La concretización de la Tutela Efectiva en los Procedimientos de Eliminación de Barreras Burocráticas: a propósito de la conducta de determinadas entidades públicas por mantener Barreras de Acceso al Mercado
| Autor | José Alonzo Jiménez Alemán |
| Cargo | Abogado contratado por el Estudio Amprimo, Flury & Arrieta Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada |
| Páginas | 357-365 |
La concretización de la Tutela Efectiva en los Procedimientos de Eliminación de Barreras Burocráticas: a
propósito de la conducta de determinadas entidades públicas por mantener Barreras de Acceso al Mercado
José Alonzo Jiménez Alemán
357Círculo de Derecho Administrativo
I. Introducción
La dificultad en la tramitación de los procedimientos
eleva el costo de la formalidad, perjudica a los
agentes económicos e impide el funcionamiento
eficiente de la economía. Qué duda cabe que uno
de los costos de dicha formalidad es la obtención
de una serie de autorizaciones necesarias para
el funcionamiento de la actividad económica
deseada, títulos habilitantes indispensables para
el inicio de sus actividades. En esa línea, las
dificultades existentes para su obtención, dificultan
la inversión y desarrollo económico, siendo
entonces consecuente implementar mecanismos
de simplificación y eficacia administrativa.
La concretización de la Tutela Efectiva en los
Procedimientos de Eliminación de Barreras
Burocráticas: a propósito de la conducta de
determinadas entidades públicas por mantener
Barreras de Acceso al Mercado
José Alonzo Jiménez Alemán*
SUMILLA
El abuso en el ejercicio de las potestades normativas de los Gobiernos Locales es una práctica
constante en estos niveles de gobierno, la cual se origina a partir de una mal entendida
“autonomía municipal”. Precisamente el INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas, es una de las entidades encargadas de velar por coherencia del
ordenamiento jurídico, lo cual logra a través de la concretización de sus competencias que
involucran la inaplicación de los actos o disposiciones de la Administración Pública que
contengan vicios de legalidad o irracionalidad, con el propósito de inaplicarlas al caso en
concreto.En razón de ello, en el presente artículo analizaremos una situación bastante frecuente
en los Gobiernos Locales, consistente en mantener las disposiciones administrativas declaradas
ilegales e irracionales por parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a través
de la emisión de Ordenanzas bajo los mismos alcances y efectos. Ante ello, planteamos una
herramienta procedimental para combatir este tipo de conductas, a través de la aplicación del
derecho fundamental de todo administrado a una tutela efectiva.
De acuerdo a lo anterior, la razón de ser de la
simplificación administrativa se concentra en la
reducción de intervenciones administrativas que
gravan de forma injustificada o desproporcionada
la actividad de los ciudadanos y de las empresas1,
facilitando la interacción con la Administración
Pública.
En esa línea, la simplificación administrativa no es
solo un problema de incomodidad o de pérdida
de tiempo en colas o en trámites, como bien
señala el profesor GUZMÁN NAPURÍ2, sino que
más bien es un tema que involucra la inversión, el
desarrollo económico y la credibilidad del Estado
y sus instituciones frente al ciudadano. De ahí la
* Abogado contratado por el Estudio Amprimo, Flury & Arrieta Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. Miembro
del Consejo de Egresados del Círculo de Derecho Administrativo (CDA).
1 TORNO MAS, Joaquín. “La simplificación procedimental en el ordenamiento español”. En: Revista de Administración Pública Nº
151. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 2000, p 42.
2 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. “La simplificación administrativa y el nuevo régimen de Licencias de Funcionamiento”. En Revista
Actualidad Jurídica, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 162, mayo 2007.
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