autoria participacion derecho penal

1. los requisitos constitucionales para levantar el secreto de las comunicaciones son la exclusividad jurisdiccional, la dictación de un auto judicial fundado en el marco de procedimiento legalmente establecido y que esté debidamente motivado, con pleno respeto de los principios de intervención indiciaria y proporcionalidad, expresando las razones de hecho y de derecho que llevan a la decisión y...

Cohecho pasivo específicolos elementos normativos del delito de cohecho pasivo específico son, entre otros, los siguientes: a) que el agente activo solicite donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio; b) que se realice con el fin de influir en la decisión; y c) que el asunto esté sometido a su conocimiento o competencia; se dio el cumplimiento de cada uno de estos elementos en el...

• Códigos

En atención a ello, se concluye que el deber de esclarecimiento no ha sido cumplido, lo que no implica un adelantamiento de opinión respecto a la pretendida autoría de los hechos por parte del encausado, sino, en estricto, en la necesaria y certera dilucidación de los hechos materia de controversia; por lo que corresponde la anulación de la sentencia recurrida y el desarrollo de un nuevo juicio...

1. El principio de confianza se erige como uno de los baremos de exclusión de la justiciabilidad de las causas penales, luego posible de invocar incluso desde los albores del encausamiento punitivo como el caso de la excepción de improcedencia de acción; sin embargo, posee baremos jurisprudenciales de aplicación indispensables, entre otros, la pluralidad de agentes, codelincuencia u organización...

I. Fundados los recursos de casación por inobservancia de la garantía constitucional y quebramiento de precepto material, interpuestos por las sentenciadas margarita orfa fuentes delgado y leoncia felipa flores tumba, contra la sentencia de vista del veinte de abril de dos mil dieciséis, emitida por la primera sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de arequipa, que confirmó la

I. La desvinculación procesal no es un instituto jurídico cuya utilización sea absolutamente discrecional de los jueces sentenciadores. por el contrario, su validez está sujeta, de modo ineludible, a que se plantee la tesis respectiva durante el juicio oral y antes de que culmine la etapa probatoria. todo ello, a fin de garantizar el debido proceso y la contradicción procesal.

• Revista Vox Juris

Este trabajo tiene como objetivo coadyuvar a establecer, desarrollar y entender los lineamientos generales y específicos que sirven de plataforma jurídica para determinar cuándo a un órgano de dirección, llámese representante legal, usualmente el gerente general, director, accionista o socio de una compañía minera, se le puede atribuir responsabilidad penal por la comisión de un delito contra el...

I. el colegiado sentenciador […] se limitó a señalar deficiencias formales en la hipótesis fiscal, estrictamente ligadas con la agravante de la conducta incriminada: la destreza, a pesar de que el ente acusador cumplió con dicha exigencia, conforme lo ampliamente desarrollado. por ello, se omitió un análisis acucioso de la conducta incriminada; así como, de los elementos de prueba incorporados en

I. Declararon infundado el recurso de casación interpuesto por el representante del ministerio publico -fiscalía superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios del distrito fiscal de huancavelica- contra la sentencia de vista emitida el primero de octubre de dos mil veinte por la segunda sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de huancavelica, en el extremo que

La prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional, toda vez que se encuentra vinculada al plazo razonable en el proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso. por ello su observancia es de obligatorio cumplimiento por todos los actores del sistema judicial. en el presente caso, corresponde aplicar el artículo 222 del código de los niños y adolescentes...

En el transcurso del proceso se determina el carácter provisional de la calificación jurídica en el título de imputación (autor o partícipe), con ello no se afecta el principio de legalidad, puesto que aún no se ha probado si el hecho imputado constituye o no delito; lo que se determinará en el transcurso del proceso -como se ha señalado- y concluirá con el sobreseimiento o la correspondiente...

Inadmisible la casación excepcional las justificaciones que expone el accionante para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial de los temas que propone no reúnen las características de interés general que exige la casación excepcional, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 427 del código procesal penal, determina su inadmisibilidad.

• Diario Oficial El Peruano

La responsabilidad de los encausados está acreditada con prueba de cargo suficiente, como el informe número cero cero veintidós-dirandro de ovise, el registro de comunicaciones-sinopis, el dictamen pericial número mil setecientos ochenta y dos/trece, entre otros, que enervan el principio de presunción de inocencia de aquellos.

Robo agravadosumilla: se ha formado convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado jesús manuel zavaleta huachupoma, a través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios). los contraindicios invocados por la defensa no son suficientes para desvirtuarla; por lo que, se justifica la sentencia condenatoria, emitida conforme al artículo 285° del...

Control de admisibilidadsumilla.- en el presente recurso de casación excepcional, prescrito en el numeral 4 del artículo 427 del código procesal penal, no se cumplió con señalar los fundamentos adicionales o puntuales que justifiquen el desarrollo de los temas propuestas como desarrollo de la doctrina jurisprudencial, conforme al numeral 3 del artículo 430 del citado cuerpo legal.

Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogassumilla: en el presente caso, conforme a las circunstancias de la intervención no existió flagrancia delictiva. la tesis del ministerio público, no ha sido corroborada con elemento periférico alguno que enerve el derecho constitucional de presunción de inocencia de los encausados.