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Los decretos y la corrupción

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Vincent

Por Ex procurador anticorrupción¿Existe alguna fórmula para eliminar la corrupción? No. Tampoco hay tal cosa como zares o zarinas anticorrupción. Si no, miremos nuestra historia. La tarea de luchar contra la corrupción no debe cargársela solo a algunos, pues es de todos. Es, además, una carrera de largo aliento.Los complejos sistemas de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo tienen espacios de alto riesgo para la corrupción. Por ello es necesario controlar esas zonas de riesgo y establecer mecanismos de visibilidad y/o control.Desde el Gobierno ?siempre conforme a su conveniencia política? se suelen plantear parches, pero empezando por lo más fácil: ampliando plazos y penas. No es que eso siempre esté mal, pero son respuestas a coyunturas. No son la consecuencia de un debate amplio y sistemático. Y en estos temas hay que implicar a la sociedad. El paquete de 112 decretos legislativos (D. Leg.) recientemente aprobados por el Ejecutivo, no obstante, destaca por varios puntos. Uno de los más meritorios es su intención de enfrentar la gran corrupción empresarial (con la muerte civil), así como la gubernamental (con la inhabilitación perpetua para sentenciados por corrupción).El objetivo ha sido dotar al sistema de justicia y al administrativo de herramientas idóneas para prevenir, controlar, investigar y sancionar a todos los que intervienen (servidor y funcionario público, y empresa). La corrupción pequeña, mediana y grande. En el ámbito preventivo, llama la atención el mecanismo introducido por el D. Leg. 1325, que faculta al INPE a exigir pruebas de integridad laboral a los directores regionales, directores de centros penitenciarios y al secretario del Consejo Técnico Penitenciario. Algo que debería implementarse para todo el Estado.Otros aportes importantes son la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses por D. Leg. 1353, cuyo objeto es regular el procedimiento y la aplicación de sanciones a los funcionarios que restrinjan la transparencia y acceso a información.La Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el D. Leg. 1341, ha ampliado los supuestos de impedimento para contratar con el Estado. Por ejemplo, no podrán participar en los concursos públicos las personas naturales y jurídicas que tengan condenas por delitos de corrupción, o que hayan reconocido los hechos. Tampoco las empresas que hacen...

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