jurisprudencia vinculante de la corte suprema

Sumilla: los procesos de impugnación de acuerdos societarios, ventilados como nulidad de acto jurídico, no necesariamente imponen que se declare la improcedencia de la demanda y la nulidad de todo lo actuado, siempre que no vulneren derechos fundamentales, como los contenidos en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la constitución política del estado, si de la secuela del proceso se determina que se...

Sumilla: para establecer un mejor derecho de posesión que invoca la parte demandante, es necesario que el bien inmueble materia de controversia se encuentre plenamente identificado, tanto en sus colindancias, límites y perímetro, además que debe coincidir el área reclamada con los documentos que aparecen en los actuados.

Es nula la resolución del tribunal fiscal que al resolver una queja planteada conforme al numeral 38. 1 del artículo 38 de la ley de procedimiento de ejecución coactiva, se pronuncia por la invalidez de actos administrativos no emitidos por el ejecutor o el auxiliar coactivo, máxime si dicha invalidez se sustenta en decisiones anteriores del propio tribunal fiscal que no obran en el expediente...

Resulta necesario distinguir que el artículo trescientos ochenta y cuatro del código penal identifica dos modalidades delictivas diferentes, entre las cuales no hay una relación de tipo básico a tipo derivado calificado. esto es, la norma legal no criminaliza una forma simple y una agravada de colusión sino dos delitos autónomos y operativamente diferentes.

Principio de informalismo administrativo

Las partes son libres para determinar el contenido del contrato, siempre que aquello no contravenga norma legal alguna, siendo lo pactado obligatorio entre ellas.

Este supremo tribunal en reiterada y uniforme jurisprudencia ha establecido que la división y partición es aquel acto jurídico mediante el cual concluye el estado de condominio y por medio del cual cada condómino recibe una parte material del bien, en proporción a la cuota que tiene en la copropiedad o en su defecto, su equivalente en dinero. en el presente caso, al pretender la parte demandada...

Las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que ocurran, siempre que sea probable que ingresen a la empresa [criterio del devengado]. en ese sentido, en el caso de los intereses en suspenso [devengados, pero no pagados] existe incertidumbre respecto de que ellos ingresen realmente a la entidad del sistema financiero, por lo que resulta conforme a una...

Tanto el servicio de interconexión como el roaming internacional cumplen con ser servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo a los requisitos previstos por el artículo 40 del texto único ordenado de la ley de telecomunicaciones, aprobado por el decreto supremo n.º 013-93-tcc.

El primer párrafo del artículo 2 de la ley que regula los servicios de tercerización, ley 29245, establece que se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los...

Corresponde declarar fundado el recurso de casación en el extremo recurrido, al advertirse que en autos el ad quem no tuvo en cuenta el material probatorio ofrecido por la recurrente con el que demostró el daño sufrido y la condición de perjudicada de la demandada en el divorcio materia del presente proceso, presentándose cada uno de los elementos señalados en el tercer pleno casatorio civil. por

El motivo casacional material, referido al error de comprensión culturalmente condicionado y a la responsabilidad restringida, para ser amparado, debe fundarse en la existencia de una pericia antropológica y en la necesaria aplicación del artículo 22 del código penal. la sentencia de vista omitió aplicar la eximente imperfecta referente al retardo mental leve del encausado (que se prevé en el...

Las partes no pueden pretender ante esta instancia que además del monto dinerario fijado como indemnización, se pretenda la adjudicación preferente de bienes, al ser ambos aspectos excluyentes, conforme así se ha determinado en el tercer pleno casatorio.

“no se puede alegar que las ordenanzas nos 134-msi, 175-msi, 214-msi y 244-msi, relacionadas con los arbitrios de los años 2006 al 2009, no cumplen con lo dispuesto por el tribunal constitucional en las stc nos 0041-2004-pi/tc y 0053-2004-pi/tc, que establecieron parámetros para la elaboración de ordenanzas municipales que regulan las tasas sobre arbitrios municipales, cuando del contenido de los

La pretensión de cumplimiento de promesa de venta, cuenta con sentencia desestimatoria definitiva que declara infundada la demanda de cumplimiento de promesa de venta; en consecuencia, los demandados no ostentan título por el cual se legitime su posesión, por lo que de conformidad con el artículo 911 del código civil, tienen la calidad de ocupantes precarios.

Nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra proceso de alimentos:la sentencia de alimentos tendrá carácter de cosa juzgada material respecto al otorgamiento de la pensión, pues no podrá ser nuevamente materia de discusión en otro proceso judicial; y cosa juzgada formal respecto al monto de la pensión que podrá ser variada en otro proceso posterior; por tanto, sí puede ser susceptible de ser...

Teniendo en consideración que el tribunal constitucional en la sentencia nº 00452-2012-aa/tc ha emitido pronunciamiento sobre un tema idéntico al fondo de la presente controversia, que goza de la calidad de cosa juzgada constitucional y que contiene un mandato expreso para su aplicación; en atención al carácter vinculante y de inmutabilidad que le son inherentes, esta sala suprema no puede...

Es improcedente la demanda de desalojo por ocupación precaria si tanto la parte demandante como la parte demandada acreditan contar con títulos de propiedad que no han sido judicialmente declarados inválidos o ineficaces.

Sumilla: la obligación de pago por el uso o explotación de un recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base de la legislación especial que la regula.