las principales ciudades del país se llevaron
a cabo numerosas protestas y manifestaciones masivas en la vía pública,
se cometieron actos de delincuencia y crímenes de diversa índole, y
agentes del Estado incurrieron en violencia desmedida e, incluso, en
graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. Desde
que la democracia fuera recuperada y asumiera el primer gobierno del
periodo de transición a la democracia, el 11 de marzo de 1990, no se
registraban en Chile actos tan violentos y en simultáneo en las distintas
regiones como los que acontecieron diariamente durante esos meses
en la mayoría de las ciudades del país. En ese contexto de represión
estatal, desorden público e inseguridad ciudadana, numerosos órganos
públicos y entidades de la sociedad civil se vieron en la necesidad de
modificar sus agendas y metas institucionales, adaptando sus procesos
de trabajo a la emergencia e impulsando dispositivos que contribuyeran
al resguardo del Estado de derecho, la democracia y la vigencia de los
derechos humanos. Los organismos internacionales también estuvieron
atentos a cómo se desencadenaban los hechos en Chile durante esos
meses, emitiendo informes y formulando recomendaciones.
Una de las instituciones que se vio inmediatamente desafiada a
reaccionar en ese clima social y político convulsionado fue precisamente
la DPP. Con ocasión de la dictación del Código Procesal Penal (CPP,
Ley N.° 19.696, 2000) y la puesta en marcha de la reforma procesal
penal (RPP) en forma gradual en las distintas regiones a partir de
diciembre del año 2000 (Palacios, 2011; Blanco et al., 2005), en marzo
de 2001 se creó la DPP (Ley N.° 19.718). Se trata de un servicio público,
descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente,
que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. No es un
organismo autónomo, pues se encuentra sometido a la supervigilancia de
la Presidencia de la República a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, aunque goza de cierta independencia en la toma de
decisiones (art. 1). Por mandato legal la DPP debe «proporcionar
defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o
1 El Decreto Supremo N.° 104, del 18 de marzo de 2020 (Ministerio del Interior y Seguridad Pública),
declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio
nacional.
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