modelo nulidad acto procesal

Cuando la controversia verse sobre reparos formulados por la administración tributaria, principalmente sustentados en cuestiones de valoración probatoria, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis exhaustivo del caso y una valoración conjunta de todos los medios probatorios que coadyuven a la resolución de la cuestión litigiosa; en virtud de la naturaleza de plena jurisdicción que rige

El rechazo, de la demanda, respecto al cese de adopción, por considerar que el mismo ha caducado, resulta contrario a los fines que protegen los derechos humanos, por cuanto, se está impidiendo al actor a obtener un reconocimiento de su derecho de identidad, pues él mismo ya cuenta con información veraz sobre la realidad de sus orígenes, adjuntando para tal efecto las partidas de nacimiento...

Sedapal se encuentra constitucional y legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso del agua subterránea, por ser un recurso natural de patrimonio y soberanía del estado; según la ley de recursos hídricos, ley n° 29338, es obligatorio el pago por parte de los usuarios.

Sumilla: el tercero es aquel que no ha participado en un procedimiento administrativo determinado y al ser afectado por el acto administrativo que emite la autoridad en dicho procedimiento, puede activar la vía jurisdiccional con el objeto que se declare la nulidad del acto administrativo, alegando para ello, que es el titular de un derecho o interés jurídicamente relevante que ha sido vulnerado...

El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...

Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...

1. Corresponde exclusivamente al ministerio público no solo promover la acción penal dictando la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria (artículo 336 del código procesal penal), sino además introducir la pretensión penal a través de la acusación fiscal. según el artículo 349 del código acotado, la acusación fiscal no solo debe formular una relación clara y precisa...

Debida motivación de las resoluciones judiciales.- la omisión del pronunciamiento respecto de una apelación diferida, no genera la nulidad de la decisión emitida, siempre que esta no tenga incidencia directa en lo resuelto por el tribunal de mérito.

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I. colaborador es aquél que concluyó un proceso de colaboración eficaz de forma exitosa y, como ya se mencionó, es un criminal arrepentido —jamás un inocente— que reconoció la comisión de uno o varios ilícitos penales. el testigo protegido, en cambio, es aquél que presenció la comisión de un evento delictivo, indistintamente de su grado de participación al evento delictivo (testigo impropio) o su

La sentencia impugnada habría sido emitida cuando el imputado padecía las consecuencias neurológicas de las lesiones por arma de fuego que se infirió en la cabeza. es decir, no se tiene certeza si al momento de los hechos padecía de una anomalía psíquica, alteración de la conciencia o de percepción u otros estados patológicos que hayan afectado gravemente su concepto de la realidad y si luego de...

Sumilla: &nstitucional para el uso del agua subterránea el pago obligatorio e ineludible de una retribución económica, en el marco del derecho fundamental del acceso equitativo al agua y de una explotación racional del recurso natural hidráulico basada en el interés público; pago que no constituye tributo sino retribución económica, conforme al artículo 66 de la constitución política, artículo 20

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En el despido fraudulento, lo que se discute es la existencia de un despido basado en un ánimo perverso y auspiciado por el engaño por parte del empleador; y no la proporción o no de la sanción, cuya discusión es propia de un despido arbitrario, ya que no puede existir un despido fraudulento proporcional o desproporcional.

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La falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de la relación, disposición establecida en el artículo 25° del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por decreto supremo número 003-97-tr.

Cuando el trabajador demandante alegue la existencia de un contrato de trabajo respecto de la empresa usuaria por encontrarse desnaturalizada la intermediación y/o tercerización laboral, solo tendrá legitimidad para obrar pasiva en el proceso aquella respecto de quien se sindica como el verdadero empleador, esto es, la empresa usuaria, por lo que, en esta tipología de casos, no es necesario que...

De conformidad con el artículo 6 de la ley n° 27444, ley de procedimiento administrativo general, la motivación del acto administrativo deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. puede motivarse...

El decreto ley n° 26122 (norma derogada pero por el principio de temporalidad es aplicable al caso de autos) ha adoptado un modelo de represión social de la competencia desleal, pues faculta para interponer denuncias por estos actos a todos los agentes que concurren en el mercado para realizar actividades económicas, como las empresas, consumidores, asociaciones de derecho privado (con o sin...

Presunción de inocenciaen el presente caso, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara a los acusados (artículo 2, numeral 24, literal e, de la constitución política del estado), se constata una insuficiencia de prueba de cargo que no permite crear convicción de culpabilidad. por ende, al no encontrarse acreditada la responsabilidad penal de los encausados...

La prueba de oficio, es excepcional y debe estar sujeta a la insuficiencia de pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 194 del código procesal civil.