Análisis de Impacto Regulatorio en la Regulación Peruana de Servicios Públicos
| Autor | Eduardo Quintana Sánchez |
| Cargo | Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Páginas | 15-29 |
Análisis
de
Impacto
Regulatorio
en
la
Regulación
Peruana
de
Servicios
Públicos
Eduardo
Quintana
Sánchez*
"En
el
presente artículo, el
Dr.
Quintana desarrolla
de
manera excelente
los
aspectos concernientes
al
Análisis
de
Impacto Regulatorio como herramienta necesaria para mejorar la calidad
de
la regulación, detallando
las
complejidades
de
su
implementación
en
otros contextos para evaluar
su
aplicabilidad
en
la regulación
de
servicios públicos peruana"
La
reforma regulatoria introducida
casi
en todos los
ámbitos del régimen legal peruano
ha
determinado,
como parte de
la
tendencia internacional generalizada,
que
el
estado
se
convierta en un "estado regulador':
Este
término denota una modificación sustancial de concepto
y de acción.
En
efecto, un estado regulador
es
aquel que
deja de participar en
las
actividades económicas como
agente del mercado y más bien
se
concentra en ejercer
sus
capacidades legales para que tanto
las
actividades
económicas desarrolladas por
la
iniciativa privada como
el
mecanismo de mercado alcancen los objetivos de
bienestar requeridos
por
la
ciudadanía y garantizados
por
el
régimen constitucional.
En
tal sentido,
el
principal
rol del estado deja de
ser
la
actividad empresarial y
se
convierte en
el
ejercicio de funciones regulatorias para
el
beneficio de
la
sociedad.
Una
de
las
creaciones más complejas del estado
regulador son
las
agencias reguladoras de servicios
públicos, entes administrativos que
si
bien conforman
el
Poder Ejecutivo tienen autonomía técnica, funcional
y económica frente a éste, para asegurar que puedan
ejercer
sus
funciones de
modo
independiente e
imparcial, no sólo frente
al
poder privado
(la
denominada
"captura") sino también frente
al
poder público
(es
decir
la
politización).
Como
se
sabe,
las
entidades reguladoras cuentan
con importantes poderes y facultades de carácter
discrecional para crear normas de carácter general o fijar
tarifas, para ejecutarlas y supervisar
el
respeto de tales
normas o sancionar
su
incumplimiento, e incluso para
resolver conflictos
(ya
sea
entre usuarios y empresas
operadoras o entre
estas
últimas empresas).
De
este
modo,
las
agencias reguladoras tienen funciones
muy
similares a
las
de un estado (poder legislativo, poder
ejecutivo y poder judicial, respectivamente), pero
los funcionarios que
las
conforman y dirigen no son
designados a través de mecanismos representativos,
es
decir, democráticamente con
el
voto
popular.
En
ese
contexto de grandes poderes centralizados
en una sola entidad no elegida democráticamente,
se
plantean cuestionamientos sobre
su
accionar.
Por
un lado,
se
cuestiona
la
eventual falta de mecanismos
a través de los cuales
el
Presidente de
la
República,
el
Congreso o
la
Sociedad Civil
en
general puedan
controlar a
las
agencias reguladoras.
De
otro lado,
se
cuestiona
la
ausencia de mecanismos que permitan
introducir mayor racionalidad
en
su
proceso de toma de
decisiones, o equilibrar
las
cargas que pueden imponer
a
la
iniciativa privada mediante
la
regulación que crean
y
las
acciones de fiscalización que realizan. Frente
al
primer
tipo
de cuestionamientos
se
ha
introducido
diversos mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas (accountability); mientras que
el
análisis de
impacto regulatorio (en adelante
AIR)
se
ha
reconocido
como una herramienta fundamental para hacer frente
al
segundo
tipo
de cuestionamientos1•
Al
respecto,
se
sabe que
si
la
regulación
es
diseñada
cuidadosamente puede incrementar
los
beneficios
de
la
sociedad y lograr
su
bienestar; pero también
puede tener un impacto adverso
si
al
regular no
se
escogen
las
fórmulas
más
eficaces y/o
se
imponen
costos significativos a los agentes regulados que no
se
justifican por
el
tipo
de objetivos buscados. Siendo que
la
principal función del estado ahora
es
regular,
se
hace
primordial crear mecanismos que garanticen
la
calidad
de
la
regulación.
El
AIR
busca cumplir esta función.
Abogado
de
la
Pontificia Universidad Católica
del
Perú y Master en Regulación
de
Servicios Públicos
de
la
London
School
of
Economics and Political Science. Profesor
de
Facultades
de
Derecho
y Programas
de
Post Grado
de
la Pontificia Universidad Católica
del
Perú,
de
la
Universidad
ESAN
y
de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Socio
de
Santiváñez Abogados.
Es
importante
señalar
que
el AIRes una
herramienta
que
puede
aplicarse a
todos
los
ámbitos
de
la creación
normativa
y reguladora,
no
solamente
a
la
regulación
de
servicios
públicos.
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