jurisprudencia violencia familiar

La celebración de actos jurídicos por los cónyuges a pesar de encontrarse separados de hecho, no implican per se, una intención de reconciliación entre las partes, sino la materialización de su derecho de libertad de contratación con la finalidad de obtener réditos que beneficiaran a los hijos en común.

Para la procedencia del recurso de casación excepcional el recurrente debe precisar puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende.

El acceso casacional a este tribunal supremo solo resulta habilitado al amparo del artículo 427, numeral 4, en conexión con el artículo 430, numeral 3, del código procesal penal. sin embargo, se advierte que juan carlos morillo ulloa incumplió este requisito de admisibilidad, pues, en la casación analizada, no propuso la dilucidación de tópicos novedosos para el desarrollo de la doctrina...

Al cumplir la sindicación de la agraviada con las garantías de certeza establecidos en el acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116, queda demostrada la responsabilidad penal del encausado.

Uno de los principios de la prueba es la completitud de la misma, es obligatorio que se actúen y practiquen todas las pruebas útiles, pertinentes y relevantes que coadyuven a esclarecer los hechos. en tal virtud, este colegiado no puede ingresar a revisar el fondo del asunto, por haberse incurrido en la causal de nulidad prescrita en el artículo 298. 1 del código de procedimientos penales, por lo

I. esta sala penal suprema verifica, en el recurso de casación evaluado, que romario paniagua huamaní, si bien puntualizó las causales previstas en el artículo 429, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, del código procesal penal y expuso infracciones jurídicas (contra la motivación de las resoluciones judiciales y apartamiento de jurisprudencia penal), incorporó agravios dirigidos a cuestionar los hechos...

La prueba debe ser valorada en su integridad, de manera conjunta y razonada, acorde a la naturaleza de la litis; hacer lo contrario constituye afectación al debido proceso, específicamente a la adecuada motivación y valoración de los medios probatorios.

La indemnización a favor del cónyuge perjudicado reviste especial relevancia, atendiendo a que responde al principio de solidaridad familiar, y tiene como fin restaurar el equilibrio en las desigualdades económicas posteriores a la disolución del matrimonio. Tercer pleno casatorio - casación 4664-2010.

No haber nulidad en condena y penala declaración de la agraviada cumplió con las garantías de certeza del acuerdo plenario n. ° 2-2005/cj-116, y en ese sentido, se acreditó la responsabilidad penal del sentenciado. por tanto, se ratifican la condena y pena impuestas. Haber nulidad en reparación civil en cuanto a la reparación civil, la parte civil presentó su solicitud de reparación civil y...

Se recurre a la presunción establecida en el artículo 915 del código civil, cuando se requiere demostrar el tiempo de la posesión a efectos de alegar prescripción adquisitiva de dominio, bastando probar que hubo posesión al inicio del plazo posesorio y que actualmente se posee, para presumir que se poseyó también en el tiempo intermedio. de esta forma se entenderá que se posee desde el término...

1. Es posible recalificar la tipificación al delito de homicidio por emoción violenta, de configurarse los cuatro criterios especiales, estos son: i) el intervalo de tiempo entre la provocación y el acto homicida, ii) el medio empleado; iii) la violencia de la emoción, y iv) el factor sorpresa. 2. Para hacer uso de la legítima defensa no se requiere de una circunstancia especial que exista entre...

En el presente caso, la víctima rindió su declaración ante la cámara gesell el 16 de julio de 2016, cuando estaba vigente la ley n.° 30364, publicada el 24 de noviembre de 2015, antes de su modificatoria con el decreto legislativo n.° 1386, en el contexto y con los participantes ya descritos en la citada diligencia. su declaración mediante entrevista única en cámara gesell, en efecto, contó con...

La excepción de improcedencia de acción, es una figura jurídica destinada a cuestionar la relevancia jurídico penal del hecho atribuido por el ministerio público al imputado o imputada; es decir, si el hecho, tal y como lo ha descrito por el fiscal -en este caso, en su acusación fiscal- constituye un injusto típico y punible, está en discusión, no el relato acusatorio -que a los efectos del...

Sumilla: &ón expuesta por la sala superior en la sentencia de vista no solo explica, sino que además justifica lógica y jurídicamente la decisión de desestimar los argumentos expresados por la defensa de los adolescentes investigados para sostener el consentimiento de la menor agraviada para mantener relaciones sexuales y negar su incapacidad para resistir la agresión, describiendo en forma clara

Que, los órganos de mérito, en el presente caso han cumplido con motivar su decisión, pues existe justificación interna, toda vez que el orden lógico propuesto por la sala superior ha sido el siguiente: (i) como premisa normativa ha aplicado el artículo 2 de la ley número 26260 que prescribe lo que debe entenderse como violencia familiar. (ii) como premisa fáctica se ha tenido en cuenta la...

El tribunal superior declaró la nulidad absoluta de la sentencia de primera instancia; sin embargo, no consideró que el único recurrente fue el sentenciado y que sus fundamentos orientados a la inaplicación de los criterios por los que se disminuyó la pena -responsabilidad restringida y la aplicación del error de prohibición culturalmente condicionado- implicarían la vulneración del principio de...

La figura de la prescripción adquisitiva de dominio sanciona la inactividad del propietario que con su conducta negligente dejó extinguir su derecho de dominio. en ese sentido, transcurrido el plazo legal exigido, la posesión del actor no puede verse interrumpida por actos posteriores a su derecho ya ganado por el devenir del tiempo.

En la conclusión anticipada el procesado renuncia a la presunción de inocencia, por tanto, no existe etapa probatoria, salvo que en su oportunidad se haya cuestionado la pretensión penal y/o civil postulada por el representante del ministerio público.

Una reparación integral, conforme con lo señalado por la corte interamericana de derechos humanos y la normativa interna comprende, necesariamente, la recuperación psicológica que sufrió la víctima como consecuencia del hecho delictivo en su contra, entre los que, sin duda, cabe considerar los delitos contra la indemnidad y la libertad sexual, con especial atención en el caso de menores de edad y