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Ciudad ilegal

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Por AldoFacho DedeSegún el censo del 2007, el último del que conocemos resultados, cerca del 50% de la población limeña vive en barrios urbano-marginales (BUM); es decir, pueblos jóvenes. Si bien el gran crecimiento de este tipo de urbanización se dio entre 1985 y 1995, aún no ha cesado la invasión de tierras del Estado, significando, en su conjunto, uno de los principales problemas urbanos y sociales a resolver en nuestras ciudades. Esto evidentemente no es fortuito, y sus orígenes se remontan a la mitad del siglo pasado, cuando por primera vez se discutió el modelo de política destinada a resolver la creciente demanda de vivienda producto de las migraciones a los centros económicos del país. Este debate terminó por identificar dos perfiles de ciudadano; uno con derecho a una vivienda producida por el Estado, y otro que debía resolver su necesidad mediante la ?autoconstrucción?. Para el primero se diseñó una política de construcción de unidades vecinales, cuyos estándares variaban según la ubicación y segmento social de los destinatarios. Y para el segundo se acordó permitir la ocupación de tierras, de cuyo acceso a los servicios básicos se encargó el Estado posteriormente. La capacidad del Estado de construir viviendas quedó rápidamente desbordada por las fuertes olas migratorias, y el modelo de ?ciudad ilegal? (Calderón, 2005) se convirtió en la forma como se desarrollaron nuestras ciudades, siendo el único freno a su expansión la propiedad privada de la tierra.Si bien en un primer momento los grupos invasores estaban conformados por familias que emigraban a las principales ciudades en busca de un mejor futuro, el sociólogo Julio Calderón Cockburn señala que, a partir de los 90, y producto de la reforma neoliberal del Estado, hubo un importante cambio de perfil. Se conformaron importantes mafias de traficantes de terrenos que, amparados en la liberalización del uso del suelo y los mecanismos de titulación (Cofopri), avanzaron sobre los terrenos fiscales, coludidos con funcionarios y autoridades. La reciente captura del alcalde del distrito limeño de Santa Rosa, presunto cabecilla de una de las más grandes mafias de traficantes de terrenos, es solo un caso entre muchos otros, y pone en evidencia el alcance de estos grupos, que no dudan en tomar el poder formal de las ciudades para multiplicar sus crímenes.Más...

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